The
Cradle – 13/05/2026
Traducción: Arrezafe
El espectáculo de Tel
Aviv ensalzando la generosa virtud de los donantes de riñón no
puede ocultar los cadáveres palestinos, las advertencias forenses y
los escándalos de trata de personas que aún exigen que se rindan
cuentas.
El 25 de enero, el
presidente israelí Isaac Herzog se dirigió a una multitud para
celebrar lo que Tel Aviv declaró ser un récord
mundial de donaciones de riñón. El evento, promovido tras una
campaña de presión para entrar en el Libro Guinness de los Récords,
tenía como objetivo publicitar la generosidad, la disciplina y la
moral de Israel.
Sin embargo, Guinness
solo aceptó como récord la
reunión en sí, no las donaciones de riñones que Tel Aviv había
convertido en un espectáculo de relaciones públicas.
Los cuerpos detrás de
las cifras
En Gaza, donde Israel ha
estado devolviendo cadáveres palestinos en bolsas, a veces
descompuestos, mutilados o con signos de intervención quirúrgica,
la celebración tuvo un significado muy distinto. Para los
funcionarios de salud palestinos, la cuestión no era cómo Israel
había conseguido tantos donantes, sino si todos esos cuerpos habían
dado su consentimiento.
Quien cuestionó
seriamente la “fachada
propagandística” de Israel fue nada menos que el Dr. Munir
al-Bursh, director general del Ministerio de Salud palestino en Gaza.
Afirmó que las “cifras récord” proporcionadas por Israel
planteaban serias dudas sobre el origen de los riñones y otros
órganos que hoy forman parte de la celebración. Señaló la
flagrante contradicción del Estado ocupante que ha mantenido
cadáveres palestinos durante años en “cementerios de números”
y refrigeradores, mientras se presenta ante el mundo como un modelo
humanitario en la donación de órganos.
El Dr. Munir al-Bursh
citó casos documentados de cuerpos devueltos a sus familias sin
órganos, especialmente riñones, sin informes médicos, expedientes
de autopsia ni ningún mecanismo legal para reclamar
responsabilidades, y exigió una investigación internacional
independiente para determinar si el supuesto logro de Israel se había
basado en el robo de órganos palestinos. Poco más de una semana
después, Israel devolvió los restos dispersos de unos
54 palestinos al hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza. Los
equipos forenses se pusieron rápidamente a trabajar para intentar
identificar los cuerpos y dar consuelo a sus familias, constatando
que muchos de los cadáveres presentaban claros signos de tortura y
de extracción quirúrgica de órganos.
Esta no fue la primera
advertencia de este tipo desde la Operación Inundación de Al-Aqsa.
Diez días después del inicio del genocidio israelí en Gaza, ya
habían surgido denuncias de robo de órganos. A finales de noviembre
de 2023, Euro-Med Human Rights Monitor solicitó una
investigación sobre el robo de órganos palestinos, después de que
«profesionales médicos encontraron pruebas de robo de órganos,
incluyendo cócleas y córneas, así como otros órganos vitales,
como hígados, riñones y corazones».
Israel y sus defensores
intentaron frenar la difusión de estas acusaciones invocando «libelo
de sangre» y antisemitismo. Dado que las pruebas provenían de
palestinos, los llamamientos a la investigación internacional han
caído en gran medida en saco roto.
Un escándalo que
Israel nunca enterró
Esto es precisamente lo
que ocurrió a principios de la década de 1990, cuando profesionales
médicos palestinos y familiares de los fallecidos acusaron a Israel
de tráfico ilícito de órganos durante la Primera Intifada. De
hecho, en 1992, el entonces ministro de Salud israelí, Ehud Olmert,
llegó incluso a organizar una campaña
pública de donación de órganos. Al igual que hoy, difundiendo
una imagen de humanitarismo.
En 1999, la antropóloga
estadounidense Nancy Scheper-Hughes comenzó a sacar a la luz un
problema que había sido ignorado durante mucho tiempo. Como
cofundadora de Organs Watch, una organización creada para
monitorear el tráfico de órganos y su costo humano, posteriormente
llevó el tema ante un subcomité del Congreso de los Estados Unidos
en 2001.
El gran avance se produjo
con la publicación de su entrevista con Yehuda Hiss, el jefe de
patología del Instituto Forense de Abu Kabir, el único centro
israelí autorizado para realizar autopsias en casos de muerte no
natural.
Hiss admitió
que en Abu Kabir se habían extraído órganos de cuerpos palestinos
sin consentimiento.
La versión oficial del
Estado israelí, construida a partir de una investigación interna,
sostenía que el robo de órganos no iba dirigido específicamente
contra los palestinos, sino que los soldados israelíes también
fueron víctimas. Sin embargo, el Canal 2 de Israel emitió un
documental sobre el tema, entrevistando a patólogos del hospital Abu
Kabir, uno de los cuales declaró explícitamente: «Nunca
extrajimos piel de los cuerpos de soldados israelíes, sino de los de
otras personas».
