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| Ilustración de Miguel Peralta |
La contradicción
entre lo público y lo privado en la sanidad
La gran cantidad de
muertes evitables de las últimas semanas ha permitido que muchas
personas tomen conciencia –y esa es una de las pocas cosas que hay
que agradecer a la actual epidemia– de las enormes carencias de la
sanidad pública y de que éstas son el resultado de un largo proceso
de desmantelamiento. Y es obvio que el mortífero virus no es
responsable de ello.
El residente del gobierno
ha llegado a plantear una «Reforma Constitucional para blindar la
sanidad pública» y para «tener un sistema de salud mucho más
fuerte». Su propuesta evidencia el inexistente valor práctico de
los derechos sociales (sanidad, vivienda, educación, trabajo, etc.)
reconocidos en la Constitución, más allá de haber servido de
anzuelo a un pueblo incauto al que le hicieron creer durante la
Transición que todo eso serviría para entrar en el paraíso del
«estado del bienestar». Esas declaraciones no suponen más que un
brindis al sol, dado que se necesita una mayoría de al menos de dos
tercios del Parlamento para reformar la Constitución. Y es evidente
que no va a contar con los votos, no sólo de la derecha, sino del
propio PSOE, como veremos más adelante.
En el mismo sentido,
algunos medios de comunicación están promoviendo una recogida de
firmas llegando a proponer que la financiación mínima de la sanidad
pública sea el 7% del PIB, garantizada por ley.
Más allá de las buenas
intenciones que pueden guiar estas propuestas –aunque en el caso
del presidente del gobierno no cabe alegar ignorancia– la realidad
es mucho más compleja. En este trabajo pretendo aclarar que el
incremento de la partida presupuestaria destinada a la sanidad no
sirve para eliminar las causas fundamentales de la precariedad del
sistema sanitario público.
Detrás de la sanidad se
mueven poderosísimos intereses privados que, de hecho, estarían
encantados con un aumento sustancial del gasto sanitario porque, al
final, acabaría en sus bolsillos.
El prestigioso
epidemiólogo Usama Bilal[1] afirma en una reciente entrevista[2] que
las causas fundamentales de que el Covid-19 esté golpeando en el
Estado español más fuerte que en otros países no están en lo que
hemos hecho en los últimos tiempos, sino en decisiones políticas
que se vienen tomando desde hace treinta años. Él es uno de los
muchos científicos españoles que tuvo que emigrar para desarrollar
su profesión porque aquí la política científica obedece al
principio «que inventen otros», más si cabe en una especialidad
médica como la epidemiología centrada en descubrir las causas
sociales de la enfermedad.
Efectivamente la
degradación del sistema sanitario tiene una larga historia que no ha
sido sólo fruto de la desidia de los gobiernos, sino muy al
contrario, de decisiones políticas activas y trascendentales
destinadas a debilitar la sanidad pública y cuya importancia se ha
ocultado sistemáticamente.
Para poder comprender
este proceso es importante aclarar algunos conceptos. La sanidad
pública y la sanidad privada no son compartimentos estancos, y mucho
menos complementarios. En realidad están tan íntimamente
relacionadas que son un binomio inseparable. La relación entre ambas
es muy semejante a la que se establece entre hospedador y parásito,
clave –por cierto– en el estudio de las enfermedades infecciosas.
El parasitismo,
recordando la biología, es un tipo de simbiosis en la cual el
parásito depende del huésped y vive de él depauperándolo, sin
llegar a matarlo. El parásito obtiene beneficios y el hospedador,
daños.
Los ectoparásitos:
las aseguradoras privadas y los conciertos.
La evidente analogía
para cualquiera que analice el asunto con independencia de criterio,
es decir, que no tenga intereses vinculados al capital privado, llegó
a constituir un axioma, incluso para el PSOE de los últimos años
del franquismo. En su programa político se afirmaba, por ejemplo,
que era imposible desarrollar una sanidad pública de calidad sin
nacionalizar la industria farmacéutica.
Pocos años después, en
1982, tras la victoria del PSOE por mayoría absoluta, esta
afirmación se vería confirmada exactamente al revés. El dirigente
más destacado del PSOE en materia de sanidad, Ciriaco de Vicente, un
hombre capacitado y con planteamientos de izquierdas, no fue
designado ministro como se esperaba. La poderosa industria
farmacéutica le hizo saber a Felipe González que De Vicente no
tenía su confianza. En su lugar fue nombrado Ministro de Sanidad
Ernest Lluch, un hombre muy cercano a Farmaindustria, la asociación
empresarial de la industria farmacéutica establecida en España.
