EUSKAL HERRIA: CESE LA REPRESIÓN

Rafael Narbona

ETA declaró un alto el fuego unilateral, incondicional e irreversible el 20 de octubre de 2011, pero el Estado español mantiene su política de represión y hostigamiento. Sin celebrar una consulta popular, no se puede determinar el porcentaje de vascos que anhelan la independencia, pero las dos fuerzas mayoritarias en el Parlamento autonómico (PNV y EH-Bildu) son soberanistas. El lehendakari Iñigo Urkullu ha manifestado que “el PNV busca la independencia, pero somos conscientes del momento”. Al margen del matiz coyuntural, PNV y EH-Bildu suman 48 escaños. Los partidos españolistas (PSOE, PP y UPyD) sólo llegan a 27. Se puede hablar, por tanto, de una mayoría que se identifica con la reivindicación de una Euskal Herria independiente y soberana. En 2012, una encuesta del CIS arrojaba un escrutinio que reflejaba un empate virtual, con un 41’5% a favor de la independencia y un 42’6% conforme con la situación actual. Por el contrario, el Euskobarometro obtenía unos resultados diferentes: un 53’3% votaría a favor de la independencia y un 46’5% no. Es evidente que Brian Currin, abogado sudafricano y mediador internacional, no se equivocaba al afirmar que ETA no es problema. Organizador con Lokarri (un movimiento social pacifista) de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián celebrada en octubre de 2011, que contó –entre otros- con la presencia de Kofi Annan, Gerry Adams y Bertie Ahren, Currin afirmó en una entrevista realizada por John Carlin para el diario El País: “ETA no es el tema. El tema central es que hay mucha gente en el País Vasco cuyas aspiraciones están en conflicto con la Constitución española. De hecho, muchos creen que les fue impuesta. No se puede simplificar hablando de buenos y malos. Estamos hablando de sentimientos que tienen un peso político real. Esto es lo que hay que tratar de resolver a través de un proceso de paz, o de negociación o de diálogo, o llámelo lo que uno quiera” (25-IX-2011). 

Pese a estos datos, el Estado español rechaza frontalmente el derecho de autodeterminación. De hecho, la Constitución de 1978 establece “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible” y atribuye a las Fuerzas Armadas la defensa de su “integridad territorial”. No se pueden alegar argumentos democráticos para negar a un pueblo el derecho de elegir libremente su futuro. Tampoco hay argumentos racionales para justificar la Monarquía como forma del Estado y, menos aún, para convertir la persona del Rey en una figura “inviolable” y exenta de responsabilidad. Estas normas no son el fruto del consenso popular, sino las consecuencias de la Reforma del franquismo, que se disfrazó de Transición modélica hacia la democracia para garantizar la impunidad de torturadores y genocidas y preservar los intereses de las elites financieras y empresariales. Se ha demonizado al independentismo vasco mediante un periodismo de guerra alineado con las tesis españolistas. Se ha dicho que ETA inicia su actividad armada con el asesinato de la niña de 22 meses Begoña Urroz, pero está sobradamente demostrado que fue el DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación) el que colocó la bomba en la estación de ferrocarril de Amara (Gipuzkoa). El atentado lo planificó y ejecutó un comando con infiltración policial. Se ha afirmado que Eduardo Moreno Bergaretxe, alias Pertur, murió a manos de sus compañeros, pero el tiempo ha revelado que el carismático líder de los poli-milis fue secuestrado, torturado y asesinado por neofascistas italianos dirigidos por la policía española (Iñaki Egaña y Giovanni Giacopuzzi, La construcción del enemigo. ETA a la vista de España 2010-2012, Tafalla, Txalaparta, 2012, pp. 63-74; El año de todos los demonios, Ángel Amigo, 2007). Estos hechos corroboran la existencia de una estrategia orientada a presentar a ETA como una banda terrorista y no como la expresión más radical del independentismo vasco. Terrorista no es un simple adjetivo, sino un concepto que niega cualquier legitimidad moral o política al adversario. El Estado español siempre ha rehuido expresiones como “Guerra del Norte”, pese a combinar medidas militares (Plan ZEN) y parapoliciales (GAL) para combatir la insurgencia vasca. La prensa ha secundado este planteamiento, renunciando a su función informativa para realizar tareas meramente propagandistas. El 15 de abril de 1991 el semanario Tiempo describía a Joseba Arregi Erostarbe, Fiti, miembro de la cúpula de ETA, como un psicópata con aficiones perversas: “Su mayor afición es matar gatos. Agarra al felino con las manos, lo acaricia, le hace muecas, y luego lo estrangula”. Esta deformación esperpéntica no se aplicaba, en cambio, con los políticos, policías y militares españoles, pese a que existían pruebas abrumadoras del uso sistemático de la tortura y los asesinatos extrajudiciales. El 13 de febrero de 1981, 73 agentes se turnaron durante nueve días en la DGS de Madrid para torturar a Joxe Arregi, militante de ETA político-militar. Arregi murió y se detuvo a cinco policías, pero se les dejó en libertad a la semana y, algunos años más tarde, se premió su trabajo con significativos ascensos. Es el caso de Juan Antonio Gil Rubiales, nombrado en 2005 Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de Tenerife. 

