The Cradle – 13/05/2026
Traducción: Arrezafe
El espectáculo de Tel Aviv ensalzando la generosa virtud de los donantes de riñón no puede ocultar los cadáveres palestinos, las advertencias forenses y los escándalos de trata de personas que aún exigen que se rindan cuentas.
El 25 de enero, el presidente israelí Isaac Herzog se dirigió a una multitud para celebrar lo que Tel Aviv declaró ser un récord mundial de donaciones de riñón. El evento, promovido tras una campaña de presión para entrar en el Libro Guinness de los Récords, tenía como objetivo publicitar la generosidad, la disciplina y la moral de Israel.
Sin embargo, Guinness solo aceptó como récord la reunión en sí, no las donaciones de riñones que Tel Aviv había convertido en un espectáculo de relaciones públicas.
Los cuerpos detrás de las cifras
En Gaza, donde Israel ha estado devolviendo cadáveres palestinos en bolsas, a veces descompuestos, mutilados o con signos de intervención quirúrgica, la celebración tuvo un significado muy distinto. Para los funcionarios de salud palestinos, la cuestión no era cómo Israel había conseguido tantos donantes, sino si todos esos cuerpos habían dado su consentimiento.
Quien cuestionó seriamente la “fachada propagandística” de Israel fue nada menos que el Dr. Munir al-Bursh, director general del Ministerio de Salud palestino en Gaza. Afirmó que las “cifras récord” proporcionadas por Israel planteaban serias dudas sobre el origen de los riñones y otros órganos que hoy forman parte de la celebración. Señaló la flagrante contradicción del Estado ocupante que ha mantenido cadáveres palestinos durante años en “cementerios de números” y refrigeradores, mientras se presenta ante el mundo como un modelo humanitario en la donación de órganos.
El Dr. Munir al-Bursh citó casos documentados de cuerpos devueltos a sus familias sin órganos, especialmente riñones, sin informes médicos, expedientes de autopsia ni ningún mecanismo legal para reclamar responsabilidades, y exigió una investigación internacional independiente para determinar si el supuesto logro de Israel se había basado en el robo de órganos palestinos. Poco más de una semana después, Israel devolvió los restos dispersos de unos 54 palestinos al hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza. Los equipos forenses se pusieron rápidamente a trabajar para intentar identificar los cuerpos y dar consuelo a sus familias, constatando que muchos de los cadáveres presentaban claros signos de tortura y de extracción quirúrgica de órganos.
Esta no fue la primera advertencia de este tipo desde la Operación Inundación de Al-Aqsa. Diez días después del inicio del genocidio israelí en Gaza, ya habían surgido denuncias de robo de órganos. A finales de noviembre de 2023, Euro-Med Human Rights Monitor solicitó una investigación sobre el robo de órganos palestinos, después de que «profesionales médicos encontraron pruebas de robo de órganos, incluyendo cócleas y córneas, así como otros órganos vitales, como hígados, riñones y corazones».
Israel y sus defensores intentaron frenar la difusión de estas acusaciones invocando «libelo de sangre» y antisemitismo. Dado que las pruebas provenían de palestinos, los llamamientos a la investigación internacional han caído en gran medida en saco roto.
Un escándalo que Israel nunca enterró
Esto es precisamente lo que ocurrió a principios de la década de 1990, cuando profesionales médicos palestinos y familiares de los fallecidos acusaron a Israel de tráfico ilícito de órganos durante la Primera Intifada. De hecho, en 1992, el entonces ministro de Salud israelí, Ehud Olmert, llegó incluso a organizar una campaña pública de donación de órganos. Al igual que hoy, difundiendo una imagen de humanitarismo.
En 1999, la antropóloga estadounidense Nancy Scheper-Hughes comenzó a sacar a la luz un problema que había sido ignorado durante mucho tiempo. Como cofundadora de Organs Watch, una organización creada para monitorear el tráfico de órganos y su costo humano, posteriormente llevó el tema ante un subcomité del Congreso de los Estados Unidos en 2001.
El gran avance se produjo con la publicación de su entrevista con Yehuda Hiss, el jefe de patología del Instituto Forense de Abu Kabir, el único centro israelí autorizado para realizar autopsias en casos de muerte no natural.
Hiss admitió que en Abu Kabir se habían extraído órganos de cuerpos palestinos sin consentimiento.
La versión oficial del Estado israelí, construida a partir de una investigación interna, sostenía que el robo de órganos no iba dirigido específicamente contra los palestinos, sino que los soldados israelíes también fueron víctimas. Sin embargo, el Canal 2 de Israel emitió un documental sobre el tema, entrevistando a patólogos del hospital Abu Kabir, uno de los cuales declaró explícitamente: «Nunca extrajimos piel de los cuerpos de soldados israelíes, sino de los de otras personas».
