La Línea, Tribuna Orinoco – 21/10/2024
Foto superior: El ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, en Perú, septiembre de 2023. (Ministerio de Defensa del Perú).
El 7 de junio de 2021 se produjo un terremoto político en Perú. Un outsider político, el maestro rural Pedro Castillo, fue elegido presidente del país con la promesa de transformar un sistema político y económico construido sobre grandes desigualdades entre la población peruana.
La primera medida tomada por este gobierno fue la iniciativa del canciller Héctor Béjar de abandonar el Grupo de Lima, lo que debilitó la operación de cambio de régimen contra Venezuela, iniciada por Estados Unidos. La decisión soberana del canciller le costaría el puesto. Apenas 15 días después de asumir el cargo, fue destituido por el Congreso.
Este acto de bravuconería geopolítica en un país donde tradicionalmente reina la sumisión al imperialismo sería el último de su tipo durante los meses de gobierno de Pedro Castillo. Constantemente atacado por los poderes legislativo, judicial, económico y mediático, el presidente abandonó el frente de la política exterior a diplomáticos de carrera que repitieron las líneas tradicionales de sus antecesores.
Sin embargo, esta transgresión inicial no fue del agrado de Washington. A pesar de no tener malas relaciones con el gobierno de Pedro Castillo, la incertidumbre sobre lo que podría pasar llevó al imperio a precipitar el derrocamiento del maestro peruano.
La participación de Estados Unidos en el golpe contra Castillo el 7 de diciembre de 2022 se evidencia en las actividades de la entonces embajadora estadounidense Lisa Kenna en los días previos al golpe. Esa semana, se reunió con el exministro de Defensa Nicolás Bobbio, el presidente del Congreso William Zapata, la exfiscal general Patricia Benavides y otras figuras claves de la conspiración.
Una vez consumado el golpe y Dina Boluarte fue juramentada como presidenta, Estados Unidos, a través de una llamada telefónica del jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken, fue el primer país en reconocerla como mandataria.
Desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, el control de Estados Unidos sobre Perú se ha fortalecido significativamente.
La ex embajadora Lisa Kenna, el encargado de negocios John McNamara y la recién nombrada embajadora Stephanie Syptak-Ramnath mantuvieron y mantienen reuniones semanales con ministros, altos mandos de las fuerzas armadas y policiales, así como autoridades del Congreso, del poder judicial y directores de instituciones autónomas como el Jurado Nacional de Elecciones. La labor de la embajada estadounidense trasciende los límites del comportamiento diplomático entre países soberanos, constituyendo una clara injerencia.
Durante estos casi dos años de gobierno de facto de Boluarte, Estados Unidos ha reforzado su presencia y control sobre el territorio peruano a través de una coordinación constante con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Así, en marzo de 2023, apenas unos meses después del golpe de Estado contra Castillo, el Ministerio del Interior y la embajada estadounidense establecieron un compromiso de cooperación en materia de seguridad urbana y lucha contra el narcotráfico. Este acuerdo incluyó la visita de Todd Robinson, subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, quien se reunió con el ministro del Interior, Víctor Torres, para programar “entrenamientos” a la policía peruana y erradicar 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.
En el ámbito de la defensa, la interferencia estadounidense ha sido aún mayor.
El 19 de mayo de 2023, el Congreso peruano aprobó la Resolución Legislativa 4 766, que autoriza el despliegue de tropas estadounidenses en el Perú. Desde esa fecha, 1.500 soldados del Ejército de Estados Unidos han estado operando en suelo peruano para entrenamiento, maniobras conjuntas, despliegue territorial y operaciones encubiertas. En diciembre de 2023, el Congreso votó a favor de extender la ocupación militar estadounidense hasta diciembre de 2024.
En septiembre de 2023, Dina Boluarte sostuvo una reunión con el asesor especial de Estados Unidos para las Américas, Chris Dodds. La visita de Dodds tuvo como objetivo fortalecer la Alianza para la Prosperidad Económica, una estrategia impulsada por Estados Unidos en un intento por contrarrestar la integración latinoamericana y reforzar la agenda de libre mercado en la región. En enero de 2023, pocos días después del derrocamiento de Castillo, Boluarte sumó a Perú a esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de solo 11 países de los 35 de América Latina y el Caribe.