“Los suyos son crímenes, los nuestros son errores”, afirmó Rodolfo Martín Villa, Ministro del Interior con la UCD. Sin embargo, la justicia argentina ha admitido a trámite la querella presentada contra él por su responsabilidad en la masacre de Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976, cuando la Policía Armada disparó contra un grupo de trabajadores en huelga que se habían refugiado en una iglesia. Las balas acabaron con la vida de 5 huelguistas e hirieron a otros 150. Martín Villa ocupó el cargo de Ministro del Interior entre 1976 y 1979, un período en el que las Fuerzas de Seguridad del Estado mataron a 54 personas. En un alarde de cinismo, Martín Villa ha declarado que la querella presentada contra él “no le ha quitado ni un minuto de sueño”. Si algún dirigente de ETA manifestara algo semejante, se produciría un verdadero linchamiento mediático. No voy a negar que la “Guerra del Norte” produjo mucho sufrimiento, pero las ofensivas de ETA no fueron más cruentas que las del IRA Provisional, que mató entre 1969 y 1997 a 1.100 efectivos de las diferentes fuerzas militares y policiales y británicas y a 700 civiles (la mayoría paramilitares lealistas), o las de Umkhonto we Sizwe (Lanza de la Nación), brazo armado del Congreso Nacional Africano, que utilizó el coche bomba para realizar sabotajes y atentados mortales. Se desconoce el número exacto de víctimas del brazo armado del ANC, pero algunos de los atentados fueron particularmente mortíferos y causaron bajas civiles. En 1983, la sede de la Fuerza Aérea voló por los aires, provocando la muerte de 19 civiles e hiriendo a 217 personas. En 1985, perdieron la vida cinco civiles y 40 resultaron heridos al explotar una bomba en un centro comercial de la costa sur de Natal. Tres de las víctimas mortales eran menores. En 1986, estalló un artefacto explosivo en un bar situado en la primera línea de una playa de Durban. Murieron tres civiles y 69 personas sufrieron heridas de diversa consideración. El 21 de mayo de 1987 estallaron dos bombas en la fachada trasera del Tribunal de Justicia de Johannesburgo, acabando con la vida de tres policías y dejando malheridos a otros cuatro. Seis transeúntes resultaron heridos de diversa consideración. Los artefactos habían sido colocados en un coche azul y su explosión había sido programada para la hora del mediodía, cuando los funcionarios del Tribunal de Justicia solían abandonar el edificio para almorzar. El ANC reivindicó el atentado y no escogió la fecha al azar. Se cumplía el cuarto aniversario de una cruenta acción en Pretoria, cuando otro coche bomba mató a 19 personas e hirió a 239. Sólo en 1987, el ANC realizó 25 atentados con el mismo método. En los años posteriores, se mantuvo la misma dinámica. Nelson Mandela fue uno de los fundadores de Umkhonto we Sizwe y justificó su iniciativa, sin mostrar ninguna clase de pesar o arrepentimiento: “Llegué a la conclusión de que la violencia era inevitable. Era poco realista y autodestructivo predicar la paz y la no violencia cuando el gobierno respondía a nuestras demandas con represión. Adoptar la decisión no fue sencillo, pero el gobierno no nos había dejado otra opción”. En el Manifiesto fundacional de Umkhonto we Sizwe, se lee: “En la vida de las naciones a veces llega el momento en que es necesario elegir entre luchar o someterse. Ese momento ha llegado para Sudáfrica. No tenemos otro remedio que devolver golpe por golpe, con todos los medios a nuestro alcance. Actuamos en defensa de nuestro pueblo, nuestro futuro y nuestra libertad”.