En 2009, Scheper-Hughes afirmó que gran parte del tráfico ilícito de riñones en el mundo se remonta a Israel. «Israel es el principal», declaró, asegurando que «posee ramificaciones que se extienden por todo el mundo». Informó que ciudadanos israelíes, a menudo compensados por el Ministerio de Salud en proyectos respaldados por el Ministerio de Defensa, eran responsables del turismo masivo de trasplantes.
Los israelíes se aprovecharon de poblaciones vulnerables, desde Brasil hasta Filipinas. Un reportaje de la BBC de 2001 incluso describió una situación en la que «cientos de israelíes han creado una cadena industrial que comienza en las aldeas de Moldavia, donde hoy en día hay hombres que viven con un solo riñón».
En un artículo que resultó controvertido en aquella época (2009), el periódico sueco Aftonbladet expuso que el ejército israelí había atacado y asesinado a palestinos y para extraerles los órganos.
Aunque Israel y sus partidarios pretenden minimizar todo este escándalo alegando que se trató de una serie de casos aislados, Hiss y sus colegas patólogos en Abu Kabir, quienes admitieron públicamente el robo de órganos, ni siquiera fueron sancionados por su conducta. Hiss no sólo no fue condenado a una larga pena de prisión, sino que, de hecho, se le permitió seguir trabajando en Abu Kabir.
En otras palabras, nunca hubo rendición de cuentas, simplemente una investigación interna israelí, seguida de promesas del ejército y el gobierno israelíes de que ya no extraerían órganos de palestinos.
Las cifras que respaldan el récord de Tel Aviv
La organización israelí que protagoniza y reclama el actual récord mundial es Matnat Chaim, fundada en febrero de 2009, poco después de que Tel Aviv aprobara la ley que prohíbe el tráfico de órganos. Jerusalén, donde tiene su sede la organización, se ha convertido así en la ciudad líder de Israel en donaciones altruistas de riñón. Tel Aviv afirma que Matnat Chaim superó los 2.000 trasplantes, consiguiendo el récord celebrado en enero.
Los datos disponibles plantean interrogantes obvios
Entre 2009 y 2021, Matnat Chaim dclaró haber realizado 1000 trasplantes. En 2022, según las propias cifras de la organización sin fines de lucro, facilitó 202 trasplantes, una cifra inferior a los 215 del año anterior. Esto significa que el total públicamente disponible antes de las acusaciones de noviembre de 2023 era de 1277. Para alcanzar los 2000, la organización habría tenido que añadir 723 trasplantes en poco más de tres años.
Según el Centro Nacional de Trasplantes de Israel, el número total de trasplantes de donantes vivos en 2023, 2024 y 2025 ascendió a 923. En 2022, el último año del que se dispone de datos públicos sobre las contribuciones específicas de Matnat Chaim, la organización representó el 63 % de los trasplantes de donantes vivos. Si dicha tasa se sostiene, su cuota durante esos tres años sería de alrededor de 581 trasplantes, muy por debajo de los 2000.
Esto, por sí solo, no incrimina a Matnat Chaim. Pero sí explica por qué Bursh la cuestionó en principio, especialmente a la luz del largo historial de robo de órganos por parte de Israel y de los testimonios surgidos de los hospitales de Gaza.
Otro dato interesante, que refuerza el escepticismo en torno a las altísimas cifras de las que presume Israel, es que solo un 14% de su población ha firmado la tarjeta de donante Adi (Ehud) Ben Dror, lo cual sitúa a Israel entre los países desarrollados con menor porcentaje de donantes. En la mayoría de los países occidentales, el promedio es del 30% de la población inscrita como donadora de sus órganos.
La donación de órganos ha sido durante mucho tiempo un tema polémico entre los israelíes. Por ejemplo, el Gran Rabino de la Palestina ocupada por los británicos declaró en 1931 que la idea de que dicha práctica profana a los muertos es «exclusiva de los judíos… los gentiles no tienen por qué ser especialmente cuidadosos en evitarla si existe un propósito natural para hacerlo, como por ejemplo razones médicas».
En 1996, el influyente rabino Yitzhak Ginsburgh, de la secta Chabad Lubavitch, afirmó que si una persona judía necesita un hígado, «¿se puede tomar el hígado de un inocente no judío que pase por allí para salvarlo? Probablemente la Torá lo permitiría. La vida judía tiene un valor infinito. Hay algo infinitamente más sagrado y único en la vida judía que en la vida no judía».
La postura pública actual de las máximas autoridades religiosas de Israel es que la donación de órganos está permitida para los judíos, pero este consenso es relativamente reciente. Sólo en la última década se ha observado un aumento significativo en el número de donantes judíos. Para muchos judíos practicantes, el tema sigue siendo controvertido.
