El nuevo saqueo de África - David Fig

David Fig es sociólogo ambiental, economista y activista de Sudáfrica. Preside la junta de Biowatch South Africa, grupo dedicado a la soberanía alimentaria y la agricultura sostenible. Entre sus últimos trabajos destacan los centrados en las industrias nuclear y del gas de esquisto, y la batalla jurídica de Biowatch contra Monsanto.

El nuevo expolio

En los últimos años África ha experimentado una oleada de nuevas inversiones, particularmente en la minería, el sector energético y la agricultura, y ha visto aumentar sus exportaciones de materias primas. Estos flujos constituyen un nuevo expolio y generan riqueza para los inversores extranjeros, algunos empresarios locales y una creciente clase consumidora. Los recursos se explotan por norma sin que mejoren los estándares de vida de la gente y con unos costes medioambientales considerables. Localmente esto ha generado una resistencia significativa. Este saqueo es una reedición de las tradicionales relaciones imperialistas que África ha experimentado durante el colonialismo. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre el anterior y el presente saqueo? ¿Quién detenta el poder en último término?

La economía africana ha triplicado con creces su tamaño desde 2000 y las previsiones del FMI apuntan a que África albergará a 11 de las 20 economías nacionales de más rápido crecimiento mundial hasta 2017. Pero, ¿este boom –vinculado a menudo a la localización de yacimientos de gas y petróleo− es sostenible o beneficia a la población? Aunque hay una clase media creciente, estimada en unos 300 millones de personas, las desigualdades parecen haberse agudizado. Según el Panel para el Progreso de África,(1) más del 50% de los africanos viven con menos de 1,25 dólares diarios. Los beneficios, por tanto, van a parar al capital extranjero y a unos pocos socios locales. En algunos casos la riqueza pertenece a grandes corporaciones estatales, lo que permite a destacados políticos locales, sus familias y su séquito extraer ganancias para sus bolsillos. Esto es especialmente notorio en Guinea Ecuatorial y Angola, cuyas dinastías gobernantes se mantienen en sus respectivos tronos década tras década.

Este boom no ha pasado inadvertido al capital global, que ha buscado con más ahínco hacer negocios en el continente. Los tradicionales lazos creados con EEUU y la UE han perdido peso por la reciente entrada de algunos nuevos actores. Los inversores están impresionados por las tasas de crecimiento del continente; ven a África como un lugar de baja población,(2) baja contaminación(3) y baja regulación,(4) y repleto de recursos hídricos y tierra cultivable. África se ha convertido en el destino de muchas grandes transacciones de tierra y agua, habitualmente denominadas “acaparamiento de tierras”.(5)

El nuevo saqueo sigue patrones de estructuras coloniales anteriores, a excepción del control político directo. Requiere una clase compradora local dispuesta que se convierte en socio minoritario en la explotación de la población local y que a menudo actúa a favor de los intereses del proyecto neoimperialista. En un marco de globalización, consolidación del libre mercado e ideología neoliberal existe mucha más complicidad entre el Estado y el capital global. La colaboración con capital transnacional a menudo se implementa a través de programas de ámbito local, indigenización o “empoderamiento económico negro”. Pocas compañías africanas, a excepción de un puñado de empresas sudafricanas, se han convertido en actores globales, aunque existe una porción creciente de políticos y empresarios africanos que forman parte de lo que Susan George ha denominado “la clase de Davos”.

Los nuevos actores

Para afirmar que se está produciendo un nuevo saqueo hace falta examinar datos recientes de inversión en el continente y recabar información sobre los flujos de recursos. Al analizar la inversión extranjera directa en virtud de los nuevos proyectos iniciados en África desde 2007 se observa que los 20 países más ricos todavía acaparan el 80% del total. Los inversores tradicionales se mantienen, incluyendo a EEUU, los países de la UE, Japón, Canadá y Australia. Sin embargo, el aumento de su presencia se ha reducido en alrededor de un 8%. Un elemento nuevo es el alza del 21% en el volumen de inversiones realizado por las economías emergentes. Entre ellos, se pueden establecer tres grupos: los países más industrializados, como India, China y Corea del Sur; los propios países africanos, como Sudáfrica, Kenia y Nigeria; y países del Golfo, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Entre bastidores y aún poco prominentes figuran otros actores, como Brasil, con una presencia en alza, junto a Malasia y Turquía.

