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– 08/09/2026
Donald Trump y el
imperialismo en declive
Introducción:
Imperialismo sin remordimientos
Donald Trump no creó la
crisis del imperialismo estadounidense. Surgió de ella, comprendió
algunos de sus síntomas con la intuición burda de un agente
inmobiliario y ofreció a la clase dominante estadounidense un método
para gestionar su declive relativo. Su lenguaje es soez porque la
realidad que describe es soez. Los países son activos o pasivos; los
aliados son clientes que no han pagado sus facturas; las vías
navegables son peajes; los minerales son tesoros que yacen bajo el
suelo de otros pueblos; los aranceles son instrumentos de castigo; y
la protección militar es un servicio por el que se debe pagar. Trump
despoja al imperialismo de su disfraz diplomático. Mientras que el
internacionalismo liberal hablaba de valores comunes y de un orden
basado en normas, Trump pregunta quién es el propietario del puerto,
quién controla el mineral, quién paga por la base y qué tributo
puede obtenerse a cambio del acceso al mercado estadounidense.
El mundo contemporáneo
está atravesando una profunda transición. Las instituciones creadas
tras la Segunda Guerra Mundial permanecen en gran medida intactas,
pero los cimientos materiales que las sustentan han cambiado. Estados
Unidos sigue dominando las finanzas mundiales, el poder militar, los
estándares tecnológicos, los sistemas de comunicaciones y las
instituciones internacionales; sin embargo, ya no posee la supremacía
productiva indiscutible que en su día dotaba de solidez a su
liderazgo. El centro de gravedad productivo se ha desplazado hacia
Asia. China se ha convertido en la mayor potencia manufacturera del
mundo, mientras que los países del Sur Global representan una cuota
cada vez mayor del comercio, la producción, la inversión y la
capacidad tecnológica. La producción se ha dispersado
geográficamente, pero el poder financiero, monetario, militar e
informativo sigue concentrado en el antiguo bloque del Atlántico
Norte.
Esta contradicción
define la coyuntura actual. Estados Unidos conserva un extraordinario
poder coercitivo, mientras que su capacidad para liderar la economía
mundial a través de la superioridad productiva ha disminuido. Sigue
siendo el emisor de la moneda de reserva dominante (el dólar), el
centro de los mercados de capitales mundiales, la sede de poderosas
empresas tecnológicas y el centro de mando de un sistema militar que
se extiende por todo el planeta. Pero no puede simplemente superar en
producción a China, ofrecer al Sur Global una vía de desarrollo
creíble ni restablecer el monopolio industrial del que disfrutó
tras 1945. Lo que parece una serie de crisis inconexas —guerras
arancelarias, sanciones, controles a la exportación,
sobreendeudamiento, cerco militar, amenazas territoriales y guerras
regionales— se entiende mejor como un único proceso histórico: el
esfuerzo por preservar una jerarquía imperialista cuyos cimientos
económicos se encuentran bajo presión.
El imperialismo de Trump
es el intento de convertir las ventajas que aún conservan los
Estados Unidos —su alcance militar, el poder del dólar, su mercado
de consumo, los monopolios tecnológicos y el control sobre las
infraestructuras estratégicas— en instrumentos de tributo y mando.
No representa una retirada del imperio. «America First», el lema de
Trump, significa que Estados Unidos seguirá reclamando privilegios
globales al tiempo que renuncia incluso a la apariencia de
obligaciones universales. Dominará sin asumir la responsabilidad de
la gestión, mandará sin consentimiento y exigirá el pago por el
orden que él mismo ha vuelto cada vez más peligroso. El trumpismo
no es la retirada del imperialismo estadounidense del mundo; es la
retirada del imperialismo del lenguaje de la responsabilidad
internacional.
De la supremacía
productiva al poder coercitivo
El orden internacional
que surgió tras 1945 se asentaba sobre tres pilares interconectados:
la superioridad productiva de EEUU, la centralidad del dólar y la
supremacía militar. Estados Unidos salió de la Segunda Guerra
Mundial con su aparato industrial intacto y enormemente ampliado,
mientras que Europa y gran parte de Asia quedaban devastadas. Las
fábricas, las instituciones científicas, las infraestructuras y las
empresas estadounidenses constituían el núcleo productivo del mundo
capitalista. A través de las instituciones de Bretton Woods, el Plan
Marshall, la OTAN y una red cada vez más amplia de alianzas
militares, Washington tradujo esta ventaja económica en un orden
institucional. El dólar se convirtió en la principal moneda de
reserva y de intercambio, mientras que el poderío militar
estadounidense garantizaba las rutas comerciales, los recursos, los
gobiernos dóciles y las condiciones políticas necesarias para la
acumulación de capital. Este orden se modificó tras las crisis de
la década de 1970. El capital estadounidense trasladó cada vez más
la producción al extranjero, primero a lugares con salarios más
bajos y luego a complejas cadenas de suministro globales,
especialmente en Asia Oriental. El sector financiero ganó poder en
relación con el manufacturero. Wall Street, el dólar y la
arquitectura jurídica de los mercados de capitales estadounidenses
permitieron a Estados Unidos mantener su autoridad global incluso
cuando la capacidad industrial se trasladó a otros lugares. Las
fábricas se marcharon, pero las facturas, las líneas de crédito,
los contratos de seguros, las reclamaciones de propiedad intelectual
y los sistemas de pago permanecieron bajo la autoridad de
instituciones con sede en Nueva York, Londres y Washington.
