La
Línea, Tribuna Orinoco – 21/10/2024
Foto superior: El
ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, con la jefa del Comando
Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, en Perú, septiembre
de 2023. (Ministerio de Defensa del Perú).
El 7 de junio de 2021 se
produjo un terremoto político en Perú. Un outsider político,
el maestro rural Pedro Castillo, fue elegido presidente del país con
la promesa de transformar un sistema político y económico
construido sobre grandes desigualdades entre la población peruana.
La primera medida tomada
por este gobierno fue la iniciativa del canciller Héctor Béjar de
abandonar el Grupo de Lima, lo que debilitó la operación de cambio
de régimen contra Venezuela, iniciada por Estados Unidos. La
decisión soberana del canciller le costaría el puesto. Apenas 15
días después de asumir el cargo, fue destituido por el Congreso.
Este acto de bravuconería
geopolítica en un país donde tradicionalmente reina la sumisión al
imperialismo sería el último de su tipo durante los meses de
gobierno de Pedro Castillo. Constantemente atacado por los poderes
legislativo, judicial, económico y mediático, el presidente
abandonó el frente de la política exterior a diplomáticos de
carrera que repitieron las líneas tradicionales de sus antecesores.
Sin embargo, esta
transgresión inicial no fue del agrado de Washington. A pesar de no
tener malas relaciones con el gobierno de Pedro Castillo, la
incertidumbre sobre lo que podría pasar llevó al imperio a
precipitar el derrocamiento del maestro peruano.
La participación de
Estados Unidos en el golpe contra Castillo el 7 de diciembre de 2022
se evidencia en las actividades de la entonces embajadora
estadounidense Lisa Kenna en los días previos al golpe. Esa semana,
se reunió con el exministro de Defensa Nicolás Bobbio, el
presidente del Congreso William Zapata, la exfiscal general Patricia
Benavides y otras figuras claves de la conspiración.
Una vez consumado el
golpe y Dina Boluarte fue juramentada como presidenta, Estados
Unidos, a través de una llamada telefónica del jefe del
Departamento de Estado, Antony Blinken, fue el primer país en
reconocerla como mandataria.
Desde el inicio del
gobierno de Dina Boluarte, el control de Estados Unidos sobre Perú
se ha fortalecido significativamente.
La ex embajadora Lisa
Kenna, el encargado de negocios John McNamara y la recién nombrada
embajadora Stephanie Syptak-Ramnath mantuvieron y mantienen reuniones
semanales con ministros, altos mandos de las fuerzas armadas y
policiales, así como autoridades del Congreso, del poder judicial y
directores de instituciones autónomas como el Jurado Nacional de
Elecciones. La labor de la embajada estadounidense trasciende los
límites del comportamiento diplomático entre países soberanos,
constituyendo una clara injerencia.
Durante estos casi dos
años de gobierno de facto de Boluarte, Estados Unidos ha reforzado
su presencia y control sobre el territorio peruano a través de una
coordinación constante con la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas. Así, en marzo de 2023, apenas unos meses después del golpe
de Estado contra Castillo, el Ministerio del Interior y la embajada
estadounidense establecieron un compromiso de cooperación en materia
de seguridad urbana y lucha contra el narcotráfico. Este acuerdo
incluyó la visita de Todd Robinson, subsecretario de Estado para la
Oficina de Asuntos Antinarcóticos, quien se reunió con el ministro
del Interior, Víctor Torres, para programar
“entrenamientos” a la policía peruana y erradicar 25.000
hectáreas de cultivos de hoja de coca.
En el ámbito de la
defensa, la interferencia estadounidense ha sido aún mayor.
El 19 de mayo de 2023, el
Congreso peruano aprobó la Resolución Legislativa 4 766, que
autoriza el despliegue de tropas estadounidenses en el Perú. Desde
esa fecha, 1.500 soldados del Ejército de Estados Unidos han estado
operando en suelo peruano para entrenamiento, maniobras conjuntas,
despliegue territorial y operaciones encubiertas. En diciembre de
2023, el Congreso votó a favor de extender la ocupación militar
estadounidense hasta diciembre de 2024.
