El joven apaleado en la valla de Melilla pierde un riñón y tiene medio cuerpo paralizado.

Público.es 18/10/2014

Dany, el joven camerunés que la ONG Prodein retrató en un vídeo del salto a la valla del pasado miércoles siendo golpeado en una escalinata por agentes de la Guardia Civil, ha perdido un riñón y tiene medio cuerpo paralizado, según ha informado esta ONG melillense, que ha conseguido contactar con el migrante después de que recibiera el alta en un hospital de Nador.

El joven es uno de los 150 migrantes que el pasado miércoles acabaron encaramándose unas horas a la valla de Melilla después de un intento de salto protagonizado por más de 200 personas que fue repelido por la Guardia Civil y las fuerzas marroquies. Solo tres consiguieron superar el perímetro aquel día y llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

La organización difundió dos vídeos, en uno de los cuales se observaba cómo este joven recibía hasta diez golpes de los agentes de la Guardia Civil cuando estaba descendiendo de la valla por la escala que los agentes españoles habían apostado en la valla para desalojarla.

El joven cayó al suelo y fue apartado de la zona por dos guardias que, conforme muestra el video, intentaban sin éxito que se mantuviera sentado. Acabó tumbado de lado, con la cabeza en el asfalto, hasta que cuatro agentes lo llevaron en volandas por la puerta de servicio de la valla hasta el lado marroquí.

La Delegación del Gobierno afirmó que el joven estaba ejerciendo "resistencia pacífica" pero la ONG mantuvo desde el principio que estaba inconsciente mientras se produjo su devolución ilegal a Marruecos.

Tras unas primeras "informaciones contradictorias", Palazón ha podido hablar personalmente con él, contrastando así que estaba vivo, información que se cuestionaba en un principio, y que había sido herido de gravedad: le han quitado un riñón y con la movilidad mermada, ha necesitado ayuda para poder abandonar el centro hospitalario.

La organización espera a que este joven de Camerún se instale en un lugar permanente, probablemente uno de los campamentos que los migrantes tienen instalados en los montes cercanos a la valla, como el Gurugú, para conocer más detalles y practicar una intervención directa, fundamentalmente, para proveerle de los medicamentos que necesite dadas las circunstancias.

Tras la difusión de las imágenes, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha pedido a España que abra una investigación y "depure responsabilidades" tanto por "la violencia" ejercida ese día contra los migrantes como por el hecho de que fueron devueltos de forma ilegal a Marruecos.

La entrega sobre la marcha de las personas que se suben a la valla o consiguen rebasarla no está amparada ni por la Ley de Extranjeria ni por los acuerdos de readmision de extranjeros que España ha suscrito con Marruecos. De hecho, el Comandante Jefe de la Guardia Civil en Melilla ha sido imputado por un posible delito de prevaricación, por ordenar esta práctica a sabiendas de que no tiene respaldo legal.

"¿Sabe lo que es esto? Con esto se tortura en las comisarías"

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Santi Brouard (1919-1984), asesinado por el Estado español.

Santiago Brouard Pérez,  médico y político vasco (Lekeitio, Vizcaya, 1919 - Bilbao, 20 de noviembre de 1984).

Huyó a Francia en 1974, tras ser perseguido por atender a un militante de ETA herido de bala por la policía. En el País Vasco francés entró en contacto con históricos de ETA como Argala, con el que, en las postrimerías de la dictadura franquista, participó en la elaboración de la Alternativa KAS, la cual era un programa de mínimos al que se adhirieron diferentes organizaciones de la izquierda nacionalista vasca de aquel entonces, entre ellas la organización armada ETA político-militar, los partidos políticos LAIA y EHAS y los sindicatos LAK y LAB.

Brouard fue uno de los fundadores de Euskal Herriko Alderdi Sozialista (EHAS) que, posteriormente, pasó a denominarse Herri Alderdi Sozialista Iraultzailea (HASI) en 1977, tras la convergencia con Eusko Sozialistak. En el Congreso fundacional de HASI fue nombrado presidente del partido, cargo que mantuvo toda su vida. También fue dirigente de Herri Batasuna hasta su asesinato.

A su vuelta del exilio, Santi Brouard siguió implicado en la política a la vez que atendía su consulta de pediatría en Bilbao. Fue encarcelado en 1983 por los sucesos de la Casa de Juntas de Gernika, en que un grupo de diputados de Herri Batasuna cantó el Eusko Gudariak (himno al guerrero vasco) durante la visita del rey Juan Carlos I. Formó parte de la Mesa Nacional de HB y fue elegido parlamentario nacional y autonómico por Vizcaya en varias ocasiones. También fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Bilbao durante una legislatura.

