Segunda Cita – 03/08/2026
La suspensión de Schengen por parte de Italia y el discurso de la extrema derecha se suman a las sospechas de una guerra híbrida con la vista puesta en el castigo a España.
Lo sucedido en Ceuta, uno de los territorios españoles en el África continental, ha desatado un doble debate. En el plano interno, la derecha y la extrema derecha han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "dejadez frente a la invasión". El presidente, por su parte, calificó los hechos como una "violación de la integridad territorial de España", sentenciando: "Ceuta es una ciudad española y lo ocurrido ayer merece toda nuestra condena y nuestro rechazo". Sin embargo, el debate más sugerente desde la perspectiva geopolítica, y eje central de este artículo, es el posible papel de Israel en los supuestos esfuerzos por castigar a Madrid por su apoyo a Palestina.
La crisis se desencadenó el pasado jueves 30 de julio, cuando cerca de 50.000 personas procedentes de Marruecos lograron franquear la frontera de Ceuta. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de al menos 72 personas ahogadas en el intento. No obstante, este viernes fuentes del Ministerio del Interior apuntaban que más de 48.000 de estos migrantes ya habían regresado a territorio marroquí.
Las especulaciones sobre un presunto respaldo israelí a lo que diversos medios ya definen como una "guerra híbrida" contra España cobraron fuerza tras la viralización en redes sociales de artículos publicados a principios de año por analistas próximos a Israel. Estos sostenían que Washington y Tel Aviv deberían respaldar las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla como mecanismo de presión sobre Madrid.
En marzo, Michael Rubin, investigador principal del American Enterprise Institute, instó a Rabat a organizar una nueva "Marcha Verde" hacia los enclaves españoles. En un texto publicado por el Middle East Forum, Rubin propuso que ciudadanos marroquíes se dirigieran a Ceuta y Melilla con excavadoras, cruzaran la frontera desarmados e izaran la bandera de Marruecos. Presentó esta iniciativa como una respuesta a lo que él mismo describió como la «hipocresía anticolonial» de España.
No es la primera vez que Marruecos instrumentaliza a su propia población. Ya lo hizo en abril de 2021, cuando utilizó a unos 12.000 migrantes, incluidos miles de menores, como ariete en la frontera de Ceuta. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Principalmente, la posición de España y su proyección internacional: desde su rechazo a participar en una eventual guerra contra Irán hasta su crítica feroz al genocidio en Gaza.
En esta línea, el politólogo portugués Bruno Maçaes recordaba recientemente un artículo de abril en el que analistas proisraelíes instaban a Tel Aviv a ayudar a Marruecos a tomar el control de Ceuta para escarmentar a España. Conviene recordar que Madrid reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024 y, posteriormente, decretó un embargo de armas, prohibió el atraque en puertos españoles a buques con combustible para el ejército israelí y vetó el tránsito de aeronaves con armamento destinado a Israel a través de su espacio aéreo. Tel Aviv denunció estas medidas como antisemitas, lo que motivó la llamada a consultas de la embajadora española.
Otro texto publicado en abril por el medio israelí Ynet sugería que Israel podría utilizar su influencia en Washington para facilitar a Marruecos la "recuperación" de Ceuta y Melilla. Su autor, Amine Ayoub, también miembro del Middle East Forum, planteó el respaldo a las reivindicaciones territoriales de Rabat como un castigo a España por cuestionar las políticas estadounidenses e israelíes. Ayoub esbozó tres vías de presión: señales diplomáticas directas de apoyo a Marruecos, cabildeo en Washington y campañas acusando a España de hipocresía por reconocer Palestina. Su conclusión era clara: ayudar a Rabat a "recuperar" los enclaves serviría para "escarmentar" a un aliado de la OTAN que había osado desafiar a Washington y Tel Aviv.
El propio Maçaes sentenciaba en la red social X que todos los indicios apuntaban a un "ataque híbrido más que a una mera cuestión migratoria".
