Mostrando entradas con la etiqueta golpe de estado. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta golpe de estado. Mostrar todas las entradas
23 julio, 2024
19 marzo, 2021
BOLIVIA: 'CNN' y 'El País' prepararon el golpe ——— Ángel Guerra Cabrera
LA HAINE – 19/03/2021
La dictadora al bote
La investigación abierta y prisión preventiva contra Jeanine Áñez, ex presidenta de facto de Bolivia –ex dictadora para mayor exactitud–, y dos ex integrantes de su gabinete, acusados de sedición, conspiración y terrorismo por los hechos que condujeron al golpe de Estado en 2019 contra el presidente Evo Morales, marca un hito fundamental en el restablecimiento del régimen constitucional y de la justicia en ese país.
Habría que añadir el efecto ejemplarizante que el hecho tiene para América Latina y el Caribe, donde la impunidad ha sido la regla para los autores de las innumerables rupturas del orden democrático, incluyendo las más recientes contra presidentes de la ola progresista iniciada tras la elección de Hugo Chávez en 1998. Conviene recordar que Áñez se proclamó presidenta del Senado y más tarde presidenta de Bolivia en una sesión en la que sólo había nueve senadores y estaba ausente la mayoritaria bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Eso sí, recibió la banda presidencial de manos del jefe de las fuerzas armadas.
La fiscalía también emitió órdenes de captura contra los ex ministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Interior) y Fernando López (Defensa) y ex jefes militares y policiales. Entre los militares destacan el general Williams Kaliman, jefe de las fuerzas armadas que desencadenó el golpe al pedir la renuncia de Morales, y su sucesor Carlos Orellana, el primero residente actual en Estados Unidos y el segundo en Colombia. Murillo y López se ausentaron del país después de la arrolladora victoria electoral en noviembre de 2020 de los candidatos masistas a presidente y vicepresidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca.
Está también comprendido en esta investigación el recién electo gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los protagonistas fundamentales del golpe, aunque todavía la fiscalía no ha ordenado su captura. Existen más responsables del atentado al orden constitucional, dentro y fuera de Bolivia, unos visibles en extremo, como el secretario general de la fétida Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro; otros más encubiertos, como los oficiales de la CIA participantes en la operación, en estrecha unión con sus colegas británicos.
El portal inglés Declassified UK, dedicado a asuntos de política exterior e inteligencia, revela, citando documentos del Foreign Office, que la embajada británica en La Paz se movió rápidamente para apoyar el régimen golpista con los ojos puestos en los yacimientos bolivianos de litio, los mayores del planeta.
El golpe de Estado comenzó a prepararse con mucha antelación, cuando los medios hegemónicos locales e internacionales, destacadamente CNN y El País, comenzaron a vaticinar con derroche de mendacidad que La Paz preparaba un gran fraude electoral, noción que desgraciadamente caló en la cabeza de muchos dentro y fuera de Bolivia. Sobre esta matriz de opinión se montaron las acciones de Almagro, imprescindibles para precipitar y consumar el golpe, de modo que el uruguayo puede ser considerado tan responsable como Áñez de la muerte de 36 personas en las masacres de Sacaba y Senkata y otros hechos de sangre, como de los 100 heridos y mil 500 presos políticos resultantes de la inmisericorde cacería de demócratas desatada por la dictadura añecista. La cancillería boliviana, que analiza llevar a Almagro a juicio, ha expresado: El señor Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia después del daño profundo que hizo al pueblo boliviano. Sus acciones costaron vidas y debe rendir cuentas.
No ha de extrañar por eso el cínico cuestionamiento del turbio personaje a la posibilidad de un juicio justo en Bolivia para los personeros de la dictadura, actitud con la que una vez más se extralimita en sus funciones e irrespeta la soberanía boliviana. La secretaría general debe atender la naturaleza colegiada de su mandato y abstenerse de confrontarse con un gobierno electo democráticamente como es el boliviano, fustigó la cancillería mexicana.
La medida de prisión contra la ex dictadora y su entorno ha llevado a la activación sediciosa de los llamados Comités Cívicos de la parte oriental y separatista del país, nido de las corrientes más reaccionarias, proimperialistas y antibolivianas, tras los cuales se parapetan los partidos de extrema derecha y derecha. Siempre partidarios del golpismo, estos grupos oligárquicos no pueden aceptar que sean llevados a juicio sus pares del gobierno de facto, por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino arder… No cabe duda del liderazgo de Camacho entre ellos, sujeto fascistoide que no tardará en buscar un choque con el gobierno del presidente Arce. El juicio contra Áñez se inserta centralmente en la disputa por nuestra región entre las fuerzas neoliberales, antidemocráticas por definición, y las progresistas, democráticas por vocación.
18 abril, 2020
Todo es lo que parece: si parece un golpe de estado, “es” un golpe de estado, si parece un “Estado de excepción”, es un Estado de excepción — Ángeles Diez
F.
A. I. – 18/04/2020
Las ciencias físicas así
como las sociales tuvieron un momento revelador en el postulado
Ockhaniano que en su principio más elemental sostiene que no se
deben multiplicar las causas sin necesidad. O dicho de otra forma,
cuando para que ocurra un fenómeno se nos ofrecen 2 o más
explicaciones, la que tiene más posibilidades de ser la correcta es
la explicación más completa y simple.
