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15 marzo, 2021

BOLIVIA: "Cuando la justicia atiende a indígenas víctimas, los verdugos blancoides gritan: ¡Es venganza!" — Ollantay Itzamná

Jeanine Áñez detenida cuando se ocultaba bajo el somier de una cama
 


MONCADA – 15/03/2021


Bastante demorado el sistema judicial boliviano envió a la cárcel preventiva, por cuatro meses, a la ex Senadora de Bolivia, Jeannine Añez (y a dos de sus ex ministros), quien en noviembre del 2019, luego de participar en el Golpe de Estado que destituyó a Evo Morales, se auto proclamó, de manera inconstitucional, Presidenta de Bolivia, y recibió la banda presidencial de manos de las Fuerzas Armadas.


¿Qué hizo Jeannine Añez durante casi un año de su gobierno de facto?


A parte de usurpar inconstitucionalmente la función de la Primera Magistratura del país, y participar activamente en el Golpe de Estado, mediante un Decreto Supremo liberó de responsabilidad penal a los militares que en el momento masacraban a indígenas y campesinos movilizados contra el Golpe en los municipios de Sacaba (Huayllani) y El Alto (Senkata). El saldo trágico fue: 37 indígenas asesinados a bala, cuyas almas y familiares aún deambulan por las calles de Bolivia clamando justicia.


Esta acción delictiva de Añez fue con saña, premeditación y alevosía. Al grado que, meses después, por presión internacional, tuvo que derogar dicho Decreto que promovía y premiaba con la impunidad masacres contra indígenas descontentos.


Durante su oscuro y doloroso gobierno de facto, públicamente persiguió mano militari a toda personas boliviana o no que se oponía al gobierno de facto.


Fue un vergonzoso y dantesco terrorismo de Estado: Ciberactivistas, dirigentes de los movimientos sociales, representantes del MAS, defensor@s de derechos humanos, periodistas…, fueron detenidos, encarcelados.


El gobierno de facto activó y financió a grupos armados paraestatales como la JRC (Cochabamba) o la UJC (Santa Cruz) que agredieron y humillaron a funcionarios públicos electos del período del defenestrado gobierno anterior.


A los gobiernos amigos del pueblo boliviano que intentaron ayudar en esa trágica historia, la usurpadora Añez los maltrató expulsando a sus cuerpos diplomáticos de Bolivia.


A éste caos político militar que quebró la estabilidad del país se sumó la pandemia del COVID19. Una desgracia humana que la usurpadora capitalizó, no sólo para afinar el terrorismo de Estado, sino para restaurar la industria de la corrupción pública como en la época republicana.


Compraron respirados mecánicos que no eran, con sobreprecios, mientras miles de bolivianos morían buscando respiradores. Hicieron una “masacre laboral indígena” despidiendo a trabajadores públicos para colocar a los familiares y parientes de los actores y promotores del Golpe en cargos públicos. Paralizaron todos los procesos de industrialización del país, y entregaron bienes públicos a sus allegados.


30 años de cárcel para los verdugos no devolverá la vida a las víctimas


Los delitos que se le imputa a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.


La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso), es insignificante.


Estos delitos de lesa humanidad deberían ser castigados con cadena perpetua para persuadir a futuros golpistas y prevenir futuras masacres. Ojalá sea otra motivación más para que la voluntad constituyente boliviana se reactive, y Bolivia perfeccione su Constitución Política Plurinacional.


No es venganza, es justicia mínima


Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.


Por ello, esos verdugos tiznados de sangre, asumen que las y los sobrevivientes a sus masacres debemos callar y aceptar sus crímenes, como aceptan y callan, con el rabo entre las piernas, los perros castigados por sus dueños.


Venganza fue lo que hicieron con los familiares de nuestros abuelos y abuelas que se alzaron contra los abusos de la Colonia española y la República Criolla. Venganza fue cuando, después de descuartizar a Túpac Amaru/Micaela Bastidas, en Cusco, 1781, desterraron hacia el ultramar a toda la extensa descendencia ya rendida de nuestro abuelo Túpac Amaru.


