Palestina. Juana Ruiz: El calvario judicial de la cooperante española presa en Israel amenaza alargarse

RESUMEN LATINOAMERICANO – 09/08/2021

Juan Carlos Sanz

El juicio a Juana Ruiz se reanuda tras cuatro meses detenida. La defensa impugnará las acusaciones. Se trata de la primera vez en tiempos recientes que una persona con ciudadanía exclusiva española recibe el inflexible trato que la justicia militar israelí aplica sistemáticamente desde hace 54 años a los residentes en los territorios ocupados palestinos.

El juicio ante un tribunal militar de Israel a la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, se reanuda este martes tras más de dos meses de suspensión. Desde su detención, en la que una veintena de soldados irrumpieron en la madrugada del 13 de abril en su casa de las afueras de Belén, la trabajadora humanitaria en una ONG sanitaria palestina permanece entre rejas por un calvario judicial que amenaza con alargarse. La justicia castrense la acusa de pertenencia a una “organización ilegal” que desvió fondos de la cooperación internacional a un grupo palestino calificado como terrorista. Su defensa prevé impugnar ahora los cargos y pedir su inmediata excarcelación, o al menos su pase a la situación de arresto domiciliario. Pero, tras el relevo en su equipo de abogados, el proceso puede prolongarse a causa de la detención de otros miembros de su ONG.

Juana Ruiz se encuentra internada en el vetusto penal de Damon, en las montañas boscosas que rodean Haifa (en la costa norte de Israel) junto a decenas de presas palestinas “de seguridad” (nacionalistas). Atrás quedaron las semanas de aislamiento en la celda en una cárcel próxima a Tel Aviv y los largos interrogatorios por los agentes del Shin Bet (servicio de seguridad interior). “Juana se encuentra mejor, al menos no está sola”, aseguran fuentes diplomáticas conocedoras de la asistencia consular a la cooperante española. “Pero las recientes detenciones en el seno de su organización pueden originar nuevas acusaciones”, advierten las fuentes citadas, que temen que no se le permita salir de prisión mientras los servicios de seguridad no completen las investigaciones.

Hace un mes fue detenida también la palestina Shatha Odeh, directora ejecutiva de Comités de Trabajo para la Salud (HWC, por sus siglas en inglés), ONG en la que trabajaba Ruiz desde hace más de tres décadas en el área de cooperación internacional. En la misma redada fueron arrestadas por fuerzas militares otras 10 personas de la organización. A todas ellas se les acusa de participar en una red para “introducir ilegalmente fondos en los territorios palestinos”, que fueron desviados hacia el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), grupo considerado terrorista por Israel y la Unión Europea, “mediante fraude, falsificación y engaño” a los donantes de países europeos.

“El martes voy a impugnar todos los cargos. No hay ninguna evidencia consistente, ninguna prueba”, ha adelantado Avigdor Feldman, actual letrado de la cooperante española. “Todo forma parte de una operación de Israel para acusar sin base a asociaciones de la sociedad civil que realizan tareas humanitarias en los territorios palestinos”, subraya Feldman, fundador de la Asociación de Derechos Civiles de Israel y que fue letrado de Mordejai Vanunu, el técnico nuclear que desveló la existencia del programa secreto de armas atómicas de Israel.

Feldman ha relevado al frente de la defensa de Juana Ruiz a la abogada Gabriela Laski, quien representó hace tres años ante la justicia militar a la adolescente palestina Ahed Tamimi, convertida en icono de su pueblo tras haber abofeteado a un soldado que había irrumpido en su casa en Cisjordania. Laski dejó la defensa tras resultar elegida diputada por el partido Meretz (izquierda pacifista).

“La familia ha tenido que abrir una cuenta de recogida de fondos para sufragar los elevados gastos de la defensa jurídica”, precisa un comunicado difundido el domingo por la plataforma de apoyo a Juana Ruiz, integrada por 140 organizaciones en España. “Gracias a la enorme solidaridad de cientos de personas y organizaciones se ha logrado obtener ya el 60% del total necesario”. “Esperamos que el juicio sirva para demostrar que las acusaciones son falsas y para lograr su libertad tras cuatro meses de encarcelamiento injusto y arbitrario”, resalta el comunicado.

En una situación que fuentes diplomáticas calificaron de “presión psicológica y psíquica”, Ruiz tardó más de dos semanas en recibir sus efectos personales tras su detención, como las gafas de lectura, y no se pudo cambiar de ropa con vestimentas propias. La cooperante española debe tomar medicación a causa de una enfermedad crónica y estuvo sumida en un estado depresivo durante varias semanas por el permanente aislamiento al principio de su detención. También tuvo que firmar documentos en hebreo, lengua que no conoce, sin la presencia de un intérprete. Se trata de la primera vez en tiempos recientes que una persona con ciudadanía exclusiva española recibe el inflexible trato que la justicia militar israelí aplica sistemáticamente desde hace 54 años a los residentes en los territorios ocupados palestinos.

