Julian Assange: Se busca, vivo o muerto

 

INVESTIG'ACTION – 28/10/2021 - Luk Vervaet

Imaginemos una escena, digna de la última película de James Bond. Coches blindados camino al centro de Londres. En ellos, hombres encapuchados y armados hasta los dientes. Los coches se detienen de repente, los hombres se bajan y entran en la embajada de Ecuador.

Da la casualidad que la puerta de la embajada está abierta y, también por casualidad, la policía británica mira hacia otro lado. Los robocops se abalanzan sobre Julian Assange, lo meten en un coche y lo llevan al aeropuerto de Londres, donde le espera un avión de la CIA para llevarlo a Estados Unidos. En caso de que este plan falle, también existe un plan B: hay que dispararle o envenenarlo.

Este guión no ha salido de los estudios de Hollywood. Fue inventado de principio a fin por Mike Pompeo, en represalia por la publicación de Vault 7 por parte de WikiLeaks en 2017 [1], la mayor filtración de documentos de la CIA en su historia. Mike Pompeo era el director de la CIA en ese momento, y secretario de Estado hasta principios de este año. Fue él quien calificó a WikiLeaks como un “servicio de inteligencia hostil no estatal”. También fue él quien abogó por juzgar a Snowden, con una sentencia que podría haberlo llevado a la pena de muerte.

El plan para secuestrar a Assange fue discutido en los “más altos niveles” de la administración estadounidense [2] y confirmado por treinta funcionarios de inteligencia actuales y anteriores, ocho de los cuales describieron la operación de la CIA en detalle. Tras hacerse público el plan en septiembre de 2021 por Yahoo News, Pompeo no se inquietó en absoluto. En una emisión de televisión, declaró tranquilamente que cada una de esas treinta personas debería ser procesada “por revelar material clasificado dentro de la CIA” [3].

Si creemos que con Joe Biden como presidente, todas esas prácticas e intenciones han quedado atrás, nos equivocamos. En el juicio de Abu Zubaydah, celebrado a principios de octubre de 2021 en el Tribunal Supremo de EE.UU., el gobierno de Biden se negó a permitir que comparecieran los psicólogos James Mitchell y Bruce Jessen, arquitectos del programa de tortura de la CIA. Biden se basó en la afirmación de Pompeo de que el caso es un “secreto de Estado” y que hacerlo público “socavaría la seguridad nacional”. El gobierno de Biden también se opuso a escuchar el testimonio del propio Abu Zubaydah porque, dijo, “está en detención en régimen de incomunicación en Guantánamo” [4].

Vivo o muerto, por todos los medios

Por muy chocante e inverosímil que parezca el escenario del secuestro y eventual asesinato de Assange, está en línea con la guerra de Estados Unidos contra todos aquellos que tocan los intereses imperialistas de ese país.

Basta recordar el plan para asesinar a Daniel Ellsberg tras la publicación de los Papeles del Pentágono durante la guerra de Vietnam [5]. Basta recordar la práctica casi habitual por parte del Servicio Secreto estadounidense de secuestrar a sospechosos en otros países y trasladarlos ilegalmente a Estados Unidos. Esta práctica se remonta a mucho antes de 2001, con presidentes como Reagan y Clinton. Se trataba de un número limitado de casos, y la CIA tenía que obtener la aprobación presidencial para secuestrar a alguien.

No fue hasta el inicio de la Guerra Global contra el Terrorismo en 2001 cuando estas prácticas adquirieron proporciones sin precedentes. En ese momento, el presidente Bush firmó una autorización oficial para que la CIA realizara “entregas extraordinarias” (traslados ilegales de personas secuestradas) sin necesidad de la aprobación de la Casa Blanca o del Departamento de Justicia. Así, en 2005, la CIA ya había secuestrado entre cien y ciento cincuenta sospechosos y los había trasladado ilegalmente a terceros países, la mayoría de ellos conocidos por sus torturas a los detenidos, antes de su traslado igualmente ilegal a Estados Unidos o Guantánamo.