Mientras que EEUU, Reino Unido y Francia continúan haciendo la mayoría de las nuevas inversiones, las tasas de crecimiento relativamente bajas o negativas asociadas a una parte de países de la UE puede atribuirse a las condiciones de recesión posteriores a 2008. En el mismo periodo ha habido un significativo aumento en el número de proyectos con participación de capital de India, China, Japón, Corea y Arabia Saudí. Otra tendencia destacable es la inversión procedente de África. Entre los sectores de inversión clave figuran las industrias extractivas (minería, petróleo, gas y madera), agricultura y servicios (financieros, TIC e infraestructuras).

El nuevo protagonismo de India y China en el continente ha ampliado la base inversora al igual que el mercado. El crecimiento de ambas economías asiáticas ha implicado la demanda de productos africanos –en el caso de India, principalmente petróleo, con un menor comercio de anacardos, algodón, fosfatos, medicamentos genéricos, carbón y oro. A su vez, India exporta automóviles, maquinaria y servicios, afirmando su dominio en la cadena de valor hacia productos manufacturados. La corporación automovilística Tata ensambla vehículos en Sudáfrica y Senegal.

La reputación de China en África es mucho más controvertida, ya que se le acusa de reproducir una relación de tipo colonial.(6) El comercio chino, especialmente en bienes manufacturados baratos, ha inundado los mercados africanos, hundiendo los mercados locales y devastando los sectores locales de confección, zapatos, textil y de fabricación de enseres para el hogar. China ha impuesto su propia mano de obra en muchos proyectos de inversión, perdiéndose la oportunidad de generar empleo local. Se ha llegado a acuerdos, por ejemplo, en la República Democrática del Congo (RDC) en 2007-08, en los que China accedió a realizar mejoras de las infraestructuras locales a cambio de obtener derechos para la extracción de minerales.(7) Además, en algunos proyectos se han registrado muestras de actitudes racistas hacia los africanos.

El grueso de la inversión china se canaliza a través de grandes empresas estatales, pero también se ha registrado una expansión de operaciones privadas, especialmente de una miríada de pequeñas empresas y microempresas. El comercio e inversión china en África se ha diseñado para cubrir las necesidades de su propio proyecto de industrialización, y junto a él existe un elaborado paquete adicional en forma de ayuda al desarrollo, alivio de la deuda, préstamos blandos, becas y apoyo técnico.

China también ha suministrado ayuda individualizada a los partidos políticos africanos para cubrir campañas electorales. Uno de ellos es el African National Congress (ANC) de Sudáfrica. Por esta razón, el Estado sudafricano ha sido reacio a contradecir a China en asuntos de política internacional. Por ejemplo, la invitación privada del arzobispo emérito Desmond Tutu en 2012 al Dalai Lama para asistir a la conmemoración de su 80 cumpleaños tuvo que ser rechazada debido a las dificultades del Dalai Lama para obtener un visado para Sudáfrica. El poder se ejerce, por tanto, a través de la creación de dependencia política, más que simplemente a través del comercio y la inversión.

Se ha registrado poca resistencia al modelo chino. Sin embargo, una excepción ha sido Zambia, que ha atravesado graves problemas de empleo y muertes en Chambishi, una mina de cobre de propiedad china.(8) En su infructuosa campaña presidencial de 2006, Michael Sata, del Frente Patriótico, hizo campaña en contra de China, que amenazó con retirar sus inversiones si Sata ganaba, algo que no llegó a suceder. En 2011 Sata se presentó de nuevo a la presidencia, pero rebajó su virulenta oposición a las inversiones chinas. En su lugar, accedió a la presencia china y después de su triunfo electoral abogó por una mayor cuota de ingresos para el Estado de las inversiones chinas y de otros inversores extranjeros.