Diego Cristobal Túpac Amaru (hermano de Túpac Amaru II), luego de firmar el Acuerdo de Paz, se negó abandonar Tinta (Cusco) y los verdugos, asesorados por el Obispo Moscoso, en 1783, lo descuartizaron a él y a toda su familia, e hicieron de la zona andina un calvario infernal… Otro tanto hicieron con Túpac Katari, Zárate Willka… quisieron hacer lo mismo con Evo Morales… pero no pudieron.


¡Cuántas evidencias más necesitamos! Esos seudocriollos y misticillos sanguinarios jamás nos aceptarán como humanos. En consecuencia, sino es ahora, mañana, nos masacrarán nuevamente. Seguirán humillándonos en nuestras propias tierras, protegidos con las biblias, cruces y gargantas de sus curas y obispos criminales.


¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.


Los pueblos indígenas y campesinos, esta vez, no podemos, ni debemos esperar pasivos a que la “justicia ordinaria criolla” haga justicia. Eso ya hemos esperado por más de cinco siglos. Debemos actuar, ahora, si acaso mañana no queremos que nuestros hijos sigan lamentando como, hoy, lo hacemos nosotros por las “autoderrotas” de nuestros abuelos.


Las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel. Esto es una mínima expresión de la voluntad soberana consciente de los pueblos que buscan procesos de cambios profundos en esta Abya Yala borracha con el aroma de sangre indígena fermentada en la impunidad.

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Artículo relacionado: Mensaje a Jeanine Añez, presidenta de los golpistas bolivianos


04 agosto, 2020

Seis meses de prisión por robar dos quesos


A. L. H. - 31/01/2020

Seis meses de cárcel por robar dos quesos de 14 euros


El condenado, cartagenero de 22 años, intentó irse sin pagar, pero fue retenido por la vigilante y el encargado.


El asunto se resolvió en su momento en un juicio rápido, el joven recurrió y ahora la Audiencia Provincial ha desestimado su recurso y, por tanto, confirmado la sentencia de un juzgado de Lo Penal que condenaba a un cartagenero de 22 años a pasar seis meses en prisión por robar dos quesos de un supermercado de El Palmar, en Murcia.


01 junio, 2019

SE DERRUMBA LA TEORÍA QUE SITUABA A DIOS POR ENCIMA DEL JUEZ MARCHENA


ES JUSTAMENTE LO CONTRARIO, ASEGURAN VARIOS FÍSICOS

El propio creador del Universo se reafirmaba ayer ante los periodistas no solo de su sometimiento absoluto ante el presidente del Tribunal Supremo sino de su incuestionable respeto y admiración por el elegante y sarcástico juez.

"Jamás de los jamases se me hubiera ocurrido pensar que yo tuviese algún tipo de poder sobre Marchena, no me jodas", añadió Dios. "Una vez intenté que cogiese una gripe y me salió a mí un herpes", puntualizó.

Dios confesó también que está siguiendo por fax todas y cada una de las sesiones del juicio al Procés, "sobre todo cuando intervienen los testigos de la Defensa y Marchena se pone todo loco", según palabras del Sumo Hacedor.

"Me encanta cuando el tío deja que los guardias civiles expresen sus sentimientos de miedo hacia el Fairy y sin embargo no permite que una testigo asegure que alucinó con la visión de las porras apaleando señoras", dijo el Mesías que ahora está en el cielo.

"Yo no tendría cojones de hacer eso", reconoció, "por eso digo que al lado de él soy una puta mierda".



04 mayo, 2018

Diez tesis sobre la (in)justicia - Iñaki Gil de san Vicente (colaboración para Borroka Garai da!)