El 20 de noviembre de 1984 fue asesinado en su consulta de pediatría. Los autores materiales del crimen fueron Luis Morcillo y Rafael López Ocaña, sicarios contratados por los GAL. Según el testimonio de López Ocaña, éste cobró 3 millones de pesetas de manos de Morcillo por el asesinato. Morcillo los habría recibido de Rafael Masa, por aquel entonces comandante de la Guardia Civil. Según esta declaración de Ocaña, el dinero provenía de Julián Sancristóbal, que en aquella época era el Director General de Seguridad del Estado.

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La siguiente noticia me la envia: http://puertoparanoia.blogspot.com.es/

http://www.europapress.es/nacional/noticia-abogado-familia-pide-declare-rafael-lopez-ocana-condenado-1993-asesinato-20130502163340.html

El abogado de la familia pide que declare Rafael López Ocaña, condenado en 1993 por el asesinato. Éste admitió por primera vez en 2005 que Morcillo y él cometieron el crimen, "ordenado" por Masa y "financiado" por Sancristóbal

El abogado de la familia Brouard, Txema Montero, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao que preste declaración Rafael López Ocaña, que fue condenado en 1993 a 33 años de cárcel por el asesinato en 1984 del exdirigente de HB Santiago Brouard y que presuntamente habría cometido con el exempresario granadino Luis Morcillo Pinillos, según ha informado a Europa Press el letrado.

El representante legal de los familiares de la víctima pretende que López Ocaña testifique en esta nueva reapertura del sumario, después de que en 2005, tras la celebración en Bilbao de dos juicios sobre el caso, admitiera en un medio de comunicación lo que negó durante años, que había cometido el crimen de Brouard junto a Morcillo Pinillos.

En una entrevista concedida Telecinco en diciembre de ese año, el mercenario aseguró, además, que el supuesto inductor del atentado había sido el exteniente coronel de la Guardia Civil, Rafael Masa, y que el exdirector de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, lo financió.

   Rafael López Ocaña fue detenido en 1990 y condenado en 2003 a 33 años de cárcel tras identificarle la enfermera del doctor Santiago Brouard, que había abierto la puerta a los dos asesinos en la consulta de pediatría de Bilbao momentos antes de que el exdirigente de HB pereciera por los disparos de ambos pistoleros.

Tras permanecer 12 años de prisión, en 2005 Rafael López Ocaña reconoció que Luis Morcillo Pinillos le pagó por su participación en el crimen tres millones de pesetas, que le había abonado Rafael Masa, pero que provendrían de Sancristóbal. Esto es, según aseguró, lo que le había comentado Morcillo Pinillos.

En su relato, López Ocaña afirmó que él y Luis Morcillo fueron a Bilbao cada uno en su coche, quedaron en una cafetería, y se disfrazaron con peluca, gafas, ropa y calzado grande, para dirigirse a la consulta de Brouard.

Una vez allí, llamaron a la puerta de la consulta y abrió la enfermera. Morcillo Pinillos entró el primero y, posteriormente, según narró López Ocaña, accedió él al interior. En ese momento, portaba una pistola en el hombro con un cinturón y se le cayó al suelo, lo que provocó los gritos de la enfermera.

Mientras trataba de taparle la boca para que dejara de gritar, salió Santiago Brouard. Estando López Ocaña de espaldas, oyó "los ocho o diez" disparos que Luis Morcillo habría descerrajado a la víctima. Asimismo, afirmó que, cuando se dio a la fuga detrás de Morcillo, él disparó dos veces al cadáver del exdirigente de HB, aunque ya no era necesario, "por ser honesto con lo que había ido a hacer" y no irse "sin hacer nada".

   Este relato coincide con el que ha realizado ante la juez instructora, Ana Isabel Gasca, Luis Morcillo Pinillos que, tras ser absuelto en 2003 de la autoría del crimen por la Audiencia Provincial de Vizcaya y sabiendo que no puede ser juzgado de nuevo por estos hechos, ha confesado ahora haber cometido el asesinato junto a Rafael López Ocaña, tras recibir la orden de Masa.