Durante un tiempo, esto
pareció ser una solución brillante al problema de la rentabilidad.
Las empresas estadounidenses podían beneficiarse de una producción
de bajo coste en el extranjero, los consumidores estadounidenses
podían adquirir bienes más baratos y el Tesoro de EEUU podía
financiar enormes déficits, ya que el ahorro mundial seguía
fluyendo hacia activos en dólares. Sin embargo, ese mismo proceso
fortaleció nuevos centros productivos. China no se limitó al
montaje de bajo valor añadido. Mediante la planificación, la
inversión pública, la transferencia de tecnología, la construcción
de infraestructuras y el control de los sectores clave de las
finanzas, se introdujo en los ámbitos de las telecomunicaciones, el
tren de alta velocidad, la construcción naval, las energías
renovables, los vehículos eléctricos, las baterías, la maquinaria
avanzada y la inteligencia artificial, y construyó así ecosistemas
industriales que los aranceles por sí solos no pueden reproducir.
Esta es la ironía
histórica de la globalización neoliberal: la internacionalización
de la producción reforzó inicialmente el poder empresarial y
financiero de EEUU, pero también creó la base material para la
erosión del monopolio del Atlántico Norte sobre la producción
avanzada. Estados Unidos pudo seguir obteniendo rentas a través de
las finanzas, la tecnología, las marcas y la propiedad intelectual,
pero ya no pudo dar por sentado que las fuerzas productivas más
sofisticadas permanecerían bajo su control. El desafío chino no
radica, por tanto, meramente en que China cuente con un elevado
producto interior bruto. Radica en que China ha desarrollado la
capacidad de producir a gran escala, de innovar en todos los sectores
industriales y de ofrecer infraestructuras y relaciones comerciales
que no pasan íntegramente por los antiguos centros imperiales.
Ningún análisis serio
debería confundir el declive relativo con la debilidad. Estados
Unidos sigue siendo más poderoso que cualquier imperio anterior en
cuanto a alcance militar y coacción financiera. El declive describe
una relación, no un colapso. Significa que la distancia entre el
poder de EEUU y las capacidades de otros Estados se ha reducido, y
que Washington ya no puede reproducir su liderazgo mediante la misma
combinación de consentimiento, superioridad productiva y legitimidad
institucional. Es precisamente la brecha entre el poder coercitivo
que persiste y la supremacía productiva en declive lo que genera la
agresividad del presente.
Trump percibe esta brecha
a su manera. Intuye acertadamente que las antiguas promesas de la
globalización ya no gozan de legitimidad entre millones de personas
en Estados Unidos. Regiones enteras han sufrido cierres de fábricas,
el declive del poder sindical, el estancamiento salarial, la adicción
a los opiáceos, el colapso de los servicios públicos y la
humillación del abandono social. Pero Trump no acusa a las empresas
que trasladaron la producción ni a los financieros que se
beneficiaron de la destrucción. Desvía la culpa hacia China, los
migrantes, los gobiernos extranjeros y los aliados que, según él,
engañan a Estados Unidos. Toma una crisis provocada por el capital y
la traduce en resentimiento nacional. Las heridas sociales del
neoliberalismo se convierten en el combustible emocional de un
imperialismo más agresivo.
«America First» no
es aislacionismo
A menudo se describe a
Trump como un aislacionista porque se muestra hostil hacia las
instituciones multilaterales, desdeña las alianzas y desconfía de
las guerras cuyos beneficios no puede expresar en términos
comerciales. Esta descripción es engañosa. El aislacionismo
significaría una contracción de las ambiciones militares y
políticas de Estados Unidos. Trump, en cambio, busca revisar las
condiciones en las que se ejercen dichas ambiciones. No desea menos
privilegios para Estados Unidos, desea menos restricciones y menores
costes. No se opone a las alianzas como instrumentos de poder; se
opone a las alianzas en las que los Estados subordinados parecen
poseer derechos independientes de lo que aportan a Washington. El
internacionalismo liberal presentaba los intereses nacionales de EEUU
como intereses universales. Hablaba en nombre de la democracia, los
derechos humanos, los mercados abiertos y el derecho internacional,
aun cuando apoyaba golpes de Estado, ocupaciones, sanciones y
dictaduras. Se afirmaba que el liderazgo estadounidense proporcionaba
bienes públicos globales: seguridad, moneda estable, mares
navegables e instituciones predecibles. Este discurso siempre fue
ideológico, pero permitía a las clases dirigentes aliadas presentar
su subordinación como una participación voluntaria en una comunidad
internacional.
Trump descarta gran parte
de esta mediación. Interpreta la OTAN como un contrato de protección
y a sus miembros como clientes morosos. Trata las bases militares no
como la infraestructura de una defensa común, sino como servicios
por los que los países anfitriones deben pagar. Considera que la
ayuda al desarrollo es un despilfarro a menos que compre obediencia
inmediata. Ve a las Naciones Unidas como útiles únicamente cuando
ratifican las decisiones de EEUU e ilegítimas cuando las limitan. La
esencia de la dominación persiste, pero la forma cambia: del
liderazgo a la transacción. Este enfoque transaccional no hace que
el imperio sea menos violento. Hace que la violencia esté más
directamente vinculada a la extracción de recursos. El mundo se
convierte en un campo de acuerdos respaldados por la amenaza de
exclusión del mercado estadounidense, del sistema del dólar, de la
tecnología avanzada, de la cooperación en materia de inteligencia o
de la protección militar. Un aliado que paga y obedece puede ser
recompensado; un aliado que disiente puede ser castigado. A un
adversario se le puede bombardear, sancionar o bloquear, pero también
se le puede ofrecer un acuerdo si reconoce la primacía de EEUU. Lo
que importa no es la adhesión a una doctrina estable, sino la
demostración pública de que Washington puede imponer las
condiciones.