Artículo de colaboración para Borroka Garaia da! - Autor: Iñaki Gil de san Vicente

Si observamos las necesarias críticas que está recibiendo el aparato judicial en los últimos tiempos, vemos que la inmensa mayoría se centran lógicamente en la injustificable sentencia del «caso la manada». Vemos también que algunas personas extienden sus análisis a otros casos como el proceso contra los jóvenes de Altsasu, contra la libertad de expresión en la Red, contra los derechos de Catalunya, contra los cientos de sindicalistas cuya libertad pende de un hilo, sobre la inacabable lista de multas que golpean a las débiles economías populares, o la judicialización de la política y la politización de la justicia… Todas ellas son pertinentes, abren vías de debate y concienciación, y frecuentemente se acercan al problema de las movilizaciones o lo desarrollan abiertamente.

Pero se echan en falta como mínimo dos perspectivas más: una, ubicar la acción represiva del aparato judicial español dentro de la totalidad del sistema imperialista, es decir y por ejemplo, los golpes de Estado llamados «judiciales» realizados por el funcionariado fiel al Estado del capital, y más recientemente el papel de la justicia yanqui en la detención de Santrich, sobre la que volveremos en otro artículo; y dos, y sobre todo, demostrar que no existe independencia judicial alguna, que no existe ninguna división de poderes, que en todo caso sólo existiría una relativa autonomía de funciones tácticas y técnicas supeditada a las directrices estratégicas que emanan del Estado del capital y de la misma ideología reaccionaria de muchos funcionarios asalariados llamados «jueces». Vamos a presentar algunas tesis a modo de incitación al debate sobre esta cuestión cada vez más importante en la lucha de clases.

1. La «justicia», el «derecho» y la «democracia» en abstracto, como ideas puras, sin contenido de clase, de sexo-género y de pueblo o nación dominante son imposibles en todo modo de producción basado en la propiedad privada de las fuerzas productivas. Más aún, los conceptos de «justicia», «derecho», «democracia» con su carga ideológica actual sólo son posibles en la esfera de lo abstracto en la sociedad burguesa, porque sólo ésta se basa en el fetiche de la mercancía, en la implacable dictadura del trabajo abstracto y en la ley del valor, bases de la tríada citada arriba.

2. En esta sociedad, la «justicia», el «derecho», la «democracia» sólo son reales en su pleno sentido para la clase burguesa porque sólo ella las disfruta, controla y dirige mediante el poder omnímodo que le garantiza diariamente su propiedad privada de las fuerzas productivas y las relaciones sociales e ideológicas que surgen de esa propiedad; por esto mismo la «democracia», el «derecho» y la justicia» son los más efectivos medios de sojuzgamiento y alienación en los períodos de débil lucha de clases, efectividad que se debilita conforme ésta desarrolla su contenido político, es decir, por la destrucción de la dictadura del salario. En la medida en que esto sucede el capital se despoja de la cada vez más ineficaz tríada a la vez que multiplica las represiones hasta llegar al terror si fuera necesario.

3. No existe una «separación de poderes» entre el ejecutivo, el judicial y el legislativo, sino una auténtica división técnica del trabajo entre los tres bajo la dirección estratégica del Estado. La efectividad ideológica de alienación de semejante división del trabajo es innegable porque oculta la dictadura de facto del capital. La «independencia judicial» es una ficción, una entelequia sistemáticamente alimentada por la clase burguesa para reforzar su poder. En la práctica, sólo existe una mayor o menor autonomía relativa del aparato judicial con respecto al poder estatal, el decisorio, y a los intereses del capital. La judicatura es sólo es un sub-poder que el Estado delega en algunas personas fieles al capital, seleccionadas con creciente rigor según asumen tareas de orden y represión más altas. Los filtros garantes de su lealtad al capital empiezan bien pronto en el sistema educativo mediante la selección ideológica conservadora que se realiza en el entorno social, familiar, universitario y funcionarial. El salario, las prebendas y honores apuntalan la fidelidad al orden establecido.