Veamos dos ejemplos de
cómo se viola el principio ockhaniano. No hace mucho –aunque con
la crisis relanzada por la pandemia del coronavirus ya todo parece
lejano– la derecha boliviana respaldada por el ejército lanzaba un
ultimátum al presidente Evo Morales para que renunciara a su cargo,
ocupaba el parlamento colocando la biblia en lugar de la whipala y
emprendía la persecución de los líderes del MAS (Movimiento al
Socialismo) y la represión de los pueblos originarios (que
constituyen más del 60% de la población boliviana), supuestamente
partidarios del presidente Evo. Se suspendían todas las garantías
constitucionales, se colocaba a una presidenta –Jeanine Áñez– que
se autoproclamaba presidenta con el beneplácito del ejército, la
OEA (Organización de Estados Americanos) y los Estados Unidos[1].
 |
| Un militar le coloca la banda presidencial a Añez, autoproclamada presidenta sin quórum en el Congreso boliviano. Imagen EFE (tomada de https://www.pagina12.com.ar/230719-sin-quorum-jeanine-anez-se-autoproclamo-presidenta-en-la-paz) |
Para que todo esto
ocurriera sin gran disgusto internacional, los medios de comunicación
masivos –el poder mediático y sus paraperiodistas–
arreciaron con una campaña sin precedentes presentando los
acontecimientos como: crisis política en Bolivia, renuncia de Evo
Morales, dimisiones del vicepresidente Álvaro García Linera y de
los presidentes del Senado y de la cámara de diputados, intento de
Evo Morales por imponerse, fraude electoral, etc.[2] Pero,
significativamente también las críticas de la izquierda
progresista y feminista hacia el gobierno “patriarcal”
del presidente Evo sirvieron de material ideológico para apuntalar
un discurso justificador de un golpe de Estado. Así, aunque hubo
voces que proclamaron la evidencia de un golpe de Estado clásico y
difundieron las pruebas de cómo fue preparado por Estados Unidos,
sus organizaciones internacionales (específicamente la OEA) y las
élites bolivianas, el relato que acabó imponiéndose fue el de una
salida natural y formalmente democrática a una crisis institucional.
 |
| Militares bolivianos realizan un control en el municipio de El Alto durante la cuarentena. Martín Alipaz /EFE (Tomada de: https://elpais.com/internacional/2020-04-08/el-gobierno-de-bolivia-recibe-criticas-por-amenazar-la-libertad-de-expresion-durante-la-cuarentena.html) |
Todavía hoy, con la
crisis del COVID-19 las corporaciones mediáticas siguen justificando
el golpe de estado en Bolivia y hablan de "Gabinete interino de
Bolivia" y de "Decreto de la cuarentena que promulgó la
presidenta"; y desvían la atención de la evidencia de una
dictadura hacia alguno de sus síntomas: las limitaciones a la
libertad de expresión.
La explicación más
retorcida y rebuscada, la más difícil de argumentar y sostener: que
en Bolivia hay un gobierno interino, por arte de birlibirloque y en
contra de toda evidencia y análisis científico, se asume como
verdadera, en vez de la explicación más completa y simple: en
Bolivia hubo un golpe de Estado y hoy existe un gobierno totalitario.
El segundo ejemplo
paradigmático de cómo el mundo actual se nos presenta de una forma
y se nos explica de otra, es el de las democracias occidentales.
La crisis de la pandemia
del coronavirus ha desvelado, es decir, ha quitado el velo que
ocultaba la realidad de los sistemas representativos parlamentarios a
los que llamamos democracias. Como ya nos contaba el filósofo
Agamben al inicio del siglo XXI, éstas se aproximaban
inevitablemente a sistemas totalitarios. Puesto que, como ocurrió,
por ejemplo al inicio de la Primera Guerra Mundial en la que los
países beligerantes ya estaban en un estado de excepción
permanente, "la legislación excepcional por vía del decreto
gubernamental (que hoy nos es perfectamente familiar) se vuelve una
práctica corriente en las democracias europeas"[3].
El 14 de marzo el
gobierno del Estado español decretó el Estado de alarma. La
Constitución española no distingue prácticamente entre estado de
alarma y estado de excepción[4], únicamente por el tiempo que duran
sin necesidad de solicitar al parlamento una prórroga. En el primer
caso 15 días y en el segundo 30. En ambos es el ejecutivo quien
emite el decreto que los desarrolla y sólo tiene que consultar al
parlamento para su prórroga.
En el 2011 con el
movimiento 15M y anteriormente con la invasión y ocupación de Iraq
se decía en las calles: "lo llaman democracia y no lo es".
Ahora, una parte de esos mismos que demandaban una "democracia
real" insisten en convencernos de que esto es una democracia, la
única posible, que el sistema es reformable y la necesidad (o la
emergencia) es el fundamento y la legitimidad de un estado de alarma
que suspende nuestros derechos y garantías más fundamentales (y no
me refiero a salir de casa sino al derecho al trabajo, la
alimentación, la salud, la educación etc.) y deja en manos de los
cuerpos de seguridad la gestión de estos derechos.
Esta situación de
desamparo respecto a nuestros derechos más fundamentales llevaba
tiempo produciéndose. El informe del Relator Especial de NNUU sobre
la extrema pobreza y los derechos humanos en España, Philip Alston,
publicado a finales de enero de este año, antes de que se desatara
la pandemia, ya nos decía que si un español mirara a su país en un
espejo lo que vería sería:
"…una pobreza
generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de
proporciones inquietantes, un sistema de protección social
completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran
número de personas a la pobreza, un sistema educativo segregado y
cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más
beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática
profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los
procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas".
