En la década de los 80,
tras su ascenso al poder en EEUU y Gran Bretaña, Ronald Reagan y
Margaret Thatcher lanzan una ofensiva ideológica contra el papel del
Estado en la economía y por la liberación absoluta de los mercados,
para dejar que la «mano invisible» del capital regulara la economía
y el comercio mundiales. A esta ofensiva se la denominó
«neoliberalismo», pues significaba sacar al liberalismo salvaje del
hondo foso en el que la suma –accidental– de keynesianismo,
socialismo y comunismo lo habían enterrado. La ideología fue
resumida en una frase, contenida en su discurso de toma de posesión,
en enero de 1981. Reagan afirmó: «Antes se sostenía que el Estado
era la solución; hoy sabemos que el Estado es el problema». La
frase adquirirá carácter de consigna y será repetida con fervor de
iluminados por los devotos creyentes y seguidores del resucitado
liberalismo decimonónico.
De la mano de la
ideología neoliberal se lanza una ofensiva furibunda contra el
Estado, con las empresas estatales como centro del festín,
inspirados por la tristemente célebre Escuela de Chicago. En
Latinoamérica, presa otra vez del síndrome de dependencia que
arrastra desde su independencia, los gobiernos enarbolan la consigna
y proceden, con celo casi fanático, a desmantelar todo lo
desmantelable de los Estados y a vender lo que de vendible había en
cada uno de ellos. A las licitaciones de empresas, recursos y
servicios nacionales acuden en masa transnacionales y grandes
consorcios extranjeros, en un proceso solo comparable, en magnitud y
resultados, a lo acontecido en la región entre 1815 y 1830, cuando
su conversión en neocolonias de Inglaterra provocó la quiebra de la
industria artesanal y el control casi total por capitalistas
británicos de las riquezas de los países. Las economías y las
sociedades sufren una profunda conmoción, pues las privatizaciones
provocan el colapso de los Estados y un empobrecimiento masivo,
siendo Argentina (país al que los economistas europeos de finales
del siglo XIX señalaban como uno de los Estados con más futuro del
mundo) el que sufre la mayor hecatombe, sumiéndose en el hambre, el
desempleo y la bancarrota.
El capital foráneo
apunta a las empresas públicas de servicios básicos que tienen
carácter estratégico y que comparten denominadores comunes. Por una
parte, son sectores imprescindibles para la población de los países,
que debe usar de ellos de manera inevitable, pagando el precio que se
les exija. Por otra, vinculado a lo anterior, se trata de sectores
que poseen mercados cautivos, es decir, la población está obligada
a aceptar las condiciones de las empresas, pues no tienen otra
alternativa a mano. Estos denominadores comunes garantizan a las
empresas extranjeras tanto la rápida recuperación de la inversión
como una vertiginosa acumulación de beneficios. Se trata de los
sectores de telecomunicaciones, energía, banca, aguas y yacimientos
energéticos y minerales de gran demanda internacional. Las
privatizaciones no conllevaron inversión en sectores productivos –que generaran procesos reales de desarrollo e industrialización– ni en áreas de futuro –que permitieran iniciar espirales de
investigación científicotécnica–. La ola neoliberal lo que
provoca, en la práctica totalidad de casos, es una oleada gigantesca
de rapiña sobre las empresas estatales, que hacen inmensamente ricos
a grupos minoritarios y dejan en la miseria a la mayor parte de la
población. En Latinoamérica, a la década de los 80 del pasado
siglo se la conoce como la «década perdida». Más bien sería la
década del mayor saqueo de su historia.
Las privatizaciones se
justificaban con el dogma de la incompetencia del Estado en materia
económica y su menor eficiencia frente a la empresa privada. Se
sucedieron, desde la codicia y la ceguera de las elites dominantes,
casos tan absurdos como el de Aerolíneas Argentinas, empresa estatal
solvente, que fue privatizada y vendida a Iberia, entonces una
empresa estatal en quiebra técnica, luego también privatizada, pero
de forma tal que solo pudiera ser adquirida por empresarios
españoles. En otras palabras, el gobierno español inyectó dinero a
la estatal Iberia para que pudiera adquirir la estatal Aerolíneas
Argentinas, pero, cuando decidió la privatización de Iberia,
organizó el proceso privatizador de tal manera que la empresa aérea
solo la pudieran adquirir capitalistas españoles (que luego la
entregaron a British Airways, otra estacada).