Tal contexto social, sumado a la población relativamente pequeña de Israel, hace aún más sospechoso que el Banco Nacional de Órganos de Israel (INSB, por sus siglas en inglés), por ejemplo, haya sido considerado uno de los más grandes del mundo, si no el más grande. El INSB opera conjuntamente bajo la supervisión del Ministerio de Salud israelí y las fuerzas armadas.
La profanación como política
Israel ha utilizado durante mucho tiempo los cuerpos de los palestinos como instrumentos de control. En 2017, Tel Aviv admitió haber perdido el rastro de los cuerpos de presos políticos palestinos muertos en prisión. La explicación apuntaba a la práctica israelí de enterrar a los palestinos en tumbas anónimas, en lo que se conoce como el «cementerio de los números», un método cruel diseñado para impedir que las familias conozcan el paradero de sus seres queridos. Los palestinos también han expresado su temor de que a algunos de los cuerpos desaparecidos les hayan extraído los órganos.
Más allá de Palestina, los israelíes han sido vinculados repetidamente a casos de tráfico de órganos en todo el mundo.
La única persona condenada en Estados Unidos por tráfico de órganos fue un israelí llamado Levy Izhak Rosenbaum. La jueza federal Anne Thompson, de Nueva Jersey, lo describió como un traficante del mercado negro que se “lucraba con la miseria humana”. Cumplió solamente dos años y medio de prisión y evitó la deportación.
En 2010, cinco ciudadanos israelíes, entre ellos un general retirado del ejército, fueron acusados de dirigir una red de tráfico de órganos. Su abusiva planificación fue descrita como una «forma de esclavitud moderna», que explotaba a personas vulnerables en países en desarrollo para obtener sus órganos. El caso puso de manifiesto una incómoda contradicción para el sistema judicial israelí: la conducta que ahora procesaba había sido, tan solo dos años antes, tolerada de facto por las estructuras estatales.
En 2015, las autoridades turcas arrestaron a un presunto traficante de órganos israelí, en el marco de una investigación sobre una red que explotaba a refugiados sirios. Recientemente, en 2024, la policía turca detuvo a cuatro ciudadanos israelíes en una operación contra otra red que también explotaba a refugiados sirios y otras poblaciones vulnerables en Turquía.
En 2018, la policía de Chipre arrestó al ciudadano israelí Moshe Harel, acusándolo de dirigir una red internacional de tráfico de órganos, en un escándalo que se remonta a 2008, cuando un hombre turco se desplomó en el aeropuerto de Pristina, visiblemente dolorido tras la extirpación de un riñón. Harel ya había sido arrestado por las autoridades israelíes en 2012, pero fue puesto en libertad.
Los casos mencionados son ahora considerados ilegales por el gobierno israelí. Sin embargo, hubo un tiempo en que los israelíes que viajaban al extranjero para obtener órganos no solo eran tolerados, sino que incluso se les incentivaba. Esta historia ayuda a explicar por qué los ciudadanos israelíes siguen apareciendo en escándalos de tráfico de órganos en distintos continentes. El propio Ministerio de Salud israelí contribuyó a fomentar una cultura en la que los cuerpos de los pobres, los desplazados y los ocupados podían convertirse en inventario material médico.
¿Por qué no se realizó ninguna investigación?
A pesar de estos documentados hechos, las instituciones occidentales siguen apoyando al ejército israelí. En octubre del año pasado, se reveló que la Universidad del Sur de California (USC) vendió 32 cadáveres humanos al ejército estadounidense, cadáveres que fueron utilizados para entrenamiento quirúrgico por el ejército israelí. El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) condenó la revelación como «perturbadora». Los cuerpos de estadounidenses fallecidos habían sido vendidos a una red que abastecía a un ejército que perpetraba un genocidio en Gaza.
Un mes después, surgieron nuevas denuncias de robo de órganos por parte de profesionales médicos en la Franja de Gaza. Esto ocurrió en el transcurso de la entrega de un lote de cadáveres al Hospital Nasser en Khan Yunis, donde un médico señaló que: «Los cuerpos llegaron rellenos de algodón, con huecos que sugieren que les habían extraído los órganos. Lo que vimos es indescriptible».
Ante la gran cantidad de pruebas y acusaciones que indican que Israel ha estado implicado en la extracción sistemática de órganos durante su genocidio, cabe preguntarse por qué aún no se ha abierto ninguna investigación internacional independiente.
Al igual que a principios de la década de 1990, las pruebas palestinas vuelven a quedar sepultadas bajo la protección política occidental, el temor a las represalias del lobby israelí y la generalizada presunción de que las instituciones israelíes pueden investigarse a sí mismas.
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