La maldición de los recursos y renegociar el control

Según la teoría de la “maldición de los recursos”, los países con riquezas minerales tienden, paradójicamente, a registrar bajas tasas de crecimiento económico y altas tasas de conflicto y pobreza. Así, a pesar de un nuevo expolio de las riquezas minerales de África, los beneficios casi nunca llegan a la mayoría de la población. Ello se debe, entre otros factores, a unos ingresos inadecuados para el país anfitrión, monedas sobrevaloradas, tendencia a que otros sectores exportadores no extractivos se vean afectados negativamente (el “mal holandés”), precios de transferencia, corrupción e infraestructuras inadecuadas.

El sector minero ejemplifica la “maldición de los recursos” por cuanto se suelen apropiar de los beneficios aquellos que obtienen la titularidad de los recursos. La existencia de acuerdos de reparto de beneficios y regímenes fiscales inadecuados supone que los países anfitriones rara vez pueden negociar una distribución justa de los ingresos para todas las partes, eso sin contar compensaciones a los propietarios originales de los recursos. Los costes externos se transfieren al Estado, a menudo en forma de un legado de contaminación ambiental, pérdida de medios de subsistencia de las poblaciones, enfermedades y desplazamiento social y físico de sus habitantes.

Las organizaciones de la sociedad civil emprendieron una campaña exigiendo a las compañías extractivas más transparencia en su modo de operar y urgiéndolas a abrir sus libros de contabilidad. La campaña "Publica lo que pagas" (PWYP, por sus siglas en inglés) se inició en respuesta al informe de Global Witness de 1999, que detallaba el opaco funcionamiento de la industria de petróleo angoleña. En junio de 2003 el Gobierno del Reino Unido impulsó la creación de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, que establece un conjunto de normas que los países deben aplicar para una justa distribución de los ingresos mineros. Los países que se adhieren necesitan crear una plataforma de diálogo con múltiples accionistas, incluyendo empresas, gobiernos y sociedad civil, y se comprometen a publicar informes regulares y accesibles sobre la evolución de la transparencia en el sector. Sin embargo, se trata de un proceso totalmente voluntario, por lo que algunos países se han mantenido al margen. Otros, como la República Centroafricana, RDC y Sierra Leona no han alcanzado los estándares requeridos y su solicitud ha sido rechazada.

En algunos países se ha logrado implantar procesos más transparentes. Por ejemplo, en Guinea el Revenue Watch Institute informó que el Gobierno ha decidido publicar sus contratos con compañías mineras desde el 15 de febrero de 2013. Los contratos existentes –algunos firmados bajo condiciones de gran opacidad y desigualdad de ingresos− serán completamente revisados. Todos los contratos y enmiendas a los mismos se publicarán en línea, facilitando el acceso público.

En Zambia el Gobierno aumentó la tasa de impuestos del 3 al 6% para los contratos mineros en abril de 2012, lo que supuso un incremento adicional de ingresos del 46% durante ese año (que ascendió a 6.300 millones de dólares). Pero incluso con los nuevos impuestos, el ministro de Finanzas, Alexander Chikwanda, anunció en el Parlamento en noviembre de 2013 que la minería contribuía solo con un 5% a los ingresos nacionales, mientras que en otros países de África del sur la norma era un 11%. Atribuyó esta diferencia a la generalización de actividades fraudulentas, e instó a la agencia fiscal de Zambia a diseñar mejores sistemas para que el Estado pudiera determinar la producción minera.

Aunque la transparencia pueda ser un primer paso en la determinación de ingresos justos por la minería, el poder real solo cambiará si los frutos son distribuidos equitativamente entre toda la sociedad. En África persiste la tendencia a que los beneficios sean absorbidos por la familia en el poder o por las elites, o que se desvíen a través de acuerdos colaterales por funcionarios corruptos. Si se quiere poner luz sobre las actividades ilícitas son esenciales observatorios de seguimiento y avispados periodistas financieros.