La Estrategia de
Seguridad Nacional de Trump para 2025 da forma oficial a esta
perspectiva. Ataca a las élites estadounidenses anteriores por
permitir que China se beneficiara de los mercados y las inversiones
de EEUU y presenta la segunda administración Trump como una
restauración del poder nacional. Sin embargo, esta restauración no
puede devolver a Estados Unidos a 1945. El panorama industrial, el
mercado mundial y el equilibrio de las fuerzas productivas han
cambiado. Por lo tanto, Trump intenta utilizar el poder estatal para
forzar un resultado que el capital estadounidense ya no puede
garantizar mediante la competencia comercial habitual. Los aranceles,
los controles a la exportación, el escrutinio de las inversiones,
las sanciones, la presión militar y las reivindicaciones
territoriales se convierten en sustitutos de la preponderancia
productiva que se ha perdido.
Trump representa tanto
una ruptura como una continuidad. El enfrentamiento estratégico con
China no comenzó con él ni desapareció bajo el mandato de Joseph
Biden. Los controles a la exportación, las alianzas militares en
Asia, las sanciones y las subvenciones industriales traspasaron las
líneas partidistas. Pero Trump concentra estas tendencias y les
quita su barniz liberal. Su singularidad no radica en inventar el
imperialismo estadounidense, sino en transformar su ansiedad
acumulada en un programa de coacción abierta.
Los aranceles y el
imperialismo del tributo
Los aranceles son
fundamentales para la imaginación política de Trump, ya que parecen
resolver varios problemas a la vez. Prometen proteger la industria
nacional, castigar a los competidores extranjeros, generar ingresos
para el Estado, impulsar la inversión dentro de Estados Unidos y
demostrar que el presidente puede obligar a otros países a
someterse. Trump presenta el déficit comercial como prueba de que se
ha robado a Estados Unidos, como si cada contenedor que llegara a un
puerto estadounidense fuera un tributo pagado en la dirección
equivocada. El arancel es su instrumento para invertir ese flujo. Sin
embargo, los aranceles bajo el mandato de Trump no son simplemente
instrumentos de protección. Son instrumentos de coacción política.
El acceso al mercado estadounidense se trata como un privilegio que
puede suspenderse a menos que otro Estado modifique su política
comercial, sus controles migratorios, su alineación diplomática, su
relación con China o su postura respecto a una disputa territorial.
El poder proviene del volumen constante del consumo estadounidense:
aunque la posición productiva relativa del país esté en declive,
sigue siendo un destino enorme para los bienes y el capital. Trump
pretende convertir esta asimetría en un arma.
Por lo tanto, esta
política encierra una lógica claramente imperial. En la era
colonial, las potencias imperiales obligaban a los territorios
subordinados a abrir sus mercados, ceder recursos y aceptar acuerdos
jurídicos desiguales. En las condiciones actuales, la administración
directa suele ser innecesaria. La amenaza de aranceles, la exclusión
de los sistemas de pago, las sanciones secundarias o la denegación
de tecnología pueden obligar a gobiernos reconocidos formalmente
como soberanos. La política económica se convierte en un medio para
imponer la obediencia política.
El ataque contra China
pone de manifiesto la versión más amplia de esta estrategia. El
objetivo no es meramente reducir el déficit comercial bilateral. Se
trata de frenar el desarrollo tecnológico chino, restringir el
acceso a semiconductores y maquinaria avanzados, reorganizar las
cadenas de suministro alejándolas de China y obligar a los aliados a
participar en un sistema de contención. Washington ya no confía en
que la competencia de mercado preserve su ventaja tecnológica. Debe
recurrir a prohibiciones administrativas, a la disciplina de las
alianzas y al control de los puntos estratégicos en la producción
tecnológica. Se habla de seguridad nacional, pero el objetivo es
impedir que un sistema productivo rival alcance la autonomía
estratégica.
Los límites de esta
política son considerables. Un arancel puede encarecer el precio de
un vehículo eléctrico importado, pero no puede crear de la noche a
la mañana las redes de transporte, la mano de obra cualificada, los
clústeres de proveedores, los sistemas públicos de investigación y
la planificación a largo plazo que han hecho posible dicho vehículo.
Puede redirigir una etapa final del montaje de un país a otro,
mientras que los componentes chinos siguen circulando por la cadena
de suministro. Puede generar beneficios extraordinarios para las
empresas protegidas sin exigirles que realicen inversiones
productivas. Por encima de todo, puede imponer mayores costes a los
trabajadores estadounidenses, cuyos salarios no han aumentado al
mismo ritmo que el coste de la vivienda, la asistencia sanitaria, la
educación y la alimentación.
La política industrial
de Trump se encuentra, por lo tanto, atrapada en una contradicción.
Necesita al Estado porque el mercado no puede restablecer la
supremacía productiva de EEUU, pero las fuerzas de clase que le
respaldan se resisten a la planificación, la propiedad pública, la
redistribución y la inversión social que requeriría una auténtica
reconstrucción industrial. Su coalición quiere subvenciones sin
control público, protección sin fuerza de trabajo y
reindustrialización sin una transformación de las relaciones de
propiedad. El resultado es una política industrial militarizada
organizada en torno a las armas, la energía fósil, la inteligencia
artificial, la logística y los minerales estratégicos, en lugar de
un programa destinado a satisfacer las necesidades sociales.
