DE HORRORES LUCRATIVOS E IDENTIDADES COMBATIVAS - Miquel Amorós

Son tales las devastaciones que provoca el crecimiento económico que la sociedad capitalista moderna se caracteriza más por lo que destruye que por lo que crea. Ninguna obra se puede comparar ya con las ruinas que causan sus necesidades. Eso significa algo obvio, a saber, que la sed de beneficios que guía el sistema productivo, y por ende, el modo de vida que conlleva, se apaga con una avalancha de perjuicios para la población, que van desde los riesgos para la salud (la contaminación origina la cuarta parte de las enfermedades) hasta los destrozos ambientales.

La destrucción ha alcanzado un grado tan elevado que el contraste entre intereses privados y estragos públicos se hace visible hasta para los más rezagados. Es entonces cuando desde las instancias del poder hablan de conflicto ambiental o territorial, de cultura del no o de gobernanza interactiva. Los problemas laborales hace tiempo que dejaron de ser fuente de preocupación de los dirigentes, tal y como demuestra el hecho de que más del 40% de los trabajadores gane menos de mil euros, y eso se debe a que, bajo la amenaza de la precariedad y la exclusión, los mecanismos de control e integración funcionan perfectamente. No ocurre así en otros ámbitos, ya que el fracaso del ecologismo político permitió que la cuestión social, expulsada de los barrios y las fábricas, emergiera en las luchas mal llamadas ambientales, y particularmente, en la defensa del territorio, sin la contención y dispersión de la “democracia participativa”.

A pesar de todo, dicha emergencia no ha sido tan apabullante como para producir un fenómeno de conciencia generalizado, y a las luchas les queda todavía un largo tramo por recorrer.

No es pues el peligro de un movimiento social nacido de la defensa del territorio lo que ha sembrado inquietud entre los dirigentes, sino el hecho de que el desarrollismo, basado principalmente en la especulación inmobiliaria, ha desembocado en una crisis financiera de la que se piensa salir con un cambio de paradigma: la economía “verde”, o sea, el desarrollismo “sostenible”.

Pero la “sostenibilidad” desarrollista exige un grado de colaboración popular que en otro tiempo el régimen arbitrario vigente no juzgaba necesario. Por eso, si los defensores de un modo de vida respetuoso con la naturaleza habían tropezado siempre con las maneras paternalistas y autoritarias de la administración, ya que ésta había heredado el personal técnico, los programas y los modos de la pasada dictadura, y sobre todo, porque los designios de los promotores y financieros a cuyo servicio estaba no admitían trabas, ahora que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el cambio climático, el agujero en la capa de ozono y una previsible escasez de combustibles fósiles ponen en marcha un nuevo ciclo “verde” con la perspectiva de formidables ganancias, se requiere un proceder aparentemente más dialogante. De ahí la relativa atención que despiertan las asociaciones de vecinos y las plataformas cívicas, sobre todo las más moderadas y acomodaticias. Los intereses de la dominación apuntan menos a las “marinas” y los campos de golf que a las energías renovables, los coches híbridos, el reciclaje de residuos y la arquitectura ecológica, pero como la construcción de infraestructuras gigantescas, la siembra de transgénicos y las destrucciones van a continuar, la desactivación de las inevitables protestas vuelve ineludible el trato con los contestatarios.

Así pues, al menos en boca de los dirigentes más sensibles a los nuevos intereses de la dominación económica, el lenguaje del orden cambia de vocabulario porque ya no tiene por qué negar la existencia de conflictos, sino aceptarlos como algo habitual y administrarlos; por consiguiente, deja de tildar de egoístas, subversivos y enemigos del progreso a los que protestan contra la devastación y el despilfarro. Para dichos dirigentes, las luchas territoriales son irremediables, pero fáciles de reconducir mediante técnicas de participación y consulta adecuadas, a saber, mediante la “democracia participativa”, cosa que con anterioridad muchos afectados reclamaban, lo cual no evita la “tolerancia cero” frente a los conflictos irrecuperables, como por ejemplo la lucha contra el TAV en Euskal Herria.