4. La autonomía relativa del aparato judicial depende de múltiples factores imposible de exponer aquí, como por ejemplo la ideología personal más o menos reaccionaria, misógina, racista de los jueves, o en algunos casos su ideología de «neutralidad axiológica» o tal vez en ciertas individualidades un democraticismo básico, etc., de modo que en apariencia el aparato judicial muestra una diversidad en circunstancias determinadas que no tiene en su conjunto. Otra razón más amplia de la autonomía relativa es la historia de la lucha de clases en cada Estado, en especial las diferencias entre fracciones de la burguesía, de modo que dependiendo de la fuerza obrera y popular y de las divergencias internas en el poder, el capital ha tenido que aflojar, ceder en su rigor represivo y abrir espitas que suavicen algunas tensiones o el clima de pre-crisis estructural: reformar o morir.

5. Puede incluso llegar un momento en el que el aparato judicial esté cuarteado en su fidelidad a sectores diferentes de la burguesía; fisuras que reflejan la existencia de una crisis estructural más profunda: en tales situaciones es el devenir de la lucha de clases y de las luchas cainitas en la burguesía el que decide en resultado último; en síntesis, revolución o contrarrevolución. Sin llegar a esta situación, el aparato judicial sufre una parálisis creciente, expresión de la crisis del Estado. Deliberadamente, la burguesía española apenas ha potenciado una judicatura efectiva, rápida y ágil: poco gasto público, escasos medios y mucha defensa de la propiedad privada, del patriarcado y de la unidad nacional española. Así se explica que en 2009 se realizaran dos huelgas de jueces, en 2012 muchos jueces apoyaron la huelga general, ahora mismo en Galiza se protesta por el colapso práctico, y casi la totalidad de jueces y fiscales haya anunciado una huelga para este 22 de mayo.

6. En realidad, lo que buscan estas movilizaciones es mejorar los medios para servir al capital y al Estado. Los jueces y fiscales saben que el hundimiento de su legitimidad sería una catástrofe sociopolítica para ellos y para el sistema al que sirven, como ya se está viendo en las protestas contra la Manada y el terrorismo machista, contra en endurecimiento represivo generalizado, contra la impunidad de la corrupción, contra la devastación de derechos elementales como el de las pensiones y los salarios directos y diferidos, contra la tranquilidad del capitalismo criminal (¿?), contra el terrorismo empresarial con el aumento de los “accidentes” de trabajo, contra la normalización de los malos tratos y torturas, contra el auge fascista y racista, contra el poder de la burocracia eclesiástica…

7. Una función básica del reformismo es estas situaciones es la de hacer de bombero. Desde su origen, el reformismo asume y propaga la ideología burguesa de la aparente «división de poderes» que tomó cuerpo definitivo a mediados del siglo XVIII. Ahora mismo tenemos tres ejemplos: en los Països Catalans un sector de la casta intelectual añora la llamada «justicia transparente», fantasía imposible en el capitalismo. En Euskal Herria, EH Bildu plantea en su proyecto de soberanía dotarse de los «tres poderes que conforman el estado democrático de derecho» más un «cuarto poder social-ciudadano que permita vehicular propuestas de la ciudadanía». Y en el Estado español Podemos ni siquiera se atreva a reivindicar la República: ¿Qué justicia, derecho y democracia caben en una monarquía que ancla el imperialismo español en lo más profundo del atavismo político-religioso precapitalista?

8. Con sus diferencias obvias, la «justicia», el «derecho» y la «democracia» son otros tantos campos de batalla de clase, de sexo-género y nacional en la lucha entre el capital y el trabajo. Las mil formas que adquiere esa lucha se ramifican por entre todas las opresiones y explotaciones, por entre el conjunto de la mercantilización de la naturaleza y de la vida, por entre los vericuetos legales de la privatización del pensamiento y de la ciencia crítica. Quiere esto decir que las izquierdas han de asumir la acción diaria en estos conflictos mediante los cuales el capital fortalece su dominación. Han de cuestionar radicalmente la tríada en sí misma para combatir cada una de sus expresiones particulares y singulares, y a la vez, dialécticamente, ha de luchar contra cada una de sus expresiones según una estrategia orientada a conquistar otra democracia, derecho y justicia –otro poder- cualitativamente diferente, antagónico.

