"Jacob Rees-Mogg: tienes razón. No necesitas visitar la frontera... necesitas haber vivido aquí."
Belfast-born actor Stephen Rea explores the real impact of Brexit and the uncertainty of the future of the Irish border in a short film written by Clare Dwyer Hogg.
El trabajo en prisión es una
industria que mueve miles de millones de dólares, y los
beneficiarios de este trabajo esclavo incluyen algunas de las
empresas más grandes y más conocidas. En Estados Unidos, cientos de
corporaciones y empresa explotan el trabajo en prisión.
Hace un año se produjo la mayor
huelga laboral en la historia de las prisiones de los Estados Unidos.
Más de 24,000 reclusos de 29 prisiones, repartidas en doce estados,
protestaron contra la explotación y condiciones inhumanas. Fue
programada para conmemorar el aniversario del levantamiento de la
prisión de Attica hace 46 años sobre las demandas y derechos de los
presos y de mejores condiciones de vida. Los prisioneros de Ática se
amotinaron y tomaron el control de la prisión, tomando como rehenes
a 42 miembros del personal. Cuando terminó el levantamiento, al
menos 43 personas habían muerto, incluidos diez funcionarios de
prisiones y 33 reclusos.
Un año después, otra gran huelga se
extiende por las prisiones de los Estados Unidos y Canadá. La huelga
comenzó el 21 de agosto y durará un total de 19 días.
Naturalmente, ha sido objeto de un apagón mediático por parte de
los principales medios de comunicación de EE. UU. y es difícil
obtener información confiable sobre el progreso de la huelga.
Los grupos de defensa de la reforma
penitenciaria que trabajan con los organizadores de la huelga
informaron que se habían confirmado las protestas en tres estados, y
que surgieron informes no confirmados de Florida, Georgia, Carolina
del Sur y Carolina del Norte, así como del estado de Washington y
hasta Nueva Escocia en Canadá.
Una de las intenciones de los
prisioneros en la disputa actual es llamar la atención del público
sobre la avalancha de muertes bajo custodia, que en algunos estados
ha alcanzado proporciones epidémicas. En Mississippi, 10 reclusos
han muerto en sus celdas solo en las últimas tres semanas, sin una
indicación firme de la causa de sus muertes.
Además de la preocupación por
muertes inexplicables de presos, los huelguistas, liderados por una
red de activistas encarcelados que se autodenominan Jailhouse Lawyers
Speak, han presentado un conjunto de 10 demandas para reformar el
sistema penal de los EE. UU., reivindicando más inversiones en
servicios de rehabilitación y un mejor tratamiento médico para los
presos mentalmente enfermos. En lo alto de la lista, está el fin del
trabajo forzado o mal pagado, que los huelguistas entienden como una
clara forma de esclavitud moderna.
Entre las tácticas principales que se
están desplegando en la huelga están una negativa a trabajar, un
boicot a las compras en los economatos de la prisión, sentadas y
huelgas de hambre.
Llenar las cárceles
En 2016 había 2,29 millones de
personas en las prisiones de los Estados Unidos, lo que equivale a
716 por cada 100.000 de la población. Esta es una de las tasas más
altas de encarcelamiento en el mundo. (En Inglaterra y Gales, el
número equivalente es 144 por 100 000 de la población.) La gran
mayoría de los presos en los Estados Unidos son de clase
trabajadora, y un número desproporcionado de ellos son
afroamericanos e hispanos. En estados como Virginia y Oklahoma, uno
de cada 15 hombres afroamericanos es encarcelado. Esto no es
accidental, ya que estos grupos provienen predominantemente de
algunas de las partes más pobres de los pueblos y ciudades de los
EE. UU. Tampoco es accidental que la burguesía estadounidense haya
estado atacando deliberadamente a estos grupos al dictarles
sentencias draconianas para llenar las cárceles. Esta política se
aceleró en 1994 con la introducción de la "ley de los tres
ataques". Estas leyes requieren que una persona sea culpable de
cometer un delito grave y otras dos condenas anteriores para cumplir
una condena a cadena perpetua obligatoria en prisión. En California,
estas condenas incluso pueden ser menores y un prisionero es
condenado de por vida.
De esta manera, EE. UU. Ha podido
llenar fácilmente sus prisiones con mano de obra barata y
mantenerlos llenos. Por ejemplo, de 1982 a 2000, la población
carcelaria de California aumentó 500%. Para acomodar este
crecimiento poblacional, el estado de California construyó 23 nuevas
prisiones a un costo de $ 280 millones a $ 350 millones cada una.
