INVESTIG'ACTION –
28/10/2021 - Luk Vervaet
Imaginemos una escena,
digna de la última película de James Bond. Coches blindados camino
al centro de Londres. En ellos, hombres encapuchados y armados hasta
los dientes. Los coches se detienen de repente, los hombres se bajan
y entran en la embajada de Ecuador.
Da la casualidad que la
puerta de la embajada está abierta y, también por casualidad, la
policía británica mira hacia otro lado. Los robocops se
abalanzan sobre Julian Assange, lo meten en un coche y lo llevan al
aeropuerto de Londres, donde le espera un avión de la CIA para
llevarlo a Estados Unidos. En caso de que este plan falle, también
existe un plan B: hay que dispararle o envenenarlo.
Este guión no ha salido
de los estudios de Hollywood. Fue inventado de principio a fin por
Mike Pompeo, en represalia por la publicación de Vault 7 por
parte de WikiLeaks en 2017 [1], la mayor filtración de documentos de
la CIA en su historia. Mike Pompeo era el director de la CIA en ese
momento, y secretario de Estado hasta principios de este año. Fue él
quien calificó a WikiLeaks como un “servicio de inteligencia
hostil no estatal”. También fue él quien abogó por juzgar a
Snowden, con una sentencia que podría haberlo llevado a la pena de
muerte.
El plan para secuestrar a
Assange fue discutido en los “más altos niveles” de la
administración estadounidense [2] y confirmado por treinta
funcionarios de inteligencia actuales y anteriores, ocho de los
cuales describieron la operación de la CIA en detalle. Tras hacerse
público el plan en septiembre de 2021 por Yahoo News, Pompeo
no se inquietó en absoluto. En una emisión de televisión, declaró
tranquilamente que cada una de esas treinta personas debería ser
procesada “por revelar material clasificado dentro de la CIA”
[3].
Si creemos que con Joe
Biden como presidente, todas esas prácticas e intenciones han
quedado atrás, nos equivocamos. En el juicio de Abu Zubaydah,
celebrado a principios de octubre de 2021 en el Tribunal Supremo de
EE.UU., el gobierno de Biden se negó a permitir que comparecieran
los psicólogos James Mitchell y Bruce Jessen, arquitectos del
programa de tortura de la CIA. Biden se basó en la afirmación de
Pompeo de que el caso es un “secreto de Estado” y que hacerlo
público “socavaría la seguridad nacional”. El gobierno de Biden
también se opuso a escuchar el testimonio del propio Abu Zubaydah
porque, dijo, “está en detención en régimen de incomunicación
en Guantánamo” [4].
Vivo o muerto, por
todos los medios
Por muy chocante e
inverosímil que parezca el escenario del secuestro y eventual
asesinato de Assange, está en línea con la guerra de Estados Unidos
contra todos aquellos que tocan los intereses imperialistas de ese
país.
Basta recordar el plan
para asesinar a Daniel Ellsberg tras la publicación de los Papeles
del Pentágono durante la guerra de Vietnam [5]. Basta recordar la
práctica casi habitual por parte del Servicio Secreto estadounidense
de secuestrar a sospechosos en otros países y trasladarlos
ilegalmente a Estados Unidos. Esta práctica se remonta a mucho antes
de 2001, con presidentes como Reagan y Clinton. Se trataba de un
número limitado de casos, y la CIA tenía que obtener la aprobación
presidencial para secuestrar a alguien.
No fue hasta el inicio de
la Guerra Global contra el Terrorismo en 2001 cuando estas prácticas
adquirieron proporciones sin precedentes. En ese momento, el
presidente Bush firmó una autorización oficial para que la CIA
realizara “entregas extraordinarias” (traslados ilegales de
personas secuestradas) sin necesidad de la aprobación de la Casa
Blanca o del Departamento de Justicia. Así, en 2005, la CIA ya había
secuestrado entre cien y ciento cincuenta sospechosos y los había
trasladado ilegalmente a terceros países, la mayoría de ellos
conocidos por sus torturas a los detenidos, antes de su traslado
igualmente ilegal a Estados Unidos o Guantánamo.