Las relaciones entre Marruecos, Israel y Estados Unidos añaden otra capa de complejidad al análisis. En 2020, Rabat firmó los Acuerdos de Abraham con Israel, impulsados por la Casa Blanca, a cambio de que Washington reconociera su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Aquel pacto incluyó el respaldo explícito al plan de autonomía marroquí, abandonando décadas de ambigüedad diplomática en favor de una posición nítida. Israel completó este triángulo estratégico en julio de 2023, cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu reconoció formalmente la "marroquinidad" del Sáhara.
Como muestra de esta nueva política, Marruecos bautizó recientemente una autopista de 1.055 kilómetros que conecta Tiznit con Dajla como "Autopista Presidente Donald J. Trump". Esta infraestructura busca erigirse en un instrumento deliberado de poder estatal y una expresión física de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, territorio clasificado por la ONU como no autónomo y pendiente de descolonización. Mientras Rabat reclama la soberanía total, el Frente Polisario, que representa al pueblo saharaui, defiende su independencia y mantiene en el exilio la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), pese a su escaso reconocimiento internacional.
A la luz de estos antecedentes, resulta evidente que lo acaecido en Ceuta trasciende la mera inmigración, aunque esta se utilice como herramienta decisiva para condicionar la política doméstica española y, por extensión, la europea. De hecho, la crisis ha servido para visibilizar no solo las fracturas de la UE, sino una auténtica ofensiva política contra España orquestada por varios de sus socios. Todo comenzó con la inesperada y, para muchos analistas, desproporcionada reacción del Gobierno italiano de Giorgia Meloni, exigiendo "el endurecimiento de la política migratoria de España". Roma anunció este viernes la suspensión de los acuerdos Schengen con Madrid, activando los controles fronterizos para los ciudadanos extracomunitarios que viajen en avión o barco entre ambos países. A la postura italiana se sumaron rápidamente Polonia, Finlandia, Austria, la República Checa y Dinamarca.
La pregunta es, por tanto, obvia: ¿a quién beneficia esta crisis? En primer lugar, a Marruecos, que siempre ha defendido la "marroquinidad de Ceuta y Melilla". En segundo, a Israel, que observa con satisfacción al Gobierno de Pedro Sánchez en un momento de profunda vulnerabilidad, de cara a influir en las próximas elecciones generales de 2027. Valga como ejemplo la actitud del embajador israelí en la ONU, Danny Danon, quien publicó en X: "España, que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta tras la crisis por su política de inmigración". Poco importaba que Madrid no hubiera declarado tal estado de emergencia; el objetivo de Danon era mediatizar el caos y colocar al Ejecutivo español en el banquillo de la opinión internacional.
En la misma línea se ha manifestado la administración Trump, otro de los grandes beneficiados. La cuenta oficial del Departamento de Estado publicó un mensaje mostrando su "solidaridad con el pueblo de España y con todos los europeos frente a esta flagrante violación de su soberanía y de sus derechos humanos", para acto seguido añadir: "Este incidente inaceptable es consecuencia directa de los esfuerzos deliberados del Gobierno español por permitir y facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa".
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, recalcó por su parte que la situación en España es "un lamentable recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical".
Por último, a nivel doméstico, el gran beneficiario es Vox. La formación de extrema derecha, alineada con Trump e Israel, encuentra en la inmigración, especialmente la musulmana, el eje central de su discurso. Un relato que no solo busca criminalizar al otro, sino difundir la teoría del reemplazo poblacional y la pérdida de la homogeneidad nacional; es decir, la defensa de una supuesta "blanquitud" entendida no en términos fenotípicos, sino culturales.
Todo parece indicar que este episodio de guerra híbrida contra España ha funcionado como un severo recordatorio de que las acciones políticas no son gratis, y de que alejarse de Estados Unidos e Israel tiene un precio.
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