Las sanciones funcionan,
junto con los aranceles, como otra forma de tributo. El papel que
sigue desempeñando el dólar en las reservas, los pagos, la deuda y
la fijación de precios de las materias primas otorga a Estados
Unidos una jurisdicción que se extiende mucho más allá de sus
fronteras. Un banco de un país puede ser sancionado por tramitar una
transacción en la que participe un tercer país, incluso si no hay
productos estadounidenses involucrados. Se puede excluir a un Estado
de los sistemas de pago, embargar sus activos en el extranjero,
obstaculizar su transporte marítimo y privar a su población de
medicamentos e importaciones esenciales. El poder financiero se
convierte en la capacidad de decidir qué países pueden participar
con normalidad en la economía mundial.
Cuba, Venezuela, Irán y
otros Estados sancionados demuestran que la guerra económica no es
una alternativa a la violencia militar. Se trata de violencia
ejercida a través de la escasez, la interrupción de la producción,
el deterioro de los hospitales, la inflación y la migración. El
sufrimiento se atribuye entonces al gobierno sancionado, lo que
permite a Washington presentar los efectos de la coacción como
prueba de que el objetivo ha fracasado. Trump intensifica esta
práctica al tiempo que se refiere a ella como «presión máxima»:
una admisión de que el objetivo es hacer insoportable la vida social
hasta obtener concesiones políticas.
Esta combinación de
aranceles, sanciones y pagos de protección puede denominarse
«imperialismo del tributo». Trump pretende que los Estados paguen
por la seguridad, paguen por el acceso al mercado, paguen por la
exención del castigo y paguen mediante la cesión de recursos o de
autonomía política. El método es transaccional, pero la relación
no es una transacción entre iguales. Un acuerdo alcanzado a la
sombra de un grupo de portaaviones, del sistema del dólar y del
mayor mercado de consumo del mundo sigue siendo un acto de coacción.
Territorio, puntos
estratégicos y el retorno de la posesión
Las declaraciones de
Trump sobre la adquisición de Groenlandia, la recuperación del
control del Canal de Panamá y la absorción de Canadá suelen
descartarse como mero espectáculo. Pero ese espectáculo encierra
una teoría del poder. El imperialismo liberal prefería ejercer el
control sin una anexión formal, recurriendo a bases, tratados,
normas de inversión y élites complacientes. Trump resucita el
antiguo vocabulario de la posesión. Concibe el territorio como un
bien inmueble y la soberanía como un obstáculo que puede superarse
mediante la compra, la presión o la fuerza.
Groenlandia condensa las
preocupaciones centrales del nuevo imperialismo. Su ubicación es
relevante para la estrategia militar en el Ártico, los sistemas de
alerta de misiles, las rutas marítimas emergentes y la rivalidad con
Rusia y China. Su subsuelo contiene minerales considerados
fundamentales para las baterías, la electrónica, las armas y la
transición energética. A medida que la crisis climática derrite el
hielo ártico, la catástrofe provocada en gran medida por las
emisiones históricas de las antiguas potencias industriales abre
nuevas rutas para el comercio y la extracción. Trump observa esta
geografía transformada y ve una oportunidad de adquisición.
La población de
Groenlandia desaparece en gran medida de este cálculo. Su larga
lucha contra el dominio colonial danés y su derecho a decidir su
futuro quedan subordinados al apetito estratégico de Washington.
Aquí, el imperialismo de Trump revela su esencia colonial: la tierra
es valiosa por lo que yace bajo ella y por su ubicación, mientras
que las personas que viven en ella se convierten en un estorbo. Sus
amenazas contra Dinamarca también demuestran que la jerarquía del
imperio incluye a los aliados. La pertenencia a la OTAN no garantiza
la igualdad; formaliza grados de subordinación. Cuando un aliado se
interpone entre Estados Unidos y un activo que este desea, los
aranceles y la presión militar pueden volverse contra el propio
aliado.
El Canal de Panamá
representa una lógica similar. El canal no es meramente un símbolo
del poder estadounidense del pasado. Es una arteria clave del
comercio mundial y un enlace estratégico entre los océanos
Atlántico y Pacífico. La retórica de Trump sobre recuperarlo
refleja la inquietud de que las relaciones comerciales chinas en
América Latina puedan reducir el control de Washington sobre la
infraestructura logística del hemisferio. Los puertos, los canales,
los cables submarinos, las vías férreas y los centros de datos
ocupan ahora el lugar que antes correspondía principalmente a las
fortalezas y las estaciones de carbón. El control sobre la
circulación es tan importante como el control sobre la producción.
La renovada visión
territorial se extiende por todas las Américas. La Doctrina Monroe
siempre ha afirmado que el hemisferio constituye una zona especial de
prerrogativas estadounidenses. Bajo el mandato de Trump, esta
doctrina se amplía para abarcar el petróleo, el litio, los puertos,
las rutas migratorias, la infraestructura digital y la exclusión de
China. Cuba sigue sometida a un bloqueo económico destinado a
castigar su negativa a renunciar a la soberanía conquistada por su
revolución. Las reservas de petróleo de Venezuela y su proyecto
político independiente la convierten en blanco de sanciones,
confiscación de activos, desestabilización y amenazas militares. Se
presiona a los gobiernos de toda América Latina para que restrinjan
la inversión china, acepten las exigencias migratorias de EEUU y
alineen sus políticas exteriores con las de Washington.