[5]
Pero todavía entonces, a
principios de año, estas palabras resultaban escandalosas igual que
el Informe del Banco de España afirmando que 4,5 millones de hogares
(el 25% del total) subsistían por debajo del umbral de la pobreza
como consecuencia de la inseguridad laboral, el empleo inestable y
los bajos salarios. Nadie en ese momento –excepto tal vez los
neofranquistas de Vox– justificaba esa realidad, y pocos pensaban que
medidas reformistas pudieran revertirla. Tampoco se justificaba,
desde los sectores de izquierda, la famosa ley mordaza ni la
posibilidad que ésta convirtiera de hecho a los policías en jueces
al poder sancionar y multar a cualquier ciudadano que consideraran
que había violado alguna norma real o imaginaria.
Así, aunque la situación
actual se nos presenta como “Estado de alarma para la gestión de
una crisis sanitaria”, y poder abordar la situación extrema de la
población, dos son las evidencias que nos permiten decir que esto no
parece un estado de alarma sino un Estado de excepción; y que este
país ya venía caminando hacia él.
La primera evidencia es
la actuación de los cuerpos de seguridad y la aceptación por parte
de la mayoría de la población de esta actuación, es decir, la
normalización de la actuación de la policía y el ejército. La
segunda es la imposibilidad de cualquier tipo de crítica y/o
resistencia ya que automáticamente provoca la condena, la represión
y la acusación de alianza con el discurso fascista. Aparentemente
porque, en España, un gobierno de coalición PSOE-UP, autoproclamado
de izquierdas no puede ser cuestionado pues este gobierno se
considera la encarnación en la tierra de la democracia misma. Pero
como diría también Agamben en relación al fin de la República de
Weimar que: "… una "democracia protegida" no es una
democracia, y que el paradigma de la dictadura constitucional
funciona sobre todo como una fase de transición que conduce
fatalmente a la instauración de un régimen totalitario"[6]
En la ley orgánica que
regula el Estado de alarma deja en manos del ejecutivo (a través del
Decreto) el ámbito territorial y el alcance. En el decreto del 14 de
marzo por el que se declaró el estado de alarma en España[7] se
declara como única autoridad competente al Gobierno, el ámbito
territorial es todo el territorio nacional y las primeras autoridades
competentes delegadas son la ministra de Defensa y el ministro del
interior, después el Ministro de transportes, movilidad y Agenda
urbana, y finalmente el de Sanidad. Uno de los aspectos más
significativos del decreto es el que establece que las "autoridades
competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas
armadas". En las ruedas de prensa del gobierno sobre el COVID-19
suele estar el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el General Miguel
Villarroya.
El papel de las fuerzas
armadas y los cuerpos de seguridad del Estado está siendo tan
relevante en estos momentos y los discursos aludiendo a la "guerra
contra el Coronavirus" son tan frecuentes, no solo en España, que
cuesta creer que se trate sólo de una medida temporal y de una
metáfora para describir la emergencia sanitaria. En la revista
infodefensa.com se señalaba en titulares que "La respuesta militar
en España ante el COVID-19 despierta el interés de Europa" [8].
Nótese que no despierta el interés nuestra respuesta sanitaria ni
la solidaridad de la población ni siquiera la respuesta del gobierno
sino la del ejército. Y es que, nuestra larga experiencia
totalitaria, va desde la eficacia con la que se ha disciplinado a las
clases trabajadoras mediante sus sindicatos de masas hasta el control
y gestión de la emigración con vallas, Centros de Internamiento,
devoluciones en caliente y disparos de pelotas de goma, o la
actuación de la Guardia Civil.
Casualidad o no, el mismo
periódico señalaba poco antes que Bolivia había desplegado 47.000
militares ante la emergencia sanitaria.
 |
| Agentes de la Policía Nacional realizan un control de tráfico con motivo del confinamiento decretado por el Estado de Alerta en la carretera de Valldemossa de Palma de Mallorca este lunes. En vídeo, declaraciones del general de brigada de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. (FOTO: EFE | VÍDEO: EP Fuente: https://elpais.com/espana/2020-03-30/multas-penas-de-prision-y-encarcelamientos-preventivos-por-saltarse-la-cuarentena.html) |
 |
| Detención en Almería el pasado sábado de un ciclista por incumplir las medidas de confinamiento del estado de alarma. Carlos Barba / EFE (Fuente: https://elpais.com/espana/2020-03-19/primeras-condenas-por-saltarse-el-confinamiento-del-estado-de-alarma.html?rel=mas) |
La revista El salto, una
revista de izquierdas, en un artículo de análisis jurídico sobre
las detenciones bajo el paraguas del Decreto, se hacía eco del
"trato poco correcto por parte de algunos agentes de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado"[9], no sin antes alabar las
medidas del gobierno para proteger la salud individual y colectiva de
los ciudadanos.