Dada la “crisis de confianza” en las instituciones y los partidos, reflejo de la incompatibilidad extrema entre el capitalismo global y las formas democráticas burguesas –tal como demuestran por ejemplo la comunicación unilateral, la supresión del espacio público y del desarrollo de leyes de excepción–, los enemigos “antisistema” de ayer, han de ser los colegas colaboradores del mañana. El arsenal punitivo contenido en los códigos penales de “la democracia” no contradice esa descriminalización aparente de la protesta; actúa como reserva disciplinaria ante los posibles desbordamientos, cubriendo legalmente la represión cuando el civismo no funciona. Las necesidades de control se han visto multiplicadas al convertirse los centros de las ciudades en lugares exclusivos de consumo, proceso que aspira a abarcar la totalidad del territorio. El nuevo régimen puede seguir llamándose democrático mientras instaura legalmente un estado de excepción discreto que facilita la represión no sólo de los disidentes políticos, sino de grupos enteros de población que rechacen integrarse como consumidores obedientes en el sistema económico y no transijan con sus depredaciones. La misma necesidad de pacificación y rentabilización del territorio que hizo tratar de alborotadores, delincuentes y marginales a sus defensores, cuando el capital ejercía sus derechos de conquista, es causa de la solicitud con la que estos mismos son considerados cuando lo que conviene es fijar el costo ambiental y social del territorio-mercancía. Ese cambio de política es consecuencia del cambio de los intereses capitalistas en la etapa correspondiente a la artificialización y consumo del territorio, la de la constitución del territorio-empresa. Los dirigentes buscan el apoyo de los sectores más retrasados y menos combativos surgidos en la lucha, todavía poco desarrollada, y por lo tanto, no suficientemente consciente de la incompatibilidad absoluta de sus objetivos con los del capital. ¿Cómo va a suceder? Pues como siempre, primero, atrayendo a las comisiones negociadoras a un puñado de representantes separados de las estructuras horizontales establecidas en el origen de las luchas, de forma que éstas pierdan el control de sus delegados, y, por consiguiente, el de sí mismas. Y segundo, aislando y reprimiendo sin contemplaciones la oposición consecuente. El trato con el poder corrompe, y los dirigentes lo saben perfectamente.

Su oficio es el más viejo del mundo. Para liquidar la lucha antidesarrollista y la defensa del territorio e integrar a los habitantes afectados en la gestión verde de la catástrofe, sus supuestos representantes han de recorrer el vergonzoso camino que tiempo atrás emprendieron los sindicalistas. Si antaño fue el trabajar, el habitar es hoy la forma básica que reviste la explotación, y por lo tanto, la que mejor define la proletarización. Proletario es un habitante al que hay que

reeducar constantemente en el consumo y seducir con la participación. Y como bien enseña la historia reciente, en los suburbios de París, en Génova, Atenas, Berlín o Barcelona, cuando la seducción no resulta porque la autonomía de la esfera política es imposible bajo la globalización y sus efectos son puro espejismo, guerra sin cuartel a quienes exclaman como en el cuento que el rey está desnudo, rehusando corromperse en la colaboración con el capital y el Estado. Hay leyes de sobra para eso.

La democracia formal burguesa se basaba en la formulación de un interés público por parte de mediadores políticos al que se subordinaban los intereses privados, que en lo relativo al territorio se plasmaba en un plan de ordenación, del cual se deducían reglas y leyes duraderas, que se aplicaban en nombre de aquél. Otra vuelta de tuerca capitalista, el desarrollismo, modificó el sistema en profundidad. La individualización consumista hizo añicos el principio de autoridad, las estructuras disciplinarias de la sociedad como la familia, la escuela o la iglesia entraron en quiebra y el paternalismo político quedó inservible, no dejando más salida al poder establecido que la policía, los tribunales y la cárcel. En lo sucesivo, la decisión se hizo más técnica, dependiente de los expertos, y se financió con capitales privados, cosa que favoreció el dominio de los intereses empresariales en los asuntos públicos, cuya progresiva influencia hizo desaparecer incluso la noción misma de interés común, desacreditando completamente a la política. La nueva gestión del territorio, determinada cada vez más por los intereses privados, principalmente los de los promotores inmobiliarios y el capitalismo verde, no podía quedar atrapada en las normas de un plan general. Así se generalizó la excepcionalidad en las leyes y los planes: rectificaciones, planes parciales, planes de actuación urgente, “proyectos”, “respuestas multifuncionales”, etc.. Se trataba de disponer de una ordenación a la carta, compatible con cada interés particular, que hiciese caso omiso de disposiciones anteriores cuando éste resultaba perjudicado; una ordenación que buscara resultados económicos inmediatos, rentabilizando al máximo todo el territorio. Este cambio tan brusco de situación, ocurrido sólo en dos decenios, lesionó gravemente los intereses colectivos realmente existentes y creó conflictos por doquier.

