BOLIVIA: 'CNN' y 'El País' prepararon el golpe ——— Ángel Guerra Cabrera

 

LA HAINE – 19/03/2021

La dictadora al bote

La investigación abierta y prisión preventiva contra Jeanine Áñez, ex presidenta de facto de Bolivia –ex dictadora para mayor exactitud–, y dos ex integrantes de su gabinete, acusados de sedición, conspiración y terrorismo por los hechos que condujeron al golpe de Estado en 2019 contra el presidente Evo Morales, marca un hito fundamental en el restablecimiento del régimen constitucional y de la justicia en ese país.

Habría que añadir el efecto ejemplarizante que el hecho tiene para América Latina y el Caribe, donde la impunidad ha sido la regla para los autores de las innumerables rupturas del orden democrático, incluyendo las más recientes contra presidentes de la ola progresista iniciada tras la elección de Hugo Chávez en 1998. Conviene recordar que Áñez se proclamó presidenta del Senado y más tarde presidenta de Bolivia en una sesión en la que sólo había nueve senadores y estaba ausente la mayoritaria bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Eso sí, recibió la banda presidencial de manos del jefe de las fuerzas armadas.

La fiscalía también emitió órdenes de captura contra los ex ministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Interior) y Fernando López (Defensa) y ex jefes militares y policiales. Entre los militares destacan el general Williams Kaliman, jefe de las fuerzas armadas que desencadenó el golpe al pedir la renuncia de Morales, y su sucesor Carlos Orellana, el primero residente actual en Estados Unidos y el segundo en Colombia. Murillo y López se ausentaron del país después de la arrolladora victoria electoral en noviembre de 2020 de los candidatos masistas a presidente y vicepresidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca.

Está también comprendido en esta investigación el recién electo gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los protagonistas fundamentales del golpe, aunque todavía la fiscalía no ha ordenado su captura. Existen más responsables del atentado al orden constitucional, dentro y fuera de Bolivia, unos visibles en extremo, como el secretario general de la fétida Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro; otros más encubiertos, como los oficiales de la CIA participantes en la operación, en estrecha unión con sus colegas británicos.

El portal inglés Declassified UK, dedicado a asuntos de política exterior e inteligencia, revela, citando documentos del Foreign Office, que la embajada británica en La Paz se movió rápidamente para apoyar el régimen golpista con los ojos puestos en los yacimientos bolivianos de litio, los mayores del planeta.

El golpe de Estado comenzó a prepararse con mucha antelación, cuando los medios hegemónicos locales e internacionales, destacadamente CNN y El País, comenzaron a vaticinar con derroche de mendacidad que La Paz preparaba un gran fraude electoral, noción que desgraciadamente caló en la cabeza de muchos dentro y fuera de Bolivia. Sobre esta matriz de opinión se montaron las acciones de Almagro, imprescindibles para precipitar y consumar el golpe, de modo que el uruguayo puede ser considerado tan responsable como Áñez de la muerte de 36 personas en las masacres de Sacaba y Senkata y otros hechos de sangre, como de los 100 heridos y mil 500 presos políticos resultantes de la inmisericorde cacería de demócratas desatada por la dictadura añecista. La cancillería boliviana, que analiza llevar a Almagro a juicio, ha expresado: El señor Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia después del daño profundo que hizo al pueblo boliviano. Sus acciones costaron vidas y debe rendir cuentas.

No ha de extrañar por eso el cínico cuestionamiento del turbio personaje a la posibilidad de un juicio justo en Bolivia para los personeros de la dictadura, actitud con la que una vez más se extralimita en sus funciones e irrespeta la soberanía boliviana. La secretaría general debe atender la naturaleza colegiada de su mandato y abstenerse de confrontarse con un gobierno electo democráticamente como es el boliviano, fustigó la cancillería mexicana.

La medida de prisión contra la ex dictadora y su entorno ha llevado a la activación sediciosa de los llamados Comités Cívicos de la parte oriental y separatista del país, nido de las corrientes más reaccionarias, proimperialistas y antibolivianas, tras los cuales se parapetan los partidos de extrema derecha y derecha. Siempre partidarios del golpismo, estos grupos oligárquicos no pueden aceptar que sean llevados a juicio sus pares del gobierno de facto, por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino arder… No cabe duda del liderazgo de Camacho entre ellos, sujeto fascistoide que no tardará en buscar un choque con el gobierno del presidente Arce. El juicio contra Áñez se inserta centralmente en la disputa por nuestra región entre las fuerzas neoliberales, antidemocráticas por definición, y las progresistas, democráticas por vocación.

