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| Borrell dice que las bombas que se enviarán a Arabia Saudí son de precisión y no producen efectos colaterales |
Finalmente el Ministerio de Defensa ha
autorizado el envío a Arabia Saudí del cargamento de 400 bombas de
precisión láser paralizado por Margarita Robles la pasada
semana. El gobierno saudí amenazó con suspender a su vez la compra
a España de cinco corbetas por valor de 1.813 millones de euros, de
llevarse a cabo la suspensión de contrato anunciada por la ministra.
Este contrato, según la empresa pública encargada de la
construcción, Navantia, generaría cerca
de 6.000 puestos de trabajos, entre directos e indirectos. El
asunto ha provocado un interesante debate entre intereses y valores
enfrentados. Por un lado, trabajadores que veían peligrar sus
empleos y que se vieron apoyados por diferentes políticos,
especialmente por el alcalde de Cádiz, José María González,
Kichi, quien
afirmó: “el contrato (de Navantia con Arabia Suadí) me parece
necesario. Significa trabajo y nosotros somos constructores de
barcos, lo hemos hecho desde la época de los fenicios. En Arabia
Saudí los derechos humanos no son respetados y estoy en contra de
eso, pero mientras, ¿qué comemos? Hoy en día soy alcalde de
esta ciudad y la responsabilidad es mirar por el interés de sus
vecinos y la construcción de los barcos no va a acabar con la guerra
en Yemen. Si no los hacemos nosotros, los harán otros”.
Expuesto lo anterior debemos de
contemplar algunos datos necesarios para comprender la situación.
El 25 de marzo de 2015, una coalición
internacional dirigida por Arabia Saudí atacó desde el aire a las
milicias de los hutíes en Yemen, uno de los países más pobres de
Oriente Medio. Era el inicio de la guerra que, desde entonces, golpea
a la población del país árabe. Los saudís quieren derrocar a los
rebeldes hutíes, de religión chiíta, que llegaron al poder de
Yemen a principios de 2015. A diferencia del gobierno anterior de
Yemen, el gobierno hutí se alinearía con Irán, Rusia o China, algo
intolerable para Arabia Saudí y Estados Unidos. Por ello, en 2015,
armas valoradas en casi 546 millones de euros salieron de las
fronteras españolas con destino a Arabia Saudí, un 46% más que
en 2014.
El mismo año en que comenzó la
guerra de Yemen, el Gobierno del Partido Popular autorizó contratos
para vender, durante los años siguientes, armamento valorado en 584
millones de euros a esta monarquía del Golfo. Entre los tipos de
armas que España permitió exportar al país saudí había rifles,
obuses, municiones, torpedos, misiles. Entre
ellas estaban las 400 bombas de precisión láser cuya venta se
planteó frenar por el Ejecutivo de Sánchez ante el riesgo de
que pudieran utilizarse para bombardear Yemen. Las bombas que
vamos a vender a Arabia Saudí son similares a las que en
2015, les vendió la Administración de Obama: 4.000 bombas
GBU-12 Paveway II. Trump, por su parte, prometió vender 104.000
bombas guiadas a los saudíes.
Uno de los motivos por los que el
Gobierno de Pedro Sánchez anunció que revisaría las condiciones de
venta de armamento español a los países de la coalición fue que,
pocos días antes de esa decisión, el 9 de agosto de 2018, un
proyectil lanzado por la coalición liderada por Arabia Saudí cayó
sobre un grupo de niños que viajaba en autobús escolar al norte de
Yemen. Al menos 40 menores murieron en el ataque.
Amnistía Internacional ha documentado
más de 36 bombardeos que “podrían constituir” violaciones y
crímenes en virtud del derecho internacional. Las
bodas, funerales, los mercados y los centros médicos son algunos de
los objetivos de los bombardeos de la coalición liderada por
Arabia Saudí en Yemen. El 23 de abril la aviación saudí bombardeó
la celebración de una boda en la provincia yemení de Haya, 33
personas fallecieron y 41 resultaron heridas a causa del ataque,
cuyo objetivo fueron las tiendas de invitados. Una imagen difundida
por medios locales permitió identificar el origen
de la munición utilizada en el ataque. Se trataba de los restos
de una bomba guiada por láser GBU-12 Paveway II, fabricada por la
empresa norteamericana Raytheon. Estos son ejemplos de la “utilidad”
y “eficacia” de las bombas que venderemos a Arabia Saudí.
Desde el inicio del conflicto, según
datos de Naciones Unidas, 6.660 civiles han muerto y 10.563 han
resultado heridos, aunque “la cifra real es probablemente
significativamente más alta”, reiteran los expertos. Las fuerzas
saudíes también han cometido “tratos crueles y tortura, actos
denigrantes, violaciones y al reclutamiento de niños menores de 15
años o haberlos utilizado como parte activa en las
hostilidades”, según la ONU. Un total de 2,3 millones se han
desplazado internamente a causa de la violencia.
En cuanto a las corbetas que estamos
fabricando para los saudíes, que nadie imagine que son unos
pacíficos barcos civiles. Se trata de buques de guerra que,
en el mejor de los casos, sirven, según
denuncian las ONG’s, para mantener el bloqueo naval que impide
a Yemen la llegada de la ayuda humanitaria.
En esas corbetas se transportan
helicópteros artillados (NH-90, AB-212, AB-412 o Eurocopter AS-565)
y hasta dos embarcaciones semirrígidas de 5,5 metros de eslora cada
una, lo que permite realizar acciones de asalto. Al tratarse de un
buque de guerra, puede
incorporar varios cañones de hasta 76 mm y sistemas de misiles SAM y
SSM, así como dos lanzadores triples de torpedos.