En 2009, Scheper-Hughes
afirmó que gran parte del tráfico ilícito de riñones en el mundo
se remonta a Israel. «Israel
es el principal», declaró, asegurando que «posee
ramificaciones que se extienden por todo el mundo». Informó que
ciudadanos israelíes, a menudo compensados por el Ministerio de
Salud en proyectos respaldados por el Ministerio de Defensa, eran
responsables del turismo masivo de trasplantes.
Los israelíes se
aprovecharon de poblaciones vulnerables, desde Brasil hasta
Filipinas. Un reportaje
de la BBC de 2001 incluso describió una situación en la que
«cientos de israelíes han creado una cadena industrial que
comienza en las aldeas de Moldavia, donde hoy en día hay hombres que
viven con un solo riñón».
En un artículo que
resultó controvertido en aquella época (2009), el periódico sueco
Aftonbladet expuso que el ejército israelí había atacado
y asesinado a palestinos y para extraerles los órganos.
Aunque Israel y sus
partidarios pretenden minimizar todo este escándalo alegando que se
trató de una serie de casos aislados, Hiss y sus colegas patólogos
en Abu Kabir, quienes admitieron públicamente el robo de órganos,
ni siquiera fueron sancionados por su conducta. Hiss no sólo no fue
condenado a una larga pena de prisión, sino que, de hecho, se le
permitió seguir trabajando en Abu Kabir.
En otras palabras, nunca
hubo rendición de cuentas, simplemente una investigación interna
israelí, seguida de promesas del ejército y el gobierno israelíes
de que ya no extraerían órganos de palestinos.
Las cifras que
respaldan el récord de Tel Aviv
La organización israelí
que protagoniza y reclama el actual récord mundial es Matnat Chaim,
fundada en febrero de 2009, poco después de que Tel Aviv aprobara la
ley que prohíbe el tráfico de órganos. Jerusalén, donde tiene su
sede la organización, se ha convertido así en la ciudad
líder de Israel en donaciones altruistas de riñón. Tel Aviv
afirma que Matnat Chaim superó los 2.000 trasplantes, consiguiendo
el récord celebrado en enero.
Los datos disponibles
plantean interrogantes obvios
Entre 2009 y 2021, Matnat
Chaim dclaró haber realizado 1000
trasplantes. En 2022, según las propias cifras de la
organización sin fines de lucro, facilitó 202 trasplantes, una
cifra inferior a los 215 del año anterior. Esto significa que el
total públicamente disponible antes de las acusaciones de noviembre
de 2023 era de 1277.
Para alcanzar los 2000, la organización habría tenido que añadir
723 trasplantes en poco más de tres años.
Según el Centro Nacional
de Trasplantes de Israel, el número total de trasplantes de donantes
vivos en 2023,
2024 y 2025 ascendió a 923. En 2022, el último año del que se
dispone de datos públicos sobre las contribuciones específicas de
Matnat Chaim, la organización representó el 63 % de los trasplantes
de donantes vivos. Si dicha tasa se sostiene, su cuota durante esos
tres años sería de alrededor de 581 trasplantes, muy por debajo de
los 2000.
Esto, por sí solo, no
incrimina a Matnat Chaim. Pero sí explica por qué Bursh la
cuestionó en principio, especialmente a la luz del largo historial
de robo de órganos por parte de Israel y de los testimonios surgidos
de los hospitales de Gaza.
Otro dato interesante,
que refuerza el escepticismo en torno a las altísimas cifras de las
que presume Israel, es que solo
un 14% de su población ha firmado la tarjeta de donante Adi
(Ehud) Ben Dror, lo cual sitúa a Israel entre los países
desarrollados con menor
porcentaje de donantes. En la mayoría de los países occidentales,
el promedio es del 30% de la población inscrita como donadora de sus
órganos.
La donación de órganos
ha sido durante mucho tiempo un tema polémico entre los israelíes.
Por ejemplo, el Gran Rabino de la Palestina ocupada por los
británicos declaró
en 1931 que la idea de que dicha práctica profana a los muertos es
«exclusiva de los judíos… los gentiles no tienen por qué ser
especialmente cuidadosos en evitarla si existe un propósito natural
para hacerlo, como por ejemplo razones médicas».
En 1996, el influyente
rabino Yitzhak Ginsburgh, de la secta Chabad Lubavitch, afirmó
que si una persona judía necesita un hígado, «¿se puede tomar
el hígado de un inocente no judío que pase por allí para salvarlo?
Probablemente la Torá lo permitiría. La vida judía tiene un valor
infinito. Hay algo infinitamente más sagrado y único en la vida
judía que en la vida no judía».
La postura pública
actual de las máximas autoridades religiosas de Israel es que la
donación de órganos está permitida para los judíos, pero este
consenso es relativamente reciente. Sólo en la última década se ha
observado un aumento significativo en el número de donantes judíos.