Estados frágiles

Las principales corporaciones extractivas a menudo superan en peso económico a los países en los que invierten, dato indicativo de la forma en que las corporaciones pueden ejercer su poder en las relaciones con los estados para garantizar moratorias de impuestos, favores políticos de personajes que son incluidos en consejos de administración o nóminas y la corrupción de instituciones regulatorias y tribunales. Aún más significativo es que con frecuencia el Estado central es demasiado frágil o está demasiado desorganizado como para hacerse presente en algunas de las áreas donde tiene lugar la extracción. Por ejemplo, en RDC se ha hecho habitual que el Estado contrate a las compañías privadas madereras y mineras que operan en áreas remotas para proveer servicios sociales a las comunidades en zonas donde el Estado no tiene implantación. En muchos casos, la compañía se convierte en un Estado dentro del Estado que ofrece servicios precarios, ya que no es parte de su actividad principal. Por ejemplo, las empresas pueden ofrecer paquetes de ayuda que incluye jabón, azúcar, sal, café y cerveza. Como el Estado central no tiene presencia localmente, las comunidades se ven obligadas a tolerar las concesiones de las compañías.

A pesar de la moratoria para conceder nuevos permisos de extracción maderera, los exportadores en RDC han continuado su actividad utilizando permisos ilegales “artesanales”. Una serie de informes recientes de la agencia reguladora independiente muestran actividades ilegales de extracción de madera sistemáticas y conducta irregular a gran escala por parte de corporaciones transnacionales.(9)

La ONU ha acusado a RDC, y a sus vecinos Ruanda y Uganda, de exportar coltán (columbita-tantalita) de una mina que contiene tantalio, un elemento esencial en la fabricación de condensadores digitales para teléfonos móviles y otros productos electrónicos. El tantalio se extrae de las provincias Kivu norte y Kivu sur en zonas controladas por los señores de la guerra y en condiciones de semi esclavitud. Los rebeldes fuerzan a los trabajadores a extraer el mineral con las manos y obligan a porteadores humanos a acarrear sacos de 50 kg. en trayectos de 50 km. a través de la selva para entregar el producto en determinados puntos de almacenamiento. Milicias armadas cobran sus cuotas a lo largo de toda la ruta. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado varias resoluciones prohibiendo a las empresas hacer negocios con las fuerzas rebeldes de Congo este, mientras que el Congreso de EEUU aprobó la ley Dodd-Frank, que exigía a las empresas estadounidenses revisar sus cadenas de suministro y excluir minerales procedentes del conflicto en RDC; la respuesta del lobby extractivo, químico y de los plásticos ha sido combatirlo en tribunales estadounidenses. Así, pese a los esfuerzos por contener la demanda de minerales procedentes del conflicto, el comercio continúa. Los consumidores de productos electrónicos deben ser conscientes de que los minerales dentro de sus productos pueden estar relacionados con los conflictos en Congo Este.

La cuestión de los recursos extraídos bajo condiciones de conflicto también se ha puesto de manifiesto en el caso de los diamantes, que atizaron guerras civiles devastadoras en países como Sierra Leona y Liberia y perpetúan la represión militar en Zimbabue. La industria del diamante respondió creando el Proceso Kimberley, dirigido a garantizar que los diamantes no proceden de áreas de conflicto. El Proceso es permeable ya ha suscitado controversias hasta el punto que una importante organización de la sociedad civil, Global Watch, se ha distanciado del mismo.

Aunque es difícil evitar que las corporaciones extractivas se aprovechen de los estados frágiles, de su reducida regulación, las condiciones de conflicto y la corrupción, se trata de una cuestión que debe cobrar más relevancia en las agendas del movimiento social global y de las instituciones multilaterales.