La migración es un
elemento central de esta geografía imperial. Las políticas de EEUU
han contribuido a destruir economías, a prolongar guerras y a
agravar la vulnerabilidad climática, creando las condiciones que
obligan a huir a millones de personas. Trump, por su parte,
militariza la frontera contra quienes se ven desplazados por el
sistema que Estados Unidos ha dominado. Se presenta a los migrantes
como invasores, mientras que el capital, las fuerzas militares y la
injerencia política de EEUU cruzan las fronteras con impunidad. La
frontera no supone un alejamiento del mundo. Distingue entre la
movilidad concedida al capital y a la violencia, y la inmovilidad
impuesta a la mano de obra.
Canadá entra en la
retórica de Trump desde una posición diferente, pero el principio
subyacente es reconocible. Él concibe las fronteras nacionales como
provisionales en lo que respecta a la seguridad, los recursos y la
ventaja comercial de Estados Unidos. Sus bromas y amenazas
constituyen una pedagogía política: enseñan al público
estadounidense a considerar la soberanía de los países vecinos como
algo contingente y a ver la expansión del poder estadounidense como
un derecho natural. El mapa imperial se presenta como inacabado.
Palestina, Irán y la
impunidad imperialista
En ningún lugar resulta
más evidente la violencia del imperialismo de Trump que en Asia
Occidental. Palestina e Irán revelan la unidad del poder militar,
financiero, territorial e ideológico. También ponen al descubierto
el engaño de la afirmación de que Estados Unidos defiende un orden
basado en normas. Las normas se invocan contra los adversarios y se
descartan para los aliados; la soberanía es absoluta cuando la
reivindica Washington y condicional cuando la reivindican quienes se
le oponen.
El apoyo de Estados
Unidos a Israel no es simplemente una alianza entre dos Estados.
Israel funciona como una posición militar y de inteligencia avanzada
dentro de la arquitectura imperial de Asia Occidental, una región
cuyos recursos energéticos, rutas comerciales y ubicación
estratégica la han convertido en una preocupación central del poder
estadounidense. Washington suministra armas, dinero, protección
diplomática e inteligencia, mientras que Israel pone de manifiesto
las formas de vigilancia, castigo colectivo, control de la población
y tecnología militar que circulan por el sistema imperial en su
conjunto.
El trato que Trump
dispensa a Palestina traslada su visión de promotor inmobiliario al
ámbito de la guerra colonial. Gaza no se considera una patria
habitada por un pueblo con derechos, historia y reivindicaciones
políticas, sino un territorio cuya población puede ser desplazada y
cuya costa puede ser reurbanizada. Se trata de la vieja fantasía
colonial expresada en el lenguaje inmobiliario: desalojar a la
población, despejar el terreno y convertir la devastación en una
oportunidad de inversión. La obscenidad no reside solo en la
propuesta, sino en el hecho de que da forma explícita a una lógica
ya presente en la destrucción de viviendas, hospitales,
universidades, archivos, tierras agrícolas y vida cívica.
El ataque contra
Palestina también requiere un ataque contra el derecho
internacional. Cuando las instituciones internacionales investigan la
conducta de Israel o de Estados Unidos, Washington sanciona a los
funcionarios, amenaza a los tribunales, veta resoluciones y retira su
cooperación. La soberanía imperial significa el derecho a juzgar a
los demás sin ser juzgado. Estados Unidos insiste en la jurisdicción
universal para sus sanciones y operaciones militares, al tiempo que
niega dicha jurisdicción a los organismos que podrían exigir
responsabilidades a sus líderes o aliados. Trump no crea este doble
rasero, pero lo convierte en un motivo de orgullo.
Irán presenta la misma
estructura a una escala regional más amplia. Durante décadas, las
sanciones han intentado impedir que Irán ejerza su soberanía
económica y estratégica. Las restricciones a las exportaciones de
petróleo, la banca, el transporte marítimo, la tecnología y la
inversión se han diseñado para agotar al país y aislarlo de la
economía mundial. La política de «máxima presión» de Trump
utiliza el sufrimiento de los iraníes de a pie como moneda de
cambio. Parte de la base de que el sufrimiento económico puede
dosificarse hasta que un Estado renuncie a su papel regional
independiente y acepte las condiciones establecidas por Washington y
Tel Aviv.
Pero la coacción
financiera se convierte fácilmente en coacción militar. Los
ataques, los asesinatos, los bloqueos, las amenazas contra las
instalaciones nucleares y los intentos de controlar la navegación
por el estrecho de Ormuz forman parte de un mismo continuo. El
estrecho es uno de los pasos energéticos más importantes del mundo,
y su control tiene consecuencias que van mucho más allá de Irán.
Reivindicar el derecho a vigilarlo de forma unilateral equivale a
reivindicar la autoridad sobre una arteria central de la economía
mundial. Una vez más, Estados Unidos presenta su propio control como
libertad de navegación y la resistencia de un Estado regional como
una amenaza para el orden internacional.