California no es en absoluto única en mostrar un crecimiento tan
fenomenal en las prisiones y las poblaciones carcelarias. Si bien las
prisiones de California son públicas y están financiadas por el
Departamento de Obras Públicas y son operadas por el Departamento de
Correcciones y Rehabilitación de California; muchos otros estados
alientan la construcción de prisiones privadas. Nuevo México
encarcela a más del 40% de su población carcelaria en instalaciones
privadas. Las prisiones privadas en Estados Unidos encarcelaron a
128,063 personas en 2016, lo que representa el 8.5% del total de la
población carcelaria estatal y federal. Desde 2000, el número de
presos en prisiones privadas ha aumentado en un 47%.
El Congreso de los Estados Unidos,
influenciado por un enorme cabildeo corporativo, promulgó el
Programa de Certificación para la Mejora de la Industria
Penitenciaria en 1979, que permitió a las empresas estadounidenses
utilizar el trabajo penitenciario. Junto con el aumento drástico en
la población carcelaria durante este período, y particularmente
después de 1994, las ganancias para las empresas participantes y los
ingresos para el gobierno y sus contratistas privados se dispararon.
La Oficina Federal de Prisiones ahora tiene un programa llamado
Industrias Penitenciarias Federales (UNICOR) que paga a los presos
menos de un dólar por hora. El programa generó $ 500 millones en
ventas en 2016, y se transfirió muy poco de ese efectivo a los
trabajadores penitenciarios. El programa de trabajo penitenciario de
California produjo unos $ 232 millones en ventas en 2017. El trabajo
penitenciario en los EE. UU. Se conoce como insourcing. Conforme al
Crédito Tributario por Oportunidad de Trabajo (WOTC), los
empleadores reciben un crédito tributario de $ 2,400 por cada
recluso liberado por trabajo que empleen como recompensa por la
contratación de "grupos meta arriesgados".
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El trabajo en prisión es una
industria de miles de millones de dólares, y los beneficiarios
corporativos de este trabajo esclavo incluyen algunas de las
corporaciones más grandes y las más conocidas. Hay literalmente
cientos de corporaciones y empresas que explotan el trabajo en
prisión. Según el Left Business Observer, la industria federal de
prisiones produce el 100% de todos los cascos militares, suministros
de guerra y otros equipos.
Los trabajadores penitenciarios
suministran el 98% de todo el mercado para los servicios de montaje
de equipos; 93% de pinturas y pinceles; 92% del ensamblaje de la
estufa; 46% de armadura corporal; 36% de los electrodomésticos; 30%
de auriculares / micrófonos / altavoces; y el 21% de los muebles de
oficina. Partes de aviones, suministros médicos y mucho más: los
presos incluso están criando perros guía para personas ciegas.
Mientras que los trabajadores penitenciarios generan grandes
cantidades de plusvalor, solo reciben entre 90 centavos y $ 4 al día,
dependiendo de la fábrica carcelaria en la que están encarcelados.
El salario mínimo federal actual es de $ 7.25 por hora, lo que
significa que el trabajo penitenciario se paga entre 1/15 y 1/65 del
salario mínimo. A continuación, presentamos una reseña de algunas
de las mayores corporaciones estadounidenses que se aprovechan de
esto:
UNICOR administra 83 fábricas
y más de 12,000 trabajadores de prisiones que ganan tan solo 23
centavos por hora trabajando en centros de llamadas, fabricando
artículos como armaduras militares. En 2013, los presos federales
hicieron uniformes militares por un valor de $ 100 millones. UNICOR
también ha proporcionado mano de obra penitenciaria en el pasado
para producir piezas de misiles Patriot para los contratistas de
defensa Raytheon y Lockheed Martin, y partes para otros
como Boeing y General Dynamics.
Desde 2011, Whole Foods se ha
beneficiado del trabajo forzado. Esta compañía, adquirida por
Amazon en 2016, compra comida de Haystack Mountain Goat Dairy
y Quixotic Farming, dos vendedores privados que utilizan mano
de obra barata en las prisiones para criar peces, producir leche y
criar cabras.
Walmart , uno de los minoristas
más grandes de los EE. UU. Utiliza a presos con fines de
fabricación. La empresa "contrata" a reclusos para que
limpien los productos de los códigos de barras de UPC para que los
productos puedan revenderse. La compañía ha comprado productos de
granjas, donde las mujeres presas se enfrentan a malas condiciones de
trabajo, atención médica inadecuada y salarios muy bajos. Y
Starbucks usa mano de obra para reducir los costos también.
El subcontratista de Starbucks, Signature Packaging
Solutions, contrató a prisioneros del estado de Washington para
empaquetar cafés festivos.