Europa Occidental vivió
también su fiebre privatizadora, aunque solo en el uso del término
existe alguna relación con los procesos de este tipo que sufrió
América Latina. En Europa, a partir del triunfo de la Revolución
francesa y el surgimiento del Estado moderno, el Estado pasó a
desempeñar un papel central en los procesos de desarrollo e
industrialización de los países. Después de la Segunda Guerra
Mundial, los Estados tomaron una vez más a su cargo la
reconstrucción de las economías devastadas por la guerra y crearon
grandes consorcios empresariales en prácticamente todos los sectores
estratégicos, desde transporte hasta telecomunicaciones. La lista de
estas empresas y consorcios estatales es extensa y en ella aparecen
marcas señeras: Deutsche Telecom, France Telecom, Telefónica,
Repsol, Renault, Gas Natural, Gaz de France, Air France, Alitalia,
Iberia… También grandes bancos, como Banque National de Paris,
Banca Nazionale del Lavoro o las decenas de Cajas de Ahorro en
España, utilizadas para financiar el desarrollo de las distintas
regiones del país. Los transportes están (y siguen estando), en su
vasta mayoría, en manos de empresas estatales. RENFE en España,
SNCF en Francia o British Railways en Gran Bretaña son algunos de
estos enormes consorcios bajo control estatal, directo o indirecto.
Cuando los gobiernos
deciden privatizar buena parte (no toda) de las empresas estatales,
lo hacen creando un marco legal que garantice que dichos consorcios
queden en manos nacionales y bajo control nacional. Desde los
gobiernos, incluso, se designa a los presidentes de las empresas
privatizadas, de forma que siga el Estado teniendo un peso decisivo
en los consorcios convertidos en empresas privadas, una parte
sustantiva de las cuales se han convertido en transnacionales. En
España y otros muchos países europeos (Reino Unido, Holanda,
Dinamarca, Francia, Portugal, Bélgica…), hacen más y, a partir de
1993, inventan la llamada «acción de oro», en virtud de la cual el
Estado, que conserva entre el 5 y el 10% de las acciones de las
empresas privatizadas, se reserva un peso determinante, con derecho
de veto, en las decisiones de dichas empresas. Así, en Bélgica se
emiten dos reales decretos en 1994, según los cuales el Ministerio
de Energía belga podía vetar cualquier venta, transferencia de
instalaciones o decisiones de gestión sobre las empresas Société
Nationale de Transport par Canalisations y Distrigaz, para evitar que
esas operaciones «puedan poner en peligro el abastecimiento de gas
natural en el país». Eran solo pretextos para conservar el control
de empresas de carácter estratégico en su economía, que es igual a
decir mantener el control sobre su economía. Porque si las áreas
estratégicas de una economía nacional están en manos de
corporaciones transnacionales, pendientes solo de sus márgenes de
beneficio, ¿cómo puede un Estado o un gobierno atender los
intereses nacionales, garantizar los derechos de su población o
elaborar planes nacionales que potencien el desarrollo nacional?
Para garantizar la tutela
mayoritaria de las acciones, en Europa se pasó a promover lo que
calificaron de «capitalismo popular», sacando a la venta paquetes
de acciones para ser compradas por ciudadanos de a pie. Las
privatizaciones, por tanto, se realizaban desde el criterio de que
los consorcios estatales quedaran, por una parte, en manos nacionales
y, por otra, reservando al Estado un peso decisivo en ellos. Se
privatizaba, pero todo quedaba en casa y bajo supervisión de los
órganos estatales. De esa forma, las empresas privatizadas seguirían
respondiendo a los intereses nacionales, como en buena lógica debía
ser, habida cuenta el papel relevante que empresas de tal magnitud
tienen en cada país (cuando existen gobiernos serios y preocupados
por el bienestar del país).