En septiembre de 2023,
Dina Boluarte sostuvo
una reunión con el asesor especial de Estados Unidos para las
Américas, Chris Dodds. La visita de Dodds tuvo como objetivo
fortalecer la Alianza para la Prosperidad Económica, una estrategia
impulsada por Estados Unidos en un intento por contrarrestar la
integración latinoamericana y reforzar la agenda de libre mercado en
la región. En enero de 2023, pocos días después del derrocamiento
de Castillo, Boluarte sumó a Perú a esta iniciativa, que cuenta con
el apoyo de solo 11 países de los 35 de América Latina y el Caribe.
Ese mismo mes, el 17 de
septiembre de 2023, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos,
general Laura Richardson, se reunió con el ministro de Defensa de
Perú, Jorge Chávez, para discutir la cooperación en materia de
seguridad.
En la reunión estuvieron
presentes el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
general Manuel Gómez, altos mandos de las fuerzas armadas y los
comandantes de la fuerza aérea, la marina y el ejército del Perú.
En la reunión también participó el encargado de negocios de los
Estados Unidos en el Perú, John McNamara. El general Richardson
también visitó la Unidad de Investigación Médica Naval SUR (Namru
Sur), un biolaboratorio estadounidense ubicado en la Amazonía
peruana. Esta unidad científica única es una de las tres que tiene
la Marina de los Estados Unidos en todo el mundo. El equipo de Namru
Sur trabaja en la investigación y vigilancia de enfermedades
infecciosas.
En octubre de 2023, un
mes después de la visita de Richardson, el Comando de Operaciones
Especiales Sur, la unidad que controla todas las Fuerzas de
Operaciones Especiales dentro del Comando Sur de Estados Unidos,
realizó un ejercicio con la Fuerza de Tarea Conjunta peruana. Se
utilizó una variedad de armas para el ejercicio, desde
ametralladoras M240L de 7,62 mm hasta rifles de asalto FN SCAR, así
como rifles de precisión Accuracy International AW y Knight's
Armament M110 SASS.
También en octubre de
2023, el ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, se reunió con
el entonces asesor principal de la Casa Blanca para América Latina,
Juan González, así como con los subsecretarios adjuntos para el
Hemisferio Occidental de los departamentos de Estado y de Defensa,
Mark Wells y Daniel Erikson, y el entonces presidente del Consejo de
Ministros, Alberto Otarola, y anunció la cooperación de la Fuerza
Aérea del Perú con su homóloga estadounidense para otorgarle el
control del espacio aéreo peruano, con el pretexto de la lucha
contra el narcotráfico.
A raíz de estos
encuentros, Juan González declaró
que Estados Unidos “considera importante la presencia de Dina
Boluarte en la cumbre de la APEC en noviembre de 2024”, lo que
implica que EEUU no apoyará la destitución de Boluarte.
En 2024, miembros de la
Fuerza Espacial de Estados Unidos visitaron
Perú con el objetivo de crear un puerto espacial dentro de la
base El Pato en Talara, al norte del país, sede de la refinería de
Petroperú. Este puerto espacial operaría bajo una concesión a
Estados Unidos por un periodo inicial de 20 años, lo que refuerza el
control militar que mantiene EEUU sobre los territorios peruanos y la
soberanía aeroespacial.
Contener la influencia
de China
El Perú es un campo de
batalla geopolítico entre Estados Unidos y China. Durante años
había sido un modelo de ultraliberalismo donde Washington no conocía
rival comercial. Sin embargo, el comercio entre China y Perú pasó
de 704,6 millones de dólares en 2000 a 36.700 millones de dólares
en 2023. Durante la última década, China ha sido el mayor socio
comercial del Perú. Las empresas chinas se centran en la minería,
la energía y ahora la infraestructura. Aunque Perú ha tenido
gobiernos alineados con Estados Unidos desde la caída del general
Velasco, China ha logrado controlar sectores estratégicos de la
economía peruana.