BOLIVIA: "Cuando la justicia atiende a indígenas víctimas, los verdugos blancoides gritan: ¡Es venganza!" — Ollantay Itzamná

Jeanine Áñez detenida cuando se ocultaba bajo el somier de una cama

 

MONCADA – 15/03/2021

Bastante demorado el sistema judicial boliviano envió a la cárcel preventiva, por cuatro meses, a la ex Senadora de Bolivia, Jeannine Añez (y a dos de sus ex ministros), quien en noviembre del 2019, luego de participar en el Golpe de Estado que destituyó a Evo Morales, se auto proclamó, de manera inconstitucional, Presidenta de Bolivia, y recibió la banda presidencial de manos de las Fuerzas Armadas.

¿Qué hizo Jeannine Añez durante casi un año de su gobierno de facto?

A parte de usurpar inconstitucionalmente la función de la Primera Magistratura del país, y participar activamente en el Golpe de Estado, mediante un Decreto Supremo liberó de responsabilidad penal a los militares que en el momento masacraban a indígenas y campesinos movilizados contra el Golpe en los municipios de Sacaba (Huayllani) y El Alto (Senkata). El saldo trágico fue: 37 indígenas asesinados a bala, cuyas almas y familiares aún deambulan por las calles de Bolivia clamando justicia.

Esta acción delictiva de Añez fue con saña, premeditación y alevosía. Al grado que, meses después, por presión internacional, tuvo que derogar dicho Decreto que promovía y premiaba con la impunidad masacres contra indígenas descontentos.

Durante su oscuro y doloroso gobierno de facto, públicamente persiguió mano militari a toda personas boliviana o no que se oponía al gobierno de facto.

Fue un vergonzoso y dantesco terrorismo de Estado: Ciberactivistas, dirigentes de los movimientos sociales, representantes del MAS, defensor@s de derechos humanos, periodistas…, fueron detenidos, encarcelados.

El gobierno de facto activó y financió a grupos armados paraestatales como la JRC (Cochabamba) o la UJC (Santa Cruz) que agredieron y humillaron a funcionarios públicos electos del período del defenestrado gobierno anterior.

A los gobiernos amigos del pueblo boliviano que intentaron ayudar en esa trágica historia, la usurpadora Añez los maltrató expulsando a sus cuerpos diplomáticos de Bolivia.

A éste caos político militar que quebró la estabilidad del país se sumó la pandemia del COVID19. Una desgracia humana que la usurpadora capitalizó, no sólo para afinar el terrorismo de Estado, sino para restaurar la industria de la corrupción pública como en la época republicana.

Compraron respirados mecánicos que no eran, con sobreprecios, mientras miles de bolivianos morían buscando respiradores. Hicieron una “masacre laboral indígena” despidiendo a trabajadores públicos para colocar a los familiares y parientes de los actores y promotores del Golpe en cargos públicos. Paralizaron todos los procesos de industrialización del país, y entregaron bienes públicos a sus allegados.

30 años de cárcel para los verdugos no devolverá la vida a las víctimas

Los delitos que se le imputa a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso), es insignificante.

Estos delitos de lesa humanidad deberían ser castigados con cadena perpetua para persuadir a futuros golpistas y prevenir futuras masacres. Ojalá sea otra motivación más para que la voluntad constituyente boliviana se reactive, y Bolivia perfeccione su Constitución Política Plurinacional.

No es venganza, es justicia mínima

Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

Por ello, esos verdugos tiznados de sangre, asumen que las y los sobrevivientes a sus masacres debemos callar y aceptar sus crímenes, como aceptan y callan, con el rabo entre las piernas, los perros castigados por sus dueños.

Venganza fue lo que hicieron con los familiares de nuestros abuelos y abuelas que se alzaron contra los abusos de la Colonia española y la República Criolla. Venganza fue cuando, después de descuartizar a Túpac Amaru/Micaela Bastidas, en Cusco, 1781, desterraron hacia el ultramar a toda la extensa descendencia ya rendida de nuestro abuelo Túpac Amaru.

Diego Cristobal Túpac Amaru (hermano de Túpac Amaru II), luego de firmar el Acuerdo de Paz, se negó abandonar Tinta (Cusco) y los verdugos, asesorados por el Obispo Moscoso, en 1783, lo descuartizaron a él y a toda su familia, e hicieron de la zona andina un calvario infernal… Otro tanto hicieron con Túpac Katari, Zárate Willka… quisieron hacer lo mismo con Evo Morales… pero no pudieron.

¡Cuántas evidencias más necesitamos! Esos seudocriollos y misticillos sanguinarios jamás nos aceptarán como humanos. En consecuencia, sino es ahora, mañana, nos masacrarán nuevamente. Seguirán humillándonos en nuestras propias tierras, protegidos con las biblias, cruces y gargantas de sus curas y obispos criminales.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Los pueblos indígenas y campesinos, esta vez, no podemos, ni debemos esperar pasivos a que la “justicia ordinaria criolla” haga justicia. Eso ya hemos esperado por más de cinco siglos. Debemos actuar, ahora, si acaso mañana no queremos que nuestros hijos sigan lamentando como, hoy, lo hacemos nosotros por las “autoderrotas” de nuestros abuelos.