¿Ha cambiado esta forma
de entender la economía? En absoluto. Una parte importante de países –que coinciden con los que tienen economías más sólidas, como
Francia y Alemania– no han renunciado, ni mucho menos, al papel
tutelar y regulador del Estado. Los diarios en Europa están llenos
de noticias sobre vetos gubernamentales a la adquisición o venta de
empresas nacionales por empresas extranjeras, así como sobre la
formación de alianzas estratégicas de empresas promovidas por los
gobiernos. Cuando Severstal, la mayor empresa rusa del acero, intentó
en 2006 fusionarse con el gigante europeo Arcelor (resultado, a su
vez, de la fusión de las empresas Aceralia de España, Arbed de
Francia y Usinor de Luxemburgo), los gobiernos de estos tres países
maniobraron para frustrar la fusión, pues consideraron preferible
dejar Arcelor en manos de su rival india Myttal que no asociada a la
rusa Severstal, siguiendo consideraciones políticas, pues muchos en
la UE –anclados aún en criterios de la Guerra Fría– siguen
viendo en Rusia un adversario potencial, del que debían preservar
una empresa estratégica. La decisión provocó una enérgica –e
inútil– protesta de la Duma (parlamento), por considerarla una
medida antirrusa. Un caso similar se dio en 2005, cuando la empresa
petrolera estatal china CNOCC intentó comprar la estadounidense
Unocal. En EEUU se consideró inadmisible la compraventa. En julio de
2005, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda, por 333
votos a 92, prohibiendo la venta de Unocal a la empresa china. La
compra, expresaba la enmienda, «amenaza con dañar la seguridad de
Estados Unidos» (después, estos países presionan a otros más
pobres para que vendan sus empresas al capital extranjero con el
cuento de la libre competencia y el más libre mercado).
España vivió, entre
2006 y 2007, una telenovela empresarial a raíz del intento de la
transnacional eléctrica alemana E.ON de adquirir la empresa
eléctrica española Endesa. La decisión de mantener Endesa en manos
españolas desató una guerra empresarial y política, que enfrentó
a los gobiernos de ambos países (socios en la UE) y que concluyó
con la renuncia de E.ON a adquirir Endesa, a causa del veto soterrado
pero firme del gobierno español. No era, la conducta española,
aislada o inédita en Europa, un continente donde la prosperidad ha
estado controlada y promovida desde la mano férrea del Estado. Así
resumía la situación el diario español El País, en un artículo
titulado «Europa blinda sus empresas nacionales», el 5 de marzo de
2006:
En Francia lo llaman
«patriotismo económico»: si una empresa extranjera intenta hacerse
con una compañía de «bandera» o tomar posiciones en un mercado
estratégico, adoptan las medidas económicas y legales necesarias
para frenarla. La OPA [oferta pública de adquisición] de la alemana
E.ON sobre Endesa y el frenazo francés a la italiana Enel han vuelto
a poner de manifiesto la disposición de los gobiernos de Europa
continental a controlar la entrada de capital extranjero en empresas
nacionales. Alemania e Italia, ahora perjudicadas por las reacciones
de España y Francia, también han tomado sus propias medidas
proteccionistas, y lo mismo ha hecho EEUU.
Las políticas hacia las
empresas públicas suelen contener un poderoso componente
ideológicoreligioso. Se privatiza no porque realmente las empresas
privadas sean mejores que las públicas, sino porque se «cree» que
es más productivo lo privado que lo público, aunque sea esto más
un acto de fe que una realidad. Las privatizaciones, por otra parte,
han sido una vía rápida de hacer más ricos a los ricos y más
pobres a los pobres, profundizando las desigualdades sociales. Un
proceso, por demás, natural dentro del funcionamiento del
capitalismo. Cuando se privatizaban en España las empresas públicas,
estas iban a parar masivamente a manos de la plutocracia, pues los
plutócratas eran los únicos que disponían de fondos suficientes
para adquirir la mayor parte de las acciones de las empresas
privatizadas. A partir de las privatizaciones, la brecha entre pobres
y ricos aumentará de manera exponencial, siendo un factor decisivo
en el proceso de «oligarquización» de España.
Por lo demás, dentro de
la Unión Europea, países como Francia, Alemania y Austria no han
dudado en subordinar la política de privatizaciones a los intereses
de cada Estado. La norma ha sido aplicar un cínico doble rasero, de
forma que, mientras presionaban a países como España para que
privatizara empresas a favor de sus propios consorcios, aprobaban
leyes que impedían la entrada de capital extranjero en sus grandes
empresas. O promueven que las empresas públicas europeas –como en
su momento Iberia con Aerolíneas Argentinas– se hagan con empresas
públicas privatizadas. Así, en Austria, la transnacional de capital
público OMV se hizo dueña de la estatal rumana Petrom.
Respecto al mito de que
las empresas privadas funcionan mejor que las públicas, sería
interminable la lista de grandes empresas privadas que –piénsese
en España– han ido a la quiebra en los últimos diez años.