La nueva frontera del monocultivo

La soja está viviendo un boom global. Es un ingrediente en muchos alimentos procesados. Se utiliza como espesante y para pienso animal, ya que constituye una fuente relativamente barata de proteínas. Tradicionalmente su producción se ha concentrado en EEUU, Brasil y Argentina. En los tres países, la creciente frontera de la soja ha acentuado problemas de concentración de la propiedad de la tierra, ha sustituido a otros usos del suelo y de cosechas y ha producido contaminación ecológica debido a la proliferación de cosechas genéticamente modificadas (GM) y elevado uso de pesticidas. La frontera se amplía debido a que el aumento de la producción requiere parcelas adecuadas a una actividad extensiva, más mecanizada (que precisa más capital y menos mano de obra) y por el excesivo encarecimiento de las tierras de cosecha tradicionales. El monocultivo supone limitar la biodiversidad y contribuye a favoreder la deforestación de regiones como la Amazonia. Los esfuerzos para evitar los peores efectos ecológicos −por ejemplo, la creación de una Mesa Redonda de Soja Responsable formada por la industria− han servido de poco para evitar los impactos dañinos de la frontera expansiva.

La ampliación de la frontera de la soja en América Latina se repite en África en el proyecto ProSavana, en el que capital brasileño y japonés promueven la ampliación de la frontera del monocultivo extensivo de soja y azúcar de caña en Mozambique. Situado en el corredor de Nacala, en las provincias más norteñas del país, el proyecto cubrirá unos tres millones de hectáreas que se distribuyen en, al menos, 19 distritos. El objetivo es emular el desarrollo del Cerrado en Brasil, un ecosistema tipo sabana en las tierras altas centrales donde en los años 70 del siglo pasado intereses japoneses financiaron la expansión agrícola.

Los críticos argumentan que la expansión de la frontera del Cerrado ha conducido a una severa deforestación, el desplazamiento de familias campesinas y la contaminación del suelo por el uso masivo de pesticidas en las plantaciones de soja y caña.10 Surge la cuestión de si el desarrollo insostenible del Cerrado brasileño debería ser un modelo para el desarrollo agrícola de Mozambique.

Justiça Ambiental, una de las principales ONG ecologistas de Mozambique, afiliada a Amigos de la Tierra, ha criticado el “plan maestro” de ProSavana por su completa falta de transparencia, de consulta y de participación pública. El plan fue paralizado por los tres gobiernos participantes y los cuatro millones de pequeños agricultores en el área del proyecto no recibieron ninguna información. En la versión que trascendió resultaba claro que el proyecto tenía dos propósitos principales: que los pequeños agricultores cambiaran de prácticas tradicionales de gestión de la tierra a prácticas intensivas de monocultivo basado en semillas comerciales, uso de agroquímicos y títulos de propiedad privados; y que los pequeños agricultores aceptaran acuerdos con los grandes agronegocios. El “plan maestro” fue diseñado por consultores brasileños estrechamente vinculados a empresas de agricultura industrial, incluyendo algunas vinculadas con la familia del presidente mozambiqueño y otras que ya tenían intereses en el corredor de Nacala.

De forma similar, la preocupación de los saudíes con la seguridad alimentaria, después de que en la crisis global de los alimentos de 2008 vivieran cierta escasez de alimentos a nivel nacional, les llevó a crear un fondo para desarrollar proyectos agrícolas en otros países y la compra de tierras de labor de propiedad saudí en Sudán, Egipto y Etiopía, entre otros.

Saudi Star, una empresa dirigida por el etíope Mohammed Hussein al-Almoudi, obtuvo del Gobierno de Etiopía la concesión de un terreno de 300.000 ha., de las cuales 10.000 ha. ya se han destinado a un proyecto piloto de cultivo de arroz. En Sudán la corporación saudí Hadco ha solicitado 9.000 ha. con una subvención del Gobierno saudí del 60%.