McDonald's usa mano de obra
carcelaria para producir alimentos congelados y procesar carne para
empanadas. Los trabajadores que tiran hamburguesas y fríen papas
fritas por el salario mínimo en los restaurantes de McDonald's usan
uniformes fabricados por trabajadores de prisiones. Los presos
también procesan pan, leche y productos de pollo para McDonald's. La
rival de McDonald's, Wendy's, también ha sido identificada
como dependiente del trabajo penitenciario para reducir el costo de
sus operaciones.
Sprint , la compañía de
telecomunicaciones utiliza prisioneros para proporcionar servicios de
telecomunicaciones usándolos en centros de llamadas y Verizon
, otra compañía de telecomunicaciones, hace lo mismo. Mientras que
American Airlines y la compañía de alquiler de automóviles
Avis usan reclusos para tomar reservas.
Victoria's Secret usa mano de
obra para reducir los costos de producción. En Carolina del Sur, las
presas fueron utilizadas para coser productos. Según los informes,
los trabajadores de la prisión también han sido utilizados para
reemplazar las etiquetas "hechas en" con las etiquetas
"Made in USA". Mientras tanto, Kmart y JC Penney venden
jeans fabricados por presos en las prisiones de Tennessee.
Parte de las inversiones de pensiones
y de otro tipo del público de los Estados Unidos son invertidas por
Fidelity Investments en el trabajo penitenciario o en otras
operaciones relacionadas con el complejo industrial penitenciario. La
empresa de inversión financia el Consejo de Intercambio Legislativo
Estadounidense (ALEC), que ha creado leyes que autorizan y aumentan
el uso de presos en la industria manufacturera.
(continuará...)
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Extraído del documental: Los ricos, los pobres y la basura
Finalmente el Ministerio de Defensa ha
autorizado el envío a Arabia Saudí del cargamento de 400 bombas de
precisión láser paralizado por Margarita Robles la pasada
semana. El gobierno saudí amenazó con suspender a su vez la compra
a España de cinco corbetas por valor de 1.813 millones de euros, de
llevarse a cabo la suspensión de contrato anunciada por la ministra.
Este contrato, según la empresa pública encargada de la
construcción, Navantia, generaría cerca
de 6.000 puestos de trabajos, entre directos e indirectos. El
asunto ha provocado un interesante debate entre intereses y valores
enfrentados. Por un lado, trabajadores que veían peligrar sus
empleos y que se vieron apoyados por diferentes políticos,
especialmente por el alcalde de Cádiz, José María González,
Kichi, quien
afirmó: “el contrato (de Navantia con Arabia Suadí) me parece
necesario. Significa trabajo y nosotros somos constructores de
barcos, lo hemos hecho desde la época de los fenicios. En Arabia
Saudí los derechos humanos no son respetados y estoy en contra de
eso, pero mientras, ¿qué comemos? Hoy en día soy alcalde de
esta ciudad y la responsabilidad es mirar por el interés de sus
vecinos y la construcción de los barcos no va a acabar con la guerra
en Yemen. Si no los hacemos nosotros, los harán otros”.
Expuesto lo anterior debemos de
contemplar algunos datos necesarios para comprender la situación.
El 25 de marzo de 2015, una coalición
internacional dirigida por Arabia Saudí atacó desde el aire a las
milicias de los hutíes en Yemen, uno de los países más pobres de
Oriente Medio. Era el inicio de la guerra que, desde entonces, golpea
a la población del país árabe. Los saudís quieren derrocar a los
rebeldes hutíes, de religión chiíta, que llegaron al poder de
Yemen a principios de 2015. A diferencia del gobierno anterior de
Yemen, el gobierno hutí se alinearía con Irán, Rusia o China, algo
intolerable para Arabia Saudí y Estados Unidos. Por ello, en 2015,
armas valoradas en casi 546 millones de euros salieron de las
fronteras españolas con destino a Arabia Saudí, un 46% más que
en 2014.
El mismo año en que comenzó la
guerra de Yemen, el Gobierno del Partido Popular autorizó contratos
para vender, durante los años siguientes, armamento valorado en 584
millones de euros a esta monarquía del Golfo. Entre los tipos de
armas que España permitió exportar al país saudí había rifles,
obuses, municiones, torpedos, misiles. Entre
ellas estaban las 400 bombas de precisión láser cuya venta se
planteó frenar por el Ejecutivo de Sánchez ante el riesgo de
que pudieran utilizarse para bombardear Yemen. Las bombas que
vamos a vender a Arabia Saudí son similares a las que en
2015, les vendió la Administración de Obama: 4.000 bombas
GBU-12 Paveway II. Trump, por su parte, prometió vender 104.000
bombas guiadas a los saudíes.