Tomemos el caso de Abu Omar (Mustafa Osama Nasr) que es uno de los casos más conocidos y documentados de las entregas extraordinarias de la CIA (en colaboración con el Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar italiano – SISMI). Abu Omar recibió asilo político en Italia en 2001. El 17 de febrero de 2003, fue secuestrado en Milán por agentes de la CIA y del SISMI y trasladado a la base aérea estadounidense de Aviano. Desde allí fue trasladado al Egipto de Mubarak, donde fue encarcelado durante cuatro años sin cargos, aislado, interrogado, brutalmente torturado y violado.

En 2009, veintitrés agentes estadounidenses implicados en el secuestro fueron juzgados en ausencia por los tribunales italianos [6]. Veintiún agentes fueron condenados a cinco años de prisión, y el jefe de la base de la CIA en Milán, Robert Seldon Lady, fue condenado a ocho años de prisión. Todos estos condenados se negaron a comparecer ante el tribunal. Fue de nuevo WikiLeaks quien reveló las presiones de Estados Unidos sobre Italia para que retirara su petición de extradición de estos agentes a ese país. Los agentes se consideran ahora fugitivos según la legislación italiana.

Para las autoridades estadounidenses, la actual guerra contra el terrorismo debe desembocar inevitablemente en la captura, vivo o muerto, de Julian Assange. Ya en 2014, en una recopilación de videos publicada en YouTube [8] por FreeJAnow, le llamaron “traidor”, “terrorista de alta tecnología”, “ciberterrorista”, “combatiente enemigo” y a WikiLeaks “organización terrorista y agencia de noticias que trabaja para el enemigo”. Los comentarios de este breve video proceden de altos funcionarios del gobierno estadounidense, como Hillary Clinton, Joe Biden y ciertos comentaristas políticos. Algunos piden abiertamente que Assange sea ahorcado o ejecutado extrajudicialmente.

En el decimoséptimo día del juicio de Assange en 2020, la existencia de planes para asesinarle fue confirmada por dos testigos jurados. En el juicio, afirmaron que “Estados Unidos quería sacar a Assange de la embajada ecuatoriana a toda costa y quería medidas más extremas para hacerlo. Así que estaban planeando secuestrar a Assange dejando una puerta de entrada abierta. Incluso planeaban envenenarlo” [9].

La Casa Blanca se opuso a la ejecución del plan de la CIA por una razón y sólo una: el Departamento de Justicia llegó tarde, aún no había acusado públicamente a Assange de un delito. Lo que los llevó a preguntarse: si lo secuestramos, ¿a dónde lo llevamos? No podían encerrarlo en cualquier lugar sin una acusación formal. La policía británica también se había opuesto a que el plan de Pompeo se llevara a cabo en su territorio.

El problema de Assange tuvo que ser tratado de manera diferente. Y así se puso en marcha la máquina. El 6 de marzo de 2018, el Gran Jurado Federal de Virginia acusó formalmente a Assange en una “acusación sellada”, un documento judicial interno en el que solo se menciona el fraude informático con base en la Ley de Fraude y Abuso Informático de 1986.

Al mismo tiempo, bajo la presión de Estados Unidos, Ecuador declaró a Assange persona non grata en la embajada y lo despojó de su nacionalidad ecuatoriana en el proceso. El 11 de abril de 2019, se hizo pública la acusación contra Assange, lo que permitió a la policía británica, ese mismo día y en plena legalidad, detener y sacar por la fuerza a Assange de la embajada, que ya no lo quería.

Assange fue encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde permanece hasta hoy. Sólo un mes después, en mayo de 2019, Assange también fue acusado de espionaje bajo la Ley de Espionaje de 1917 [10]. De ser extraditado y condenado, se enfrentaría a cadena perpetua, es decir, a la muerte por encarcelamiento.

Así, el plan diabólico de las autoridades estadounidenses está casi completo. Los días 27 y 28 de octubre de 2021, un Tribunal de Apelación británico deberá pronunciarse sobre su extradición. Se presentarán “garantías estadounidenses de trato humano a Assange”, por las mismas personas que discutieron y planearon su secuestro y asesinato.