Ese mismo mes, el 17 de septiembre de 2023, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, se reunió con el ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, para discutir la cooperación en materia de seguridad.
En la reunión estuvieron presentes el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez, altos mandos de las fuerzas armadas y los comandantes de la fuerza aérea, la marina y el ejército del Perú. En la reunión también participó el encargado de negocios de los Estados Unidos en el Perú, John McNamara. El general Richardson también visitó la Unidad de Investigación Médica Naval SUR (Namru Sur), un biolaboratorio estadounidense ubicado en la Amazonía peruana. Esta unidad científica única es una de las tres que tiene la Marina de los Estados Unidos en todo el mundo. El equipo de Namru Sur trabaja en la investigación y vigilancia de enfermedades infecciosas.
En octubre de 2023, un mes después de la visita de Richardson, el Comando de Operaciones Especiales Sur, la unidad que controla todas las Fuerzas de Operaciones Especiales dentro del Comando Sur de Estados Unidos, realizó un ejercicio con la Fuerza de Tarea Conjunta peruana. Se utilizó una variedad de armas para el ejercicio, desde ametralladoras M240L de 7,62 mm hasta rifles de asalto FN SCAR, así como rifles de precisión Accuracy International AW y Knight's Armament M110 SASS.
También en octubre de 2023, el ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, se reunió con el entonces asesor principal de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, así como con los subsecretarios adjuntos para el Hemisferio Occidental de los departamentos de Estado y de Defensa, Mark Wells y Daniel Erikson, y el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, y anunció la cooperación de la Fuerza Aérea del Perú con su homóloga estadounidense para otorgarle el control del espacio aéreo peruano, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
A raíz de estos encuentros, Juan González declaró que Estados Unidos “considera importante la presencia de Dina Boluarte en la cumbre de la APEC en noviembre de 2024”, lo que implica que EEUU no apoyará la destitución de Boluarte.
En 2024, miembros de la Fuerza Espacial de Estados Unidos visitaron Perú con el objetivo de crear un puerto espacial dentro de la base El Pato en Talara, al norte del país, sede de la refinería de Petroperú. Este puerto espacial operaría bajo una concesión a Estados Unidos por un periodo inicial de 20 años, lo que refuerza el control militar que mantiene EEUU sobre los territorios peruanos y la soberanía aeroespacial.
Contener la influencia de China
El Perú es un campo de batalla geopolítico entre Estados Unidos y China. Durante años había sido un modelo de ultraliberalismo donde Washington no conocía rival comercial. Sin embargo, el comercio entre China y Perú pasó de 704,6 millones de dólares en 2000 a 36.700 millones de dólares en 2023. Durante la última década, China ha sido el mayor socio comercial del Perú. Las empresas chinas se centran en la minería, la energía y ahora la infraestructura. Aunque Perú ha tenido gobiernos alineados con Estados Unidos desde la caída del general Velasco, China ha logrado controlar sectores estratégicos de la economía peruana.
En este escenario, Washington ha desplegado su influencia política para contener el avance chino. En noviembre de 2023, Estados Unidos expresó su preocupación por el hecho de que China esté ganando control sobre partes críticas de la infraestructura peruana, incluido todo el suministro eléctrico a Lima y el megapuerto de Chancay, un centro portuario que unirá Sudamérica con Asia.
Una fuente cercana al gobierno de Boluarte manifestó al Financial Times que “el capital chino ha adquirido empresas eléctricas, mineras y otras. Geopolíticamente hablando, las preocupaciones de Estados Unidos estarían justificadas”.
Gonzalo Ríos Polastri, subgerente general de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, empresa mixta cuyo accionista mayoritario es la empresa pública china Cosco Shipping, afirmó que la inversión de China en Chancay es “100% comercial”, y agregó : “Esta es una inversión de empresas privadas según las reglas del mercado. Podrá tener distintas lecturas geopolíticas, pero no es una inversión que tenga ningún tipo de implicancia para la seguridad nacional”. Aunque la defensa de Ríos Polastri se enmarca en un marco de libre comercio, Washington no puede ocultar su malestar con la construcción del puerto de Chancay.