Como la resistencia a la devastación no podía pararse únicamente con la represión, los nuevos “gestores” del territorio se vieron forzados a cambiar de táctica. Así, del Estado penal nació la “democracia participativa”. Los dirigentes modernistas asumían la desaparición del interés común porque la aplicación de la normativa vigente perjudicaba los intereses privados que representaban, y por consiguiente había que dejarla en suspenso o derogarla, pero eso legitimaba el conflicto tanto como les restaba a ellos legitimidad. Así que, en lugar de tratar de imponerse en nombre de dicho interés al que se suponía representaban en virtud de resultados electorales, tenían que reconocer el conflicto primero, y después, negociar caso por caso con interlocutores ad hoc que se prestaran a ello. La negociación finalizaba no con el establecimiento de una nueva norma, sino con algo parecido a la firma de un contrato. La participación, a la que se dejaba bien claro que no sustituía la “democracia representativa”, es decir, el sistema burocrático parlamentario de partidos, no era otra cosa más que el complemento necesario de un aparato político-administrativo que no podía ni detener la destrucción del territorio, exigida por el crecimiento económico, ni lograr el consenso en nombre del bien común, puesto que su propio funcionamiento lo volvía informulable. La participación o “gobernanza” territorial, al fijar los “límites democráticos” del conflicto, venía a concretar las tareas de la represión delimitando sus respectivos terrenos. Así pues, lejos de acarrear una democratización por leve que pudiera ser, lo que significaría la recuperación del espacio público, donde se discute y se toman decisiones colectivamente, sucede todo lo contrario, tal como confirma el endurecimiento punitivo de la legislación y la proscripción práctica de las manifestaciones, las concentraciones, los debates públicos, las asambleas y la información objetiva.

Por desgracia para la clase dominante, tender puentes no es tan fácil como firmar hipotecas. Las buenas intenciones de los dirigentes para con el futuro no bastan para desactivar el conflicto territorial, puesto que las causas que lo provocaron siguen bien presentes. No estamos en otro escenario; a lo sumo el capitalismo prepara otro escenario, pero no ex novo, sino apoyándose en las viejas actividades productivas. Los nuevos intereses no han venido para suprimir los antiguos, sino para prolongarlos y ampliarlos. Los dirigentes no pretenden pues enmendar los horrores del viejo sistema productivo, que fundamentalmente no ha cambiado, y, por consiguiente, menos aún detener el inmenso despliegue de medidas penales así como la construcción de cárceles y campos de internamiento; lo que quieren es compatibilizar tales horrores con el nuevo rumbo de la dominación.

No se trata entonces de acabar con el modelo clásico de desarrollismo, basado en la fusión de los intereses económicos privados, políticos y administrativos y responsable de tantas atrocidades, sino de ponerlo al día, de “redimensionarlo” gracias a una reestructuración ecológico estatal de la economía.

Esta milagrosa reconversión no anula la degradación precedente, poniendo _in al urbanismo salvaje y la depredación del territorio, es decir, a las macro infraestructuras del transporte, a las centrales nucleares y térmicas, a los embalses y trasvases, a las incineradoras y vertederos, a los puertos deportivos y las pistas de esquí, a la construcción de líneas eléctricas MAT o de nuevas prisiones... Lo que sucede es precisamente lo contrario; el ecologismo capitalista y su seudo democracia “participativa” pretenden preservar dicha degradación –no hay que olvidar que es el único modo de acumulación del que dispone el capital–, sólo que con la imagen lavada. La apertura de nuevos mercados está en juego: el de la emisión de gases, el de los vertidos al mar, el de las basuras, el de la ecoautomoción, la ecoedificación, la alimentación biológica, el turismo rural, las renovables, la punición alternativa, etc. El lucro privado requiere ahora un nuevo desarrollismo –“un nuevo modelo productivo”–, una nueva política, un nuevo lenguaje, un aparato represivo más sofisticado, y, para acabar, otro tipo de horrores programados, pero esta vez apostando por la regulación del mercado financiero, por técnicas nuevas de ecología industrial, por monumentales inversiones y una reeducación de masas en las innovaciones tecnológicas y el consumismo de nuevo cuño. Tales tareas sobrepasan la capacidad del mercado; se necesitan medidas que sólo están al alcance del Estado.

