Resumen
Latinoamericano – 27/01/2026
En las redacciones de
Roma, Madrid y Bruselas se ha consolidado una narrativa tóxica que
apunta a presentar la Revolución Bolivariana como un proyecto en
liquidación. Aprovechando la complejidad de la nueva reforma de la
Ley de Hidrocarburos y las medidas de emergencia adoptadas por el
gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la prensa
italiana acusa a Venezuela de ceder ante Trump y de haber revocado
las históricas nacionalizaciones de Hugo Chávez. Se trata de un
vuelco de la realidad que esconde una verdad mucho más incómoda:
mientras Venezuela lucha por su independencia en condiciones de
guerra, Europa ya ha firmado su propia rendición energética.
Los diarios italianos,
incluso aquellos que se definen como independientes, utilizan un
sofisma peligroso: sostienen que si Venezuela permite que una empresa
extranjera opere, entonces la nacionalización ha terminado. Esta
tesis ignora deliberadamente la diferencia entre propiedad y gestión
operativa. ¿Por qué mienten? Porque deben convencer al público
europeo de que el socialismo ha fracasado y que la única forma de
extraer petróleo es el mercado neoliberal. La realidad es que la
propiedad de los yacimientos (Art. 302 de la Constitución) sigue
siendo inalienable de la República. El gobierno bolivariano ha
puesto en marcha una suerte de Soberanía Adaptativa: impone a los
socios extranjeros hacerse cargo de la inversión y del riesgo
operativo en un contexto de bloqueo criminal, pero cada barril
extraído está sujeto a la fiscalización del Ministerio del
Petróleo. No es el mercado el que dicta las reglas, es el Estado el
que usa el capital extranjero para romper el asedio. Quien habla del
fin de las nacionalizaciones oculta el hecho de que toda
infraestructura construida por los privados volverá a la nación al
término del contrato.
La prensa italiana evita
cuidadosamente explicar la situación de CITGO, la filial de PDVSA en
los Estados Unidos, víctima del mayor saqueo de la historia moderna.
La tesis de los periódicos es que Venezuela está perdiendo CITGO
por deudas no pagadas. ¿Por qué mienten? Porque no pueden admitir
que CITGO fue secuestrada ilegalmente y entregada a la farsa del
gobierno en la sombra de Guaidó para ser desmembrada por los
acreedores amigos de Washington. La presidenta encargada Delcy
Rodríguez no está cediendo: está utilizando la reforma petrolera
como palanca de negociación. El mensaje enviado a los Estados Unidos
es claro: si quieren acceder a las reservas venezolanas (que el
Departamento de Energía de EEUU estima en 500.000 millones de
barriles), deben reconocer el daño causado por el saqueo de CITGO.
Venezuela utiliza su fuerza energética para forzar una mesa de
negociación sobre la restitución de miles de millones de dólares
arrebatados al pueblo. Negociar bajo presión no es capitular, es
ejercer la diplomacia de los pueblos contra la piratería.
Los medios italianos
presentan a menudo las “sanciones” como medidas dirigidas contra
individuos corruptos. Es una de las mentiras más descaradas. Desde
2015, Venezuela ha sufrido más de 900 Medidas Coercitivas
Unilaterales que constituyen crímenes de lesa humanidad. El ataque
tecnológico del 3 de enero es la evolución final de esta guerra:
del bloqueo de las cuentas bancarias al terrorismo informático
contra las infraestructuras críticas para paralizar al país.
La Ley Antibloqueo no es
una puerta cerrada al socialismo, como dicen en Roma, sino un escudo
legal indispensable. Permite al Estado operar en el secreto necesario
para burlar a los drones financieros de la OFAC y garantizar
alimentos y medicinas. Presentar estas medidas de supervivencia como
un retorno al capitalismo es un acto de cinismo intelectual que solo
sirve para justificar el asedio ante los ojos de la opinión pública
europea.
Aquí la prensa italiana
alcanza la cumbre de la hipocresía: se preocupa por la soberanía
venezolana mientras calla sobre la total abdicación de la soberanía
italiana. Tras el sabotaje impune del Nord Stream, Italia se ha
convertido en un satélite energético de Texas. Los datos que
nuestros periódicos no publican son devastadores: en 2025, las
importaciones italianas de Gas Natural Licuado (GNL) desde los
Estados Unidos se duplicaron, llegando al 45% de la necesidad total.
El gas estadounidense les cuesta a los italianos entre un 50% y un
100% más respecto al pasado, y en ciertos picos hasta cinco veces el
precio interno de EEUU Italia paga una «vacuna» energética inmensa
sin ninguna autonomía de decisión.
Venezuela, en cambio, a
pesar del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores,
negocia con los BRICS+ e impone condiciones a sus transnacionales.
¿Quién ha perdido realmente la soberanía? ¿El país que defiende
sus pozos bajo las bombas tecnológicas o el que compra gas a precio
de oro a quien le hizo saltar los gasoductos?