El nuevo saqueo de tierras en África ha suscitado un nuevo conjunto de problemas: una mayor concentración de las corporaciones interesadas en la tierra; la exclusión sistemática de los pequeños productores de los mercados y de la tierra; el mayor riesgo de despido de los trabajadores agrícolas por la creciente mecanización; el deterioro de la calidad del suelo por el uso de enormes cantidades de fertilizantes químicos, pesticidas y cosechas GM; la monopolización de las semillas por parte de unas pocas corporaciones (habitualmente extranjeras); y el acceso a agua, que a menudo favorece a los grandes terratenientes a costa de los pequeños agricultores. Se incentiva al campesinado para que entre en sistemas de producción bajo contrato para las grandes transnacionales de la tierra. Por su parte, las corporaciones presionan de forma creciente para que se revisen las leyes sobre la tierra, que en muchos países africanos pertenecen al Estado, proyectando grandes negocios de la mercantilización de la tierra.

Crece la resistencia

A medida que se extiende el expolio por la extracción de recursos, crece la respuesta en toda África de comunidades afectadas y grupos contrarios a la violación de derechos por parte de la industria.

El conglomerado brasileño Vale extrae carbón en Moatize, en la provincia de Tete, en Mozambique. La gente del lugar fue expulsada a la fuerza y perdió el acceso a las tierras de cultivo familiares y sus medios de subsistencia. En su lucha han bloqueado las vías de ferrocarril que llevan el carbón hasta los puertos costeros para la exportación.

En Ga-Pila, la zona del platino de Sudáfrica, las comunidades luchan contra Anglo Platinum. Esta corporación sudafricana ha expulsado a la gente de sus tierras, ha cortado su acceso al suministro de agua, demolido sus casas y violado los cementerios de sus ancestros. Las viviendas de sustitución están lejos y son inadecuadas, sin cimientos y sin instalaciones sanitarias. La comunidad ha apelado a la Comisión de Derechos Humanos, un órgano legal.

En agosto de 2012 en la mina de platino de Marikana de Lonmin, una provincia al noroeste de Sudáfrica, operarios de perforadoras fueron a la huelga para protestar por sus bajos salarios, que no habían aumentado ni siquiera ante una aguda inflación. Su resistencia se saldó con una masacre de la policía –a instancias de destacados políticos, con una participación del 9% en la empresa minera−, que disparó a 34 mineros. Este caso, que se ha difundido ampliamente, ilustra hasta qué punto el Estado se ha alejado de cualquier fidelidad a sus ideales originales.

En Tanzania, las marismas de Bahi, a 120 km. al norte de la capital, Dodoma, las organizaciones comunitarias han denunciado que el uso de los químicos utilizado en las exploraciones de uranio han afectado la salud de los habitantes, sus medios de subsistencia y el suministro de agua. Además, los miembros de la comunidad que han denunciado estos hechos han sido hostigados por la policía y funcionarios de distrito. Historias como estas se reproducen en todo el continente, generando una plétora de campañas locales y nacionales, respaldadas por el creciente apoyo internacional.

La Iniciativa Africana por la Minería, el Medio Ambiente y la Sociedad (AIMES, por sus siglas en inglés) es quizá la organización con más experiencia, ya que lleva tiempo reclamando un reparto de ingresos e impuestos más equilibrado y justo, y promueve la Visión de la Minería Africana, un acuerdo firmado por los gobiernos miembros de la Unión Africana, y derechos comunitarios en el sector minero. Plataformas como la Red del Tercer Mundo Africa (AIMES, por sus siglas en inglés) han mantenido reuniones regulares de estrategia e información con sus afiliados, mientras que distintas redes han formado Minería Alternativa Indaba (AMI, por sus siglas en inglés), que se reúne anualmente en Ciudad del Cabo coincidiendo con la reunión de Minería Indaba, una conferencia de gobiernos y compañías mineras con intereses en África. La AMI ha convocado varias marchas y protestas contra las violaciones de las mineras contra los derechos comunitarios. Una organización más reciente es la Alianza Internacional por los Recursos Naturales en África (IANRA, por sus siglas en inglés), que reúne miembros procedentes de diez países y trabaja por los derechos de las comunidades, la creación de un Parlamento pan-africano y de instituciones de derechos humanos auspiciadas por la Unión Africana, junto a la cuestión de las mujeres en la minería. La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y la Impunidad abrió una oficina en África en 2013 que se ocupa principalmente de los problemas con la industria extractiva.

