LA FRANCOCRACIA ESPAÑOLA Y LA “CUESTIÓN CATALANA” (1ª Parte) - Ángeles Diez

8/1/2018

Hace apenas unos días, trabajando con mis alumnos sobre el origen histórico de los Estados Nacionales, un alumno de ciencias políticas me planteaba con candidez:

“¿Nos está diciendo usted que los Estados Nacionales, y en concreto el Estado Español, es el resultado de la guerra, del monopolio de la violencia y de una nacionalización fracasada? ¿Está diciendo que este Estado es un Estado franquista?”.

Teniendo como telón de fondo la “cuestión catalana” no me quedó más remedio que proponer a toda la clase una reflexión teórica que permitiera tomar distancia de los esquematismos, los lugares comunes y la propaganda mediática, así como de su propia subjetividad –en la clase sólo hay un alumno catalán-.

Una cuestión que nos compromete política y afectivamente tiene que ser tratada en sus partes y la relación de éstas con su conjunto, desde la historia y con una distancia sociológica que nos permita, después del análisis, posicionarnos políticamente y en relación a nuestros principios. Pero sin amputar la realidad acorde con nuestros deseos, ni tratar la historia como una demostración empírica de nuestro propio sesgo afectivo o nuestra historia vital.

Lo primero siempre es hacer explícitos nuestros prejuicios y los lugares comunes ya que éstos serán los principales obstáculos a batir o a ratificar.

Decía Bourdieu que “El hecho se conquista contra la ilusión del saber inmediato” y que el sociólogo no ha saldado todavía las cuentas con la “sociología espontánea” que le llevan a realizar sistematizaciones ficticias sobre hechos que se nos presentan como evidencias.

No hay nada más difícil, sin duda, que separar la percepción y la ciencia, o dicho de otro modo, las prenociones (ideas preconcebidas) que nos llevan a considerar como cierta una determinada interpretación de la realidad, que la mayor parte de las veces es la construcción social que en un momento histórico concreto es hegemónico, y que suele estar precocinada por los medios masivos[1].

Así, la primera prenoción que habría que poner en cuarentena es que “El Estado Español es un Estado de Derecho” en los mismos términos en que lo es la República Francesa o el Estado Británico.

La segunda prenoción, que deriva sin duda de la propaganda de los medios masivos y de los discursos políticos de todos los signos del espectro español, es que un Estado de Derecho es aquel que se rige por leyes que emanan del parlamento, que a su vez es el legítimo representante de la soberanía y que detrás de las leyes no hay otra cosa que la voluntad popular expresada a través del voto.

Una tercera preconcepción sería que no hay dos Españas sino una sola, que se ve tensionada y fracturada por algunos políticos sin escrúpulos.

Y finalmente una cuarta sería que el nacionalismo es incompatible con el internacionalismo.

El Derecho, el poder y el soberano

Históricamente los Estados nacionales europeos, tal y como los conocemos hoy en día, fueron estructuras políticas, jurídicas y administrativas que se fueron consolidando durante siglos (de finales del siglo XV al XIX) y a partir de la guerra. Proceso que pareció cerrado (en Europa) a principios del siglo XX pero que volvió a abrirse con la caída de los países del Este dando lugar a nuevos Estados nacionales europeos.

La hipótesis más plausible, y la que de facto se dio históricamente, es la weberiana que sostiene que estas estructuras burocratizadas, con un territorio más amplio que la de las Ciudades Estado medievales pero menor que la de los Imperios, fueron las que triunfaron y se universalizaron porque eran más eficaces para la expansión del capitalismo.

Más allá de las causas, lo cierto es que históricamente primero se formaron estas estructuras jurídico-administrativas y sólo después se inició el proceso de nacionalización, es decir, de construcción de una identidad común a los habitantes de un territorio que los hacía identificarse con las estructuras estatales y aceptar a un único poder soberano.

La nacionalización fue un proceso complejo que se apoyó en algunos casos en la lengua, en otros en la religión, en otros en las tradiciones y legado común en la mitología o en una religión civil (caso de Estados Unidos).

Fueron las revoluciones burguesas en Europa las que, a partir del siglo XVIII, emprendieron el camino de la nacionalización para resolver las dos cuestiones clave del orden jurídico-político moderno: la soberanía y la unidad de poder.

Controlar y someter a las poblaciones de un territorio, así como mantener las fronteras –o ampliarlas si fuera necesario– sólo pudo hacerse combinando la coacción y el consenso; en dosis variables según las necesidades de cada coyuntura histórica.