Las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel. Esto es una mínima expresión de la voluntad soberana consciente de los pueblos que buscan procesos de cambios profundos en esta Abya Yala borracha con el aroma de sangre indígena fermentada en la impunidad.

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Artículo relacionado: Mensaje a Jeanine Añez, presidenta de los golpistas bolivianos

Todo es lo que parece: si parece un golpe de estado, “es” un golpe de estado, si parece un “Estado de excepción”, es un Estado de excepción — Ángeles Diez

F. A. I. – 18/04/2020

Las ciencias físicas así como las sociales tuvieron un momento revelador en el postulado Ockhaniano que en su principio más elemental sostiene que no se deben multiplicar las causas sin necesidad. O dicho de otra forma, cuando para que ocurra un fenómeno se nos ofrecen 2 o más explicaciones, la que tiene más posibilidades de ser la correcta es la explicación más completa y simple.

Veamos dos ejemplos de cómo se viola el principio ockhaniano. No hace mucho –aunque con la crisis relanzada por la pandemia del coronavirus ya todo parece lejano– la derecha boliviana respaldada por el ejército lanzaba un ultimátum al presidente Evo Morales para que renunciara a su cargo, ocupaba el parlamento colocando la biblia en lugar de la whipala y emprendía la persecución de los líderes del MAS (Movimiento al Socialismo) y la represión de los pueblos originarios (que constituyen más del 60% de la población boliviana), supuestamente partidarios del presidente Evo. Se suspendían todas las garantías constitucionales, se colocaba a una presidenta –Jeanine Áñez– que se autoproclamaba presidenta con el beneplácito del ejército, la OEA (Organización de Estados Americanos) y los Estados Unidos[1].

Un militar le coloca la banda presidencial a Añez,
autoproclamada presidenta sin quórum en el Congreso boliviano.
Imagen EFE (tomada de https://www.pagina12.com.ar/230719-sin-quorum-jeanine-anez-se-autoproclamo-presidenta-en-la-paz)

Para que todo esto ocurriera sin gran disgusto internacional, los medios de comunicación masivos –el poder mediático y sus paraperiodistas– arreciaron con una campaña sin precedentes presentando los acontecimientos como: crisis política en Bolivia, renuncia de Evo Morales, dimisiones del vicepresidente Álvaro García Linera y de los presidentes del Senado y de la cámara de diputados, intento de Evo Morales por imponerse, fraude electoral, etc.[2] Pero, significativamente también las críticas de la izquierda progresista y feminista hacia el gobierno “patriarcal” del presidente Evo sirvieron de material ideológico para apuntalar un discurso justificador de un golpe de Estado. Así, aunque hubo voces que proclamaron la evidencia de un golpe de Estado clásico y difundieron las pruebas de cómo fue preparado por Estados Unidos, sus organizaciones internacionales (específicamente la OEA) y las élites bolivianas, el relato que acabó imponiéndose fue el de una salida natural y formalmente democrática a una crisis institucional.

Militares bolivianos realizan un control en el municipio de El Alto
durante la cuarentena. Martín Alipaz /EFE
(Tomada de: https://elpais.com/internacional/2020-04-08/el-gobierno-de-bolivia-recibe-criticas-por-amenazar-la-libertad-de-expresion-durante-la-cuarentena.html)

Todavía hoy, con la crisis del COVID-19 las corporaciones mediáticas siguen justificando el golpe de estado en Bolivia y hablan de "Gabinete interino de Bolivia" y de "Decreto de la cuarentena que promulgó la presidenta"; y desvían la atención de la evidencia de una dictadura hacia alguno de sus síntomas: las limitaciones a la libertad de expresión.

La explicación más retorcida y rebuscada, la más difícil de argumentar y sostener: que en Bolivia hay un gobierno interino, por arte de birlibirloque y en contra de toda evidencia y análisis científico, se asume como verdadera, en vez de la explicación más completa y simple: en Bolivia hubo un golpe de Estado y hoy existe un gobierno totalitario.

El segundo ejemplo paradigmático de cómo el mundo actual se nos presenta de una forma y se nos explica de otra, es el de las democracias occidentales.

La crisis de la pandemia del coronavirus ha desvelado, es decir, ha quitado el velo que ocultaba la realidad de los sistemas representativos parlamentarios a los que llamamos democracias. Como ya nos contaba el filósofo Agamben al inicio del siglo XXI, éstas se aproximaban inevitablemente a sistemas totalitarios. Puesto que, como ocurrió, por ejemplo al inicio de la Primera Guerra Mundial en la que los países beligerantes ya estaban en un estado de excepción permanente, "la legislación excepcional por vía del decreto gubernamental (que hoy nos es perfectamente familiar) se vuelve una práctica corriente en las democracias europeas"[3].