Todo indica que el gobierno peruano mantendrá una actitud ambivalente frente al megapuerto y las inversiones chinas. Si bien es cierto que Boluarte fue recibida en Beijing por el presidente Xi Jinping en julio de 2024, algunos sectores de su propio gobierno intentaron presionarla o provocar el colapso del proyecto, y Boluarte no hizo nada para frenar esos esfuerzos ni para marcar un rumbo geopolítico para su gobierno.
En abril de 2024 se intentó ejercer presión a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que demandó a Cosco Shipping tras una consulta con el despacho de abogados de Olaechea, cuya cartera de clientes incluye a empresas estadounidenses como Blackrock, JP Morgan y General Electric. La maniobra buscaba quitarle a China la exclusividad de los servicios portuarios dentro de las instalaciones del puerto de Chancay.
La Autoridad Portuaria Nacional depende del Ministerio de Transportes, cuyo ministro Raúl Pérez está casado con Isaura Delgado Brayfield, ciudadana estadounidense y gerente de la Cámara de Comercio Americana en el Perú, que agrupa a 580 empresas del Perú. El gobierno peruano no tiene una visión geopolítica cohesionada, realidad que permitió este ejercicio de presión.
Ilustrativas de las posiciones adversas al puerto de Chancay dentro del gobierno son las declaraciones del embajador de Perú en Washington, Alfredo Ferrero, quien en junio de 2024 manifestó a Bloomberg: “El cien por ciento de la electricidad de Lima es de propiedad china, muchos de los proyectos mineros de cobre también son chinos. China tendrá el puerto más grande de Sudamérica. Esa es la situación objetiva y Estados Unidos lo ha notado. Pero no basta con darse cuenta, es necesario actuar”.
En esta entrevista, el embajador instó a los inversionistas estadounidenses a invertir en el puerto de Corio, en el sur de Perú, porque “serviría de contrapeso al proyecto chino Chancay”.
Más recientemente, en junio de 2024, Jana Nelson, subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, el ministro de Defensa del Perú, Walter Astudillo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general David Ojeda, organizaron el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa para promover la cooperación en defensa y seguridad portuaria.
Estados Unidos también contó con la presencia de representantes de sus principales puertos en un evento patrocinado por el gobierno peruano para tratar temas de seguridad portuaria. Este evento sobre el tema se produce apenas unos meses después de la inauguración del puerto de Chancay.
En septiembre de 2024, el embajador estadounidense destacó las reuniones sostenidas con el fondo de inversión BlackRock y autoridades peruanas para discutir sus inversiones en los puertos de Matarani y Salaverry en el sur del Perú, como parte de una campaña que busca bajar el perfil del puerto de Chancay y establecer una competencia directa para la exportación de minerales y soya a Asia.
También destaca la visita a Lima de Carlos Días Rosillo, exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump, actualmente director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, quien se reunió con el jefe de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aldo Prieto. Durante su estadía, Días Rosillo realizó un taller en la Universidad de Lima y brindó una entrevista en un canal privado. En ambas, arremetió contra China. “Con el esfuerzo de Estados Unidos de traer empresas que durante muchos años fueron a China, hay una enorme oportunidad para el Perú y para América Latina desde el punto de vista económico y de seguridad nacional”, declaró frente a los estudiantes.
También destacó la campaña sobre la llamada “pesca ilegal desde China”. En septiembre de 2024, la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal) alertó sobre la pesca de calamar gigante por parte de la flota china, sin autorización para ingresar a las costas peruanas, alegando que “China ha podido reducir mucho sus costos porque se le ha permitido sistemáticamente ingresar al Perú a hacer labores logísticas sin cumplir con las regulaciones nacionales”. Esta noticia fue ampliamente difundida en la prensa peruana y por políticos que ya han propuesto conformar comisiones investigadoras.
Desde 2023, en el marco del ejercicio multinacional Resolute Sentinel 2023, miembros de la Marina de Guerra del Perú y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizaron vuelos de acción conjunta con el objetivo de identificar una “flota pesquera extranjera” dedicada a la pesca de calamar, y confirmaron que estas se encuentran operando fuera de las 200 millas náuticas del dominio marítimo peruano.
