fbuenabad.blog – 19/10/2026
Toda alianza política contiene una pregunta moral que antecede a sus cálculos electorales y sobrevive a sus justificaciones tácticas: ¿para qué se unen quienes aspiran a ejercer el poder? La respuesta no es secundaria, ya que evidencia la distinción entre una convergencia histórica y una componenda, entre la construcción de una voluntad colectiva y la distribución facciosa de las instituciones, entre la política concebida como un instrumento de transformación social y la política degradada a una administración de ambiciones particulares. No basta con que dos o más fuerzas se declaren aliadas, suscriban documentos, compartan tribunas o se distribuyan candidaturas para que exista una causa común. La unidad no es una virtud por sí misma, como tampoco lo es la discrepancia.
Ambas adquieren relevancia en función de los intereses que manifiestan, los principios que respaldan y las repercusiones materiales que generan en la vida de las comunidades. El contubernio surge cuando el interés particular se oculta bajo la apariencia de necesidad colectiva, cuando la ambición de los líderes usurpa el lenguaje de la esperanza popular y cuando las discrepancias programáticas, en lugar de resolverse a través de una deliberación sincera, se ocultan bajo el manto de una aritmética electoral. Entonces, la alianza deja de ser una mediación entre fuerzas históricas para convertirse en una transacción entre aparatos; los ciudadanos se invocan como legitimidad, pero excluidos como sujetos de decisión. La voluntad popular comparece en los discursos, aunque permanece ausente de las negociaciones decisivas.
Se pronuncia el término pueblo durante la distribución de posiciones; se proclama la justicia social durante las negociaciones de cuotas; se invoca la democracia mientras las cúpulas se reservan el privilegio de determinar quién debe representar a los demás. La contradicción no podría ser más elocuente: se pretende conquistar el poder en nombre de una emancipación cuya primera víctima es la autonomía política de quienes deberían protagonizarla. La filosofía política crítica exige, por tanto, desconfiar de las alianzas que confunden la suma de organizaciones con la construcción de una fuerza transformadora. Una coalición puede reunir siglas, votos, recursos, dirigentes y estructuras territoriales, y, sin embargo, carecer de proyecto histórico.
Porque la prestidigitación cuantitativa no garantiza una cualidad política superior. La suma de intereses conservadores no produce, por una misteriosa alquimia electoral, una voluntad emancipadora. En caso de que cada miembro se incorpore a la alianza con el objetivo de preservar sus privilegios, negociar su supervivencia o asegurar una parcela de influencia, el resultado será una asociación de conveniencias, no una comunidad de propósitos. Allí donde no existe una orientación compartida acerca de la desigualdad, la explotación, la soberanía, los derechos sociales y la democratización del poder, la unidad corre el riesgo de ser apenas una tregua entre apetitos incompatibles.
Sin embargo, sería igualmente pueril condenar toda alianza como una traición. La política transformadora no se construye mediante la pureza imaginaria de grupos aislados, ni la historia concede sus conquistas a quienes confunden la coherencia con la incapacidad de concertar. Las sociedades están atravesadas por diferencias de clase, intereses sectoriales, tradiciones ideológicas y experiencias históricas que no desaparecen por decreto. Una estrategia de emancipación requiere la articulación de fuerzas diversas, la instauración de acuerdos específicos y el reconocimiento de que ninguna organización posee, por sí misma, el monopolio de la verdad ni la representación absoluta de las mayorías. La cuestión decisiva no consiste en elegir entre unidad y división, sino en determinar qué unidad se construye, alrededor de qué objetivos, bajo qué procedimientos y con cuáles límites éticos. La alianza fecunda no elimina las diferencias: las somete a una discusión política capaz de producir compromisos verificables sin convertir los principios en mercancía.
En esta distinción reside una de las responsabilidades cardinales de la izquierda y de cualquier movimiento que se proclame comprometido con la transformación social. No puede invocar la necesidad histórica como una patente de corso para justificar cualquier pacto. La urgencia de las elecciones no anula la obligación de reflexionar; la amenaza del adversario no transforma automáticamente a aquellos en aliados estratégicos a quienes contravienen los objetivos esenciales del proyecto; la posibilidad de obtener puestos no representa una demostración de eficacia innovadora. Cuando la victoria inmediata se transforma en criterio supremo, los medios terminan colonizando los fines. Lo que comenzó como una maniobra táctica se vuelve una dependencia estructural, y lo que se presentó como sacrificio provisional acaba consolidándose como costumbre.
De este modo se establece la inversión más perjudicial de la política: ya no se ocupan posiciones con el fin de transformar las relaciones sociales, sino que se gestionan las promesas de transformación con el fin de preservar las posiciones obtenidas. El cargo público, considerado en sí mismo, no es una ignominia. Puede ser una herramienta indispensable para redistribuir recursos, garantizar derechos, desmantelar privilegios y someter poderes económicos a la voluntad democrática.
Por lo tanto, la perversión se manifiesta cuando el cargo se transforma en una responsabilidad y se transforma en patrimonio; cuando la representación se interpreta como propiedad personal; cuando la militancia se reduce a un escalón de ascenso burocrático y la lealtad política se cuantifica en la obediencia al líder que reparte nombramientos. En ese punto, el aparato que debía servir a la sociedad comienza a reproducirse a costa de ella. La organización se vuelve un fin en sí misma, la disciplina degenera en servilismo y la discrepancia se castiga como si fuera una deserción. El lenguaje de la causa colectiva encubre entonces una pequeña aristocracia de administradores de la esperanza.