En este escenario,
Washington ha desplegado su influencia política para contener el
avance chino. En noviembre de 2023, Estados Unidos expresó su
preocupación por el hecho de que China esté ganando control sobre
partes críticas de la infraestructura peruana, incluido todo el
suministro eléctrico a Lima y el megapuerto de Chancay, un centro
portuario que unirá Sudamérica con Asia.
Una fuente cercana al
gobierno de Boluarte manifestó
al Financial Times que “el capital chino ha adquirido empresas
eléctricas, mineras y otras. Geopolíticamente hablando, las
preocupaciones de Estados Unidos estarían justificadas”.
Gonzalo Ríos Polastri,
subgerente general de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, empresa
mixta cuyo accionista mayoritario es la empresa pública china Cosco
Shipping, afirmó que la inversión de China en Chancay es “100%
comercial”, y agregó
: “Esta es una inversión de empresas privadas según las reglas
del mercado. Podrá tener distintas lecturas geopolíticas, pero no
es una inversión que tenga ningún tipo de implicancia para la
seguridad nacional”. Aunque la defensa de Ríos Polastri se enmarca
en un marco de libre comercio, Washington no puede ocultar su
malestar con la construcción del puerto de Chancay.
Todo indica que el
gobierno peruano mantendrá una actitud ambivalente frente al
megapuerto y las inversiones chinas. Si bien es cierto que Boluarte
fue recibida en Beijing por el presidente Xi Jinping en julio de
2024, algunos sectores de su propio gobierno intentaron presionarla o
provocar el colapso del proyecto, y Boluarte no hizo nada para frenar
esos esfuerzos ni para marcar un rumbo geopolítico para su gobierno.
En abril de 2024 se
intentó ejercer presión a través de la Autoridad Portuaria
Nacional (APN), que demandó
a Cosco Shipping tras una consulta con el despacho de abogados de
Olaechea, cuya cartera de clientes incluye a empresas estadounidenses
como Blackrock, JP Morgan y General Electric. La maniobra buscaba
quitarle a China la exclusividad de los servicios portuarios dentro
de las instalaciones del puerto de Chancay.
La Autoridad Portuaria
Nacional depende del Ministerio de Transportes, cuyo ministro Raúl
Pérez está casado con Isaura Delgado Brayfield, ciudadana
estadounidense y gerente de la Cámara de Comercio Americana en el
Perú, que agrupa
a 580 empresas del Perú. El gobierno peruano no tiene una visión
geopolítica cohesionada, realidad que permitió este ejercicio de
presión.
Ilustrativas de las
posiciones adversas al puerto de Chancay dentro del gobierno son las
declaraciones del embajador de Perú en Washington, Alfredo Ferrero,
quien en junio de 2024 manifestó
a Bloomberg: “El cien por ciento de la electricidad de Lima es de
propiedad china, muchos de los proyectos mineros de cobre también
son chinos. China tendrá el puerto más grande de Sudamérica. Esa
es la situación objetiva y Estados Unidos lo ha notado. Pero no
basta con darse cuenta, es necesario actuar”.
En esta entrevista, el
embajador instó a los inversionistas estadounidenses a invertir en
el puerto de Corio, en el sur de Perú, porque “serviría de
contrapeso al proyecto chino Chancay”.
Más recientemente, en
junio de 2024, Jana Nelson, subsecretaria adjunta de Defensa para
Asuntos del Hemisferio Occidental, el ministro de Defensa del Perú,
Walter Astudillo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, general David Ojeda, organizaron
el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa para promover la cooperación
en defensa y seguridad portuaria.