Cabe señalar que desde 2017, la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos alertó sobre la necesidad de “mantener la libertad de los mares para garantizar la seguridad de su país y sus aliados”. Desde entonces, la lucha contra la pesca ilegal se ha convertido para el Comando Sur en una herramienta de intervención y control del dominio marítimo del hemisferio occidental. En sus recientes giras por Argentina, Chile, Ecuador y Perú, Laura Richardson hizo hincapié en la lucha contra la “pesca ilegal”, principalmente china, en la costa del Pacífico de América del Sur. En Perú, no solo el gobierno sino también los medios de comunicación y políticos de todas las tendencias ideológicas se han plegado a la visión imperial y sinofóbica planteada por Estados Unidos.
El 27 de septiembre de 2024, el gobierno emitió el Decreto 014-2014 con el objetivo de reforzar el monitoreo satelital de embarcaciones extranjeras en aguas territoriales peruanas. Esta medida fue consensuada con la embajada de China en Perú, pero sigue generando polémica en el Congreso. Si bien Perú tiene todo el derecho de reforzar su soberanía y controlar su frontera marítima, el surgimiento de una intensa campaña mediática sobre el tema coincide con los preparativos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la llegada de Xi Jinping a Lima. Una coincidencia “extraña” dado que el problema persiste desde hace muchos años.
Por otro lado, no se puede ignorar que ex funcionarios de la Marina de Guerra peruana son socios en el proyecto del puerto de Chancay. Varios ex almirantes en jefe son ahora las caras visibles de la empresa mixta creada para construir y administrar el polo portuario. Sus homólogos en el Congreso son fervientes partidarios de esta nueva infraestructura y de la asociación con China. En otras palabras, la Marina de Guerra se encarga de patrullar y resguardar la frontera marítima ante posibles ataques de buques chinos, mientras que altos funcionarios de esta institución hacen negocios con China, un conflicto de intereses sobre el que la reciente campaña mediática intenta crear una narrativa.
La presidenta de facto se encuentra en una encrucijada. En medio de una crisis de legitimidad, una crisis económica y una crisis de gobernabilidad, debe su permanencia en el poder a un pacto corrupto con el Congreso y a un alineamiento incondicional con Estados Unidos. Sin embargo, esta triple crisis ha alejado a los inversionistas internacionales del Perú. Su única salida es intentar acercarse a China para reactivar la cooperación económica entre ambos países. Se trata de un ejercicio muy riesgoso de acrobacia política, que podría tener consecuencias al final de su mandato o en su futuro judicial.
Todos los poderes del Estado peruano están con EEUU
Actualmente, la influencia de Estados Unidos trasciende las relaciones con el gobierno y abarca todos los poderes e instituciones del Estado peruano.
En el ámbito judicial, por ejemplo, el 2 de abril de 2024, el director de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción se reunió con la agente especial del FBI, Alejandra Sánchez, coordinadora del Programa Anticorrupción Transnacional del FBI. Mientras el país se enteraba del escándalo “Rolexgate”, este encuentro demostró más el interés por fortalecer las herramientas de presión contra futuros líderes que por erradicar la corrupción.
De igual forma, los servicios diplomáticos en Washington mantienen relaciones constantes con la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La Embajada de Estados Unidos es la única misión diplomática en el Perú que mantiene una agenda tan sostenida de injerencia en los poderes públicos.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del conservador partido Renovación Popular, ha incrementado la cooperación de la capital con la embajada de Estados Unidos. En sus primeros meses en el cargo, ha promovido la participación del personal diplomático estadounidense en la puesta en marcha de las “ollas comunes”, organizaciones de ayuda alimentaria en las zonas más pobres de la ciudad. A través de la geolocalización de sus sedes y la distribución de alimentos, Washington ha logrado forjar lazos de cooperación y control con los líderes sociales de las barriadas pobres de Lima.
En cuanto a la relación de Estados Unidos con el Congreso, en marzo de 2024 los parlamentarios recibieron a una delegación de sus homólogos estadounidenses para firmar un acuerdo de cooperación que, en la práctica, permite a EEUU inmiscuirse en los asuntos internos del Perú. Según la embajada estadounidense, este acuerdo permitirá a EEUU “apoyar la transparencia, el estado de derecho y promover elecciones libres y justas” en el Perú.
El presidente del Congreso peruano, Alejandro Soto, calificó el acuerdo como una “alianza estratégica”. En la ceremonia de firma estuvieron presentes tanto parlamentarios neoliberales como de la izquierda peruana supuestamente “antiimperialista”.