Destaca, en primer lugar, en 2008 la de Lehman Brothers, cuarto banco
de inversión en EEUU, con una deuda de 691.063 millones y que
precipitó la crisis financiera mundial. WorldCom, segunda empresa de
telecomunicaciones estadounidense, quebró en 2002, dejando 30.000
millones de dólares en deudas. La mítica General Motors se declaró
en quiebra en 2009, siendo rescatada por el Tesoro de EEUU, que
desembolsó 30.100 millones de dólares. En España, el Estado tuvo
que desembolsar más de 60 000 millones de euros para rescatar a la
banca de la crisis financiera que terminará arrastrando a todo el
país.
En la otra orilla, se
pierde la lista de empresas públicas de trayectoria exitosa. Una de
ellas es la del fabricante francés de automotores Renault.
Nacionalizada en 1945, después de ser condenados sus dueños por
colaborar con el nazismo, tuvo una trayectoria impecable. En 1957
logra abrirse campo en el duro mercado de EEUU; un año después está
fabricando casi 550 000 vehículos; en los años 60 abre plantas en
tres continentes; en 1979, su modelo de Fórmula 1 gana el campeonato
mundial; en los años 70 es el primer fabricante europeo de
automotores que alcanza la cifra de dos millones de vehículos… Es
privatizada en julio de 1996, no porque la empresa funcione mal, sino
por lo contrario: porque funcionaba demasiado bien. Similar es el
caso de otra empresa controlada por el Estado francés. Gaz de
FranceSuez fue calificada, en 2009, en sexto lugar entre las «Mejores
compañías del Mundo». Francia, por demás, ha mantenido un
poderoso sector público, directo e indirecto, al que ninguna
directiva de la Unión Europea le ha hecho renunciar, aunque sí
reducir.
Noruega es un caso
ejemplar de funcionamiento de las empresas públicas. Con los
recursos energéticos descubiertos en 1969, organizaron un monopolio
estatal que ha sido la piedra angular sobre la que han construido una
de las sociedades más igualitarias y prósperas del mundo. El Estado
noruego declaró que el petróleo y el gas eran propiedad de los
ciudadanos de Noruega; que el Estado controlaría y gestionaría los
recursos energéticos; que debía crearse una industria nacional
propia; que el desarrollo energético debía ser respetuoso del medio
ambiente y que los fondos del gas y el petróleo debían garantizar
el futuro de los noruegos. Para ello crearon un fondo de pensiones
que, en 2014, sumaba 400.000 millones de dólares, el mayor del
mundo. Los multimillonarios fondos acumulados por el Estado a cuenta
del petróleo y el gas –734.000 millones de euros en enero de 2016,
equivalentes a seis presupuestos anuales– están permitiendo a
Noruega soportar sin traumas la dramática caída de precios que esos
rubros vienen experimentando desde 2015. ¡Ya pueden desfilar por
Noruega los devotos creyentes en el neoliberalismo y predicar a los
noruegos que las empresas públicas son una calamidad para los
Estados!
Las privatizaciones
suelen ser pan para hoy y hambre para mañana. En la primera década
del siglo XXI, Suecia cayó en la fiebre privatizadora. El Estado
obtuvo más de 11.000 millones de dólares por la venta de empresas
públicas. En 2009, la Oficina Central de Deuda Pública sueca
informaba que los 11.000 millones se habían evaporado y que, en
2010, el Estado tendría un déficit de 23.000 millones de coronas.
Privatizar es como vender la casa para pagar las cuotas del televisor
y el automóvil, terminando al final –luego de consumir el dinero
recibido por la casa– perdiendo casa, televisor y automóvil. Los
beneficios de las empresas estatales, que antes ingresaban en las
arcas del Estado por consumo de luz, agua, gas y comunicaciones,
pasan a engrosar los bolsillos de grupos minoritarios, hasta terminar
depositados en paraísos fiscales. Como ingresa menos dinero en las
arcas nacionales, el Estado busca resolver sus problemas de liquidez
recortando servicios sociales y tomando préstamos, muchos de ellos a
bancos privatizados que se quedaron con las empresas privatizadas.
Cada préstamo aumenta la deuda pública, lo que obliga a más
recortes sociales para pagar los préstamos, lo que lleva a pedir más
préstamos, lo que… Y así, colorín colorado, el sueño de las
privatizaciones termina convertido en una pesadilla interminable, con
un foso creciente de desigualdad entre las minorías plutocráticas y
las grandes masas de desheredados.
Capítulo extraído del
libro POLÍTICA
Y GEOPOLÍTICA, de Augusto Zamora Rodríguez.
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