Estados Unidos también
contó con la presencia de representantes de sus principales puertos
en un evento patrocinado por el gobierno peruano para tratar temas de
seguridad portuaria. Este evento sobre el tema se produce apenas unos
meses después de la inauguración del puerto de Chancay.
En septiembre de 2024, el
embajador estadounidense destacó
las reuniones sostenidas con el fondo de inversión BlackRock y
autoridades peruanas para discutir sus inversiones en los puertos de
Matarani y Salaverry en el sur del Perú, como parte de una campaña
que busca bajar el perfil del puerto de Chancay y establecer una
competencia directa para la exportación de minerales y soya a Asia.
También destaca la
visita a Lima de Carlos Días Rosillo, exdirector de Políticas
Públicas de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump,
actualmente director del Centro Adam Smith para la Libertad
Económica, quien se reunió con el jefe de Asesores de la
Presidencia del Consejo de Ministros, Aldo Prieto. Durante su
estadía, Días Rosillo realizó un taller en la Universidad de Lima
y brindó una entrevista en un canal privado. En ambas, arremetió
contra China. “Con el esfuerzo de Estados Unidos de traer empresas
que durante muchos años fueron a China, hay una enorme oportunidad
para el Perú y para América Latina desde el punto de vista
económico y de seguridad nacional”, declaró frente a los
estudiantes.
También destacó
la campaña sobre la llamada “pesca ilegal desde China”. En
septiembre de 2024, la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú
(Sonapescal) alertó sobre la pesca de calamar gigante por parte de
la flota china, sin autorización para ingresar a las costas
peruanas, alegando
que “China ha podido reducir mucho sus costos porque se le ha
permitido sistemáticamente ingresar al Perú a hacer labores
logísticas sin cumplir con las regulaciones nacionales”. Esta
noticia fue ampliamente difundida en la prensa peruana y por
políticos que ya han propuesto conformar comisiones investigadoras.
Desde 2023, en el marco
del ejercicio multinacional Resolute Sentinel 2023, miembros de la
Marina de Guerra del Perú y de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos realizaron vuelos de acción conjunta con el objetivo de
identificar una “flota pesquera extranjera” dedicada a la pesca
de calamar, y confirmaron que estas se encuentran operando fuera de
las 200 millas náuticas del dominio marítimo peruano.
Cabe señalar que desde
2017, la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos alertó sobre la
necesidad de “mantener la libertad de los mares para garantizar la
seguridad de su país y sus aliados”. Desde entonces, la lucha
contra la pesca ilegal se ha convertido para el Comando Sur en una
herramienta de intervención y control del dominio marítimo del
hemisferio occidental. En sus recientes giras por Argentina, Chile,
Ecuador y Perú, Laura Richardson hizo hincapié en la lucha contra
la “pesca ilegal”, principalmente china, en la costa del Pacífico
de América del Sur. En Perú, no solo el gobierno sino también los
medios de comunicación y políticos de todas las tendencias
ideológicas se han plegado a la visión imperial y sinofóbica
planteada por Estados Unidos.
El 27 de septiembre de
2024, el gobierno emitió el Decreto 014-2014 con el objetivo de
reforzar el monitoreo satelital de embarcaciones extranjeras en aguas
territoriales peruanas. Esta medida fue consensuada con la embajada
de China en Perú, pero sigue
generando polémica en el Congreso. Si bien Perú tiene todo el
derecho de reforzar su soberanía y controlar su frontera marítima,
el surgimiento de una intensa campaña mediática sobre el tema
coincide con los preparativos del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC) y la llegada de Xi Jinping a Lima. Una
coincidencia “extraña” dado que el problema persiste desde hace
muchos años.