Para muchos judíos practicantes, el tema sigue siendo controvertido.
Tal contexto social,
sumado a la población relativamente pequeña de Israel, hace aún
más sospechoso que el Banco Nacional de Órganos de Israel (INSB,
por sus siglas en inglés), por ejemplo, haya sido considerado
uno de los más grandes del mundo, si no el más grande. El INSB
opera conjuntamente bajo la supervisión del Ministerio de Salud
israelí y las fuerzas armadas.
La profanación como
política
Israel ha utilizado
durante mucho tiempo los cuerpos de los palestinos como instrumentos
de control. En 2017, Tel Aviv admitió
haber perdido el rastro de los cuerpos de presos políticos
palestinos muertos en prisión. La explicación apuntaba a la
práctica israelí de enterrar a los palestinos en tumbas anónimas,
en lo que se conoce como el «cementerio
de los números», un método cruel diseñado para impedir que
las familias conozcan el paradero de sus seres queridos. Los
palestinos también han expresado su temor de que a algunos de los
cuerpos desaparecidos les hayan extraído los órganos.
Más allá de Palestina,
los israelíes han sido vinculados repetidamente a casos de tráfico
de órganos en todo el mundo.
La única persona
condenada en Estados Unidos por tráfico de órganos fue un israelí
llamado Levy Izhak Rosenbaum. La jueza federal Anne Thompson, de
Nueva Jersey, lo describió como un traficante del mercado negro que
se “lucraba
con la miseria humana”. Cumplió solamente dos años y medio de
prisión y evitó la deportación.
En 2010, cinco ciudadanos
israelíes, entre ellos un general retirado del ejército, fueron
acusados de dirigir una red de tráfico de órganos. Su abusiva
planificación fue descrita como una «forma
de esclavitud moderna», que explotaba a personas vulnerables en
países en desarrollo para obtener sus órganos. El caso puso de
manifiesto una incómoda contradicción para el sistema judicial
israelí: la conducta que ahora procesaba había sido, tan solo dos
años antes, tolerada de facto por las estructuras estatales.
En 2015, las autoridades
turcas arrestaron
a un presunto traficante de órganos israelí, en el marco de una
investigación sobre una red que explotaba a refugiados sirios.
Recientemente, en 2024, la policía turca detuvo a cuatro
ciudadanos israelíes en una operación contra otra red que
también explotaba a refugiados sirios y otras poblaciones
vulnerables en Turquía.
En 2018, la policía de
Chipre arrestó al ciudadano israelí Moshe Harel, acusándolo
de dirigir una red internacional de tráfico de órganos, en un
escándalo que se remonta a 2008, cuando un hombre turco se desplomó
en el aeropuerto de Pristina, visiblemente dolorido tras la
extirpación de un riñón. Harel ya había sido arrestado por las
autoridades israelíes en 2012, pero fue puesto en libertad.
Los casos mencionados son
ahora considerados ilegales por el gobierno israelí. Sin embargo,
hubo un tiempo en que los israelíes que viajaban al extranjero para
obtener órganos no solo eran tolerados, sino que incluso se les
incentivaba. Esta historia ayuda a explicar por qué los ciudadanos
israelíes siguen apareciendo en escándalos de tráfico de órganos
en distintos continentes. El propio Ministerio de Salud israelí
contribuyó a fomentar una cultura en la que los cuerpos de los
pobres, los desplazados y los ocupados podían convertirse en
inventario material médico.
¿Por qué no se
realizó ninguna investigación?
A pesar de estos
documentados hechos, las instituciones occidentales siguen apoyando
al ejército israelí. En octubre del año pasado, se reveló que la
Universidad del Sur de California (USC) vendió
32 cadáveres humanos al ejército estadounidense, cadáveres que
fueron utilizados para entrenamiento quirúrgico por el ejército
israelí. El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR)
condenó la revelación como «perturbadora». Los cuerpos de
estadounidenses fallecidos habían sido vendidos a una red que
abastecía a un ejército que perpetraba un genocidio en Gaza.
Un mes después,
surgieron nuevas denuncias de robo de órganos por parte de
profesionales médicos en la Franja de Gaza. Esto ocurrió en el
transcurso de la entrega de un lote de cadáveres al Hospital Nasser
en Khan Yunis, donde un médico señaló
que: «Los cuerpos llegaron rellenos de algodón, con huecos que
sugieren que les habían extraído los órganos. Lo que vimos es
indescriptible».
Ante la gran cantidad de
pruebas y acusaciones que indican que Israel ha estado implicado en
la extracción sistemática de órganos durante su genocidio, cabe
preguntarse por qué aún no se ha abierto ninguna investigación
internacional independiente.
Al igual que a principios
de la década de 1990, las pruebas palestinas vuelven a quedar
sepultadas bajo la protección política occidental, el temor a las
represalias del lobby israelí y la generalizada presunción de que
las instituciones israelíes pueden investigarse a sí mismas.
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