Las políticas de Trump
en Asia Occidental suelen describirse como erráticas, ya que las
amenazas, las negociaciones, los ataques y las propuestas de acuerdos
se suceden rápidamente. Sin embargo, esa aparente volatilidad tiene
un propósito. La imprevisibilidad se convierte en un instrumento de
negociación. El adversario debe creer que el presidente puede
sobrepasar los límites establecidos, mientras que los aliados deben
buscar continuamente garantías. El peligro es inmenso, ya que una
estrategia que se basa en una irracionalidad simulada puede generar
consecuencias que ninguna actuación puede contener.
Se trata del
hiperimperialismo en su forma más concentrada: el intento de un
bloque militar, político y económico liderado por Estados Unidos de
compensar su autoridad mermada mediante una coacción intensificada.
Estados Unidos y sus aliados poseen una parte abrumadora del gasto
militar mundial, una inmensa red de bases en el extranjero, el
control sobre tecnologías estratégicas y la capacidad de librar una
guerra económica más allá de las jurisdicciones. Sin embargo, no
logran obtener resultados políticos estables. Irak, Afganistán,
Libia, Palestina y la prolongada campaña contra Irán demuestran el
poder destructivo del bloque y los límites de su capacidad para
generar legitimidad. Es capaz de devastar sociedades con mayor
facilidad de la que tiene para gestionar las consecuencias.
Asia y la
militarización de la competencia productiva
La principal preocupación
a largo plazo de la estrategia estadounidense sigue siendo Asia, ya
que Asia es la región más dinámica de la economía mundial y China
es la potencia que ha roto de forma más decisiva la antigua
jerarquía productiva. Estados Unidos se enfrenta a un dilema: no
puede desvincularse económicamente de una región de la que dependen
sus empresas y consumidores, pero tampoco puede aceptar un orden
económico asiático en el que Washington no posea la autoridad
definitiva. Su respuesta consiste en militarizar la competencia
económica.
Las bases estadounidenses
en Japón, Corea del Sur, Guam, Filipinas y Australia forman un arco
alrededor de China. AUKUS, el Quad, las patrullas navales, los
ejercicios militares, los nuevos acuerdos de bases y la
instrumentalización de la cuestión de Taiwán amplían la
infraestructura de confrontación. Los controles sobre los
semiconductores y las restricciones a la inversión funcionan en
tándem con esta arquitectura militar. La fábrica, el laboratorio,
la ruta marítima, el satélite, la plataforma de pago y la base
naval pasan a formar parte de una única estrategia.
Trump añade presión
transaccional a esta estructura. Se exige a Japón y Corea del Sur
que paguen más por las fuerzas estadounidenses, a pesar de que
dichas fuerzas sirven al diseño estratégico de Washington. Taiwán
es tratado simultáneamente como una posición estratégica, un
cliente de armas estadounidenses y un activo en materia de
semiconductores cuya capacidad productiva Estados Unidos desea que se
traslade. Se espera de los aliados no solo que se alineen
diplomáticamente, sino que reorganicen sus economías, sus
relaciones tecnológicas y sus cadenas de suministro en torno a la
contención de China.
El peligro radica en que
Estados Unidos intente compensar militarmente lo que no puede lograr
comercialmente. El auge de China no puede revertirse mediante
portaaviones. Sus ecosistemas industriales no pueden ser destruidos
con bombardeos sin provocar una catástrofe en toda la economía
mundial. Sin embargo, la opción militar sigue estando arraigada en
la planificación estadounidense porque la pérdida de primacía se
considera una amenaza para la seguridad, en lugar de una invitación
a la cooperación entre Estados soberanos.
A los pueblos de Asia se
les pide que vivan en medio de esta contradicción. Sus economías
están cada vez más integradas con China, mientras que sus
instituciones de seguridad se ven presionadas para alinearse con
Estados Unidos. El gasto militar desvía recursos del desarrollo
social, y las bases transforman ciudades, islas y costas en objetivos
potenciales. Washington habla de una región libre y abierta, pero la
libertad se define como la libertad continuada de las fuerzas
estadounidenses para operar a miles de kilómetros de su propio
territorio.
El nacionalismo racial de
Trump intensifica el peligro. La competencia económica se presenta
como un robo civilizacional, y China se convierte en la explicación
externa del declive interno de EEUU. Este discurso prepara a la
población para el sacrificio al convertir una compleja
transformación de la economía mundial en una historia de victimismo
nacional. Oculta el papel de las empresas estadounidenses en la
deslocalización de la producción y hace que la hostilidad hacia
China parezca una política de la clase trabajadora, a pesar de que
la confrontación amenaza a los trabajadores de todo el mundo.
El proyecto de clase
detrás del trumpismo
La fuerza política de
Trump proviene de su capacidad para abordar la devastación social
real al tiempo que protege las relaciones de propiedad que la han
generado. La desindustrialización, el endeudamiento, la precariedad
laboral, la desigualdad racializada y el colapso de las instituciones
públicas han generado una enorme reserva de ira. La clase dirigente
demócrata defendió la globalización que enriqueció a las empresas
financieras y tecnológicas, al tiempo que ofrecía a las comunidades
afectadas reciclaje profesional, crédito al consumo y sermones
morales. Trump entró en este panorama y prometió una restauración.
Pero esa restauración es
fraudulenta. Trump no pretende transferir el poder a los trabajadores
ni reconstruir la sociedad en torno a la prestación de servicios
públicos. Su proyecto aúna a sectores del capital de los
combustibles fósiles, las finanzas, los fabricantes de armas, los
intereses inmobiliarios, el capital riesgo, la logística y los
multimillonarios tecnológicos con una base de masas procedente, en
parte, de las víctimas del neoliberalismo. La contradicción se
gestiona a través del nacionalismo. Se exime al capital de toda
responsabilidad, mientras que se señala como enemigos a los
migrantes, a China, a los empleados públicos, a las universidades, a
las minorías y a los gobiernos extranjeros.