El activismo a nivel continental contra la minería de uranio se engloba en la Alianza Africana del Uranio (UAU, por sus siglas en inglés), una red de más de 30 organizaciones centrada en la sensibilización pública sobre las consecuencias ecológicas, de salud y otros efectos negativos producidos por la extracción de uranio y la industria nuclear. Con su sede en Windhoek, Namibia, UAU ha trabajado estrechamente con comunidades afectadas y ha participado en grandes reuniones continentales y visitas in situ en Mali, Tanzania y Namibia.

En Sudáfrica, la fundación Bench-Marcks, creada por organizaciones religiosas, ha impartido formación a las comunidades mineras para hacer seguimiento de la industria minera y contribuir a informes de investigación que ha despertado un sólido activismo e incidencia en la zona. De hecho, se publicaron informes sobre los problemas de los trabajadores del platino y las comunidades mineras en Sudáfrica solo unos días antes de la masacre de Marikana.

Si se combinan los resultados de los centros de investigación y de las y los activistas de derechos humanos y de género se concluye que no faltan datos e informes sobre las luchas en el sector extractivo en África. A pesar de ello, conviene recordar que la mayoría de las campañas y redes son bastante frágiles y disponen de pocos recursos, pese a lo cual continúan realizando un trabajo muy importante.

Conclusión

Es muy alentador que las comunidades y organizaciones africanas avancen en su comprensión de las dinámicas del nuevo expolio de los recursos en el continente. Solo cuando se mira el fenómeno como una nueva oleada de expansión del capital se pueden debatir, formular y aplicar estrategias adecuadas que lo cuestionen.

Un síntoma de la maldición de los recursos es el aumento de la desigualdad. Dado que el nuevo expolio no cuestiona el modelo de desarrollo imperialista, continuará generando impactos negativos sobre las comunidades receptoras y el medio ambiente, y aumentando la concentración del control sobre la tierra y los recursos naturales.

De modo que, ¿qué puede hacer variar el equilibrio en estas relaciones de poder? ¿Hace falta plantear los cambios en los países donde se encuentran las sedes de las corporaciones? ¿Bastará con el clamor popular contra la violación de derechos de las comunidades africanas para provocar un cambio de conducta de las corporaciones? Un cambio en el equilibrio de poder deben incluir, sin duda, un reparto de beneficios e impuestos más justo, además de una completa apertura y transparencia de las corporaciones. Unas condiciones de empleo decentes, salarios justos y libertad de organización de los trabajadores también forman parte del paquete. Además, los acuerdos comerciales y de inversión deben alejarse de la imposición del modelo de “libre mercado”, y en su lugar centrarse en apoyar el desarrollo local de industrias auxiliares, añadiendo así valor a las materias primas, y otras iniciativas generadoras de empleo.

La acción en el Norte puede ser parte de la solución, pero el verdadero giro transformador dependerá de las acciones realizadas en África. El continente necesita abordar el buen gobierno y cómo evitar la captura corporativa del Estado y las instituciones multilaterales; debe implantar controles reguladores que sitúen el bienestar de las personas y la justicia ambiental como su principal interés y prioridad; y en paralelo, revertir la impunidad con la que las elites acumulan. Por todo ello, debe permitir una sociedad civil vigilante y que pueda desempeñar su tarea sin que sea perseguida por las autoridades.

Diversas instituciones africanas han puesto sus esperanzas en la Visión de Minería en África (AMV, por sus siglas en inglés), un documento elaborado y apoyado por líderes políticos africanos en 2009. La AMV recoge que debe sustituirse el viejo modelo de acumulación por medidas que traten a las personas y a la naturaleza de forma más benigna, y estima que la minería cuenta con potencial para crear más empleo y luchar contra la pobreza. Sin embargo, los valores que representa no han sido respaldados por los gobiernos y la industria, de modo que el mensaje del AMV apenas se aplica en el continente. La AMV también tiene sus críticos que argumentan que su enfoque realmente no pone en cuestión la sostenibilidad y potencial económico del sector extractivo.