El tratamiento benévolo
hacia los cuerpos de seguridad del Estado, y subrayo "Estado", es
generalizado entre los medios de comunicación masiva, y la campaña
de propaganda ha sido tal que se ha conseguido extender los aplausos
al personal sanitario de las 8 de la tarde, hacia los cuerpos de
seguridad. Hecho al que se ha añadido un nuevo despliegue de
banderas españolas en los balcones y el himno nacional, incluso
pendones negros y crucifijos, todos ellos, exhibidos de esa forma,
recrean la tradición franquista.
 |
| Foto de la autora, tomada el 4 de abril de 2020 |
Finalmente, pareciera que
el objetivo de los estados de excepción que se despliegan hoy a lo
largo y ancho del planeta tuvieran como único objetivo preservar la
necesidad histórica de la economía y no de la salud, es decir, del
capitalismo, de continuar con la apropiación de valor y por tanto
aumentar el nivel de la explotación conjurando cualquier atisbo de
rebelión y/o revuelta. Esto es así porque las medidas más claras y
evidentes que están tomando todos los Estados y los organismos
internacionales para “gestionar la crisis” se dirigen a salvar la
economía no a la gente. Y las medidas que dicen ser para ayudar a la
gente también son económicas, asistenciales y temporales (ingreso
mínimo vital para la población vulnerable)[10]
Pero como ya planteó
Marx en 1842 en su famoso artículo sobre el robo de la leña,
denunciando una ley de la Dieta que prohibía a los trabajadores
recolectar las ramas secas caídas de los árboles para calentarse,
si la gente no ve delito donde no hay ninguno se conseguirá que el
propio delito se transforme en un hecho justo: "si el pueblo ve la
pena y no ve delito, y puesto que ve la pena donde no hay delito no
verá ningún delito donde haya una pena"[11]. Las leyes de las
democracias que devengan estados de excepción encubiertos no se
percibirán como justas, una vez finalizado el tiempo del COVID-19, y
por tanto las penas que se impongan tampoco serán vistas como
justas.
Quédate en casa haciendo
teletrabajo, quédate en casa educándote con la escuela y la
universidad virtuales, quédate en casa para recibir las ayudas de
emergencia, no te manifiestes, no te concentres, no te reúnas,
mantén una distancia social… o de lo contrario serás sancionado o
serás delatado por tus vecinos. El estado de excepción ya está
funcionando como un dispositivo de control naturalizado en un país
con escasa o nula tradición democrática. Pero también se da la
circunstancia de que, de forma desigual según las zonas, hay gentes
en esta francocracia que no se han acostumbrado a ver delito
en lo que consideran justo.
La única garantía que
tiene este gobierno, cualquier gobierno, tras el COVID-19 para
mantener el orden y la distancia social, será la prolongación de lo
que vengo llamando la francocracia española. Esto es, unas
instituciones y una población, predispuestas al totalitarismo, que
durante los últimos años han ido creciendo al calor del
consentimiento tanto de la izquierda como de la derecha política
ante el temor de la revuelta social, ya sea nacionalista, laboral, o
simplemente humanitaria.
Notas:
1. En 15 de enero
Mauricio Claver Carone, Director Senior del Consejo Nacional de
Seguridad para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, visitó
Bolivia para transmitir el respaldo de la administración Trump al
gobierno de
Añez.(https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/15/alerta-bolivia-funcionario-de-trump-visito-bolivia-y-transmitio-respaldo-de-ee-uu-a-gobierno-interino-de-jeanine-anez/)
2. Son evidencias
muy significativas la cantidad de entrevistas que se hicieron en los
medios como la BBC a la autroplocamada presidenta
(https://www.youtube.com/watch?v=aI0x5b8nOcc)
3. G. Agamben,
Estado de excepción. Homo sacer, I,II, pág. 41
4. Constitución
Española, Título V, artículo 116 “De las relaciones entre el
gobierno y las Cortes generales”. La Constitución deja el
desarrollo de este artículo a la ley orgánica que entró en vigor
el 6 de junio de 1981,
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774
5. Declaración
del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y
los Derechos Humanos,Philip Alston,sobre la conclusión de su visita
oficial a España, 27 de enero-7 de febrero de 2020
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S
6. Ibídem, pág.
46
7. Real decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
8. Foto:
https://www.infodefensa.com/es/2020/03/20/noticia-respuesta-militar-espana-covid19-despierte-interes-entre-paises.html.
9. Se trata de una
revista de izquierdas. El salto, Multas y detenciones en tiempos de
coronavirus: una mirada jurídica”,
https://www.elsaltodiario.com/conquista-derecho/multas-detenciones-coronavirus
10. La Vanguardia,
“El gobierno acelerará una renta mínima de emergencia ante la
pandemia”, 16/4/2020,
https://www.lavanguardia.com/economia/20200415/48545657354/gobierno-acelerara-renta-minima-emergencia-pandemia.html
11. K. Marx,
Artículos de la Gaceta Renana, 1842-43, pág. 208
28 noviembre, 2019
24 noviembre, 2019
EE.UU. y la construcción del golpe en Bolivia
Por: Silvina Romano,
Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández y Arantxa
Tirado
Aunque Evo Morales haya
salido victorioso en los comicios del 20 de octubre (por un margen un
poco mayor al 10 por ciento) la oposición declaró inválidos los
resultados y provocó una escalada de violencia para justificar un
golpe de Estado cívico, policial y militar.
Por lo menos desde el 21F
los medios de comunicación nacionales y extranjeros fabricaron
matrices de opinión falsas para deslegitimar a Evo y al proceso de
cambio ante la opinión pública. Finalizados los comicios, la
oposición rechazó los resultados, denunció fraude y se negó a
participar en la auditoría conducida por la Organización de Estados
Americanos (OEA) a propuesta del Gobierno boliviano, tras el informe
preliminar de la OEA que cuestionaba la imparcialidad de las
elecciones y denunciaba irregularidades en el conteo provisorio de
los votos. Dicho informe contribuyó con un recuento de sufragios que
no fue representativo y con declaraciones de su representante, que
contrastaban con otros informes más completos, como el de CEPR(1) o
la investigación del profesor de la Universidad de Michigan y
experto electoral, Walter R. Mebane(2).