En estas condiciones no
es de extrañar que la Ley General de Sanidad eliminara artículos
muy importantes, que sí aparecían en los primeros borradores, como
el sometimiento del Medicamento a la planificación general del
Sistema Nacional de Salud o la prohibición expresa de los conciertos
con entidades privadas.
En la actualidad casi el
12% del gasto sanitario público estatal va destinado a conciertos,
una proporción en constante crecimiento y mucho mayor en Comunidades
Autónomas como Cataluña y Madrid.
El incremento exponencial
de la contratación de la sanidad pública con empresas privadas se
ha desarrollado en sentido contrario de la inversión y el desarrollo
de los servicios públicos. Con el argumento de disminuir las listas
de espera se ha concertado masivamente la realización de
intervenciones quirúrgicas de mediana o baja complejidad, muy
rentables, en clínicas privadas que en muchas ocasiones están muy
por debajo de los estándares de calidad exigibles y a las que se
permite seleccionar pacientes. Es evidente que para la sanidad
pública quedan todas las intervenciones costosas y aquellas personas
con patologías múltiples o de edad avanzada.
Las enormes listas de
espera –sobre todo la espera para diagnóstico– como expresión
de la degradación de la sanidad pública han producido otra
consecuencia enormemente lucrativa: la escalada meteórica de las
pólizas de seguros privados. Las cifras para 2019 eran las más
altas de la historia: 10 millones de personas. El escándalo mayor es
la gran cantidad de instituciones públicas que pagan, con dinero
también público, pólizas privadas a sus miembros y familiares[3].
A ello ha contribuido notablemente la aplicación de importantes
deducciones fiscales[4] aplicables a autónomos y empresas desde 2016
y vigentes en la actualidad. Es el zorro guardando las gallinas.
Volviendo al símil
biológico las empresas aseguradoras privadas, cuya buena salud
depende del deterioro de la sanidad pública con el apoyo impagable –o no– de decisiones de variopinto color político, serían
ectoparásitos (como las garrapatas o los piojos). Estos
ectoparásitos se desarrollan en el exterior del hospedador, la
sanidad pública, al igual que las empresas que prestan servicios
sanitarios con sus propias instalaciones y recursos, aunque ya hemos
visto la importante quinta columna con la que cuentan en el interior
en el caso que nos ocupa.
Y en sanidad no se trata
fundamentalmente de que el dinero público, salido de nuestros
bolsillos, vaya a enriquecer a unos cuantos, sino de que ese
suculento negocio se hace a costa de vidas, de muertes prematuras y
perfectamente evitables. Al respecto no se puede olvidar la dramática
situación que se ha vivido en los hospitales públicos obligados a
no atender pacientes mayores de 70 años por falta de recursos
mientras la sanidad privada exhibía instalaciones de cuidados
intensivos disponibles[5]… a precios de mercado. Ni el gobierno
estatal, ni ningún gobierno autonómico ha movido un dedo para
intervenir todos los recursos necesarios, a pesar de que el primer
Decreto de Estado de Alarma preveía esta posibilidad.
Como buenos parásitos
aprovechan la debilidad del oponente. En todos los medios de
comunicación asistimos al escarnio de una intensificación de la
publicidad de aseguradoras (Sanitas, Adeslas, DKV, etc) que ofrecen
atender a personas enfermas mayores de las clases sociales que pueden
permitirse ese gasto.
Los endoparásitos:
gestión privada con financiación pública.
La historia de los
endoparásitos, de la penetración del capital privado en la sanidad
pública es más compleja. Es una guerra de trincheras. Es la
consecuencia de la crisis general del capitalismo que ve caer sus
beneficios en sectores productivos y se refugia en el paraíso dorado
de los servicios públicos.
El camino de la
privatización se inicia en la década de los 90, con la
eufemísticamente llamada externalización de partes esenciales de un
hospital como son los servicios de limpieza, lavandería, cocinas o
seguridad, y no ha cesado de ampliarse a laboratorios,
radiodiagnóstico, celadores, etc.