Por supuesto que los trabajadores de
Navantia y sus familias tienen derecho a sobrevivir. Pero visto la
anterior, toca reflexionar si es ético sostener esa manutención en
la muerte de miles de civiles por el ejército de una monarquía
absolutista. Sentencias del tipo de “si no las vendemos nosotros se
las venderán otros” o “mi responsabilidad es mirar por el
interés de mis vecinos como alcalde”, como han dicho los
sindicatos y el alcalde de Cádiz, son razonamientos inmorales e
incluso xenófobos. Recuerda ese argumento de la ultraderecha de
que los que importan son los españoles y no los seres humanos.
¿A Kichi le importan los gaditanos (mejor dicho, su puesto de
trabajo) y no los seres humanos no gaditanos? ¿De verdad el
sindicalismo español no sabe ni de internacionalismo, ni de derechos
humanos, ni de solidaridad hasta el punto de interesarse solo por
los empleos de su empresa? Hubo un tiempo en que trabajadores de
Europa se negaban a trabajar en las industrias que vendían
armamento al bando golpista de Franco. Es evidente que todos los
que defendemos el fin de la venta de armas a Arabia Saudí o
cualquier otra dictadura debemos pensar en una alternativa para esos
trabajadores, como desde el ecologismo la planteábamos para los
mineros del carbón u otras reconversiones industriales que hubo en
España. Algunas veces me parece estar viendo la película El
Verdugo, de Berlanga, donde el protagonista plantea que lo suyo es
solo un trabajo que, además, quiere que herede su hijo. Porque
si se trata de mantener de puestos de trabajo y mantener a tus hijos
a costa de cualquier cosa, también el ladrón de bancos o el
torturador (menos mal que alguien asumió perder un puesto de trabajo
cuando se jubiló Billy el Niño) deberían mantenerse. La
humanidad ha mejorado cuando los principios éticos y los derechos
humanos se han puesto por delante de cuestiones particulares como
el empleo de algunos, es el caso de la prohibición de las bombas de
racimo o las minas antipersona, o el embargo a la Sudáfrica del
apartheid. Es indiscutible que, en todos esos casos, se perdieron
muchos puestos de trabajo, pero se entendió que había un motivo
mayor.
Del mismo modo, países como Alemania,
Bélgica, Holanda o Noruega ya no autorizan ni exportan armas que se
puedan utilizar en el conflicto de Yemen, siguiendo directrices de la
ONU y el Parlamento Europeo.
Lo preocupante es que España vive
un boom en la venta de armas al mundo como nunca antes en su
historia. Los millones de euros facturados entre el 2015 y 2017
han convertido a España en uno de los mayores proveedores mundiales
de armas a Arabia Saudí. En estos años, ha ocupado el cuarto puesto
en la lista de los principales exportadores de armas a la monarquía
del Golfo, y ha conseguido posicionarse como el séptimo país del
planeta que más comercializa armamentos y material bélico. Quizás
lo que está haciendo la industria militar española es aprovecharse
de que otros países sí tienen escrúpulos para apropiarnos de ese
mercado.
Existe otro detalle todavía mucho más
preocupante, como señala Pere Ortega, del Centre Delàs d’Estudis
per la Pau, Navantia, empresa pública propiedad del Estado, es una
empresa donde su cuenta de resultados siempre ha sido negativa. En
2016 se perdieron 230 millones, y en los últimos diez años 730
millones de euros. Y si pierde dinero es porque los costes de
producción de sus buques son superiores al valor de su venta. Por
tanto, las cinco corbetas que se venderán a Arabia Saudí por 1.800
millones para cubrir sus costes de producción deberían tener un
valor más elevado. Las pérdidas se subsanan con recursos del
Estado, es decir, ni Navantia ni los españoles ganamos dinero
vendiendo esas armas a los saudíes, al contrario, se las vendemos
por debajo de su coste, estamos subvencionando las armas con las que
Arabia Saudí masacra en Yemen o impiden la llegada de alimentos y
ayuda humanitaria a una población donde se calcula que siete
millones de personas están al borde de la inanición. Este es otro
argumento para ir trabajando en una alternativa a los trabajadores de
Navantia. Como señala Ortega, los sindicatos de Navantia, el
ayuntamiento de Cádiz, el Gobierno de Andalucía y el Gobierno del
Estado no se han puesto a investigar y diseñar un plan de
conversión de esa naviera. No se ha buscado la complicidad de
colegios profesionales de ingenieros, de asociaciones profesionales y
de empresarios para llevar un plan de revitalización de la zona. Y
seguro que es posible una reindustrialización y puesta en marcha de
nuevos servicios en toda la bahía de Cádiz para limitar el impacto
negativo de una conversión industrial de Navantia. Según Ortega,
ese es el único camino para una empresa, que todos los años pierde
dinero y cuyos puestos de trabajo son ineficientes por lo que valdría
más la pena estudiar su conversión del ámbito militar y pasar a
producir bienes y servicios de carácter civil que, cuando menos, no
producirían ese desgarro moral, que es vender armas para la guerra.
Es curioso como, desde el poder, se
apoyan unas causas de defensa de puestos de trabajo y no otras.
Paradójicamente la mayoría no sabe que España está perdiendo
dinero y puestos de trabajo por apoyar las sanciones a Rusia e Irán
propuestas por Estados Unidos, puesto que se está bloqueando
importantes ventas a esos países, sobre todo de productos agrícolas,
sin que ni medios ni gobernantes hayan protestado o al menos
reconocido. Países que, por cierto que no están bombardeando a
nadie.
La sociedad española en general debe
hacer suyo el problema de los puestos de trabajo de Navantia, pero
también los trabajadores y sus familias deben hacer suyo el drama de
la muerte de miles de personas por las armas que ellos fabrican. Esa
es la solidaridad que nos hace humanos.