Los comités cívicos
(dirigidos por empresarios de ultraderecha) salieron a “calentar”
las calles con grupos de choque, amenazando y golpeando a ciudadanos,
sobre todo indígenas. La Policía Nacional se replegó a los
cuarteles exigiendo un alza salarial. Grupos civiles armados y
uniformados amedrentaron a dirigentes del Movimiento al Socialismo
(MAS), ministros y cargos públicos para obligarlos a renunciar, y
prendieron fuego a sus casas, incluso, violentando a sus familias.
Finalmente, el Ejército se volteó y pidió/sugirió la renuncia de
Evo. Para evitar el derramamiento de sangre, él y el vicepresidente,
Álvaro García Linera, presentaron su renuncia.
Bolivia en la
geopolítica de EE.UU.
Por detrás de la
manufacturación de la idea de “fraude electoral”, hay que
considerar la importancia geopolítica y geoestratégica del
territorio boliviano y los intereses del sector público-privado
estadounidense, reflejados en más de un siglo de intervenciones en
el país andino(3). El MAS, gestionando en la dirección de políticas
más soberanas, rompió esta dinámica y provocó la hostilidad de
EE.UU. hacia el Gobierno boliviano.
La disputa por el acceso
y apropiación de los recursos naturales puede ser apreciada en los
cables de Wikileaks(4) e informes de think tanks
estadounidenses en los que se hace explícita la importancia de
determinados recursos bolivianos (en especial, el litio y el gas) y
la necesidad de eliminar los obstáculos para garantizar el acceso a
los mismos. En definitiva, dejan percibir un clima de “guerra por
los recursos” en la que China se dibuja como gran rival.
En un artículo titulado
“El papel de Bolivia en la transición energética amenazado por la
incertidumbre del litio”, el Atlantic Council -think tank
referente del establishment imperialista fundado en 1961 en el
marco de la Guerra Fría plantea que:
“Bolivia tiene un
alto potencial para ser crucial en el desarrollo de litio (…) el
mayor inhibidor de la inversión extranjera es la reputación
de Bolivia que tiene un clima de inversión inseguro.
Después de asumir el cargo en 2006, Morales nacionalizó
la industria de hidrocarburos de Bolivia, despojando la
propiedad de compañías extranjeras. Además de los reparos
sobre la ideología de Morales, existe su control sobre el
poder: Morales ha lanzado un referéndum público para
permitirle enmendar el límite constitucional del mandato, declarando
su candidatura para las elecciones del próximo año a pesar de
alcanzar el límite de mandato decretado constitucionalmente.
(…) El litio puede convertirse en un problema geopolítico. China
ya tiene una producción nacional significativa y ha comprado una
gran parte de la compañía de litio más grande de Chile,
consolidando cierto control sobre el suministro de litio”
[6 de agosto de 2018](5).
Por su parte, el Clima de
Inversiones de Bolivia 2019, publicado por el Departamento de Estado
de EE.UU. (DoE), menciona que “la falta de seguridad jurídica, las
denuncias de corrupción y los incentivos de inversión poco claros
son impedimentos para la inversión en Bolivia”(6),
Más de un año antes de
las elecciones, Stratfor (consultora que realiza
investigaciones de inteligencia para el Gobierno estadounidense)
plantea, en una serie de informes, un escenario posible (¿deseado?
¿buscado?) de disturbio, inestabilidad y posibles sanciones de EE.UU. frente a una victoria de Evo Morales:
“Las elecciones de
2019 serán el momento clave para la inestabilidad política
en Bolivia (…) Una elección muy disputada, en donde proliferen las
acusaciones de fraude electoral, podría prender
la llama en una escena política interna ya tensa. Las
manifestaciones se extenderían, particularmente en provincias
orientales como Santa Cruz, centro de la oposición política
boliviana. (…) Esa situación podría provocar un breve
período de confrontación política posiblemente violenta
en todo el país” [3 de enero de 2018](7).
“La amenaza de la
nacionalización y la fuerte intervención estatal permanecerán
siempre presentes si Morales logra la reelección, una perspectiva
que podría desalentar a los inversores extranjeros interesados en
las reservas de litio del país” [15 de junio de
2018](8)
“Una ola prolongada
de protestas también traería consigo riesgos políticos para el
gobierno de Morales. (…) sofocar violentamente las protestas
postelectorales correría el riesgo de atraer la atención negativa
de los Estados Unidos en forma de sanciones selectivas.
Las sanciones
pueden hacer poco para revertir un resultado electoral, pero podrían
amenazar las finanzas de los funcionarios del gobierno boliviano y
pueden influir en su voluntad de buscar otro mandato en el poder”
[20 de septiembre de 2018](9).
EE.UU. y la postura
oficial: antes de las elecciones y después del golpe
Desde 2017, diversos
comunicados oficiales, declaraciones de autoridades del Gobierno y
proyectos de ley dan cuenta de la incidencia del Gobierno
estadounidense de cara a las elecciones presidenciales en Bolivia.