Tomemos el caso de Abu
Omar (Mustafa Osama Nasr) que es uno de los casos más conocidos y
documentados de las entregas extraordinarias de la CIA (en
colaboración con el Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar
italiano – SISMI). Abu Omar recibió asilo político en Italia en
2001. El 17 de febrero de 2003, fue secuestrado en Milán por agentes
de la CIA y del SISMI y trasladado a la base aérea estadounidense de
Aviano. Desde allí fue trasladado al Egipto de Mubarak, donde fue
encarcelado durante cuatro años sin cargos, aislado, interrogado,
brutalmente torturado y violado.
En 2009, veintitrés
agentes estadounidenses implicados en el secuestro fueron juzgados en
ausencia por los tribunales italianos [6]. Veintiún agentes fueron
condenados a cinco años de prisión, y el jefe de la base de la CIA
en Milán, Robert Seldon Lady, fue condenado a ocho años de prisión.
Todos estos condenados se negaron a comparecer ante el tribunal. Fue
de nuevo WikiLeaks quien reveló las presiones de Estados Unidos
sobre Italia para que retirara su petición de extradición de estos
agentes a ese país. Los agentes se consideran ahora fugitivos según
la legislación italiana.
Para las autoridades
estadounidenses, la actual guerra contra el terrorismo debe
desembocar inevitablemente en la captura, vivo o muerto, de Julian
Assange. Ya en 2014, en una recopilación de videos publicada en
YouTube [8] por FreeJAnow, le llamaron “traidor”, “terrorista
de alta tecnología”, “ciberterrorista”, “combatiente
enemigo” y a WikiLeaks “organización terrorista y agencia de
noticias que trabaja para el enemigo”. Los comentarios de este
breve video proceden de altos funcionarios del gobierno
estadounidense, como Hillary Clinton, Joe Biden y ciertos
comentaristas políticos. Algunos piden abiertamente que Assange sea
ahorcado o ejecutado extrajudicialmente.
En el decimoséptimo día
del juicio de Assange en 2020, la existencia de planes para
asesinarle fue confirmada por dos testigos jurados. En el juicio,
afirmaron que “Estados Unidos quería sacar a Assange de la
embajada ecuatoriana a toda costa y quería medidas más extremas
para hacerlo. Así que estaban planeando secuestrar a Assange dejando
una puerta de entrada abierta. Incluso planeaban envenenarlo” [9].
La Casa Blanca se opuso a
la ejecución del plan de la CIA por una razón y sólo una: el
Departamento de Justicia llegó tarde, aún no había acusado
públicamente a Assange de un delito. Lo que los llevó a
preguntarse: si lo secuestramos, ¿a dónde lo llevamos? No podían
encerrarlo en cualquier lugar sin una acusación formal. La policía
británica también se había opuesto a que el plan de Pompeo se
llevara a cabo en su territorio.
El problema de Assange
tuvo que ser tratado de manera diferente. Y así se puso en marcha la
máquina. El 6 de marzo de 2018, el Gran Jurado Federal de Virginia
acusó formalmente a Assange en una “acusación sellada”, un
documento judicial interno en el que solo se menciona el fraude
informático con base en la Ley de Fraude y Abuso Informático de
1986.
Al mismo tiempo, bajo la
presión de Estados Unidos, Ecuador declaró a Assange persona non
grata en la embajada y lo despojó de su nacionalidad ecuatoriana en
el proceso. El 11 de abril de 2019, se hizo pública la acusación
contra Assange, lo que permitió a la policía británica, ese mismo
día y en plena legalidad, detener y sacar por la fuerza a Assange de
la embajada, que ya no lo quería.
Assange fue encarcelado
en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde permanece hasta
hoy. Sólo un mes después, en mayo de 2019, Assange también fue
acusado de espionaje bajo la Ley de Espionaje de 1917 [10]. De ser
extraditado y condenado, se enfrentaría a cadena perpetua, es decir,
a la muerte por encarcelamiento.
Así, el plan diabólico
de las autoridades estadounidenses está casi completo. Los días 27
y 28 de octubre de 2021, un Tribunal de Apelación británico deberá
pronunciarse sobre su extradición. Se presentarán “garantías
estadounidenses de trato humano a Assange”, por las mismas personas
que discutieron y planearon su secuestro y asesinato.
