Josep Fontana
El Periódico 13-3-2013
Entiendo que
este título pueda parecer provocativo, porque está claro que hay grandes
diferencias entre la España del 2013 y la Alemania de 1933. Pero aquello sobre
lo cual quiero llamar la atención es la semejanza que tienen, en sus objetivos,
la actual política centralizadora del Partido Popular y la actuación del NSDAP
(el partido nazi alemán) en 1933, en su lucha por hacerse con el poder
absoluto.
La mayor de las
diferencias reside en que los nazis debieron valerse de la violencia para
implantar su política de Gleichschaltung o «coordinación», mientras que
al Partido Popular le basta su mayoría absoluta en las cámaras, algo que no
tenía Hitler al llegar al poder, para imponerla sin resistencia.
Los nazis
comenzaron adueñándose del poder en los länder (los estados,
equivalentes a nuestras comunidades autónomas) con una ley de coordinación de
los länder con el Reich de 30 de marzo de 1933, y procedieron
gradualmente a controlar o eliminar todas las organizaciones que pudieran
alentar alguna forma de resistencia.
El Partido
Popular ha seguido un camino parecido a partir de la reforma laboral de febrero
del 2012, que mermó la influencia de los sindicatos y la capacidad de
resistencia de los trabajadores, y ha continuado después debilitando las
comunidades autónomas con imposiciones legales y con el estrangulamiento
económico, a la vez que procedía a vaciar de capacidad política a diputaciones
y ayuntamientos, reducidos a funciones administrativas, y se preparaba para
controlar la enseñanza con la reforma educativa de Wert.
A medida que iba
neutralizando a quienes pudieran asumir la dirección del rechazo social, el
Gobierno se ha dedicado a desmantelar y privatizar los servicios sociales, en
un camino por el que puede seguir todavía más lejos, sin tomar en cuenta la
oleada creciente de las protestas colectivas contra el aumento incesante del
paro, la disminución de los salarios, la multiplicación de los desahucios (una
firma de abogados ofrece «desahucios exprés a 530 euros»), la congelación de
las pensiones. Unas protestas que se limita ahora a contener con la policía,
mientras se prepara para criminizarlas y prohibirlas.
Los ciudadanos
están hoy alarmados ante los signos de corrupción que afectan al PP. A decir
verdad, la corrupción no es un problema de hoy, ni afecta tan solo al PP, sino
a todo el proceso desarrollado en nuestro país desde la transición, que
facilitó los negocios turbios de las instituciones financieras y las empresas
constructoras, cuyos costes se nos obliga ahora a pagar entre todos. Lo único
que tiene de particular el caso del PP es que le han pillado con las manos en
la masa en unos momentos en que los ciudadanos son más sensibles al problema.
Lo que debería
preocuparnos más, sin embargo, es la deriva autoritaria que, al ir eliminando
toda posibilidad de protesta y resistencia, refuerza la capacidad del Partido
Popular para llevarnos por el camino de un desastre anunciado. Porque si, como
dice Hans Werner Sinn, presidente del IFO alemán, le esperan a España
«10 años más de crisis y una devaluación interna del 30%», ¿qué quedará del
país al cabo de este tiempo? ¿A qué extremos habrá llegado el paro juvenil, que
el propio PP evalúa en el 50%? ¿Quedarán hospitales, escuelas y universidades
públicas, y si se han privatizado, dónde se educará y atenderá a una población
empobrecida? Sinn opina que hay que seguir con la austeridad y que «Rajoy
debe volver a bajar los salarios», lo cual me parece una excelente receta para
la continuidad de los negocios de Alemania, pero suicida para este país.
Lo más grave
resulta, además, ver en qué manos ha recaído este poder irresponsable. En
momentos como estos sería de la mayor importancia poder confiar en un Gobierno
al que los ciudadanos viesen con la capacidad suficiente para no someterse
mansamente a las instrucciones de la troika para que nos dirija al matadero. Y
está claro que este no es el Gobierno actual del PP. Dejando a un lado a Rajoy,
sobre cuya existencia real hay dudas fundadas, el poder está en manos de los Montoro,
María Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, Ruiz-Gallardón, Ana Mato, que se
pueden permitir incluso disparatar en público, impávidos ante la crítica y la
protesta. (Los historiadores del futuro podrán entretener a sus lectores con
una divertida colección de chascarrillos, comenzando con la disertación de la
señora Cospedal sobre el «finiquito diferido» y acabando con la
afirmación de la señora Báñez de que la Virgen del Rocío resolverá el
problema del empleo).
De ahí la
necesidad de resistirnos a una deriva autoritaria que amenaza con dejarnos
impotentes y sin capacidad de reacción mientras nos conducen al abismo.