En contraste con algunos líderes latinoamericanos, que barajan la idea de dejar los recursos “en el suelo” como mejor solución para luchar contra la pobreza y lograr la sostenibilidad, entre los líderes africanos no se escucha una reivindicación similar.

Lo que realmente hace falta es una visión que emane desde abajo, más que un documento hueco desde arriba al que no se puede acceder ni en las páginas web de la Unión Africana ni en los sitios dedicados a la AMV. Pero en África no se puede confiar en los gobiernos para que defiendan esa visión; la responsabilidad para revitalizar el debate descansa ahora en la sociedad civil.

Notas.

 ∗ El texto apareció originalmente en State of Power 2014, de Transnational Institute. Publicado con permiso de TNI. Traducción: Nuria del Viso.

1 El panel está presidido por Kofi Annan e incluye a Olesegun Obasanjo y Graça Machel, entre otros.

2 Mo Ibrahim, un hombre de negocios y filántropo británico nacido en Sudán, ha señalado que «África está poco poblada. Tenemos el 20% del suelo del planeta y el 13% de su población», A. Perkins, «Is Africa underpopulated?», The Guardian, 24 de marzo de 2010. A pesar de ello, la población africana superaba los 1.000 millones de habitantes a finales de la primera década del siglo XXI.

3 Lawrence Summers, el entonces economista jefe del Banco Mundial, afirmó en un memorándum en 1991 que «Siempre he pensado que los países africanos, con poca población, están poco contaminados; la calidad del aire es con gran probabilidad ineficientemente baja comparada con la de Los Ángeles o la ciudad de México (D. N. Pellow, Resisting Global Toxics: Transnational Movements for Environmental Justice, MIT Press, 2007, p. 9). Esta opinión ha sido ampliamente rebatida por la sociedad civil africana.

4 Jo Clarke, autora sobre cuestiones de finanzas, señala que «El riesgo con las reformas fiscales, infraestructuras, seguridad de la energía y el agua, políticas de emisión de carbono, relaciones industriales y el largo proceso de aprobación de regulaciones en Australia está empezando a superar el riesgo soberano de abrir nuevas minas en países mucho menos desarrollados». (J. Clarke, «African escape: miners flee red tape», Financial Review, 22 de marzo de 2012).

5 El Oakland Institute ha publicado una amplia serie de informes sobre acuerdos sobre tierras en África. Disponible en: www.oaklandinstitute.org. También puede consultarse Contesting Global Landscapes, los documentos preparados para la conferencia sobre acaparamiento de tierras en la Universidad de Cornell en octubre de 2012. Disponible en: www.cornell-landproject.org/activities/2012-land-grabbing-conference/papers/.

6 Th. Guliwe, «An introduction to Chinese-African Relations», en A. Yaw Baah y H. Jauch (eds.), Chinese Investment in Africa: A Labour Perspective, African Labour Research Network, Accra y Windhoek, 2009, pp. 1-26.

7 R. Kaplinsky y M. Morris, «Chinese FDI in Sub-Saharan Africa: Engaging with Large Dragons», European Journal of Development Research, vol. 21, nº 4, 2009, pp. 551-569.

8 Y. Hairong y B. Sautman, «Chinese Activities in Zambia: More and Just Mining», China Monitor, nº 44 (septiembre), 2009, pp. 4-7.

9 Resource Extraction Monitoring (REM), Final Report: Independent Monitoring of Forest Law Enforcement and Governance (IM-FLEG) in the Democratic Republic of Congo, Kinshasa, 2013. Disponible en:

www.observation-rdc.info/documents/REM_IMFLEG_2013_report_DRC.pdf

10 E. A. Clements y B. Mancano Fernandes, «Land Grabbing, Agribusiness and the Peasantry in Brazil and Mozambique», artículo presentado en la II Conferencia Internacional sobre Acaparamiento de Tierras, Cornell University, Ithaca, 17-19 de octubre, 2012.