Así, la violencia y el pacto fueron las dos caras de un mismo proceso de construcción de los Estados nacionales europeos.

Cuando pregunto en clase “¿qué hay detrás de la ley?”, mis alumnos suelen encogerse de hombros o soltar toda una retahíla de lugares comunes tales como “un contrato entre el parlamento y los ciudadanos”, “consenso” “legitimidad”…. Pero casi ninguno recurre a los datos históricos para reconocer que, en realidad, detrás de la ley no hay otra cosa que violencia; que los Estados de Derecho –una realidad histórica y no universal– resultaron de la correlación de fuerzas en un momento histórico concreto en el que una clase, una élite o el grupo hegemónico consiguió imponerse y posteriormente legitimarse.

Como ya dijera Marx, el Estado de Derecho no es otra cosa que el Estado burgués. Después, lo podemos vestir de lagarterana para que parezca una democracia o filosofar sobre el espíritu y el cuerpo de las leyes haciendo de la crítica pura metafísica.

El Estado franquista se dotó de leyes, no sólo para imponer el orden social de los vencedores, sino que trató por todos los medios de ganar la legitimidad (aceptación, consenso) que le negaba su génesis golpista.

Sin embargo, sólo la Transición, con su ropaje modernizador, el apoyo europeo y la retórica progre parecieron ser eficaces en el intento.

Además del monarca Juan Carlos, tres personajes reflejan a la perfección la continuidad franquista: Adolfo Suárez –Secretario general del Movimiento y primer presidente de la Transición–, Manuel Fraga Iribarne –ministro franquista y diputado en la “democracia”–, y Rodolfo Martín Villa –ministro de Gobernación e Interior durante el franquismo, posteriormente diputado y presidente de empresas como Endesa, Sogecable, etc. condecorado en junio del 2017 por ser uno de los redactores de la Constitución–.

FELIPE VI ENTREGA A RODOLFO MARTÍN VILLA, EXMINISTRO FRANQUISTA,
LA MEDALLA CONMEMORATIVA DE LAS CORTES CONSTITUYENTES. 28 DE JUNIO DE 2017.

La caracterización del Estado Español actual no puede sustraerse de su acontecimiento fundador: la llamada Guerra civil.

El Golpe de estado que impuso una dictadura y que abortó tanto la consolidación de un Estado burgués de derecho como la posibilidad de un Estado socialista promovido por una parte de las fuerzas republicanas.

La dictadura, consentida y apoyada primero por los fascismos en auge y después por las democracias burguesas conformó un Estado nacional católico que perdura hasta nuestros días y que, en las fiestas navideñas ha tenido imágenes tan vívidas como la bandera española, que floreció a raíz del referéndum catalán, y la banderola del niño Jesús colgando de multitud de balcones.

La nacionalización del territorio conquistado –necesaria para crear una legitimidad inexistente y la unidad de poder–, se apoyó en la represión generalizada (somos el segundo país del mundo en número de desaparecidos sin recuperar ni identificar después de Camboya)[2] y en la ideología católica.

Las leyes franquistas y las posteriores, incluida la constitución del 78, no han sido capaces de borrar las huellas de su origen, como sí lo han hecho otros Estados europeos.

El Estado franquista trató por todos los medios de prolongarse en el tiempo pero ninguno de esos dos pilares aguantó la presión de la crisis económica internacional.

Objetivamente el régimen no podría sobrevivir si no se construía un nuevo relato político homologable al europeo y éste se hizo a partir del término modernización. Que en clave de continuidad política significaría: Monarquía, cuerpos de seguridad del Estado, ejército y tribunales convenientemente maquillados.

El capitalismo familiar español se insertaba mal en la lógica globalizadora de la economía mundial. Unidas estas dificultades al desgaste de las instituciones, la presión del movimiento obrero y de las clases medias en formación, fue el tardofranquismo –como señala Emmanuel Rodríguez López– quien preparó una Transición que permitiera la continuidad de los privilegios y de los poderes fácticos.

Por supuesto, contando con el acuerdo de los “agentes sociales” (sindicatos y partidos) para controlar al movimiento obrero y su extensión en los barrios e impedir que emergiera una opción política capaz de romper realmente con el Franquismo.

Los famosos Pactos de la Moncloa (27 de Octubre de 1977) firmados por el gobierno presidido por Adolfo Suárez, los partidos políticos con representación parlamentaria, las asociaciones empresariales y los sindicatos (CCOO y posteriormente UGT)[3], fueron unos pactos preconstitucionales que unidos a los Principios del Movimiento Nacional [4] –jurados por el Rey Juan Carlos– sellaban la continuidad franquista.

“Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional” proclamó Juan Carlos el 22 de noviembre de 1975.

EL REY JUAN CARLOS DE BORBÓN JURA LAS LEYES FUNDAMENTALES FRANQUISTAS EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1975. EN UNA SEGUNDA FILA SE VE AL GENERAL ALFONSO ARMADA. FOTO: LUIS MILLÁN / EFE

LOS FIRMANTES DE LOS PACTOS DE LA MONCLOA

Las palabras de su sucesor, el Rey Felipe VI, en una locución de seis minutos tras el Referendum catalán del 1 de Octubre de 2017 en su defensa de la Constitución, traen ciertas reminiscencias de esos Principios del Movimiento a los que su padre juró lealtad:

“Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno”.

Acusaba al Gobierno de la Generalitat de “deslealtad inadmisible” como si la Constitución del 78 fuera una Carta otorgada por el mismo Dios o por el espíritu franquista.

IMAGEN DE FELIPE VI TOMADA POR EL DIARIO LA VANGUARDIA

La foto de TVE del 2 de febrero de 2011 que recogía la imagen del presidente Zapatero, empresarios y sindicatos dándose las manos tenía como pie de foto “La reedición de los pactos de la Moncloa 3 décadas después”.

ARRIBA FIRMA DE LOS PACTOS DE LA MONCLOA (25 DE OCTUBRE DE 1977).
 DEBAJO, FIRMA DEL PACTO DE REFORMA DE LAS PENSIONES (2 DE FEBRERO DE 2011)

Y la portada del diario ABC –baluarte sostenedor de la dictadura franquista que continúa publicándose hoy– sacaba en su portada del 27 de diciembre de 2017 la foto del gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT firmando un nuevo pacto, esta vez, con el título: Las fotos que necesita España.

Tras la muerte del dictador, los medios de comunicación y los sociólogos, los profesionales del engaño, se dieron a la tarea de construir un nuevo discurso político y de limpiar los rastros malolientes del Derecho franquista.

Modernidad, estabilidad, paz social y Estado de Derecho han sido las palabras máscara o los eufemismos de ese relato.

Modernidad para ocultar la sobreexplotación de la mano de obra, la desindustrialización, la flexibilidad y precarización, la especulación inmobiliaria…

Estabilidad para justificar el control salarial, la desigualdad, los rescates de los bancos… Paz social para reprimir la disidencia, modificar el código penal, negar la existencia de presos políticos… y finalmente Estado de Derecho para legitimar la continuidad del Estado neo-franquista, bloquear cualquier proyecto democratizador y aplastar en la “espiral del silencio” cualquier cuestionamiento de la constitución, de la bandera o de la unidad territorial.

Dichas palabras se han introducido en la carne y en la sangre de las masas –en los cerebros de mis alumnos–, de modo que han sido incapacitados a pensar fuera de ellas. De forma natural e inconsciente nos hemos entregado esas palabras y parece que somos incapaces de pensar fuera de ellas lo que ocurre en Cataluña y en el resto del territorio.

Pero “¿Y si la lengua culta se ha formado a partir de elementos tóxicos o se ha convertido en portadora de sustancias tóxicas?” decía Victor Klemperer hablando de la lengua del Tercer Reich. Pues puede que eso que llamamos desde la academia Democracia y Estado de Derecho, puede que en el caso de España no sea exactamente lo mismo que es nombrado en otros países.

La sustancia franquista del Estado español y el brazo incorrupto de Santa Teresa

El dictador Francisco Franco veía en Teresa de Ávila la “santa de la raza” y durante cuarenta años mantuvo en su dormitorio la reliquia de la Santa, conocida como el “brazo incorrupto de santa Teresa”.

Para el dictador era un talismán de buena suerte y fue llevado a sus pies moribundos en el hospital de la Paz para conjurar su muerte y proporcionarle la vida eterna.

El resultado de las componendas de la Transición fue un régimen muy particular, ni dictadura franquista ni democracia, sino una Francocracia.

Un régimen ni muy distinto al franquismo ni muy distinto a los Estados europeos pero sí muy radicalmente distinto al proyecto de Estado de Derecho al que apuntaba la Segunda república.

Dentro del conjunto de virtudes que podemos encontrar en el “proceso catalán” la más importante, desde mi punto de vista, es la de haber hecho visible la sustancia franquista del Estado nacional español, sus límites (sin duda más numerosos) y su potencialidad para ser otra cosa (más bien ninguna).

También ha hecho emerger el talante y el signo conservador, incluso reaccionario, de importantes masas de población en todo el territorio del Estado, incluidas las consideradas como progresistas.