Assange paga el precio
de nuestra capitulación frente a la guerra imperialista
Las revelaciones de Yahoo
News nos retrotraen a las verdaderas cuestiones en juego. Las
publicaciones de Assange no son vistas como actos de periodismo o de
“libertad de prensa”, sino como actos de guerra, actos hostiles a
los Estados Unidos, en alianza con el enemigo al que combaten en la
guerra contra el terrorismo.
El 25 de julio de 2010,
WikiLeaks puso en tela de juicio la maquinaria bélica al publicar
los registros secretos de la guerra de Afganistán. Tres meses
después, en octubre de 2010, publicó casi 400.000 informes del
ejército sobre la guerra de Irak (los Diarios de la Guerra de Irak).
El 25 de abril de 2011, WikiLeaks publicó los documentos secretos
sobre los 779 detenidos en Guantánamo (los Archivos Gitmo).
En un momento en el que
toda la oposición a las guerras de Afganistán e Irak se había
paralizado, Assange y WikiLeaks expusieron así con gran detalle las
operaciones del ejército imperialista más fuerte del mundo. Pero
estas publicaciones no provocaron la indignación y la solidaridad
con WikiLeaks que se esperaba y que tanto se necesitaba.
Diez años después del
inicio de la guerra, las pancartas y los estandartes de las
manifestaciones permanecieron en los sótanos, el lema “No en
nuestro nombre” fue silenciado. Se había instaurado un clima de
indiferencia, el horror se había convertido en rutina, con el temor
generalizado de ser acusado de simpatía o complicidad terrorista.
Para la izquierda estadounidense y europea, la guerra se ha
convertido en una normalidad y una banalidad. Atrás quedan las
comparaciones con el movimiento contra la guerra de Vietnam que ayudó
a terminar la guerra y a salvar la vida de Daniel Ellsberg.
Combatiente enemigo
La misma indiferencia se
observó con respecto a los “daños colaterales” de la guerra
interminable. Uno de esos daños fue la invención del estatus de
“combatiente enemigo ilegal”, un título ahora reservado para
Julian Assange, que borra cualquier estatus legal del prisionero.
Antes de 2001, los Convenios de Ginebra, concluidos tras la derrota
nazi en 1945, tenían por objeto proteger los derechos de los
prisioneros. Eran documentos vinculantes para todos los Estados, ya
que la violación de estos acuerdos constituía una grave infracción
del derecho internacional y se consideraba un crimen de guerra.
Dos convenios protegen
los derechos tanto de los prisioneros de guerra (el Tercer Convenio)
como de los prisioneros civiles y ordinarios, conocidos como
“personas protegidas” (el Cuarto Convenio). Ambas categorías
deben ser tratadas con dignidad, y se prohíbe el trato inhumano o
degradante en cualquier circunstancia (artículo 3, común a ambos
convenios).
En la práctica, los
Estados europeos se reservaron estos convenios para su uso interno y
no los aplicaron en sus colonias, donde la anarquía, la tortura y el
trato inhumano siguieron siendo la norma tanto para los combatientes
de la resistencia como para la población civil. Son estos conceptos
y prácticas coloniales los que vuelven a aparecer con la guerra
contra el terrorismo.
Al principio de la
guerra, se diseñó un nuevo estatus para los prisioneros capturados,
el de “combatiente enemigo”, que significa que estos prisioneros
no son ni prisioneros de guerra ni prisioneros de derecho común. Por
lo tanto, no pueden ser protegidos por las Convenciones de Ginebra.
No pueden acogerse al habeas corpus, el derecho a comparecer ante el
tribunal y exigir que las autoridades justifiquen su detención. Su
juicio, si lo hay, no es ante un tribunal federal, ni ante un
tribunal militar, sino ante una comisión militar. Pueden ser
detenidos sin cargos, sin juicio y de forma indefinida. A lo largo de
los últimos veinte años, sólo los detenidos afectados, algunos
abogados valientes y algunas ONG han luchado por la retirada de estas
medidas. Todo este desarrollo fascista ha tenido lugar ante nuestros
ojos, sin ninguna reacción digna ni significativa.