9. Hay reivindicaciones permanentes: Los jueces han de rendir cuentas a sus entorno social y popular, han de ser elegidos y revocados por este entorno que podrá acceder a su quehacer sin menoscabo de la seguridad necesaria; organizaciones y colectivos sindicales, sociales, políticos, culturales progresistas tienden derecho de intervención en los procesos judiciales, y tienen derecho de control sobre el quehacer policial y la elección y revocación de sus mandos, etcétera. Objetivos insertos en una estrategia más amplia sobre control obrero, democracia directa, control por consumidores y usuarios de los servicios y gastos públicos; publicidad del secreto bancario, control de la industria mediático-cultural; derecho a recuperar fábricas y locales… Son las llamadas «reformas revolucionarias» que refuerzan autoorganización obrera y popular.

10. Estas y otras reivindicaciones no surgen de la nada: la historia de los pueblos, clases y mujeres oprimidas demuestra que existe otra justicia. Las utopías rojas, las herejías milenaristas y comunalistas, las «monjas» insurrectas en la antigua China, las revueltas y rebeliones esclavas y campesinas, el derecho de tiranicidio debatido en la Iglesia y practicado por la burguesía revolucionaria, la revolución haitiana, la justicia de los luditas y las leyes de Bolívar, la experiencia de las luchas entre 1830-1848, la sublevación india de 1857 y la rebelión Taiping china, la actualidad de la Comuna de 1871, la revolución de 1905, la revolución mexicana de 1910-1917, la revolución bolchevique, la Baviera soviética de 1918, la Comuna de Donostia de 1936 y los logros de Catalunya y Aragón en 1936-1937, el derecho a la rebelión contra la injusticia y la opresión sancionado en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada por la ONU en 1948, las experiencias anticoloniales, antiimperialistas y socialistas… Debemos actualizar esta brillante historia ética e intelectual de la Humanidad explotada.

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“Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante, o sea, las ideas de su dominación. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión, y, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean; por ello mismo, las ideas dominantes de la época.” Karl Marx

28 febrero, 2017

SOBRE LO LEGAL Y LO LEGÍTIMO - Alejandro Floria Cortés


Obviando los grises engranajes de la megamáquina, parece claro, y hay abundante evidencia empírica, que las leyes son un mecanismo mediante el cual es posible, a conveniencia, legalizar lo ilegítimo e ilegalizar lo legítimo.

Legalizar así, no parece ser mucho más que dotar de aptitud, corrección o validez sistémica a algo o alguien unido a sus actos.

Lo que no parece gran cosa para una burocracia dependiente que derrocha tiempo y folios bajo el amparo de una violencia cuidadosamente diseñada, implantada y monopolizada. Es, sin más, una posibilidad esperada.

Igualmente, el diagnóstico de la ilegalidad está resultando, por otra parte, una expresión de coerción (mal) disfrazada de razón, propia de un paternalismo fascista, que invade el pensamiento, la creación y la intención.

La componente de interpretación de la semántica, producto de múltiples variables, es sustituida por la sospecha de un crimental orwelliano.

Es la mordaza, la enésima ofensiva contra la pobreza, la expulsión de quienes no tienen valor para el sistema o le cuestan demasiado, el mensaje inequívoco para quienes lo cuestionan de forma comprensible.

Lo legítimo, que tendría mucho de bien comunal, sería lo propio de personas y colectivos que forman parte de un complejo sistema natural, con múltiples interdependencias, que tiene la capacidad de dotarse por sí mismo y de forma equilibrada de bienestar, igualdad, libertad, cohesión,…

Mediante su legalización, lo legítimo, en sus múltiples formas, es mutilado y mercantilizado para su saqueo por las manos invisibles de Adam Smith y su manada de presuntos asesinos sociales en los últimos doscientos años. Mucho tiene que ver la extracción de lo legítimo con la cosificación ciudadanista.