OEA y medios de
comunicación: actores del lawfare electoral
El caso de Bolivia puede
representar una arista del lawfare (guerra por la vía
judicial) en su versión electoral, al asentarse en el uso de la ley
como un arma para lograr objetivos políticos. En este caso, abuso de
las normas de organismos internacionales, como la OEA, para
interferir en el derrotero político de Bolivia (aspecto que fue
subrayado por la delegación mexicana en la reunión del Consejo
Permanente de la OEA del 23 de octubre) y desconocimiento de la
legislación y las autoridades bolivianas. Lo importante es que esta
injerencia se muestre a la opinión pública no sólo como
conveniente sino como necesaria para rescatar la legalidad del
proceso democrático. Cuando la misión desembarca en Bolivia, llega
con una serie de juicios (prejuicios) y declaraciones que
clasificaron al proceso electoral como irregular, dudoso, tal vez
fraudulento, desde un inicio. Esto reproduce la práctica de, ante
todo, la práctica de culpar a un líder, grupo o sector político,
sin contar con las pruebas fehacientes para ello. Se instala, además,
la sospecha y duda sobre la actuación de las instituciones soberanas
de un Estado, sentando precedentes muy peligrosos de desconocimiento
supranacional de las soberanías nacionales emanadas de la voluntad
popular.
La legitimidad de la OEA
–y su impacto en la opinión pública– depende de la articulación
con los medios, porque allí se generan el linchamiento y las
acusaciones que se traducen en la deslegitimación del proceso
electoral en sí mismo. Para dar algunos ejemplos, medios
concentrados de EE.UU. y la UE, como la BBC(30), New York Times(31),
Washington Post(32), The Guardian(33); France 24(34), sumados a
agencias de prensa como Reuters(35), instalaron que lo normal u
obligatorio era ir a una segunda vuelta, aun cuando no se había
concluido el conteo de los votos. También arengan sobre las
protestas y la represión por parte del Gobierno (manipulando los
números sobre cantidad de manifestantes y las acciones de la Policía
para controlar la protesta); finalmente todos los argumentos apuntan
a que esta actitud de parte del MAS y de Evo Morales se deben al
autoritarismo o al carácter “dictatorial” del Estado boliviano y
llevarán a Bolivia a repetir la experiencia venezolana.
Asistencia para el
desarrollo (del golpe)
La ayuda para el
desarrollo estadounidense a América Latina y el Caribe, y su rol en
la “promoción de la democracia” –principalmente a través de
instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)–puede ser cuestionada desde
distintas aristas. Más de medio siglo de institucionalización de la
asistencia en Bolivia, que ha superado los 5 mil millones de dólares
y se incrementó de manera significativa en el siglo XXI, incluso en
los primeros años del Gobierno de Morales, han contribuido a la
dependencia externa y al debilitamiento del Estado en lugar de
reducir la pobreza.
Agencias como la USAID,
la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Instituto
Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Democrático Nacional
(DNI) lograron un impacto profundo en la vida política boliviana
bajo el argumento de promover la “democracia representativa” y el
libre mercado, por medio de asesoramiento y financiamiento de líderes
y partidos políticos(36). Como ejemplo, hay que destacar que una de
las claves para el impulso de los grupos opositores al gobierno del
MAS se dio con la implementación del programa Fortalecimiento de las
Instituciones Democráticas (FIDEM) por la USAID en octubre de 2006
al direccionar recursos a los gobiernos departamentales.37 A partir
de 2005 la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de USAID
dirigió la mayoría de su financiación a los proyectos separatistas
de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija)(38).
El frustrado golpe
cívico-prefectural en 2008 –que llevó a la expulsión del
embajador Philip Goldberg y de la DEA de Bolivia– marcó una
reducción en la asistencia, alcanzando uno de los niveles más bajos
(2.979.682 dólares) tras la expulsión de la USAID en 2013. Entre
todo el período 2013-2018 USAID destinó 70.681.620 dólares en
asistencia económica a Bolivia(39) que, a partir de 2014, pasa a ser
canalizada a través de otras agencias y se incrementa
vertiginosamente superando los 56 millones en 2015 (año previo a la
realización del referéndum constitucional de febrero de 2016)(40).
Los proyectos financiados
por la NED en 2018 estuvieron claramente orientados a los comicios
presidenciales, enfocándose principalmente al “apoyo” de
partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de
comunicación. Destacan los siguientes:(41)
En noviembre de 2018 la
Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundación
de los Derechos Humanos presentaron una denuncia en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA contra la
repostulación de Morales(42) Ambas organizaciones son financiadas
por la NED:(43)
Asistencia militar
Otro brazo fundamental de
la asistencia es el militar. Durante el periodo neoliberal la
participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en tareas de
seguridad interna respondía a lineamientos externos. La
militarización de la lucha contra las drogas se concretó por medio
de convenios bilaterales entre Bolivia y EE.UU., seguidos de la
aplicación de planes, operativos, creación de fuerzas especiales,
etc. Entre los principales resultados de ese proceso se destacan las
graves violaciones a los derechos humanos, inestabilidad política y
social, así como la pérdida de soberanía estatal en materia de
definición de políticas(44)
Parte fundamental de la
asistencia militar fue el envío de oficiales a cursos de
entrenamiento en Fort Benning, Georgia, donde funciona la heredera de
la Escuela de las Américas, el Instituto del Hemisferio Occidental
para la Cooperación en Seguridad, por el cual han pasado alrededor
de 4211 militares desde 1949 hasta 2004. En el periodo de 2000-2004
son unos 350 militares, entre los que se encuentra el nuevo
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general de
Brigada Sergio Orellana Centellas, quien asistió en 2003 al curso
“Operaciones cívico-militares”(45).