Esta coalición de clases
explica la peculiar configuración de la política industrial de
Trump. Una auténtica reconstrucción de la capacidad productiva
requeriría una planificación a largo plazo, bancos públicos,
infraestructuras modernas, escuelas y universidades sólidas,
salarios sociales ampliados, poder de los trabajadores y alguna forma
de autoridad pública sobre la inversión. La coalición de Trump no
tolerará un programa de este tipo. Por lo tanto, se basa en
desgravaciones fiscales, desregulación, contratos de defensa,
aranceles, energía barata y subvenciones al capital privado. El
dinero público absorbe el riesgo, mientras que los propietarios
privados conservan el control.
La oligarquía
tecnológica ocupa un lugar especial dentro de este entramado. Las
plataformas digitales, los sistemas en la nube, los modelos de
inteligencia artificial, los satélites, los centros de datos y los
cables submarinos se han convertido en infraestructuras esenciales
para la vida económica y política. Las empresas que las controlan
ejercen un poder cuasi soberano. Pueden determinar el acceso a la
información, las comunicaciones, los canales de pago y la capacidad
computacional. Su relación con el Estado no es ni simplemente
antagónica ni subordinada. Requieren investigación pública,
energía, contratos, protección militar y una regulación favorable,
mientras que el Estado depende cada vez más de sus tecnologías para
la vigilancia, la guerra y la administración.
Para el Sur Global, esta
concentración crea una nueva frontera de dependencia. Un país puede
gozar de independencia formal, mientras que sus datos públicos, sus
comunicaciones, su infraestructura en la nube y sus pagos digitales
siguen estando controlados desde el extranjero. La digitalización
puede mejorar la planificación, la sanidad, la educación y la
producción, pero solo si se abordan las cuestiones de propiedad y
soberanía. ¿Quién es el propietario de los datos? ¿Quién
construye los sistemas? ¿Quién establece las normas? ¿Quién se
queda con el valor? La alianza de Trump con el capital tecnológico
confiere a estas cuestiones un carácter abiertamente geopolítico,
ya que el acceso a los chips, las plataformas y la inteligencia
artificial pasa a estar condicionado a una alineación estratégica.
A nivel nacional, esas
mismas tecnologías se unen a un Estado coercitivo reforzado. La
militarización de las fronteras, la deportación, la vigilancia, los
ataques contra la disidencia y la criminalización de la solidaridad
no son aspectos separados de la política exterior. El imperio
regresa a casa a través de las instituciones y los hábitos que ha
desarrollado en el extranjero. Un Estado acostumbrado a tratar a
poblaciones enteras como amenazas para la seguridad acabará
aplicando los mismos métodos a los trabajadores, los migrantes, los
estudiantes y los opositores políticos dentro de sus fronteras.
Por lo tanto, el
trumpismo no puede derrotarse restaurando el orden neoliberal que lo
generó. Una defensa del antiguo discurso de alianzas y normas, sin
una transformación del poder de clase, no hace más que allanar el
terreno para otro Trump. La respuesta debe partir de las heridas
sociales que su movimiento explota, al tiempo que rechaza el racismo,
el militarismo y el chovinismo a través de los cuales redirige a
ellos.
Los límites de la
restauración imperial
El imperialismo de Trump
es peligroso precisamente porque combina un poder extraordinario con
ambiciones imposibles. Estados Unidos puede infligir un sufrimiento
inmenso, interrumpir el comercio, embargar activos, excluir a
empresas del acceso a la tecnología y obligar a los Estados más
débiles a hacer concesiones. Pero la coacción no puede revertir
indefinidamente la redistribución de la capacidad productiva.
Tampoco puede resolver las contradicciones internas del capitalismo
estadounidense.
El dólar sigue siendo
dominante, pero el uso cada vez más extendido de las sanciones anima
a los Estados a buscar formas alternativas de pago. La tecnología
estadounidense sigue siendo poderosa, pero los controles a la
exportación aceleran la inversión en capacidades independientes.
Las alianzas militares pueden rodear a China, pero no pueden borrar
las relaciones económicas que unen a Asia. Los aranceles pueden
modificar los precios y las rutas, pero no pueden crear de la nada
ecosistemas industriales. Cada uso del poder coercitivo demuestra la
fortaleza de Estados Unidos, al tiempo que genera incentivos para
escapar de ella. No existe un paso automático del declive
estadounidense a un mundo justo. Los nuevos centros de producción
pueden reproducir relaciones extractivas. Los gobiernos del Sur
Global pueden buscar margen de maniobra sin transformar las vidas de
los trabajadores y los campesinos. Las instituciones regionales
pueden seguir siendo cautelosas, desiguales o dominadas por los
intereses nacionales. La redistribución del poder entre los Estados
no es sinónimo de emancipación social.