El 14 de marzo el gobierno del Estado español decretó el Estado de alarma. La Constitución española no distingue prácticamente entre estado de alarma y estado de excepción[4], únicamente por el tiempo que duran sin necesidad de solicitar al parlamento una prórroga. En el primer caso 15 días y en el segundo 30. En ambos es el ejecutivo quien emite el decreto que los desarrolla y sólo tiene que consultar al parlamento para su prórroga.

En el 2011 con el movimiento 15M y anteriormente con la invasión y ocupación de Iraq se decía en las calles: "lo llaman democracia y no lo es". Ahora, una parte de esos mismos que demandaban una "democracia real" insisten en convencernos de que esto es una democracia, la única posible, que el sistema es reformable y la necesidad (o la emergencia) es el fundamento y la legitimidad de un estado de alarma que suspende nuestros derechos y garantías más fundamentales (y no me refiero a salir de casa sino al derecho al trabajo, la alimentación, la salud, la educación etc.) y deja en manos de los cuerpos de seguridad la gestión de estos derechos.

Esta situación de desamparo respecto a nuestros derechos más fundamentales llevaba tiempo produciéndose. El informe del Relator Especial de NNUU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en España, Philip Alston, publicado a finales de enero de este año, antes de que se desatara la pandemia, ya nos decía que si un español mirara a su país en un espejo lo que vería sería:

"…una pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas". [5]

Pero todavía entonces, a principios de año, estas palabras resultaban escandalosas igual que el Informe del Banco de España afirmando que 4,5 millones de hogares (el 25% del total) subsistían por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia de la inseguridad laboral, el empleo inestable y los bajos salarios. Nadie en ese momento –excepto tal vez los neofranquistas de Vox– justificaba esa realidad, y pocos pensaban que medidas reformistas pudieran revertirla. Tampoco se justificaba, desde los sectores de izquierda, la famosa ley mordaza ni la posibilidad que ésta convirtiera de hecho a los policías en jueces al poder sancionar y multar a cualquier ciudadano que consideraran que había violado alguna norma real o imaginaria.

Así, aunque la situación actual se nos presenta como “Estado de alarma para la gestión de una crisis sanitaria”, y poder abordar la situación extrema de la población, dos son las evidencias que nos permiten decir que esto no parece un estado de alarma sino un Estado de excepción; y que este país ya venía caminando hacia él.

La primera evidencia es la actuación de los cuerpos de seguridad y la aceptación por parte de la mayoría de la población de esta actuación, es decir, la normalización de la actuación de la policía y el ejército. La segunda es la imposibilidad de cualquier tipo de crítica y/o resistencia ya que automáticamente provoca la condena, la represión y la acusación de alianza con el discurso fascista. Aparentemente porque, en España, un gobierno de coalición PSOE-UP, autoproclamado de izquierdas no puede ser cuestionado pues este gobierno se considera la encarnación en la tierra de la democracia misma. Pero como diría también Agamben en relación al fin de la República de Weimar que: "… una "democracia protegida" no es una democracia, y que el paradigma de la dictadura constitucional funciona sobre todo como una fase de transición que conduce fatalmente a la instauración de un régimen totalitario"[6]

En la ley orgánica que regula el Estado de alarma deja en manos del ejecutivo (a través del Decreto) el ámbito territorial y el alcance. En el decreto del 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma en España[7] se declara como única autoridad competente al Gobierno, el ámbito territorial es todo el territorio nacional y las primeras autoridades competentes delegadas son la ministra de Defensa y el ministro del interior, después el Ministro de transportes, movilidad y Agenda urbana, y finalmente el de Sanidad. Uno de los aspectos más significativos del decreto es el que establece que las "autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas armadas". En las ruedas de prensa del gobierno sobre el COVID-19 suele estar el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el General Miguel Villarroya.

El papel de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado está siendo tan relevante en estos momentos y los discursos aludiendo a la "guerra contra el Coronavirus" son tan frecuentes, no solo en España, que cuesta creer que se trate sólo de una medida temporal y de una metáfora para describir la emergencia sanitaria. En la revista infodefensa.com se señalaba en titulares que "La respuesta militar en España ante el COVID-19 despierta el interés de Europa" [8]. Nótese que no despierta el interés nuestra respuesta sanitaria ni la solidaridad de la población ni siquiera la respuesta del gobierno sino la del ejército. Y es que, nuestra larga experiencia totalitaria, va desde la eficacia con la que se ha disciplinado a las clases trabajadoras mediante sus sindicatos de masas hasta el control y gestión de la emigración con vallas, Centros de Internamiento, devoluciones en caliente y disparos de pelotas de goma, o la actuación de la Guardia Civil.

Casualidad o no, el mismo periódico señalaba poco antes que Bolivia había desplegado 47.000 militares ante la emergencia sanitaria.