Por otro lado, no se
puede ignorar que ex funcionarios de la Marina de Guerra peruana son
socios en el proyecto del puerto de Chancay. Varios ex almirantes en
jefe son ahora las caras visibles de la empresa mixta creada para
construir y administrar el polo portuario. Sus homólogos en el
Congreso son fervientes partidarios de esta nueva infraestructura y
de la asociación con China. En otras palabras, la Marina de Guerra
se encarga de patrullar y resguardar la frontera marítima ante
posibles ataques de buques chinos, mientras que altos funcionarios de
esta institución hacen negocios con China, un conflicto de intereses
sobre el que la reciente campaña mediática intenta crear una
narrativa.
La presidenta de facto se
encuentra en una encrucijada. En medio de una crisis de legitimidad,
una crisis económica y una crisis de gobernabilidad, debe su
permanencia en el poder a un pacto corrupto con el Congreso y a un
alineamiento incondicional con Estados Unidos. Sin embargo, esta
triple crisis ha alejado a los inversionistas internacionales del
Perú. Su única salida es intentar acercarse a China para reactivar
la cooperación económica entre ambos países. Se trata de un
ejercicio muy riesgoso de acrobacia política, que podría tener
consecuencias al final de su mandato o en su futuro judicial.
Todos los poderes del
Estado peruano están con EEUU
Actualmente, la
influencia de Estados Unidos trasciende las relaciones con el
gobierno y abarca todos los poderes e instituciones del Estado
peruano.
En el ámbito judicial,
por ejemplo, el 2 de abril de 2024, el director de la Coordinación
Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción se
reunió con la agente especial del FBI, Alejandra Sánchez,
coordinadora del Programa Anticorrupción Transnacional del FBI.
Mientras el país se enteraba del escándalo “Rolexgate”, este
encuentro demostró más el interés por fortalecer las herramientas
de presión contra futuros líderes que por erradicar la corrupción.
De igual forma, los
servicios diplomáticos en Washington mantienen
relaciones constantes con la Junta Nacional de Justicia, el
Jurado
Nacional de Elecciones y la Oficina
Nacional de Procesos Electorales. La Embajada de Estados Unidos
es la única misión diplomática en el Perú que mantiene una agenda
tan sostenida de injerencia en los poderes públicos.
El alcalde de Lima,
Rafael López Aliaga, del conservador partido Renovación Popular, ha
incrementado la cooperación de la capital con la embajada de Estados
Unidos. En sus primeros meses en el cargo, ha promovido la
participación del personal diplomático estadounidense en la puesta
en marcha de las “ollas comunes”, organizaciones de ayuda
alimentaria en las zonas más pobres de la ciudad. A través de la
geolocalización de sus sedes y la distribución de alimentos,
Washington ha logrado
forjar lazos de cooperación y control con los líderes sociales de
las barriadas pobres de Lima.
En cuanto a la relación
de Estados Unidos con el Congreso, en marzo de 2024 los
parlamentarios recibieron a una delegación de sus homólogos
estadounidenses para firmar un acuerdo de cooperación que, en la
práctica, permite a EEUU inmiscuirse en los asuntos internos del
Perú. Según la embajada estadounidense, este acuerdo permitirá a
EEUU “apoyar la transparencia, el estado de derecho y promover
elecciones libres y justas” en el Perú.
El presidente del
Congreso peruano, Alejandro Soto, calificó el acuerdo como una
“alianza estratégica”. En la ceremonia de firma estuvieron
presentes tanto parlamentarios neoliberales como de la izquierda
peruana supuestamente “antiimperialista”.
Un mes después, en abril
de 2024, mediante Resolución Legislativa 6672, el Congreso ratificó
el acuerdo entre Perú y Estados Unidos firmado por el gobierno de
Boluarte que permite
a Estados Unidos interceptar y derribar aeronaves ligeras con total
libertad.
Con el pretexto de la
lucha contra las drogas, Washington extiende su dominio sobre el
espacio aéreo peruano.
Alineación con la
política exterior de EEUU
Designada presidenta por
los poderes que organizaron el golpe contra Castillo, Boluarte
ostenta el récord de impopularidad en la región. Solo el 5% de la
población la apoya, principalmente las clases pudientes del país.