El pistoletazo para la
entrada masiva de capital privado en la sanidad lo dio la aprobación
en el Congreso de los Diputados de la Ley 15/97 de nuevas formas de
gestión, que contó con los votos del PP (gobernando en minoría) el
PSOE, PNV, CiU y Coalición Canaria. ¿Puede imaginarse mayor
consenso político? Pues aún hubo más. Al día siguiente de la
votación la Federación de Sanidad de CC.OO. mostró su satisfacción
por tan amplio acuerdo en torno a una Ley clave para «modernizar»
la sanidad pública.
¿Puede soñar el capital
algo mejor que contar con financiación pública, tener la clientela
asegurada, poder imponer condiciones de precariedad laboral,
supeditar los recursos ofertados a la obtención de beneficios y
seleccionar pacientes rentables?
A ese escandaloso
privilegio, que suponía multiplicar por seis en el periodo de
concesión la inversión realizada[6], se apuntaron las empresas
constructoras en ruina tras el estallido de la burbuja inmobiliaria,
la gran mayoría vinculadas a la trama Gurtel[7], multinacionales de
la sanidad privada y fondos de capital-riesgo[8].
Los datos acumulados que
expongo a continuación explican el horror vivido en los hospitales
durante esta epidemia. En la sanidad pública madrileña, desde 2008
se viene produciendo una brutal disminución de personal, acelerada
con la creación de los once nuevos hospitales de gestión privada y
financiación pública. Se han perdido más de 7.000 trabajadoras y
trabajadores, de ellos 3.000 sanitarios con licenciatura o
diplomatura[9], y permanecen cerradas cerca de 3.000 camas.
El análisis de este
proceso, complejo, pero que es indispensable conocer, desborda los
objetivos de este artículo y ya ha sido realizado[10], aunque este
riguroso análisis no haya trascendido a los grandes medios de
comunicación. Este silencio no sorprende si se tiene en cuenta que
esta información desenmascara intereses políticos y empresariales
que, a su vez, contribuyen decisivamente a la financiación de esas
mismas empresas de comunicación.
La industria
farmacéutica: parasitismo absoluto
Puede decirse sin temor a
exagerar que la industria farmacéutica tiene en sus manos las
riendas fundamentales de la política sanitaria. En este caso su
funcionamiento sería más parecido al de un virus: penetra en la
célula, modifica su funcionamiento y depende de ella para su
multiplicación. Es lo que se conoce en biología como parasitismo
absoluto.
La industria farmacéutica
no sólo controla la cuarta parte del gasto sanitario público total,
cerca de 25.000 millones de euros, sino que tiene una influencia
decisiva en la formación del personal sanitario, dirige la totalidad
de la investigación (se investiga y se fabrica lo rentable[11], no
lo eficaz), y en la práctica controla la prescripción de
medicamentos. Hay un indicio que ayuda a explicar este escándalo
cotidiano: muchos altos cargos del sistema sanitario, del más
variopinto color político, proceden de multinacionales del
medicamento o pasan a ser reclutados por éstas[12].
El asunto central no es
que el gasto farmacéutico sea elevado, sino que se calcula que el
50% de los medicamentos prescritos no son necesarios[13] y además
provocan multitud de efectos indeseables, entre ellos miles de
muertes al año. El hecho de que los fármacos más prescritos, con
mucho, sean los ansiolíticos y antidepresivos da idea de hasta qué
punto se está medicalizando el malestar social.
El caso más escandaloso
ha sido el de los hemoderivados, para los que la OMS recomienda
encarecidamente una industria pública estatal. La obtención de
sangre por parte de las multinacionales farmacéuticas mediante pago
en dinero o en beneficios penitenciarios a quienes la aportan
(sectores de la población con alta prevalencia de infecciones) ha
sido responsable de la transmisión de infecciones tan graves como la
Hepatitis B y C o el SIDA.
El negocio privado
fuera de la sanidad pública.
Espero haber contribuido
a aclarar que el asunto no se resuelve sólo con aumentar el
presupuesto de la sanidad pública. El estado de salud de una persona
enferma parasitada por una tenia no mejora aumentando la ingesta
alimenticia.
Junto al incremento de
recursos estrictamente públicos es imprescindible eliminar el
negocio privado de la sanidad pública. Es radicalmente falso que la
«complemente». El objetivo prioritario de la obtención creciente
de beneficios, consustancial a la empresa privada, es estrictamente
opuesto al de la sanidad pública: mejorar el estado de salud de toda
la población. Y el capital privado para desarrollarse necesita
socavar, debilitar y, en definitiva, subordinar el funcionamiento del
sistema a sus intereses. Exactamente igual que los parásitos.