Un mes después, en abril de 2024, mediante Resolución Legislativa 6672, el Congreso ratificó el acuerdo entre Perú y Estados Unidos firmado por el gobierno de Boluarte que permite a Estados Unidos interceptar y derribar aeronaves ligeras con total libertad.
Con el pretexto de la lucha contra las drogas, Washington extiende su dominio sobre el espacio aéreo peruano.
Alineación con la política exterior de EEUU
Designada presidenta por los poderes que organizaron el golpe contra Castillo, Boluarte ostenta el récord de impopularidad en la región. Solo el 5% de la población la apoya, principalmente las clases pudientes del país. El rechazo masivo y transclasista la llevó a negociar su supervivencia con los sectores ultraderechistas del Congreso, el sector privado minero y agroexportadores, y diplomáticamente con Estados Unidos.
Esto se refleja en la posición del Perú en el escenario mundial, donde se alineó con la posición de Washington ante la masacre que la entidad sionista está cometiendo en Gaza, las elecciones en Venezuela y la guerra en Ucrania.
En el caso de Venezuela, Perú fue el primer país en reconocer al ultraderechista Edmundo González como presidente tras las elecciones del 28 de julio, una postura extremista de la que Preu se deslindó después, siguiendo los pasos del Departamento de Estado norteamericano. De igual modo, mientras “Israel” continúa su guerra y masacres en Asia occidental, los países satélites de Estados Unidos firmaron un comunicado en la Asamblea General de la ONU condenando al gobierno constitucional de Venezuela. Perú se sumó así a los 30 países que se adhieren estrictamente a la política exterior de Washington en la región.
En el caso de la guerra en Ucrania que se había iniciado durante la presidencia de Pedro Castillo, Perú ha sido más cauteloso. Apenas se consumó el golpe de Estado contra Castillo, el Comando Sur solicitó a Dina Boluarte que entregara parte del armamento de origen ruso de las Fuerzas Armadas peruanas a Ucrania. Desde los tiempos del general Juan Velasco Alvarado, Perú ha contado con mucho material militar ruso y/o exsoviético, en todas las ramas de las fuerzas armadas y, particularmente, en la fuerza aérea. Los militares no estaban dispuestos a arriesgar cadenas de suministro sobrantes en caso de que el gobierno decidiera apoyar a Ucrania y sumarse a la guerra contra Rusia.
Sin embargo, en octubre de 2024, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, solicitó un crédito de 3.500 millones de dólares para renovar la flota de la Fuerza Aérea Peruana con 24 cazas multifunción: 20 monoplaza y 4 biplaza. El país cuenta actualmente con cazas Mirage 2000P/DP, adquiridos a Francia en 1982, y, MiG-29S/SMP Fulcrum C y Sukhoi Su-25 Frogfoot, adquiridos a Rusia. La empresa estadounidense Lockeed Martin y la sueca Saab lideran las preferencias del gobierno peruano. En el mismo mes, Perú recibió una donación de Estados Unidos de nueve helicópteros UH-60 Black Hawk que se sumarán o reemplazarán a los helicópteros rusos o exsoviéticos que actualmente posee la Fuerza Aérea Peruana.
La compra de las aeronaves y la entrega de los helicópteros será un importante punto de inflexión geopolítico, ya que Perú ya no necesitará depender de la cadena de suministro rusa y pasará a ser más dependiente de Occidente.
Un país bajo control, por ahora
Con la caída de Castillo, Estados Unidos aprovechó el desgobierno de Boluarte para reforzar su presencia y control sobre un país estratégico de Sudamérica. Perú tiene fronteras con cinco países del continente y enormes recursos naturales y de agua dulce. Es, además, el segundo mayor productor de cocaína (después de Colombia), lo que ofrece a EEUU un pretexto para inmiscuirse en nombre de la lucha contra el narcotráfico.
El inesperado ascenso de Castillo al poder demostró una falla en el sistema político del mejor alumno de Washington en la región. Las enormes desigualdades y la crisis económica hacen que el pueblo peruano aspire también a cambios estructurales. Fue por ello que Estados Unidos decidió fortalecer su hegemonía y, al mismo tiempo, tratar de contener la creciente influencia de China en el país. Gracias al actual gobierno de facto, EEUU lo ha logrado por ahora. Al menos hasta la próxima sorpresa electoral.
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