Otro argumento preferido
por los periódicos es la crisis de PDVSA, presentada como prueba de
la ineficiencia estatal. No dicen, sin embargo, que PDVSA había sido
infiltrada por una tecnocracia corrupta que servía a intereses
foráneos. Según lo analizado por David Paravisini, muchas deudas
reclamadas por las multinacionales eran acuerdos ilícitos entre
directivos traidores y empresas extranjeras. La deuda de Chevron,
presentada por los medios como una cadena al cuello de Venezuela, ha
sido desenmascarada: de una solicitud de 4.000 millones se pasó a
menos de 800 millones reales.
La reforma de Rodríguez
es un acto de limpieza profunda: recentralizar el mando en el
Ministerio significa quitar el petróleo de las manos de los
burócratas corruptos para devolverlo a la Inversión Social. El
conflicto persiste precisamente porque Venezuela se niega a eliminar
el financiamiento de las Grandes Misiones sociales con los ingresos
del crudo.
La propaganda trabaja por
algoritmos y por estética. Busca vender el modelo de EEUU como la
única modernidad posible, callando sobre la crisis social que devora
las ciudades estadounidenses entre drogas y pobreza extrema.
Venezuela propone una
modernidad multipolar basada en la soberanía de los datos y de los
recursos. Colaborando con Rusia, China e Irán, Caracas certifica sus
reservas fuera del control de Silicon Valley y de las agencias de
calificación occidentales. Este es el verdadero desafío del siglo
XXI.
La Revolución
Bolivariana no ha cedido. Ha aprendido a luchar en un mundo donde el
recurso energético es el arma principal. Decir que el petróleo está
en manos de Trump es un insulto al pueblo venezolano que continúa
custodiando sus refinerías a pesar del dolor por el secuestro de sus
líderes. La soberanía no es un concepto burocrático, es la
capacidad de mantenerse en pie cuando todos alrededor se arrodillan.
Venezuela está de pie. Es Europa la que parece haber olvidado cómo
se está así.
El balance de la gestión
de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el dramático
escenario posterior al 3 de enero de 2026, no puede reducirse a una
simple crónica de emergencia. Lo que surge es una verdadera doctrina
de la resistencia que hemos definido como Soberanía Adaptativa.
Mientras la prensa italiana se afana en buscar signos de rendición
en los tecnicismos de la reforma petrolera, los datos reales relatan
la consolidación de un modelo que no solo ha protegido a la nación
del colapso, sino que ha relanzado su proyección como potencia
energética global.
Contra todo pronóstico
de las agencias de calificación occidentales, Venezuela cerró el
2025 con un crecimiento del PIB petrolero del 16% y una producción
estabilizada en 1,2 millones de barriles por día. El plan Reto
Admirable 2026, presentado por Rodríguez, no es un libro de sueños,
sino un programa fundado en 19 trimestres consecutivos de crecimiento
económico alcanzados bajo el régimen de sanciones más feroz de la
historia moderna. La proyección de un incremento de los ingresos del
37% para el año en curso es la respuesta más firme a quienes, desde
Roma o Washington, apostaban por el default del Estado bolivariano
tras el secuestro del presidente Maduro.
La verdadera victoria
política de esta fase reside en el destino de la riqueza. La reforma
de la Ley de Hidrocarburos, lejos de privatizar, ha blindado el
vínculo entre extracción y justicia social. El modelo de
distribución del presupuesto 2026 habla claro: el 53% de los
recursos se destina directamente a las Comunas, el 29% a las
Gobernaciones y el 15% a las Alcaldías. Mientras que en los países
que han abrazado el neoliberalismo —como la Italia del GNL
estadounidense— la renta energética termina en los dividendos de
las transnacionales, en Venezuela cada barril producido se transforma
por ley en salario, salud y alimentación para el pueblo. Es esta la
amenaza inusual y extraordinaria que el imperio no puede perdonar.
Con la firma de los
primeros contratos de exportación, el gobierno de Delcy Rodríguez
ha demostrado que el país no es un actor pasivo en el tablero
energético, sino un eje de la integración regional y mundial. La
firmeza al reivindicar el derecho a relaciones diversas —con los
BRICS+, con China, con Rusia e incluso una agenda energética
soberana con los Estados Unidos— marca el fracaso de la estrategia
del aislamiento. Venezuela no tiene miedo al mercado mundial porque
sabe que posee la llave para sus equilibrios futuros.
En definitiva, la
experiencia venezolana de 2026 ofrece una lección brutal a las
democracias liberales europeas. Mientras Venezuela defiende su propia
soberanía de datos y recursos bajo las bombas de la guerra
cognitiva, Europa se descubre frágil, dependiente y
desindustrializada por haber cedido su autonomía a Washington.
La resistencia
bolivariana demuestra que la soberanía no es un vestigio del pasado,
sino la única condición posible para la paz y el desarrollo en el
siglo XXI. A pesar del dolor por el secuestro de sus líderes, la
Venezuela de hoy no es un país que cede, sino un país que está
reorganizando el Estado para una batalla de larga duración. La
Revolución no ha terminado; ha entrado en una fase de madurez
estratégica donde la flexibilidad táctica sirve para proteger la
inquebrantable firmeza de los principios.
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