Es Julian Assange quien
está pagando el precio hoy.
Nunca es demasiado tarde
para levantarse y decir basta. Hagámoslo ahora y evitemos la
extradición de Julian Assange.
Notas
[1]
https://wikileaks.org/vault7/
[2] Zach Dorfman,
Sean D. Naylor y Michael Isikoff de Yahoo News: “Kidnapping,
Assassination and a London Shoot-Out: Inside the CIA’s Secret War
Plans Against WikiLeaks”, y
https://www.legrandsoir.info/les-erreurs-de-l-article-de-yahoo-sur-assange-consortium-news.html
[3]
https://www.devilmaycaremedia.com/
[4] Abu Zubaydah
fue detenido en Pakistán en 2002 y recluido en una prisión secreta
de la CIA en Polonia hasta su traslado a Guantánamo, donde
permanece. Las torturas que sufrió a manos de la CIA y sus
contratistas fueron hechas públicas por sus abogados y se citaron
parcialmente en el informe de 2014 del Comité del Senado de Estados
Unidos sobre la Tortura de la CIA: “En 83 ocasiones en un solo mes
de 2002, Abu Zubaydah fue atado a una tabla inclinada con la cabeza
más baja que los pies mientras los contratistas de la CIA le echaban
agua por la nariz y la garganta, simulando un ahogamiento. Esposado y
golpeado repetidamente contra las paredes, fue suspendido desnudo de
los ganchos del techo durante horas. Le obligaron a permanecer
despierto durante once días consecutivos, rociándolo una y otra vez
con agua fría cuando se desmayaba. Lo metieron a la fuerza en una
caja del tamaño de un ataúd y lo metieron en otra caja que casi
cabía debajo de una silla, donde lo dejaron durante horas. La CIA le
sometió a una humillación especialmente grave mediante la
‘rehidratación rectal’”. Según el informe del Senado
estadounidense, la CIA admitió posteriormente que Abu Zubaydah no
era miembro de Al Qaeda.
https://truthout.org/articles/biden-tells-supreme-court-that-publicly-documented-torture-is-a-state-secret/?utm_campaign=Truthout+Share+Buttons
[5] Kissinger
calificó a Ellsberg como “el hombre más peligroso de Estados
Unidos”, Nixon mandó asaltar el despacho de su antiguo
psicoanalista y contrató a 12 mercenarios cubanos para “dejarlo
fuera de juego”.
https://www.democracynow.org/2021/6/14/pentagon_papers_leak_50th_anniversary
[6]
https://www.justiceinitiative.org/publications/globalizing-torture-cia-secret-detention-and-extraordinary-rendition
Italia es el único país
en el que un tribunal ha condenado penalmente a funcionarios por su
participación en operaciones de entrega extraordinaria. Canadá es
el único país que ha pedido disculpas a una víctima de las
entregas extraordinarias, Maher Arar, que fue devuelto y torturado de
forma extraordinaria en Siria. Sólo tres países, además de Canadá
–Suecia, Australia y el Reino Unido–, han indemnizado a las
víctimas de las entregas extraordinarias, los dos últimos en el
marco de acuerdos confidenciales destinados a evitar litigios por
violaciones de derechos humanos asociadas.
[7]
https://www.therenditionproject.org.uk/prisoners/abu-omar.html
[8] Exigencias de
Estados Unidos para asesinar a Assange
https://www.youtube.com/watch?v=ykvb-nwJ_9w
[9]
https://consortiumnews.com/2020/09/30/live-updates-assange-hearing-day-seventeen-us-intel-spying-on-assange-detailed-in-court-including-plan-to-kidnap-or-poison-him/
[10] La Ley de
Espionaje de 1917 prohibía la obtención de información, la
grabación de imágenes o la copia de descripciones de cualquier
información relacionada con la defensa nacional con la intención o
la razón de creer que la información podría utilizarse para
perjudicar a los Estados Unidos o en beneficio de cualquier nación
extranjera.
Traducido por Edgar
Rodríguez para Investig’Action
Fuente: Blog
de Luk Vervaet
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