Agentes de la Policía Nacional realizan un control de tráfico con motivo del confinamiento decretado por el Estado de Alerta en la carretera de Valldemossa de Palma de Mallorca este lunes. En vídeo, declaraciones del
general de brigada de la Guardia Civil, José Manuel Santiago.
(FOTO: EFE | VÍDEO: EP Fuente: https://elpais.com/espana/2020-03-30/multas-penas-de-prision-y-encarcelamientos-preventivos-por-saltarse-la-cuarentena.html)

Detención en Almería el pasado sábado de un ciclista por incumplir
las medidas de confinamiento del estado de alarma. Carlos Barba / EFE (Fuente: https://elpais.com/espana/2020-03-19/primeras-condenas-por-saltarse-el-confinamiento-del-estado-de-alarma.html?rel=mas)

La revista El salto, una revista de izquierdas, en un artículo de análisis jurídico sobre las detenciones bajo el paraguas del Decreto, se hacía eco del "trato poco correcto por parte de algunos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado"[9], no sin antes alabar las medidas del gobierno para proteger la salud individual y colectiva de los ciudadanos.

El tratamiento benévolo hacia los cuerpos de seguridad del Estado, y subrayo "Estado", es generalizado entre los medios de comunicación masiva, y la campaña de propaganda ha sido tal que se ha conseguido extender los aplausos al personal sanitario de las 8 de la tarde, hacia los cuerpos de seguridad. Hecho al que se ha añadido un nuevo despliegue de banderas españolas en los balcones y el himno nacional, incluso pendones negros y crucifijos, todos ellos, exhibidos de esa forma, recrean la tradición franquista.

Foto de la autora, tomada el 4 de abril de 2020

Finalmente, pareciera que el objetivo de los estados de excepción que se despliegan hoy a lo largo y ancho del planeta tuvieran como único objetivo preservar la necesidad histórica de la economía y no de la salud, es decir, del capitalismo, de continuar con la apropiación de valor y por tanto aumentar el nivel de la explotación conjurando cualquier atisbo de rebelión y/o revuelta. Esto es así porque las medidas más claras y evidentes que están tomando todos los Estados y los organismos internacionales para “gestionar la crisis” se dirigen a salvar la economía no a la gente. Y las medidas que dicen ser para ayudar a la gente también son económicas, asistenciales y temporales (ingreso mínimo vital para la población vulnerable)[10]

Pero como ya planteó Marx en 1842 en su famoso artículo sobre el robo de la leña, denunciando una ley de la Dieta que prohibía a los trabajadores recolectar las ramas secas caídas de los árboles para calentarse, si la gente no ve delito donde no hay ninguno se conseguirá que el propio delito se transforme en un hecho justo: "si el pueblo ve la pena y no ve delito, y puesto que ve la pena donde no hay delito no verá ningún delito donde haya una pena"[11]. Las leyes de las democracias que devengan estados de excepción encubiertos no se percibirán como justas, una vez finalizado el tiempo del COVID-19, y por tanto las penas que se impongan tampoco serán vistas como justas.

Quédate en casa haciendo teletrabajo, quédate en casa educándote con la escuela y la universidad virtuales, quédate en casa para recibir las ayudas de emergencia, no te manifiestes, no te concentres, no te reúnas, mantén una distancia social… o de lo contrario serás sancionado o serás delatado por tus vecinos. El estado de excepción ya está funcionando como un dispositivo de control naturalizado en un país con escasa o nula tradición democrática. Pero también se da la circunstancia de que, de forma desigual según las zonas, hay gentes en esta francocracia que no se han acostumbrado a ver delito en lo que consideran justo.

La única garantía que tiene este gobierno, cualquier gobierno, tras el COVID-19 para mantener el orden y la distancia social, será la prolongación de lo que vengo llamando la francocracia española. Esto es, unas instituciones y una población, predispuestas al totalitarismo, que durante los últimos años han ido creciendo al calor del consentimiento tanto de la izquierda como de la derecha política ante el temor de la revuelta social, ya sea nacionalista, laboral, o simplemente humanitaria.

Notas:

1. En 15 de enero Mauricio Claver Carone, Director Senior del Consejo Nacional de Seguridad para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, visitó Bolivia para transmitir el respaldo de la administración Trump al gobierno de Añez.(https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/15/alerta-bolivia-funcionario-de-trump-visito-bolivia-y-transmitio-respaldo-de-ee-uu-a-gobierno-interino-de-jeanine-anez/)

2. Son evidencias muy significativas la cantidad de entrevistas que se hicieron en los medios como la BBC a la autroplocamada presidenta (https://www.youtube.com/watch?v=aI0x5b8nOcc)

3. G. Agamben, Estado de excepción. Homo sacer, I,II, pág. 41

4. Constitución Española, Título V, artículo 116 “De las relaciones entre el gobierno y las Cortes generales”. La Constitución deja el desarrollo de este artículo a la ley orgánica que entró en vigor el 6 de junio de 1981, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774

5. Declaración del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los Derechos Humanos,Philip Alston,sobre la conclusión de su visita oficial a España, 27 de enero-7 de febrero de 2020 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S

6. Ibídem, pág. 46

7. Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

8. Foto: https://www.infodefensa.com/es/2020/03/20/noticia-respuesta-militar-espana-covid19-despierte-interes-entre-paises.html.