Estas palabras tal vez explican que hace unos días el arzobispo y premio Nobel Desmond Tutu haya pedido la excarcelación de Arnaldo Otegi y haya calificado de “presos políticos” a los activistas de ETA que cumplen condena en las prisiones españoles. Tutu se ha pronunciado en contra de la política de dispersión penitenciaria y ha deplorado que Otegi, “líder el proceso de paz” sufra una reclusión inmerecida. “La decisión de ETA de dejar fuera de uso todas sus armas es valiente –afirma Tutu- y una medida importante para crear confianza. Abre la puerta a una paz duradera”. Duramente criticado por los medios de comunicación españoles, Tutu ha formulado la clave del problema. Al igual que los argelinos, los vascos son una nación y su lucha por la independencia desembocó en la violencia por la inexistencia de vías democráticas y pacíficas para negociar sus derechos nacionales. Una situación que se hizo dramática con el franquismo, cuya política de genocidio cultural incluyó la prohibición del euskara, y que no se resolvió con una democracia encabezada por un Jefe de estado impuesto por la dictadura. Negar al pueblo vasco su condición de pueblo es el recurso del Estado español para descalificar a los independentistas radicales y adjudicarles la condición de terroristas. “No hay un pueblo palestino”, afirmo Golda Meier, ex primera ministra de Israel. “No hay un pueblo vasco”, han repetido una y otra vez los políticos, militares e intelectuales españolistas. Fernando Savater ha exclamado con su zafiedad habitual: “Lo de Euskal Herria es una chorrada”. Gustavo Bueno no se queda atrás en violencia verbal y grosería: “La nación vasca es una invención de la Historia que ha cuajado en la mente de unos fanáticos. […] Me gusta decirle a los vacos que cuanto más antiguo es su idioma más cerca está del lenguaje de los chimpancés”. Partidario de la pena de muerte, Gustavo Bueno ha manifestado con orgullo que España es un imperio y ha abogado por enviar los tanques a Euskal Herria. Esta agresividad está a la misma altura que la de los generales Andrés Casinello, arquitecto y ejecutor del Plan ZEN, y José Antonio Sáenz de Santamaría. Ambos han manifestaron que preferían la guerra a la independencia de Euskal Herria. 

Hace algo más de un año, visité Bilbao. No conocía la ciudad y conseguí llegar a mi destino, preguntando a los transeúntes. Casi siempre mencionaba que era de Madrid para explicar mi desconocimiento del entorno. Nadie me respondió con hostilidad. Por el contrario, todo el mundo se mostró muy amable. Me tomé unas cañas en la Herriko taberna de Santutxu y hablé un poco con uno de los camareros, comentándole que simpatizaba con la izquierda abertzale. “También puedes discrepar”, me respondió con una sonrisa, “pero con respeto”. No sospechaba que la Guardia Civil registraría la Herriko taberna un año más tarde, después de detener a Asier González Soreasu, acusado de “colaborar con ETA”. Los agentes entraron al local con Asier y salieron con varias cajas. Medio centenar de vecinos se solidarizaron con Asier, mientras la Guardia Civil se lo llevaba esposado. Esa es la respuesta de Madrid al proceso de paz impulsado por Otegi. Una estrategia represiva que no concede ninguna tregua ni esconde su sed de venganza. La reciente disolución de Herrira y la de ocho miembros de la Koordinadora Taldea –entre ellos, los abogados Arantza Zulueta y Jon Emparantza- corroboran que el Estado español no busca la paz, sino la humillación del adversario. Nos han dicho que la integración en la UE y en otros organismos internacionales significaba apostar por el progreso, la paz, la solidaridad, la libertad y los derechos humanos. Algunos intelectuales mediáticos abogaban incluso por un Estado Mundial (José Antonio Marina), pero ahora sabemos que los pueblos pierden sus derechos y su identidad cuando se incorporan a grandes estructuras de poder. Estados Unidos promueve la expansión de la OTAN, asegurando que su intención es globalizar la democracia, pero no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional ni permite la libertad de prensa en los países intervenidos militarmente. Sus crímenes de guerra y sus constantes violaciones de los derechos humanos quedan impunes y ni siquiera hay testimonios gráficos, pues la experiencia de Vietnam dejó muy claro que la opinión pública se rebela cuando aparecen niños huyendo de aldeas calcinadas por el napalm. Formar parte de la OTAN nos ha embarcado en guerras militares inmorales e ilegales (Irak, Afganistán, Libia). Pertenecer a la UE y adoptar el euro, nos ha hundido en la pobreza, al igual que al resto de los pueblos del Sur de Europa. Es imprescindible romper con esta nueva forma de expolio y colonización. Los pueblos deben elegir libremente su destino, adoptando el modelo político y social que deseen. Una Euskal Herria independiente y socialista sería un motivo de esperanza. Catalanes y vascos votaron a favor del no en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN celebrado en 1986, pero su condición de regiones y no de pueblos soberanos escarneció la voluntad popular, forzando una integración no deseada. La Europa de los Pueblos es una alternativa que podría reemplazar a la Europa de la Troika. Los Estados-nación están controlados por la banca y la patronal. Su función real es pisotear, explotar y someter a la ciudadanía. En el caso de Euskal Herria, debe cesar la represión y abrirse paso el diálogo, pero la escalada de detenciones y juicios revela el deseo de mantener una estrategia de tensión. “El gobierno de España –ha declarado Arnaldo Otegi desde la cárcel- no tiene interés en la paz, no la desea y añora el escenario en donde la existencia de la violencia armada de ETA le permitía esgrimir el enemigo interior necesario para ocultar su profunda naturaleza antidemocrática, antisocial y autoritaria”. Desgraciadamente, tiene razón. ETA era el enemigo interior. Ahora le toca el turno a los movimientos sociales que piden “pan, trabajo y un techo para todos”. No hay que perder la esperanza. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y yo albergo la convicción de que el pueblo trabajador tendrá la última palabra.