Fuente:
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Sobre la destrucción de la democracia
Josep Fontana
El Periódico 3-4-2013
El artículo que
publiqué en estas mismas páginas con el título de La deriva nazi del Partido
Popular me ha valido toda clase de insultos, sin más justificación que la de censurar
el empleo del adjetivo nazi. Tenía otros dos títulos como alternativa: La
deriva autoritaria del PP y La Gleichschaltung del PP;
pero el primero resultaba débil, porque el autoritarismo forma parte del ADN
del partido, y el segundo hubiera pasado por alto a la mayoría de quienes no
tienen un conocimiento suficiente de la historia del nazismo y de la
complejidad real de su entramado político.
La verdad es que
me arrepiento de haber adoptado finalmente la primera opción, no por ahorrarme
los insultos, sino porque ha dado lugar a que se reduzca lo que quise decir a
un ataque al Partido Popular, cuando lo que me importaba era llamar la atención
acerca de una deriva realmente grave de nuestra política, a la que el Partido
Socialista no es enteramente ajeno (no he visto que se haya pronunciado
abiertamente por la derogación de la reforma laboral, que es una de les piezas
esenciales de este desarme democrático).
La indefensión
de los trabajadores ante el despido o la reducción del salario, y la asfixia
del estado autonómico, entre otras medidas semejantes, van a completarse, al
parecer, con una «racionalización de la administración» encaminada a vaciarla
de contenido político y reducirla a funciones administrativas (a la mera
prestación de unos servicios previamente fijados por el Gobierno central), a lo
que se añade la supresión de salario a la mayor parte de los concejales, que
reservará lógicamente la actividad municipal a quienes se la pueden pagar (o la
pueden utilizar para beneficiarse de otros modos).
Mi trabajo como
historiador me ha enseñado que en la base de toda democracia ha habido siempre
la capacidad de los ciudadanos para intervenir desde los niveles más
elementales, más próximos a sus vidas, en la organización de la sociedad, y que
no hay estados democráticos sin una vigorosa participación de los hombres y las
mujeres del pueblo común. Cortarles este acceso a la política, limitándolo al
derecho a votar cada cuatro años las listas cerradas de dos partidos
dominantes, solo puede conducir a la consolidación de una política autoritaria
y a que la expresión del desacuerdo colectivo se traslade a la calle, como está
ocurriendo hoy.
La España
liberal no dudó en situar el Congreso, el lugar de reunión de los diputados, en
el corazón de Madrid, sabiendo que estaba protegido por el respeto que los
ciudadanos sentían por sus representantes. Nunca en la historia de España se
había visto que hubiese de funcionar en una zona protegida, defendido por las
fuerzas de la policía de las iras de unas masas populares que cada día aumentan
en número, agresividad y conciencia. Hace mal la señora Cospedal en
pensar que son los partidos de la oposición quienes alientan esta escalada de
la protesta, porque ni tienen la capacidad de convocatoria necesaria para
conseguirlo, ni están ellos mismos al margen de este desapego del ciudadano por
quienes afirman representarle.
La
multiplicación de las protestas procede, simplemente, de la multiplicación de
los agravios: los desahucios que no cesan, el paro en aumento, el retroceso de
las prestaciones sanitarias, el abandono de la educación pública, la falta de
recursos para la formación de investigadores. El conjunto de estas y otras
muchas protestas está tomando cada día más el carácter de un contraprograma de
política que oponer al del Gobierno.
Y van a seguir.
El señor Luis de Guindos, que parece ser una de las voces más sensatas
del Gobierno, asegura que nos hemos salvado del contagio de Chipre. Me parece,
por el contrario, que fue España quien inició el camino, con el
desmantelamiento programado (desde fuera) de su sistema financiero. La
diferencia está en que en Chipre van a pagar la factura las mayores fortunas,
mientras que aquí pagaron una parte nada despreciable de ella los modestos
titulares de participaciones y acciones, engañados para que entregasen unos
ahorros de los que van a ser despojados. Espérese a ver su reacción cuando
acaben de hacer las cuentas y se enteren de lo que les queda efectivamente, en
dinero contante y sonante. Espérese a ver, por ejemplo, la reacción de los
ciudadanos de Mataró, donde parece que el problema afecta a un 12% de la
población, cuando sepan lo que valen de verdad las acciones de Bankia en que se
han transformado sus ahorros.
A quienes se han
dedicado a insultarme por advertir los riesgos del actual desguace de la
democracia en España no tengo más que decirles que bastará que esperemos unos
meses para ver cómo evolucionan las cosas: la calle nos dará la razón a unos o
a otros.
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