9. Se trata de una revista de izquierdas. El salto, Multas y detenciones en tiempos de coronavirus: una mirada jurídica”, https://www.elsaltodiario.com/conquista-derecho/multas-detenciones-coronavirus

10. La Vanguardia, “El gobierno acelerará una renta mínima de emergencia ante la pandemia”, 16/4/2020, https://www.lavanguardia.com/economia/20200415/48545657354/gobierno-acelerara-renta-minima-emergencia-pandemia.html

11. K. Marx, Artículos de la Gaceta Renana, 1842-43, pág. 208 

"La mano del imperialismo norteamericano no debe ocultar los intereses europeos y especialmente los de las multinacionales españolas" — Ángeles Mastro

CANARIAS-SEMANAL.ORG. - 13/12/2019

LAS VENAS DE AMÉRICA LATINA VUELVEN A SANGRAR

Dos procesos contrapuestos pero con el mismo origen están sacudiendo –escribe Ángeles Maestro– la convulsa América Latina, el golpe de Estado en Bolivia y la revuelta masiva de los pueblos contra la versión más salvaje del capitalismo.

El origen es el mismo: la profundización de la crisis general que sacude en centro del imperialismo y que intensifica su naturaleza depredadora, prescindiendo, como siempre, de las máscaras de democracia con las que se cubre en tiempos de bonanza relativa.

La victoria electoral de Hugo Chávez en 1998 marcó el inicio de un proceso en el que llegan a los gobiernos de importantes países latinoamericanos fuerzas políticas que desbancan a los representantes de las burguesías aliadas del imperialismo y promueven, en diverso grado, medidas destinadas a mejorar los niveles de vida de las clases populares y nacionalizaciones de empresas y recursos.

Hace ya algún tiempo que los portavoces de la Casa Blanca, tras constatar sus dificultades económicas y militares en otras partes del mundo, anunciaron que volvían a poner la mira del objetivo en su patio trasero. En la presentación del documento que resume la estrategia para el periodo 2017–2027 del Comando Sur (USSOUTHCOM por sus siglas en ingĺés) titulado "Theater Strategy", su jefe desarrolló la prioridad que para EE.UU. vuelve a tener América Latina y sus enormes recursos naturales.

La intensificación del paramilitarismo en Colombia ya sin la contención de las FARC, los intentos de desestabilización en Venezuela y Nicaragua con el evidente objetivo de desencadenar un golpe de Estado, o el golpe que parece consumado en Bolivia cuando se escriben esas líneas, responden al mismo programa reeditado por enésima vez en la saqueada América Latina.

El guión y la dirección tienen la firma de EE.UU con un protagonismo cada vez mayor de Israel en la industria de la represión. La ejecución directa ha corrido - como siempre - a cargo de las bestiales oligarquías locales, preñadas de odio y de racismo hacia la clase obrera y los pueblos originarios, a imagen y semejanza de quienes en nombre de la cruz y el imperio español iniciaron el expolio de América Latina.

Es preciso señalar que, excepto en Venezuela –especialmente después del intento de golpe de estado de 2002– los diferentes gobiernos progresistas no procedieron a depurar los aparatos del Estado. Al frente de la judicatura (como se pudo comprobar en Paraguay o Brasil), del ejército y la policía, permanecieron representantes de las mismas clases sociales que habían sido temporalmente alejadas de los gobiernos y que sistemáticamente recurren al imperialismo estadounidense para recuperar sus privilegios.

Especialmente significativo es que, pese a la intensificación de la penetración militar de EE.UU en la región (se contabilizan 75 bases militares USA en diferentes países, Colombia formalizó su ingreso en la OTAN en 2018, desde 2008 la IV Flota se reactivó y son cada vez más frecuentes la maniobras militares "Unitas", con participación de numerosos países de la región) países como el Ecuador de Correa o la Bolivia de Evo Morales no rompieran en sus países la cadena de control del imperialismo sobre sus ejércitos y fuerzas de seguridad.

Pero la mano del imperialismo norteamericano no debe ocultar los intereses europeos y especialmente los de las multinacionales españolas –tan imperialistas como los de Washington– que muy probablemente están detrás del golpe en Bolivia, como lo estuvieron en el fallido golpe contra Chávez en 2002.

Es prácticamente imposible que un movimiento de la envergadura del golpe en Bolivia fuera desconocido por la importantísima presencia empresarial española en ese país y en el conjunto de América Latina.