Uno de los motivos por los que el
Gobierno de Pedro Sánchez anunció que revisaría las condiciones de
venta de armamento español a los países de la coalición fue que,
pocos días antes de esa decisión, el 9 de agosto de 2018, un
proyectil lanzado por la coalición liderada por Arabia Saudí cayó
sobre un grupo de niños que viajaba en autobús escolar al norte de
Yemen. Al menos 40 menores murieron en el ataque.
Amnistía Internacional ha documentado
más de 36 bombardeos que “podrían constituir” violaciones y
crímenes en virtud del derecho internacional. Las
bodas, funerales, los mercados y los centros médicos son algunos de
los objetivos de los bombardeos de la coalición liderada por
Arabia Saudí en Yemen. El 23 de abril la aviación saudí bombardeó
la celebración de una boda en la provincia yemení de Haya, 33
personas fallecieron y 41 resultaron heridas a causa del ataque,
cuyo objetivo fueron las tiendas de invitados. Una imagen difundida
por medios locales permitió identificar el origen
de la munición utilizada en el ataque. Se trataba de los restos
de una bomba guiada por láser GBU-12 Paveway II, fabricada por la
empresa norteamericana Raytheon. Estos son ejemplos de la “utilidad”
y “eficacia” de las bombas que venderemos a Arabia Saudí.
Desde el inicio del conflicto, según
datos de Naciones Unidas, 6.660 civiles han muerto y 10.563 han
resultado heridos, aunque “la cifra real es probablemente
significativamente más alta”, reiteran los expertos. Las fuerzas
saudíes también han cometido “tratos crueles y tortura, actos
denigrantes, violaciones y al reclutamiento de niños menores de 15
años o haberlos utilizado como parte activa en las
hostilidades”, según la ONU. Un total de 2,3 millones se han
desplazado internamente a causa de la violencia.
En cuanto a las corbetas que estamos
fabricando para los saudíes, que nadie imagine que son unos
pacíficos barcos civiles. Se trata de buques de guerra que,
en el mejor de los casos, sirven, según
denuncian las ONG’s, para mantener el bloqueo naval que impide
a Yemen la llegada de la ayuda humanitaria.
Por supuesto que los trabajadores de
Navantia y sus familias tienen derecho a sobrevivir. Pero visto la
anterior, toca reflexionar si es ético sostener esa manutención en
la muerte de miles de civiles por el ejército de una monarquía
absolutista. Sentencias del tipo de “si no las vendemos nosotros se
las venderán otros” o “mi responsabilidad es mirar por el
interés de mis vecinos como alcalde”, como han dicho los
sindicatos y el alcalde de Cádiz, son razonamientos inmorales e
incluso xenófobos. Recuerda ese argumento de la ultraderecha de
que los que importan son los españoles y no los seres humanos.
¿A Kichi le importan los gaditanos (mejor dicho, su puesto de
trabajo) y no los seres humanos no gaditanos? ¿De verdad el
sindicalismo español no sabe ni de internacionalismo, ni de derechos
humanos, ni de solidaridad hasta el punto de interesarse solo por
los empleos de su empresa? Hubo un tiempo en que trabajadores de
Europa se negaban a trabajar en las industrias que vendían
armamento al bando golpista de Franco. Es evidente que todos los
que defendemos el fin de la venta de armas a Arabia Saudí o
cualquier otra dictadura debemos pensar en una alternativa para esos
trabajadores, como desde el ecologismo la planteábamos para los
mineros del carbón u otras reconversiones industriales que hubo en
España. Algunas veces me parece estar viendo la película El
Verdugo, de Berlanga, donde el protagonista plantea que lo suyo es
solo un trabajo que, además, quiere que herede su hijo. Porque
si se trata de mantener de puestos de trabajo y mantener a tus hijos
a costa de cualquier cosa, también el ladrón de bancos o el
torturador (menos mal que alguien asumió perder un puesto de trabajo
cuando se jubiló Billy el Niño) deberían mantenerse. La
humanidad ha mejorado cuando los principios éticos y los derechos
humanos se han puesto por delante de cuestiones particulares como
el empleo de algunos, es el caso de la prohibición de las bombas de
racimo o las minas antipersona, o el embargo a la Sudáfrica del
apartheid. Es indiscutible que, en todos esos casos, se perdieron
muchos puestos de trabajo, pero se entendió que había un motivo
mayor.