Para construir una
sanidad pública potente no valen propuestas grandilocuentes como la
Reforma de la Constitución, que por otro lado son imposibles dada la
correlación de fuerzas política. El camino es relativamente más
sencillo, si de verdad existiese voluntad política. En primer lugar,
es necesario llevar a cabo un cambio normativo y desarrollarlo con
todas sus consecuencias: derogar el artículo 90 de la Ley General de
Sanidad, que permite los Conciertos con empresas privadas, y derogar
por completo la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión. Ambas leyes,
aunque son utilizadas ampliamente por el PP y las derechas
nacionalistas, tienen el sello del PSOE.
Junto a ello, para
empezar a enfrentar el mayor parásito de la sanidad pública, es
preciso crear una industria farmacéutica pública que se ocupe de la
investigación, fabricación y distribución de, al menos, los 433
medicamentos considerados esenciales por la OMS[14]. Y no sería
imposible, tomando como base la experiencia del Centro Militar de
Farmacia de la Defensa.
Negocio privado y sanidad
pública son incompatibles. En estas semanas, y lo más duro está
por llegar, estamos comprobando dolorosamente que el capitalismo no
funciona. La vida es otra cosa.
__________________________________________
[1] Usama Bilal
estudió medicina en la Universidad de Oviedo y obtuvo el Máster en
Salud Pública en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Hizo
su tesis doctoral en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health (EE.UU.) y recibió en 2018 el premio «Early independence»
del National Institutes of Health.
[3] Entre ellos,
los dos millones de personas incluidas en MUFACE (funcionarios),
MUGEJU (jueces) e ISFAS (ejército y policía). Instituciones
públicas como Consejo Consultivo de Canarias, las Juntas Generales
de Álava, la antigua Comisión Nacional de la Energía, RTVE y el
FROB, han tenido, o siguen teniendo para sus miembros y familiares
seguros médicos privados pagados con dinero público. También la
Asociación de la Prensa de Madrid, mantiene para sus afiliados este
privilegio desde 1982.
http://casmadrid.org/index.php/comunicados/381-asistencia-sanitaria-privada-con-fondos-publicos-privilegios-mantenidos-por-viejos-y-nuevos-partidos
[4] Para los
autónomos y sus familias la deducción por póliza de seguro de
salud es de 500 euros por persona y año. Las empresas desgravan el
100% del gasto abonado por seguros médicos a sus empleados a efectos
de Impuesto de Sociedades, al ser considerado «gasto social». Para
los trabajadores no se considera retribución la prima del seguro de
salud pagado por la empresa y por lo tanto está exenta de
tributación.
[5]
https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/coronavirus-sanidad-privada-camas-uci-ocupadas-libres-9564
[10] Maestro, A.
(2013) Crisis capitalista y privatización de la sanidad. Editorial
Cisma. Disponible en: http://www.cismaeditorial.es/
[11] Con
frecuencia se dan situaciones de desabastecimiento de fmedicamentos
necesarios pero poco rentables que la industria farmaceútica deja de
fabricar. Recientemente ha saltado a los medios de comunicación la
escasez de medicamentos útiles para el tratamiento de algunos casos
de COVID-19, como la hidroxicloroquina o necesarios para la sedación,
como los relajantes neuromusculares.
http://espanol.arthritis.org/espanol/la-artritis/enfermedades-relacionadas/escasez-hidroxicloroquina/
[12]
https://www.dsalud.com/reportaje/el-fenomeno-de-las-puertas-giratorias-en-el-campo-de-la-salud/
[13] Joan Ramón
Laporte, catedrático de farmacología clínica es sin duda el mayor
experto en política del medicamento y una de las escasísimas voces
no sobornadas por la industria.
https://www.elsaltodiario.com/industria-farmaceutica/joan-ramon-laporte-medicamento-covid19-10-euros-no-manos-privadas
Estuve a punto de publicarlo en la tarco. Sera el siguiente. Lo que sucede en sanidad es solo un síntoma, y no se arregla con las medidas expuestas. Los profesionales no están por la labor, no ven la necesidad, están agusto. Son un gremio reaccionarios hasta en sus soluciones. Destruidos los sindicatos, la solución pasa por volver a montar las mareas blancas, la única posiblidad de cambiar las conciencias.
ResponderEliminarSalud!