Hay que recordar que España es el segundo país inversor en la región –tras EE.UU.– y que esta situación, que se inicia en la década de los 90, está íntimamente vinculada con la construcción reciente del capitalismo español. Tras el desmantelamiento del sector industrial en las décadas de los 80 y 90 (el PIB pasó de representar el 34% del total al 15% ), propiciado por la entrada de España en la CEE (1986) y llamado eufemísticamente "reconversión industrial", el gobierno del PSOE y después el del PP, privatizaron en tiempo récord los monopolios públicos de empresas estratégicas en hidrocarburos, telefonía, transportes, banca, comunicaciones, electricidad, etc. Las nuevas empresas privatizadas a precio de saldo, que amasan rápidamente fortunas considerables –clientela cautiva y puertas giratorias mediante– se organizan en un trust creado a instancias del gobierno de Felipe González y dirigido por él. El objetivo era conseguir mediante presiones y sobornos la venta, también a precios irrisorios, de recursos naturales y empresas públicas de los diferentes países latinoamericanos. El éxito fue enorme.

En un artículo reciente titulado "El Régimen de la Transición y el capital español en el saqueo de América Latina", he analizado este proceso.

Algunos de los datos de las privatizaciones referentes a Bolivia son los siguientes:

● Repsol compró IPBF en 1995 y controla hasta la fecha el 45% de las reservas de gas y el 39% de las reservas de petróleo.

● Red Eléctrica Española (privatizada pese a tan patriota nombre) compró en 1995 la empresa pública boliviana de distribución de electricidad ENDE.

● El BBVA controla desde 1997 dos fondos de pensiones privatizados que suponen el 53% del total.

● Otras empresas con importantes negocios en el país son Iberdrola, Unión Española de Explosivos, Editorial Santillana, Abertis, etc.

España es el segundo gran inversor en Bolivia, detrás sólo de EE.UU. Muchas de estas multinacionales españolas y de otros países europeos, sobre todo Alemania, estaban en conflicto con el gobierno de Evo Morales, que pretendía asumir, aunque fuera parcialmente, su control.

Pocas semanas antes del inicio del golpe, el Gobierno de Evo Morales cancelaba un proyecto de asociación para la explotación del litio entre la empresa pública Yacimientos de Litio y la multinacional alemana ACI Systems. Un año antes el gobierno de La Paz adjudicaba a una empresa china la explotación de una planta de litio, desechando los proyectos presentados por empresas españolas: Asociación Accidental TSK SEP Electrónica Electricidad, grupo empresarial presidido por el acaudalado empresario gijonés Sabino García, INTECSA Industrial –filial de la ACS de Florentino Pérez– y la Asociación Accidental AFK ACI Group.

El Golpe de Bolivia ha tenido la misma partitura que otros golpes contra gobiernos progresistas en América Latina, empezando por el más emblemático y terrible de 1973 contra el Chile de la Unidad Popular. La iglesia católica y otras sectas religiosas han tenido una participación destacada, como en otros derrocamientos de gobiernos populares en la región. "La Biblia volverá al palacio de Gobierno" era un lema de los golpistas bolivianos.

En diferentes publicaciones se ha documentado el papel de las ONGs en la financiación del golpe, con el pretexto de la ayuda humanitaria, y su penetración en los medios de comunicación. Desde hace tiempo se conoce que USAID desarrollaba proyectos de "autonomía regional", es decir, proyectos desestabilizadores de las oligarquías locales en el este Bolivia, en las zonas más ricas. Los incendios forestales del pasado mes de agosto, en vísperas de las elecciones, tenían como objetivo mostrar a Evo Morales como un agresor al medio ambiente. Algo así como la fabricación del "ecoterrorista" Sadam Husein y el cormorán anegado en petróleo, que sirvió para justificar los bombardeos contra Iraq en 1991. El País apunta el objetivo con claridad: "A lo largo de su gestión, Morales ha sostenido que ahora, en ningún campo, el país necesita “pedir limosna” a las potencias mundiales. Este discurso le dificulta la aprobación de una declaratoria de “desastre nacional”, que, según la legislación nacional, implicaría aceptar que el Estado carece de capacidad para enfrentar la tragedia. Decenas de instituciones ambientalistas y civiles, entre ellas la iglesia católica, así como manifestaciones espontáneas en las tres principales ciudades bolivianas –La Paz, Santa Cruz y Cochabamba– le han exigido que haga esta declaratoria".

Unos preparan el escenario del golpe mientras otros, como Pedro Sánchez y la UE, fieles a las multinacionales a las que representan y parapetados en la equidistancia "contra la violencia" justifican a los golpistas. Incluso comparten el escarnio del decreto del gobierno golpista que da a las fuerzas represivas licencia para matar y "que prevé la exención de responsabilidad penal, bajo determinadas condiciones, para el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno". El colmo de la complicidad en el crimen es el envío de instructores de la policía española para entrenar a los Carabineros de Chile.

En situaciones límite como ésta se caen las máscaras, no hay terceras vías.

Pero algo hay que aprender, porque el guión se repite y se repite y ya no es posible seguir alegando ignorancia.