Assange paga el precio de nuestra capitulación frente a la guerra imperialista

Las revelaciones de Yahoo News nos retrotraen a las verdaderas cuestiones en juego. Las publicaciones de Assange no son vistas como actos de periodismo o de “libertad de prensa”, sino como actos de guerra, actos hostiles a los Estados Unidos, en alianza con el enemigo al que combaten en la guerra contra el terrorismo.

El 25 de julio de 2010, WikiLeaks puso en tela de juicio la maquinaria bélica al publicar los registros secretos de la guerra de Afganistán. Tres meses después, en octubre de 2010, publicó casi 400.000 informes del ejército sobre la guerra de Irak (los Diarios de la Guerra de Irak). El 25 de abril de 2011, WikiLeaks publicó los documentos secretos sobre los 779 detenidos en Guantánamo (los Archivos Gitmo).

En un momento en el que toda la oposición a las guerras de Afganistán e Irak se había paralizado, Assange y WikiLeaks expusieron así con gran detalle las operaciones del ejército imperialista más fuerte del mundo. Pero estas publicaciones no provocaron la indignación y la solidaridad con WikiLeaks que se esperaba y que tanto se necesitaba.

Diez años después del inicio de la guerra, las pancartas y los estandartes de las manifestaciones permanecieron en los sótanos, el lema “No en nuestro nombre” fue silenciado. Se había instaurado un clima de indiferencia, el horror se había convertido en rutina, con el temor generalizado de ser acusado de simpatía o complicidad terrorista. Para la izquierda estadounidense y europea, la guerra se ha convertido en una normalidad y una banalidad. Atrás quedan las comparaciones con el movimiento contra la guerra de Vietnam que ayudó a terminar la guerra y a salvar la vida de Daniel Ellsberg.

Combatiente enemigo

La misma indiferencia se observó con respecto a los “daños colaterales” de la guerra interminable. Uno de esos daños fue la invención del estatus de “combatiente enemigo ilegal”, un título ahora reservado para Julian Assange, que borra cualquier estatus legal del prisionero. Antes de 2001, los Convenios de Ginebra, concluidos tras la derrota nazi en 1945, tenían por objeto proteger los derechos de los prisioneros. Eran documentos vinculantes para todos los Estados, ya que la violación de estos acuerdos constituía una grave infracción del derecho internacional y se consideraba un crimen de guerra.

Dos convenios protegen los derechos tanto de los prisioneros de guerra (el Tercer Convenio) como de los prisioneros civiles y ordinarios, conocidos como “personas protegidas” (el Cuarto Convenio). Ambas categorías deben ser tratadas con dignidad, y se prohíbe el trato inhumano o degradante en cualquier circunstancia (artículo 3, común a ambos convenios).

En la práctica, los Estados europeos se reservaron estos convenios para su uso interno y no los aplicaron en sus colonias, donde la anarquía, la tortura y el trato inhumano siguieron siendo la norma tanto para los combatientes de la resistencia como para la población civil. Son estos conceptos y prácticas coloniales los que vuelven a aparecer con la guerra contra el terrorismo.

Al principio de la guerra, se diseñó un nuevo estatus para los prisioneros capturados, el de “combatiente enemigo”, que significa que estos prisioneros no son ni prisioneros de guerra ni prisioneros de derecho común. Por lo tanto, no pueden ser protegidos por las Convenciones de Ginebra. No pueden acogerse al habeas corpus, el derecho a comparecer ante el tribunal y exigir que las autoridades justifiquen su detención. Su juicio, si lo hay, no es ante un tribunal federal, ni ante un tribunal militar, sino ante una comisión militar. Pueden ser detenidos sin cargos, sin juicio y de forma indefinida. A lo largo de los últimos veinte años, sólo los detenidos afectados, algunos abogados valientes y algunas ONG han luchado por la retirada de estas medidas. Todo este desarrollo fascista ha tenido lugar ante nuestros ojos, sin ninguna reacción digna ni significativa.