El rechazo masivo y transclasista la llevó a negociar su
supervivencia con los sectores ultraderechistas del Congreso, el
sector privado minero y agroexportadores, y diplomáticamente con
Estados Unidos.
Esto se refleja en la
posición del Perú en el escenario mundial, donde se alineó con la
posición de Washington ante la masacre que la entidad sionista está
cometiendo en Gaza, las elecciones en Venezuela y la guerra en
Ucrania.
En el caso de Venezuela,
Perú fue el primer país en reconocer al ultraderechista Edmundo
González como presidente tras las elecciones del 28 de julio, una
postura extremista de la que Preu se deslindó después, siguiendo
los pasos del Departamento de Estado norteamericano. De igual modo,
mientras “Israel” continúa su guerra y masacres en Asia
occidental, los países satélites de Estados Unidos firmaron un
comunicado en la Asamblea General de la ONU condenando al gobierno
constitucional de Venezuela. Perú se sumó así a los 30 países que
se adhieren estrictamente a la política exterior de Washington en la
región.
En el caso de la guerra
en Ucrania que se había iniciado durante la presidencia de Pedro
Castillo, Perú ha sido más cauteloso. Apenas se consumó el golpe
de Estado contra Castillo, el Comando Sur solicitó
a Dina Boluarte que entregara parte del armamento de origen ruso de
las Fuerzas Armadas peruanas a Ucrania. Desde los tiempos del general
Juan Velasco Alvarado, Perú ha contado con mucho material militar
ruso y/o exsoviético, en todas las ramas de las fuerzas armadas y,
particularmente, en la fuerza aérea. Los militares no estaban
dispuestos a arriesgar cadenas de suministro sobrantes en caso de que
el gobierno decidiera apoyar a Ucrania y sumarse a la guerra contra
Rusia.
Sin embargo, en octubre
de 2024, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, solicitó un
crédito de 3.500 millones de dólares para renovar la flota de la
Fuerza Aérea Peruana con 24 cazas multifunción: 20 monoplaza y 4
biplaza. El país cuenta actualmente con cazas Mirage 2000P/DP,
adquiridos a Francia en 1982, y, MiG-29S/SMP Fulcrum C y Sukhoi Su-25
Frogfoot, adquiridos a Rusia. La empresa estadounidense Lockeed
Martin y la sueca Saab lideran las preferencias del gobierno peruano.
En el mismo mes, Perú recibió una donación de Estados Unidos de
nueve helicópteros UH-60 Black Hawk que se sumarán o reemplazarán
a los helicópteros rusos o exsoviéticos que actualmente posee la
Fuerza Aérea Peruana.
La compra de las
aeronaves y la entrega de los helicópteros será un importante punto
de inflexión geopolítico, ya que Perú ya no necesitará depender
de la cadena de suministro rusa y pasará a ser más dependiente de
Occidente.
Un país bajo control,
por ahora
Con la caída de
Castillo, Estados Unidos aprovechó el desgobierno de Boluarte para
reforzar su presencia y control sobre un país estratégico de
Sudamérica. Perú tiene fronteras con cinco países del continente y
enormes recursos naturales y de agua dulce. Es, además, el segundo
mayor productor de cocaína (después de Colombia), lo que ofrece a
EEUU un pretexto para inmiscuirse en nombre de la lucha contra el
narcotráfico.
El inesperado ascenso de
Castillo al poder demostró una falla en el sistema político del
mejor alumno de Washington en la región. Las enormes desigualdades y
la crisis económica hacen que el pueblo peruano aspire también a
cambios estructurales. Fue por ello que Estados Unidos decidió
fortalecer su hegemonía y, al mismo tiempo, tratar de contener la
creciente influencia de China en el país. Gracias al actual gobierno
de facto, EEUU lo ha logrado por ahora. Al menos hasta la próxima
sorpresa electoral.
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