Implicación del Gobierno español

El relevo en el equipo de defensa de la cooperante presa ha coincidido también con el cambio de titular de Exteriores en España. En su primer contacto con el jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, el nuevo ministro, José Manuel Albares, se interesó el mes pasado por la situación de la trabajadora humanitaria encarcelada. Albares precisó también en una comparecencia parlamentaria que se iba a implicar personalmente en el asunto.

El interés oficial topa, sin embargo, con la lenta marcha del proceso en Israel, entre otras razones, por el paréntesis en el cambio de letrados. Previsiblemente, el juez militar no dictará este martes en el tribunal militar de Ofer (Cisjordania) una resolución tras haber escuchado la impugnación de la defensa y los eventuales nuevos cargos presentados por la Fiscalía. Si la vista queda aplazada para septiembre, alertan fuentes diplomáticas, corre el riesgo de coincidir con las vacaciones judiciales del Año Nuevo judío. El Gobierno israelí está barajando también la hipótesis de un nuevo confinamiento general durante ese periodo festivo de tres semanas de duración a causa del auge de los contagios por la covid-19. En los anteriores confinamientos la actividad de los tribunales quedó reducida a los casos más urgentes.

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La detención de Juana

Teresa Aranguren

Israel trata de dar envoltura legal a lo que es un atropello de los derechos humanos y una presunta justificación jurídica a las prácticas atroces de la ocupación. Hay todo un entramado legislativo diseñado para justificar lo injustificable, desde la tortura hasta el robo de la tierra.

Si no hay un nuevo aplazamiento, que ya van tres, Juana Ruiz irá a juicio este 10 de agosto. Ante un tribunal militar israelí. Al igual que a toda la población palestina de los territorios ocupados, a Juana se le aplica la legislación militar, no así a los colonos para los que rige la justicia ordinaria. Es una de las manifestaciones del régimen de apartheid que Israel ha impuesto en territorio palestino. Y conviene recordar que las colonias, todas, son una violación flagrante de la legislación internacional y, según los términos de la Convención de Ginebra, al ser acciones que buscan “trasformar la demografía” del territorio ocupado en beneficio de la potencia ocupante, pueden ser consideradas “crímenes de guerra”. Pero esa es otra historia o quizá no.

A Juana la detuvieron bajo una figura supuestamente legal: “Detención con propósito de interrogatorio” por la que se puede arrestar a una persona sin comunicarle los cargos de los que se le acusa durante un periodo máximo de 75 días, lo cual es ya una aberración jurídica aunque no tan escandalosa como la fórmula de la detención administrativa que Israel aplica a la población palestina bajo ocupación militar y que supone una detención sin cargos prorrogable de seis en seis meses, indefinidamente. Hay casos en que esta prórroga ha durado años.

De cualquier modo, de lo que se trata es de dar envoltura legal a lo que es un atropello de los derechos humanos y una presunta justificación jurídica a las prácticas atroces de la ocupación. Hay todo un entramado legislativo diseñado para justificar lo injustificable, desde la tortura hasta el robo de la tierra. Por poner un ejemplo recordaré la llamada “ley de la propiedad de los dueños ausentes” dictada al poco de la creación de Israel que permitió al nuevo Estado quedarse con las propiedades de todo palestino que estuviera fuera de su vivienda en la fecha en la que se proclamó el Estado, 15 de mayo de 1948. Esto afectó a los bienes de todos aquellos que habían sido expulsados de sus hogares en las operaciones de “vaciado de población palestina” llevadas a cabo por milicias sionistas, luego ejército israelí, en los meses previos y posteriores a la creación del Estado de Israel y a quienes, sin salir de Palestina, huyeron de las zonas de combate hacia lugares más seguros en casas de parientes o en una segunda residencia en el campo. Desde humildes labranzas a grandes mansiones, todo pasó a manos del recién creado Israel. Sus dueños nunca han podido recuperarlas. La ley de la propiedad de los dueños ausentes nunca ha sido derogada. Una ley para cubrir la limpieza étnica y el robo de la tierra.

De entonces hasta ahora los métodos quizás se han refinado, pero el objetivo sustancialmente sigue siendo el mismo: eliminar o cuando menos reducir al mínimo la presencia palestina, la del pasado y la del presente, la que existió y la que existe y resiste en tierra palestina.

La detención de Juana tuvo lugar en la madrugada del 13 de abril. 20 soldados israelíes armados hasta los dientes irrumpieron en su casa en Beit Sahur en el distrito de Belén y se la llevaron. Ni siquiera tuvo tiempo de recoger sus gafas. Durante tres semanas estuvo detenida sin cargos y sin que nadie de su familia pudiera visitarla. Su marido, Elías Rishmawi, médico palestino de Belén, se presentó cada día a las puertas de todas las prisiones en las que estuvo detenida sin saber aún de qué se le acusaba.