OTRAS TESTIFICACIONES

   Txema Montero también ha solicitado otras pruebas que le han sido denegadas en auto judicial, pero que ha recurrido. De esta forma, pretende que testifique en el Juzgado un funcionario de prisiones que trabajaba en la cárcel de Carabanchel cuando, en 1983, cumplía Luis Morcillo condena por un cheque sin fondos.

   Morcillo Pinillos ha asegurado, ante la magistrada, que Rafael Masa y Julián Sancristóbal --entonces gobernador civil de Bizkaia-- le fueron a ver a prisión para "reclutarle". Éstos, según ha afirmado, se hicieron pasar por "capitanes de la Guardia Civil" para verle.

   El abogado de la acusación particular quiere que se cite a declarar al funcionario de prisiones que habría comunicado a Morcillo que estas dos personas querían hablar con él y le condujo al locutorio. La intención es que verifique si realmente este encuentro se produjo y si reconoce a quienes participaron en él.

   Asimismo, ha solicitado también que testifique un hijo de Masa, así como una pericial para comprobar "la autenticidad" de las voces del expolicía José Amedo y Luis Morcillo Pinillos en unas grabaciones de conversaciones, cuyas transcripciones fueron remitidas al Juzgado y provocaron la reapertura del caso.


   Amedo presentó en diciembre del pasado año estas transcripciones y, posteriormente, por orden judicial, ha entregado las grabaciones de las conversaciones que supuestamente ha mantenido con Morcillo Pinillos, en las que éste confesaba ser el autor del crimen.

Imputadas por enaltecimiento del terrorismo tres periodistas que cubrieron un acto abertzale.

Iraitz Salegui y Nekane e Izaro Zinkunegi declaran hoy ante la Audiencia Nacional por informar sobre el Festival Gazte Danbada, en el que se presentó la organización juvenil abertzale Ernai en marzo de 2013.

 

Este martes se sientan a declarar como imputadas en la Audiencia Nacional Iraitz Salegui, de 24 años y Nekane e Izaro Zinkunegi, de 24 y 22 años respectivamente. El juez Eloy Velasco les imputa un delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque estas jóvenes son periodistas y su supuesto acto delictivo fue dar cobertura mediática al festival Gazte Danbada en 2013.

Durante el festival se presentó la organización juvenil Ernai, vinculada a la izquierda abertzale y considerada por las autoridades la continuación de Segi. Por su participación en esta presentación, el mismo tribunal imputó en marzo de 2013 a siete personas por los mismos delitos que a las tres periodistas que informaron de este y otros muchos eventos durante el festival en el portal Topatu.info. Los primeros imputados, entre lo que se encuentra el militante de la izquierda Periko Solabarria, condenaron durante su intervención las políticas penitenciarias de Francia y España, poniendo como ejemplo la muerte en prisión de Xabier Lopez Peña, conocido como Thierry, exjefe de la organización terrorista ETA que fue detenido en Francia en 2008.

"Cubriendo este evento había muchos medios de comunicación, desde la televisión pública vasca hasta el diario ABC", remarca a Público la imputada Iraitz Salegui, que califica la acción judicial como una violación del derecho a la libertad de prensa. "Nos imputan por difundir información, y lo que entendemos es que no les gusta el trabajo que hacemos ni la información que publicamos", critica la joven periodista que también subraya que "la única relación que tenemos con Ernai es la que tenemos con cualquier otro colectivo juvenil".

Orden de retirar vídeos

Antes de la imputación de estas jóvenes, la Audiencia Nacional ordenó un año después del festival la eliminación cuatro vídeos que recogían los discursos, bajo advertencia de cierre del portal. Las periodistas de este medio con cuatro años de vida decidieron eliminarlos, aunque consideraban la orden "un ataque directo a la libertad de prensa y expresión". "Aun haciendo caso a la orden, el juez valora que al difundir esa información nosotras también hemos enaltecido el terrorismo", explican las encausadas con las que este caso suma ya diez imputados.

"Vamos a declarar como periodistas, que es lo que somos, y esperamos que se archive la causa porque no tiene ni pies ni cabeza. Aunque con la Audiencia Nacional nunca se sabe", afirma Salegui. El juez Velasco tendrá que decidir si mantiene la imputación junto a los siete primero, si separa la causa o si la archiva.

Salegui asegura que trabajan "de manera profesional y con honestidad", y explica que "un acto político que reúne a 7.000 jóvenes para formarse personal y colectivamente superaba con creces el interés informativo".

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