Aunque se puedan destacar
avances significativos de la estrategia contrahegemónica llevada a
cabo por el Gobierno del MAS en el ámbito de la seguridad, defensa
y, en particular, en la definición de políticas de drogas, la
actual coyuntura demuestra que no se ha logrado romper de manera
definitiva con la lógica securitaria estadounidense. Ejemplo
concreto de ello es que altos mandos de las FF.AA. Y funcionarios del
Gobierno involucrados en el proceso golpista, además del general
Orellana, pasaron por academias e instituciones estadounidenses:
El general Vladimir Yuri
Calderón, comandante general de la Policía, fue agregado policial
en Washington hasta diciembre de 2018.
El comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, fue agregado militar en EE.
UU. entre 2013 y 2016. Además asistió en Fort Benning al curso
“Comando y Estado Mayor en 2003”(46).
Manfred Reyes Villa,
exalcalde de Cochabamba y excandidato presidencial fue, asimismo,
alumno en Fort Benning.
General Remberto Siles
Vásquez (implicado en audio 12)(47) coronel Julio César Maldonado
Leoni (implicado en audio 8(48) y 9(49), coronel Óscar Pacello Aguirre
(implicado en audio 14)(50) y coronel Teobaldo Cardozo Guevara
(implicado en audio 10)(51) asistieron a la Escuela de las
Américas(52).
Red de derechas
Mientras la cooperación
fluye de forma directa a través de los canales estadounidenses y las
organizaciones locales, también opera de modo menos visible como
eslabón de una “red de derechas” nacional, regional e
internacional a través de fundaciones, medios de comunicación y
ONGs(54).
Algunos miembros de la
derecha local –vinculados al proceso golpista– con proyección
privilegiada en medios y redes son los siguientes:
Raúl Peñaranda:
Director FIDES, agencia de noticias miembro de la Agencia Nacional de
Noticias, a su vez, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa
(campaña directa en contra de gobiernos progresistas). Tuvo un rol
protagónico en el montaje del “Caso Zapata”, previo al
referéndum de febrero de 2016 (21F). Recibe financiamiento de la
NED. Se vincula con universidades estadounidenses como Harvard, a
través de cursos, y un premio brindado por la Fundación Nieman
(vinculada a la Sociedad Interamericana de Prensa en programas de
lucha por la “libertad de expresión”). Impartió cursos en el
International Republican Institute. Consigna en Twitter:
#VayanseDeUnaVez
Oscar Ortíz Antelo:
diputado por Unidad Demócrata. En 2008 crea la Fundación Nueva
Democracia y desde entonces cuenta con financiamiento de la NED. Ya
formaba parte del circuito de la NED, a través de sus vínculos con
la Alternativa Democrática para las Américas y la Unión de
Partidos Latinoamericanos(55) Todos organismos de la derecha
latinoamericana que, a su vez, se asocian a organizaciones dedicadas
a la “formación de líderes”, como la Fundación Atlas(56) o la
Red Liberal de América Latina (RELIAL)(57) La misma Fundación se
especializa en juventud, mujeres y liderazgo (rubros comunes en las
ONGs del nuevo milenio), que lo vinculan a Estudiantes por la
Libertad58 de la Red Atlas, por ejemplo. Estos cursos de verano,
seminarios y becas son financiados por la Fundación Konrad Adenauer
(alemana), a la vez que reciben financiamiento de la NED.
Carlos Mesa:
candidato opositor al MAS y expresidente de Bolivia. Implicado en
campaña y montaje previo al 21F. Directamente involucrado en rol
desestabilizador de la OEA. Reunión previa con Andrés Pastrana,
expresidente de Colombia, quien a su vez tiene relación con Fernando
Camacho (el que se sumó al no reconocimiento de los resultados
profesado por Mesa). Inició su relanzamiento a la Presidencia con un
vídeo en youtube. Consignas en Twitter: #EsAhoraONunca
#UnaBoliviaMejor #YaEsDemasiado.
Waldo Albarracín:
Decano de la Universidad Mayor de San Andrés, y miembro del Consejo
Nacional en Defensa de la Democracia (CONADE). Uno de los principales
implicados en el golpe. En rueda de prensa en La Paz, instó a la
resistencia civil para defender el voto y garantizar la segunda
vuelta en el país (ElDiario.es)(59). Albarracín está vinculado a
Logos International University (una universidad religiosa con sede en
Miami, que le otorgó un Honoris Causa)(60). La agencia Bloomberg(61)
y CNN62 son algunos de los medios concentrados que replican la
opinión de Albarracín y lo colocan en la opinión pública
internacional.
Jhanisse Vaca Daza:
Directiva de la ONG Rios de pie (Standing Rivers) la cual ha
utilizado su plataforma de manera permanente para diseminar
información manipulada y generar un rechazo hacia las políticas del
Gobierno a nivel nacional. Esta plataforma es financiada por el
Freedom Fellowship de la Human Right Foundation (HRF) de EE. UU.
Cuando fueron los incendios en la Amazonía boliviana, Ríos de Pie
logró posicionar en Twitter el hashtag #BoliviaUnida y
#Evoesfraude(63). Desde entonces, sus publicaciones tomaron una
postura antigubernamental y posicionando en redes que las elecciones
en Bolivia serían fraudulentas.