Que la izquierda (no sólo política sino cultural) era marginal era algo sabido pero que el conservadurismo estaba tan generalizado era más desconocido.

Los sociólogos han sostenido durante años que el ciudadano medio español era más bien apático o indiferente ante cuestiones políticas. Por usar un término más académico “desafecto”.

Pero la realidad es que estamos ante una sociedad profunda y mayoritariamente conservadora capaz de apoyar medidas, leyes y corrupciones dignas de cualquier estado autoritario.

El despliegue de banderas nacionales (con o sin escudo), el aplauso del encarcelamiento de líderes políticos y sociales, la promoción y celebración de la fuga de empresas de Cataluña, la celebración constante de la Guardia Civil, los Informativos nacionales donde los éxitos del turismo y el futbol ocupan tres cuartas partes del tiempo informativo, son sólo síntomas del fascismo realmente existente en el Estado Español.

El supremacismo españolista y la utilización del Derecho para reprimir muestran los límites de la francocracia y también la potencialidad de los acontecimientos en Cataluña.

Para el Partido Popular, heredero por vía sanguínea del franquismo, la rebelión catalana ha devuelto como un boomeran su pretensión modernizadora.

Ciudadanos (Cs), con el apoyo de la pequeña burguesía catalana –y seguramente capital ultraconservador internacional– dan una imagen moderna al franquismo español homologándolo al neofascismo que se extiende por toda Europa.

El rechazo de Ciudadanos a presentar candidatura después de unas elecciones catalanas bajo Estado de excepción no tiene otra explicación que el cálculo racional a futuro: no quemar sus oportunidades de gobernar en un futuro próximo de hipotética liquidación del Partido Popular y desgaste del independentismo.

Clases populares, lumpen, pequeña burguesía arruinada o apunto de estarlo por la concentración global de capital, clases medias temerosas, intelectuales timoratos… para unos chivo expiatorio para otros víctima propiciatoria, la cuestión catalana puede llegar a ser la clave de bóveda de la francocracia.

“España es un Estado de Derecho” ha sido la consigna repetida hasta el aburrimiento por los paraperiodistas, el gobierno español y todo el espectro político. Ha sido el mantra con el que intentar resolver, por arte de birlibirloque, la “cuestión catalana”.

Pero dicha “cuestión” no podrá resolverse nunca desde un Estado franquista ni desde unos partidos cuyas máximas siguen siendo las de un Estado apuntalado por los tribunales y los cuerpos de seguridad.

Tras la represión en Cataluña han sido constantes y reiterados los homenajes a la Guardia Civil y a los cuerpos de seguridad tratando de lavar una y otra vez su imagen vinculada a la dictadura franquista.

EL CORONEL SÁNCHEZ CORBÍ, QUE FUERA CONDENADO POR TORTURAS,
 INFORMA SOBRE EL HALLAZGO DEL CUERPO DE DIANA QUER

La exaltación de Manuel Sánchez Corbí, coronel jefe de la UCO (Unidad Central Operativa), por la detención del presunto asesino de la joven Diana Quer, está en esa misma línea.

Y no deja de ser escalofriante ver a este coronel de la guardia civil con el pecho condecorado sabiendo que fue condenado a 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación por torturas a Kepa Urra en 1992[5]. Sin duda otra imagen ilustrativa de la francocracia española.

Notas

[1] Desde mi punto de vista, como ya he argumentado en otros textos, hoy en día prácticamente toda la información que nos llega a través de los medios masivos es propaganda y opinión, al servicio de los intereses de las Corporaciones en las que se insertan estas empresas, o de los grupos de poder que monopolizan las instituciones del Estado.

[2] Según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo.

[3] Los firmantes fueron finalmente Adolfo Suárez en nombre del gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo (por UCD), Felipe González (por el Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (por el Partido Comunista de España), Enrique Tierno Galván (por el Partido Socialista Popular), Josep Maria Triginer (por el Partido Socialista de Cataluña), Joan Reventós (por Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (por el Partido Nacionalista Vasco) y Miquel Roca (por Convergència i Unió). Manuel Fraga (por Alianza Popular) no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico.

[4] Los Principios del Movimiento Nacional o Ley de Principios Fundamentales del Movimiento (1958) fue una de las siete leyes Fundamentales del régimen de Franco que establecía los principios en los que se basaba el régimen y los ideales de Patria, familia y religión.

[5] Información tomada de El País, el 14 de febrero de 1998, https://elpais.com/diario/1998/02/14/espana/887410814_850215.html

Ángeles Diez, es Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.