Finalmente, ya en mayo, se formalizaron los cargos: tener vínculos con una organización ilegal y desvío de fondos para financiar dicha organización. Se trata del Frente Popular para la liberación de Palestina (FPLP), un partido político de raíz marxista fundado por el médico cristiano George Habash en los años 60, cuando la lucha armada para recuperar la tierra de la que habían sido expulsados formaba parte sustancial de la estrategia de las organizaciones palestinas. El Frente, así se le conoce popularmente, es, junto a FATAH, la formación política más antigua de la resistencia palestina y tuvo entre sus filas figuras tan relevantes como el gran escritor Gassan Kanafani asesinado por el Mossad en Beirut en 1972. En la actualidad, el FPLP que, al igual que el resto de los partidos políticos palestinos, ha ido evolucionando con el tiempo, es una formación de izquierdas con representación parlamentaria más bien escasa pero con un notable prestigio social. El hecho de que, a instancias de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea hayan incluido al FPLP en su listado de organizaciones terroristas, lo ha convertido en excusa perfecta para criminalizar toda actividad social, humanitaria, asistencial o política de carácter progresista.

Israel siempre ha preferido a las organizaciones islamistas frente a las formaciones tradicionales del movimiento nacional palestino de carácter laico y modernizador; esgrimir la amenaza islámica es un método muy eficaz para acallar críticas, queda mejor decir que se está en guerra contra Hamás que contra una población indefensa y atrapada, mientras una lluvia de bombas cae sobre Gaza. Además, los términos político-religiosos están en sintonía con la ideología que sustenta el Estado que se proclama “Estado judío” y cuyas leyes establecen una clara diferencia entre ciudadanos judíos y no judíos porque solo los primeros pueden ser considerados miembros de “la nación judía”.

No son las mezquitas lo que inquieta a las autoridades israelíes, sino las asociaciones de mujeres, los centros culturales, las fundaciones que fomentan la investigación, las bibliotecas, los grupos de teatro, los círculos de escritores, los sindicatos de campesinos y pescadores, las agrupaciones de abogados y juristas, las asociaciones de periodistas, las ONG que trabajan en proyectos educativos o sanitarios…En los últimos meses varias organizaciones de carácter humanitario y social han sido intervenidas por el ejército israelí en Cisjordania, entre ellas la Asociación de mujeres de Ramala, la ONG ADAMER que atiende a los presos palestinos en cárceles israelíes, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro para la Investigación y el Desarrollo de Bisan, la DCI una ONG en Defensa de la Infancia y los Comités de Trabajadores de la Salud (HWC ) donde desde hace décadas trabaja Juana Ruiz. En plena pandemia y en pleno proceso de vacunación, las 14 clínicas que HWC regentaba y que estaban llevando a cabo ese trabajo en Cisjordania han sido cerradas por el ejército israelí. Todo aquello que promueve el desarrollo y la cohesión de la sociedad palestina termina resultando sospechoso para las autoridades israelíes. La estrategia es acabar con todo aquello que permite a la población palestina resistir la atrocidad cotidiana de la ocupación, quebrar las redes de solidaridad interna que, pese a todo y frente a todo, hacen que la sociedad palestina no se hunda en la desesperanza. Y también, minar los vínculos de cooperación entre la sociedad palestina y Europa, ya que los fondos supuestamente desviados por la organización HWC y los de la mayoría de ONG palestinas provienen básicamente de la UE.

A este respecto y en respuesta a una pregunta de la europarlamentaria Soraya Rodríguez, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha afirmado que “no ha encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación de fondos en Palestina”. La respuesta de Borrell, pronunciada apenas tres días antes de la fecha fijada para el juicio, parece echar por tierra las acusaciones israelíes o cuando menos indica que la UE no se las traga. Lo cual es reconfortante en tanto que europeos pero escasamente eficaz a la hora de cambiar la estrategia de la ocupación israelí.

Juana Ruiz es ciudadana española y por tanto europea y es de suponer que tanto el Gobierno de España como las instituciones de la UE están realizando gestiones que el lenguaje diplomático suele calificar de discretas, por no decir secretas, ante el Gobierno israelí. No dudo de la buena fe de quienes llevan a cabo esas hipotéticas y discretas gestiones, pero eso no basta. Esta no es una cuestión de soberanía y respeto a las leyes de otro país porque las leyes que Israel aplica en los territorios palestinos ocupados, las que está aplicando en el caso de Juana Ruiz, no son respetables, son leyes coloniales, leyes que avalan el apartheid, el castigo colectivo y en muchos casos el crimen de guerra. Esta es una cuestión de derechos humanos y frente a eso no cabe la discreción ni el silencio.

Juana Ruiz está a punto de cumplir 63 años y, desde hace más de 30, vive con su familia en Beit Sahur, en el distrito de Belén, en la Cisjordania ocupada; esta española de Palestina o palestina de España es una persona muy querida por sus vecinos y por todos aquellos, sean cooperantes, periodistas o simples viajeros, que han pasado por Belén y por su casa. Porque su casa, hospitalidad árabe o hispana o ambas a la vez, siempre está abierta al visitante y al amigo.

Esta mujer afable y solidaria lleva encarcelada cuatro meses y va a ser juzgada por un tribunal militar israelí en virtud de una legislación colonial diseñada no para impartir justicia, sino para aplastar todo indicio de resistencia a la ocupación militar de Palestina.