Ninguna alianza merece llamarse transformadora si exige a sus integrantes renunciar a la crítica, encubrir la corrupción o silenciar las contradicciones en nombre de una cohesión ficticia. La lealtad más profunda a un proyecto político no consiste en proteger a sus dirigentes de toda impugnación, sino en impedir que se aparten de los compromisos que justificaron su autoridad. La crítica interna no es necesariamente una concesión al adversario; puede ser la condición de supervivencia moral de una fuerza popular. Una organización incapaz de examinar sus errores termina convirtiendo sus victorias en dogmas y sus derrotas en conspiraciones ajenas.
Allí donde la autocrítica desaparece, el oportunismo encuentra refugio, porque ya no necesita demostrar que sus decisiones sirven al interés común: le basta con exigir confianza, invocar la unidad y descalificar a quienes preguntan por los resultados. La unidad para la transformación, por el contrario, exige instituciones democráticas, transparencia en los acuerdos, deliberación efectiva, rendición de cuentas y mecanismos que impidan la apropiación privada de las decisiones colectivas.
Requiere programas que sean susceptibles de evaluación, compromisos públicos que no puedan ser modificados de manera clandestina y criterios para la distribución de responsabilidades sin confundir representación con mercancías. Exige, sobre todo, que las organizaciones comprendan que su legitimidad no nace exclusivamente de sus antecedentes, sus símbolos o sus dirigentes, sino de la correspondencia entre lo que prometen y lo que efectivamente hacen. Ninguna genealogía heroica absuelve una práctica presente de dominación. Ninguna consigna justiciera compensa indefinidamente la ausencia de justicia. Ninguna retórica popular puede convertir en popular una decisión tomada en detrimento de los intereses de aquellos que sostienen materialmente el movimiento.
Sabemos que la pregunta fundamental es quién conserva el poder de decidir después de constituida la alianza. Si las mayorías participan únicamente para legitimar acuerdos previamente cerrados, la unidad será vertical, aunque sus documentos repitan la palabra democracia. Si las bases carecen de capacidad para fiscalizar a sus representantes, revocar mandatos políticos mediante procedimientos legítimos y exigir explicaciones, la coalición habrá sustituido la soberanía ciudadana por la soberanía de sus intermediarios. Y si la agenda pública queda subordinada a los intereses de quienes financian, administran o condicionan la alianza, el proyecto transformador habrá comenzado a reproducir las mismas relaciones de dependencia que afirmaba combatir.
No se trata de exigir organizaciones impecables ni acuerdos libres de contradicciones, imposibles en cualquier sociedad plural. Se trata de distinguir entre las contradicciones que una comunidad política afronta honestamente y aquellas que oculta para proteger intereses inconfesables. La primera clase puede impulsar aprendizaje, maduración y nuevas formas de cooperación; la segunda acumula resentimiento, desmovilización y cinismo. El oportunismo no aniquila siempre una alianza a través de una disolución espectacular: a menudo la desintegra de manera gradual, hasta que sus símbolos se mantienen, sus líderes siguen pronunciando las palabras de siempre y sus objetivos iniciales han sido suplantados por la preservación de la maquinaria.
Una verdadera unidad política no consiste en que todos piensen igual, obedezcan a los mismos dirigentes o renuncien a sus convicciones para preservar una fotografía de concordia. Esto implica la construcción de una capacidad colectiva que supere la suma de las fuerzas participantes, sin comprometer la dignidad de sus miembros ni la soberanía de la sociedad que aspiran representar. Es una arquitectura de responsabilidades, no un mercado de candidaturas; una convergencia de propósitos, no una compraventa de silencios; una forma de acción común sometida al juicio de sus consecuencias históricas.
En última instancia, la distinción entre el contubernio y la alianza transformadora no radica en la formalidad de los manifiestos, sino en la efectiva distribución del poder, la riqueza, los derechos y las oportunidades de participar en las decisiones comunes. La historia no absuelve a quienes confunden sus carreras personales con el destino de los pueblos, ni convierte automáticamente en emancipadora una coalición porque haya derrotado electoralmente a sus adversarios. La victoria puede abrir una oportunidad histórica, pero no sustituye el deber de realizarla. El poder conquistado sin una transformación de sus usos puede reproducir, bajo nuevos emblemas, las viejas jerarquías que prometía abolir.
Por lo tanto, una filosofía política crítica y digna de tal nombre debe establecer una exigencia ineludible: ninguna alianza puede ser considerada transformadora si la unidad de sus líderes es más importante que la emancipación de la sociedad, si la preservación de los cargos prevalece sobre el cumplimiento de los compromisos y si la disciplina se emplea para proteger privilegios en lugar de defender derechos fundamentales. La unidad es legítima cuando multiplica la capacidad de los pueblos para decidir su destino; se vuelve contubernio cuando convierte esa capacidad en moneda de cambio. Entre ambas posibilidades se encuentra un aspecto más crucial que el éxito de una candidatura o la supervivencia de una organización: la integridad misma de la política, entendida como una práctica de libertad, como un ejercicio de responsabilidad colectiva y como un esfuerzo deliberado por construir una sociedad en la que ningún poder se encuentre por encima de la dignidad humana.
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