Es Julian Assange quien está pagando el precio hoy.

Nunca es demasiado tarde para levantarse y decir basta. Hagámoslo ahora y evitemos la extradición de Julian Assange.

Notas

[1] https://wikileaks.org/vault7/

[2] Zach Dorfman, Sean D. Naylor y Michael Isikoff de Yahoo News: “Kidnapping, Assassination and a London Shoot-Out: Inside the CIA’s Secret War Plans Against WikiLeaks”, y https://www.legrandsoir.info/les-erreurs-de-l-article-de-yahoo-sur-assange-consortium-news.html

[3] https://www.devilmaycaremedia.com/

[4] Abu Zubaydah fue detenido en Pakistán en 2002 y recluido en una prisión secreta de la CIA en Polonia hasta su traslado a Guantánamo, donde permanece. Las torturas que sufrió a manos de la CIA y sus contratistas fueron hechas públicas por sus abogados y se citaron parcialmente en el informe de 2014 del Comité del Senado de Estados Unidos sobre la Tortura de la CIA: “En 83 ocasiones en un solo mes de 2002, Abu Zubaydah fue atado a una tabla inclinada con la cabeza más baja que los pies mientras los contratistas de la CIA le echaban agua por la nariz y la garganta, simulando un ahogamiento. Esposado y golpeado repetidamente contra las paredes, fue suspendido desnudo de los ganchos del techo durante horas. Le obligaron a permanecer despierto durante once días consecutivos, rociándolo una y otra vez con agua fría cuando se desmayaba. Lo metieron a la fuerza en una caja del tamaño de un ataúd y lo metieron en otra caja que casi cabía debajo de una silla, donde lo dejaron durante horas. La CIA le sometió a una humillación especialmente grave mediante la ‘rehidratación rectal’”. Según el informe del Senado estadounidense, la CIA admitió posteriormente que Abu Zubaydah no era miembro de Al Qaeda. https://truthout.org/articles/biden-tells-supreme-court-that-publicly-documented-torture-is-a-state-secret/?utm_campaign=Truthout+Share+Buttons

[5] Kissinger calificó a Ellsberg como “el hombre más peligroso de Estados Unidos”, Nixon mandó asaltar el despacho de su antiguo psicoanalista y contrató a 12 mercenarios cubanos para “dejarlo fuera de juego”. https://www.democracynow.org/2021/6/14/pentagon_papers_leak_50th_anniversary

[6] https://www.justiceinitiative.org/publications/globalizing-torture-cia-secret-detention-and-extraordinary-rendition

Italia es el único país en el que un tribunal ha condenado penalmente a funcionarios por su participación en operaciones de entrega extraordinaria. Canadá es el único país que ha pedido disculpas a una víctima de las entregas extraordinarias, Maher Arar, que fue devuelto y torturado de forma extraordinaria en Siria. Sólo tres países, además de Canadá –Suecia, Australia y el Reino Unido–, han indemnizado a las víctimas de las entregas extraordinarias, los dos últimos en el marco de acuerdos confidenciales destinados a evitar litigios por violaciones de derechos humanos asociadas.

[7] https://www.therenditionproject.org.uk/prisoners/abu-omar.html

[8] Exigencias de Estados Unidos para asesinar a Assange https://www.youtube.com/watch?v=ykvb-nwJ_9w

[9] https://consortiumnews.com/2020/09/30/live-updates-assange-hearing-day-seventeen-us-intel-spying-on-assange-detailed-in-court-including-plan-to-kidnap-or-poison-him/

[10] La Ley de Espionaje de 1917 prohibía la obtención de información, la grabación de imágenes o la copia de descripciones de cualquier información relacionada con la defensa nacional con la intención o la razón de creer que la información podría utilizarse para perjudicar a los Estados Unidos o en beneficio de cualquier nación extranjera.

Traducido por Edgar Rodríguez para Investig’Action

Fuente: Blog de Luk Vervaet

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