Como sucediera con el fascismo, el Estado autoritario se erige en remedio de las perturbaciones inherentes al capitalismo. Que los intereses que determinaban sin réplica ayer nuestras vidas sean los mismos que siguen haciéndolo hoy, es una trivialidad que resulta extremadamente evidente en lo que respecta al territorio.

El objetivo de las sucesivas leyes del suelo y de las leyes urbanísticas era su mercantilización total, lo que dio no sólo carta blanca a la extensión ilimitada de las conurbaciones o la culminación del desastre litoral, sino la urbanización difusa de los espacios naturales y rurales, al alcance de las hordas urbanas gracias a la motorización generalizada. En apenas dos décadas el territorio peninsular fue completamente banalizado, y cualquier singularidad, aniquilada, bien por su degeneración pura y simple en solar, o bien por su conversión en mercancía ambiental. El colapso del mercado hipotecario puso fin a un negocio lucrativo que además actuaba como motor principal de la economía, pero hoy todavía los promotores privados siguen planificando las áreas metropolitanas, ordenando el territorio y determinando los usos del espacio. Así, con el cambio de tendencia anunciada por el agotamiento de las políticas neoliberales y la crisis financiera, han nacido o nacerán nuevas leyes y planes para los barrios, el paisaje, los riesgos naturales, la información geográfica, la costa, las infraestructuras de toda clase, etc., que anuncian un planeamiento distinto y establecen nuevas condiciones para el mercado inmobiliario y el ocio verde. El negocio no se interrumpe, sino que se traslada de la construcción propiamente dicha a la rehabilitación, el aislamiento de edificios y el acondicionamiento paisajístico, mientras que la motorización se propulsa un poco más con los agro combustibles o los motores eléctricos. La diferencia con la situación anterior es que en este nuevo ciclo de la acumulación de capital el Estado recupera el papel principal. Todas las decisiones, de la renovación del parque automovilístico al retorno a la energía nuclear, de la introducción de nuevos OGM en la dieta alimentaria al trazado de la alta velocidad, exigen ahora “un pacto de Estado”, y, como corolario, nuevas leyes y disposiciones que regulen su cumplimiento.

La adopción del léxico ecologista por parte de los empresarios acompaña lógicamente el proceso, porque ahora el lenguaje del ecologismo es el leguaje de la política y, por lo tanto, el idioma de los negocios. Pronto lo será de la pedagogía y de la jurisprudencia.

Sin embargo las palabras no logran disimular los hechos. Como ya hemos apuntado, los viejos proyectos vandálicos continúan impertérritos su tarea destructiva codo a codo con los nuevos, pero dicha tarea se autocalifica “verde”. Los intereses dominantes siguen siendo los de la clase dominante, aunque legitimados como asuntos de Estado y como protectores del medio; tras el AVE, las líneas MAT, os trasvases y las autopistas previstas por el PEIT o los planes de carreteras autonómicos se manifestaban poderosos intereses empresariales y financieros, los mismos que ahora promueven los parques eólicos, las desaladoras o las centrales fotovoltaicas. Bajo la norma neoliberal, la política no era más que un negocio particular; según las nuevas reglas, el negocio es pura política. La nueva normativa no anula la anterior sino que la conserva maquillada; en consecuencia, tal como hemos dicho, a los horrores antiguos se les añadirán los de nueva factura y al final, ante la mirada atenta de los agentes del orden, con la tutela estatal y el compromiso de la “ciudadanía”, tendremos aberraciones de todos los colores. La participación “ciudadana” no alterará nada esa realidad, pues en las condiciones presentes es un simple aspecto de los negocios y su función no es otra que la de desmovilizar. Uno puede entrar en los despachos y creerse que está “refundando” un sistema más justo y democrático, cuando en realidad está poniendo su grano de arena a una “sociedad de control”, como dicen los aprendices de brujo que han leído a Foucault. En un régimen efectivamente autoritario, lo democrático es sólo un momento de lo represivo.