No obstante, han surgido
nuevas posibilidades. El comercio Sur-Sur, la cooperación en materia
de infraestructuras, los bancos de desarrollo, los acuerdos en moneda
local, la tecnología pública y las redes regionales de producción
pueden reducir la dependencia de las instituciones controladas por el
antiguo bloque imperial. Su importancia no radica en sustituir a una
potencia hegemónica por otra, sino en ampliar el espacio en el que
los pueblos puedan perseguir un desarrollo soberano. Esta posibilidad
seguirá siendo limitada a menos que esté impulsada por la lucha
popular. La soberanía no puede significar únicamente el derecho de
una élite nacional a negociar una mejor posición dentro del
capitalismo mundial. Debe significar la capacidad de la población
para controlar los recursos, planificar la producción, construir
instituciones públicas, garantizar la alimentación y la salud,
compartir tecnología y determinar los fines para los que se utiliza
el excedente social. De lo contrario, la resistencia a la dominación
estadounidense puede coexistir con la explotación interna.
La crisis climática hace
que esta transformación sea urgente. El Sur Global soporta una parte
desproporcionada de los daños climáticos, mientras que los pagos de
la deuda agotan los recursos necesarios para la adaptación. Una
transición verde gobernada por el imperialismo de Trump se
convertirá en otra apropiación de recursos: se confiscarán
minerales críticos, se monopolizarán tecnologías y se transferirán
los costes ecológicos a los trabajadores y los campesinos. La
justicia climática requiere, por tanto, la condonación de la deuda,
la financiación pública, el intercambio de tecnología y la
soberanía sobre los recursos naturales. No puede construirse
mediante la adquisición de Groenlandia ni la militarización de las
cadenas de suministro de minerales.
Conclusión: El
Imperio no puede repararse
Donald Trump no es una aberración que flote por encima de la historia del poder estadounidense. Es la expresión política de un sistema imperial que conserva enormes capacidades coercitivas, al tiempo que pierde la supremacía productiva y la confianza ideológica que en su día sustentaron su liderazgo. Su vulgaridad resulta reveladora. Mira las alianzas y ve facturas de protección impagadas; mira Groenlandia y ve minerales y una posición militar; mira Panamá y ve una autopista de peaje que debería pertenecer a Estados Unidos; mira Gaza y ve terrenos frente al mar despejados; mira a los migrantes y ve invasores en lugar de personas desplazadas de un mundo desigual; y mira los aranceles y ve armas con las que exigir obediencia.
El rasgo distintivo del
imperialismo de Trump no es que abandone al mundo, sino que le exige
tributo. Busca pago a cambio de protección, deferencia a cambio de
acceso al mercado, recursos a cambio de favores políticos e
impunidad para la violencia de Estados Unidos y sus aliados.
Convierte las ventajas estructurales que aún le quedan a Estados
Unidos en instrumentos para retrasar una transición histórica que
no puede impedir.
Sin embargo, los métodos
de retraso agravan la crisis. Las sanciones fomentan alternativas al
sistema del dólar. Los controles tecnológicos estimulan la
investigación independiente. Las amenazas territoriales ponen al
descubierto la subordinación oculta en las alianzas. El cerco
militar hace que Asia sea más peligrosa sin que ello restablezca la
primacía industrial de EEUU El ataque al derecho internacional
destruye la legitimidad de las instituciones que en su día ayudaron
a organizar el consenso en torno al liderazgo estadounidense. Trump
puede coaccionar, castigar y destruir, pero no puede restablecer el
mundo que hacía que la supremacía estadounidense pareciera natural.
La elección a la que se
enfrenta la humanidad no es entre el imperio descarado de Trump y un
retorno al imperio cortés que lo precedió. El internacionalismo
liberal creó las guerras, las desigualdades, los regímenes de
sanciones y la devastación social de los que surgió Trump. La
alternativa tampoco es simplemente una distribución diferente del
poder estatal. La tarea consiste en construir un orden internacional
arraigado en la soberanía, la cooperación, la redistribución, la
recuperación ecológica y la paz.
Dicho orden no lo
instaurarán los Estados que actúan por encima de la sociedad.
Tendrá que crearse a través de las luchas de los trabajadores, los
campesinos, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, los
movimientos antiimperialistas y los gobiernos impulsados por
poblaciones organizadas. La transformación productiva de la economía
mundial ha abierto una brecha en la antigua estructura imperial, pero
solo la lucha política puede ampliar esa brecha hasta convertirla en
emancipación.
Trump cree que la
historia puede revertirse levantando un muro arancelario,
apoderándose de un canal, comprando una isla, amenazando a un
tribunal o enviando otro grupo de portaaviones hacia una costa
lejana. Pero la crisis del imperio no es un error de negociación. Es
el resultado de cambios en la producción, la política y las
aspiraciones populares que ningún presidente por sí solo puede
someter a su voluntad. El peligro es que un imperio incapaz de
repararse a sí mismo intente destruir el mundo. La tarea urgente
consiste en impedir esa destrucción y construir, a partir de las
luchas ya en marcha, un mundo que ningún imperio pueda poseer.
Bibliografía
Tricontinental: Instituto
de Investigación Social, Hiperimperialismo: una nueva etapa
peligrosa y decadente, 23 de enero de 2024.
Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Informe sobre el
Comercio y el Desarrollo 2025: Al borde del abismo, Naciones
Unidas, 2025.
Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Informe sobre la
Inversión Mundial 2025: La inversión internacional en la economía
digital, Naciones Unidas, 2025.
Estados Unidos, Oficina
Ejecutiva del Presidente, Estrategia de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos de América, La Casa Blanca, 2025.
Fuente: Marxist,
XLII, 2, April–June 2026, versión electrónica: 4 de septiembre de
2026
(https://cpim.org/the-empire-demands-tribute-donald-trump-and-the-imperialism-of-decline/)
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