Del mismo modo, países como Alemania,
Bélgica, Holanda o Noruega ya no autorizan ni exportan armas que se
puedan utilizar en el conflicto de Yemen, siguiendo directrices de la
ONU y el Parlamento Europeo.
Lo preocupante es que España vive
un boom en la venta de armas al mundo como nunca antes en su
historia. Los millones de euros facturados entre el 2015 y 2017
han convertido a España en uno de los mayores proveedores mundiales
de armas a Arabia Saudí. En estos años, ha ocupado el cuarto puesto
en la lista de los principales exportadores de armas a la monarquía
del Golfo, y ha conseguido posicionarse como el séptimo país del
planeta que más comercializa armamentos y material bélico. Quizás
lo que está haciendo la industria militar española es aprovecharse
de que otros países sí tienen escrúpulos para apropiarnos de ese
mercado.
Existe otro detalle todavía mucho más
preocupante, como señala Pere Ortega, del Centre Delàs d’Estudis
per la Pau, Navantia, empresa pública propiedad del Estado, es una
empresa donde su cuenta de resultados siempre ha sido negativa. En
2016 se perdieron 230 millones, y en los últimos diez años 730
millones de euros. Y si pierde dinero es porque los costes de
producción de sus buques son superiores al valor de su venta. Por
tanto, las cinco corbetas que se venderán a Arabia Saudí por 1.800
millones para cubrir sus costes de producción deberían tener un
valor más elevado. Las pérdidas se subsanan con recursos del
Estado, es decir, ni Navantia ni los españoles ganamos dinero
vendiendo esas armas a los saudíes, al contrario, se las vendemos
por debajo de su coste, estamos subvencionando las armas con las que
Arabia Saudí masacra en Yemen o impiden la llegada de alimentos y
ayuda humanitaria a una población donde se calcula que siete
millones de personas están al borde de la inanición. Este es otro
argumento para ir trabajando en una alternativa a los trabajadores de
Navantia. Como señala Ortega, los sindicatos de Navantia, el
ayuntamiento de Cádiz, el Gobierno de Andalucía y el Gobierno del
Estado no se han puesto a investigar y diseñar un plan de
conversión de esa naviera. No se ha buscado la complicidad de
colegios profesionales de ingenieros, de asociaciones profesionales y
de empresarios para llevar un plan de revitalización de la zona. Y
seguro que es posible una reindustrialización y puesta en marcha de
nuevos servicios en toda la bahía de Cádiz para limitar el impacto
negativo de una conversión industrial de Navantia. Según Ortega,
ese es el único camino para una empresa, que todos los años pierde
dinero y cuyos puestos de trabajo son ineficientes por lo que valdría
más la pena estudiar su conversión del ámbito militar y pasar a
producir bienes y servicios de carácter civil que, cuando menos, no
producirían ese desgarro moral, que es vender armas para la guerra.
Es curioso como, desde el poder, se
apoyan unas causas de defensa de puestos de trabajo y no otras.
Paradójicamente la mayoría no sabe que España está perdiendo
dinero y puestos de trabajo por apoyar las sanciones a Rusia e Irán
propuestas por Estados Unidos, puesto que se está bloqueando
importantes ventas a esos países, sobre todo de productos agrícolas,
sin que ni medios ni gobernantes hayan protestado o al menos
reconocido. Países que, por cierto que no están bombardeando a
nadie.
La sociedad española en general debe
hacer suyo el problema de los puestos de trabajo de Navantia, pero
también los trabajadores y sus familias deben hacer suyo el drama de
la muerte de miles de personas por las armas que ellos fabrican. Esa
es la solidaridad que nos hace humanos.
United we stand, divided we fall
For every dime they give us a battle must be fought
So working people use your power the key to liberty
Don't support the rich man's style of luxury
There ain't no way they can ever keep us down
There ain't no way they can ever keep us down
We won't be bought, we won't be sold
To be treated right, well that's our goal
There ain't no way they can ever keep us down
We've been shot, we've been jailed, lord its a sin
Women and children stood right by the men
We've got a union contract that keeps the worker free
They'll never shoot that union out of me
They'll never shoot that union out of me, oh no
They'll never shoot that union out of me
Got a contract in our hand signed by the blood of honest
men
They'll never shoot that union out of me
The power wheel is rolling, rolling right along
The government is keep it going going strong
so working people get your help from your own kind
Your welfare on the rich man's mind
Your welfare on the rich man's mind
Your welfare on the rich man's mind
They want the power in their hands just to keep out of the workers hands
Your welfare on the rich man's mind
They'll never, never, never keep us down
They'll never, never, never keep us down
The cheat, rob and kill but we'll stop that big wheel
They'll never, never, never keep us down