Egresada de la
universidad Estatal Kent en Ohio, estudio también en Harvard Kennedy
School en el programa “Liderando movimientos no violentos para el
progreso social”. En dicha escuela estuvieron también fuerzas de
la derecha venezolana como Ricardo Hausmann, Leopoldo López, Juan
Ignacio Hernández y Carlos Vecchio. Vaca Daza está vincualda con
Leopoldo López a través de su hermano Thor Halvorsenn64 y su
fundación “Human Rights Foundation”(65).
Ivan Arias Durán:
protagonista del operativo encubierto previo al golpe. Se
reunió con el opositor Jaime Antonio Alarcón Díaz y otros miembros
de los comités cívicos, donde acordaron obtener equipos de votación
rápida para las elecciones presidenciales, a fin de utilizarlos para
manipular la opinión pública sobre los resultados electorales y
declarar fraude. Hay una referencia de la Fundación Jubileo, la
Unión Europea, la Embajada de los Estados Unidos y la Iglesia
Evangélica(66). Publicó en Página 7 una columna de
opinión titulada “Evo, perdiste”(67).
De las fundaciones que
tuvieron rol protagónico destacan:
Human Rights
Foundation (financiada por gobierno noruego): el 26 de febrero en
México vía el Oslo Freedom Forum se llevó a cabo un evento que
juntó a la extrema derecha latinoamericana y de otras partes del
mundo(68). Promueve activamente la oposición a Cuba y Venezuela por
diferentes vías, especialmente a través de conferencias de líderes
de derecha.
Fundación Milenio:
ha tenido un rol protagónico en la crítica y desmoralización a la
política económica del gobierno del MAS. Es un think tank de
economía (neoliberal), también financiado por la NED, encargado de
elaborar informes anuales sobre el estado de la economía de
Bolivia(69). Dichos informes son promocionados por el Center for
International Private Enterprise (CIPE, dependiente de la NED)(70) A
pesar de estos múltiples vínculos, la fundación se autodefine en
su página web como “centro de pensamiento independiente, inspirado
en el propósito de modernizar las estructuras nacionales y
crear las condiciones propias de una sociedad abierta, democrática,
pluralista e integrada en el mundo”. Tiene llegada directa a la
prensa hegemónica (El Diario, Página 7, El Deber, Correo del Sur),
de modo que la “opinión experta” pasa a alimentar o condicionar
la “opinión pública”.
Conclusiones
Estudiar históricamente
los golpes de Estado en América Latina es urgente, y sobre todo para
Bolivia, país que en el siglo XX fue el que más golpes tuvo y que
desde la llegada de Evo había construido continuidad institucional
en un país divido racialmente y con fuertes diferencias de clase y
género. El golpe a Evo concatena varias experiencias golpistas de
finales de siglo XX y lo que va del siglo XXI. El cerco mediático
construido con terror en distintos medios nacionales (como en el
golpe a Chávez en 2002), la insubordinación policial (como a Correa
en 2010), el pedido de fuerzas de extrema derecha de no aceptar una
reelección más de Evo y de nuevas elecciones sin él (como en
Brasil con Lula), el intento de consumar el golpe de Estado
legitimándolo desde la comunidad internacional con el nombramiento
de un nuevo Gobierno de facto que se pretende validar
por unas futuras nuevas elecciones (como en Honduras, contra Zelaya,
en 2009), el eminente golpe con tácticas de terror social (como en
las distintas “guarimbas” en Venezuela), la autoproclamación de
Áñez (como la de Juan Guaidó en Venezuela) y el respaldo de
EE.UU., y posiblemente, el intento de judicialización (el cual
comenzó con Fernando Lugo en Paraguay y siguió por varios países
de Nuestra América).
NOTAS
36
https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/120/ayuda_fallida_de_estados_unidos_hacia_america_latina_el_caso_de_bolivia
55 La Unión de Partidos
Latinoamericanos fue creada en 1992, integrada entre otros, por el
Partido Conservador de Colombia, el partido Propuesta Republicana
(PRO) de Argentina, el Movimiento Demócrata Social de Bolivia, el
Partido Conservador de Nicaragua, etc. A su vez, este grupo de
partidos forma parte de la Unión Democrática Internacional (UDI),
fundada en 1983 por la vanguardia del neoliberalismo, Margaret
Thatcher y George H.W. Bush, entre otros.
56 Think tank fundado por
conservadores “libertarios” de EE. UU., especializado en promover
la creación de organizaciones neoliberales y la formación de
jóvenes líderes, particularmente en América Latina y Europa del
Este. Entre sus principales “benefactores” se encuentran los
hermanos Koch (millonarios, conservadores de derecha).
57 Organismo dedicado a
la “defensa de la democracia liberal, la libertad y responsabilidad
individual, el respeto a la propiedad privada, la promoción de un
gobierno limitado, el impulso a la economía de mercado y la primacía
del Estado de Derecho”. La junta honorífica es encabezada por
Mario Vargas Llosa. Ver: http://relial.org/.
58 Es uno de los aliados
de la RED ATLAS a nivel mundial y es una de las principales redes de
formación de liderazgos neoliberales. Ejemplo de evento en Bolivia:
https://i2.wp.com/eju.tv/wpcontent/uploads/2015/04/afiche-conferencia-01-682x1024.jpg
62
https://cnnespanol.cnn.com/video/boliva-waldo-albarracin-entrevista-fernando-del-rinconconclusiones/
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)