Con mayor frecuencia que hace dos décadas, los defensores del territorio, incluso los que se ciñen a la protesta “cívica”, es decir, simbólica e ineficaz, hablan de un modelo alternativo de ordenación territorial, basado en la reducción de movilidad en vehículo privado y el desarrollo del transporte público, en un reequilibrio campo-ciudad, en el consumo “responsable” y en una “nueva cultura del territorio”. Propuestas tan sugerentes como vacías, puesto que lo que buscan es una fórmula imposible de compromiso entre la preservación del territorio y la expansión metropolitana, o lo que viene a ser lo mismo, la economía mundializada. Ninguna ley protectora, ni ninguna subvención estatal, como tampoco ninguna concertación política, sería capaz de garantizar la integridad territorial manteniendo al mismo tiempo el territorio dentro del mercado, o dicho de otro modo, ningún capitalismo podría funcionar globalmente sin tener a su disposición el territorio en su totalidad. Entre los hombres de negocios (políticos incluidos) y la defensa del territorio no hay espacio suficiente para el diálogo, pues los intereses respectivos son diametralmente opuestos: si hay negocio es a costa del territorio; si hay beneficio territorial es a costa de las pérdidas del lado capitalista. Y de una oposición radicalmente irreconciliable solamente surge el conflicto. Los defensores del territorio pues, han de asumirlo: no han de dialogar, sino combatir. No han de escoger entre la palabra o la acción, sino entre la defensa o el ataque. Las luchas son y serán locales, pero los combatientes no se enfrentan simplemente a especuladores de cuarta categoría o a políticos venales de la vecindad.

Apenas el conflicto territorial se generalice, quedarán al descubierto los lobbies del asfalto, la alimentación, la distribución, el ocio o el petróleo, bien protegidos por el Estado. Al avanzar en sus propósitos, la defensa del territorio –de los huertos tradicionales, de los bosques, de los espacios libres, de los ríos, de la fauna, de los oficios y conocimientos ancestrales, de sus costumbres, tradiciones e historia, etc.– con sus prácticas antiautoritarias revela tanto una irremediable quiebra institucional como la incompatibilidad entre una vida arraigada y libre de apremios y la globalización económica. Pues las monstruosas conurbaciones y la desaparición del mundo rural son su consecuencia, y la agricultura transgénica industrial, el medio adecuado para alimentar tales engendros. Lo mismo podemos decir de los pantanos, las centrales, las autopistas, los mega puertos, aeropuertos y TAVs: son las estructuras que mejor se corresponden con el abastecimiento de agua y energía o con la movilidad de las personas y la circulación de mercancías propias de los áreas metropolitanas. Es del todo evidente que el equilibrio territorial, la recomposición a partir de sus fragmentos, no se logrará más que con el desmantelamiento del aparato productivo, la desurbanización y la abolición del Estado, tareas históricas auténticamente titánicas, que han de orientar la lucha antidesarrollista y la defensa del territorio bien lejos de una “gestión trasversal”, tal como reivindican los dirigentes creativos y sus cómplices ciudadanistas de las plataformas.

Estamos ante un enfrentamiento entre la metrópolis y el territorio que pretende colonizar, y por ironía de la historia, la causa de la libertad, la razón y el deseo ha abandonado las ciudades, o mejor dicho, lo que antes fueron ciudades, para refugiarse en el campo, lo que antes fue campo, y lanzar desde allí, con el concurso nihilista de los excluidos del suburbio, el contraataque contra las fuerzas antihistóricas domiciliadas en las conurbaciones. Lejos de los centros comerciales, y por lo tanto, lejos de la mercantilización del vivir y de la estatización de la existencia, el tiempo y el lugar recobran algún sentido y permiten a los individuos recuperar la memoria y cooperar contra la sinrazón capitalista, construyendo, si se rebasa el horizonte plataformista, una nueva identidad de explotados anclada en el territorio, luego en su condición concreta de habitantes, no en la condición abstracta de ciudadanos. Dicha identidad no ha de aspirar a proporcionar un marco más regulado al mercado de la vivienda y del suelo, sino a abolir cualquier relación mercantil; tampoco pretenderá complementar el régimen tecnocrático que gusta en llamarse “democracia” cuando no es más que totalitarismo disimulado, sino sustituirlo por una verdadera democracia de base, horizontal, directa, autogestionaria. No será el estandarte de un nacionalismo de nuevo cuño, sino el emblema de una voluntad universal de liberación.

Charlas del 9 de mayo de 2009 en el Ateneo Libertario de Sabadell y del 21 de mayo en el Ateneu Llibertari del Casc Antic (Barcelona).

Publicado en folleto por Desorden distro de Valencia.