Atilio Borón escribía en los momentos más álgidos de la desarmada resistencia del pueblo boliviano y tras la renuncia de Evo Morales lo siguiente: 

"Entran en escena las “fuerzas de seguridad”. En este caso estamos hablando de instituciones controladas por numerosas agencias, militares y civiles, del gobierno de Estados Unidos. Estas las entrenan, las arman, hacen ejercicios conjuntos y las educan políticamente. Tuve ocasión de comprobarlo cuando, por invitación de Evo, inauguré un curso sobre “Antiimperialismo” para oficiales superiores de las tres armas. En esa oportunidad quedé azorado por el grado de penetración de las más reaccionarias consignas norteamericanas heredadas de la época de la Guerra Fría y por la indisimulada irritación causada por el hecho que un indígena fuese presidente de su país. Lo que hicieron esas “fuerzas de seguridad” fue retirarse de escena y dejar el campo libre para la descontrolada actuación de las hordas fascistas –como las que actuaron en Ucrania, en Libia, en Iraq, en Siria para derrocar, o tratar de hacerlo en este último caso, a líderes molestos para el imperio– y de ese modo intimidar a la población, a la militancia y a las propias figuras del gobierno. O sea, una nueva figura sociopolítica: golpismo militar “por omisión”, dejando que las bandas reaccionarias, reclutadas y financiadas por la derecha, impongan su ley. Una vez que reina el terror y ante la indefensión del gobierno, el desenlace era inevitable".

Los pueblos del Estado español tenemos una responsabilidad especial con los pueblos latinoamericanos y las razones son abrumadoras:

● Es más que probable que intereses de empresas españolas sean cómplices del golpe de Estado en Bolivia.

● Tenemos enfrente a los mismos capitalistas explotadores que, bajo una u otra sigla de la extrema derecha azuzan el enfrentamiento de los sectores más desesperados del pueblo con las personas inmigrantes. Nadie habla de que los trabajadores y trabajadoras de allíhuyen del saqueo de sus países por las multinacionales de aquí. El objetivo es dividirnos, impedir que miremos hacia arriba y veamos las manos de los mismos poderosos moviendo las palancas de la tragedia.

Es imprescindible que la clase obrera y los pueblos, como hacen el venezolano y el cubano, aprendamos de la sangre derramada las enseñanzas que la historia insistentemente nos muestra. El capitalismo y el imperialismo, y es indiferente que sea estadounidense o europeo, no se detienen ni ante consideraciones democráticas, ni ante la masacre de poblaciones desarmadas. Por ello, cuando un pueblo decide recuperar –aunque solo sea en parte– los recursos que son soberanamente suyos y las riquezas con su esfuerzo construidas, tiene que prepararse para defenderlos con sus propias armas.

Nos manifestaremos en Madrid el sábado día 21 de diciembre, a las 18 horas, desde Glorieta de Atocha hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores, contra el golpismo imperialista y en solidaridad con la lucha de los pueblos latinoamericanos.

Notas y referencias bibliográficas:

1. Navarro Santiago (2018) La nueva estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos en Latinoamérica. http://rcci.net/globalizacion/2019/fg3932.htm

2. En este artículo" Israel y su larga data en América Latina" Yadira Cruz Valera analiza la implicación de Israel en diversos golpes de Estado en América Latina https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=308864&SEO=israel-y-su-larga-data-en-america-latina.

Aquí se hace referencia a las múltiples denuncias de de utilización de armamento y técnica militar israelí en la represión de las mocilizaciones populares contra Piñera en Chile http://piensachile.com/2019/11/chile-e-israel-una-alianza-asesina/

3. http://www.institutodeestrategia.com/articulo/americas/estados-unidos-otan/20171030175356007625.html

4. Los países latinoamericanos participantes en las maniobras militares Unitas 2018, junto a EE.UU fueron Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Honduras, Reino Unido, República  Dominicana. 

5. 

https://www.asturbulla.org/index.php/temas/economia/32685-el-impacto-de-la-ue-en-la-industria-espan-ola

6. Maestro Martín, Ángeles (2018) "El Régimen de la Transición y el capital español en el saqueo de América Latina". http://redroja.net/index.php/autores/angeles-maestro/4862-el-regimen-de-la-transicion1-y-el-capital-espanol-en-el-saqueo-de-america-latina#sdfootnote16sym

7. https://www.pv-magazine-latam.com/2019/11/04/bolivia-cancela-la-joint-venture-para-explotar-el-litio-con-una-empresa-alemana/

8. http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180518/consorcio-chino-adjudica-millones-3843525.html

9. https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2019/12/06/demuestran-implicacion-de-eeuu-en-golpe-de-estado-en-bolivia

10. https://elpais.com/internacional/2019/08/27/america/1566924897_335190.html

11. https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/11/12/el-gobierno-espanol-condena-la-intervencion-del-ejercito-para-forzar-la-dimision-de-evo-morales-pero-elude-hablar-de-golpe-de-estado

12. http://atilioboron.com.ar/el-golpe-en-bolivia-cinco-lecciones/