Si aceptamos que administrar justicia, más allá de la opinión que nos merezca el concepto y el contexto, es aplicar (estas) leyes y hacer cumplir sentencias (de esta forma), es lógico que asistamos, entonces, a situaciones y veredictos como los que hemos vivido esta semana (Nóos, Valtonyc, Blacks, la reducción de condena al agresor del portal de Alicante…) pues el sistema, su sistema, funciona jodidamente bien, y según lo previsto.

De hecho, en tanto que no se modifiquen una amplia variedad de circunstancias reconocibles (mediante una autoorganización amplia y multisectorial desde abajo), podemos esperar que estos mensajes, en sus dos manifestaciones de impunidad y amenaza, persistan, insistan y proliferen.

La sobreinformación por los miedos de masas y el mal uso de las redes sociales contribuyen, por su parte, a normalizar estas perversiones, pues disipan la energía y la creatividad precisas para una eventual reacción para la transformación, la cual también se enfrenta, en su modelización, a la propia disonancia cognitiva.

La frecuencia de la ocurrencia de un evento está directamente relacionada con la integración del mismo y, en última instancia, con su aceptación.

Urge abandonar, por ello, la actitud de la cabeza de fósforo. Resultará más eficaz, a corto y medio plazo, pensar en qué podemos hacer para cambiar algo, de qué modo nos tenemos que organizar para ello y con quien nos podemos encontrar que comparta, me permitiré la ironía, nuestra visión y nuestros valores.

Habrá para quien resulte doloroso, en este sentido, que los gerifaltes de la izquierda del cambio persistan en la vacuidad y la corrección del lenguaje y las herramientas del sistema para expresar sus ¿contundentes? reacciones a la infamità mediante tuits estéticos y poéticos hasta la náusea.

Y no puede ser tal cosa más que en virtud de unas expectativas mal fundamentadas, con escasa visión de conjunto y, finalmente, insatisfechas.

En un mundo sometido a una economía de mercado que omite de su balance el bienestar de las personas y el equilibrio medioambiental (en definitiva, que transfiere pobreza, que genera desigualdad, que destruye el planeta,…), el destino del tejido político institucional es el de preservarlo mediante legislación para minorías, coerción, infoxicación, pan y circo.

El sistema no modificará sus peores consecuencias por el hecho de recibir pequeñas reformas que nunca van a ir más allá de redistribuciones cosméticas de (parte de) la riqueza.

De hecho, ayudaría mucho redefinir qué podemos entender por riqueza y asumir que tal concepto no puede ser excluyente, pues estaríamos hablando de otra cosa, de, por ejemplo, un botín.

Realidades como el expolio total de África, la sobrexplotación de recursos en todo el mundo, la imposición de monocultivos del sur y los planes de ajuste estructural en cualquier parte parecen invisibles para los autocomplacientes ciudadanos socialdemócratas del norte, que no hilvanan la secuencia histórica del colonialismo, la dependencia económica, el imperialismo y la globalización de sus embusteros libros de texto.

¿Tienen algún sentido las tibias propuestas políticas de las izquierdas institucionalistas (ya de por sí muy cargadas de reactividad y complejos) si no miran al resto del mundo, si no asumen las dramáticas consecuencias de un sistema de mercado sobre millones de personas en una biosfera herida de recursos finitos y menguantes?

Evidentemente, no, y es que no son honestas consigo mismas. Hasta el punto que estos entramados políticos están propiciando una percepción sobre sí mismos bien poco reconfortante: escasa visión de conjunto, de modelización y de análisis; por extensión, proyecto desdibujado, ausencia de alternativa e inacción; tristemente, la de sepultar la crítica, coartar la organización y la participación, y, en última instancia, la de controlar la disidencia.

“Las leyes y las constituciones que por la violencia gobiernan a los pueblos son falsas. No son hijas del estudio y del común ascenso de los hombres. Son hijas de una minoría bárbara, que se apoderó de la fuerza bruta para satisfacer su codicia y su crueldad”, escribía un lúcido Rafael Barrett, sintetizando en escasas líneas nuestra realidad y nuestra necesidad.

Nuestros problemas no tiene arreglo en esta sociedad. Se trata, realmente, de construir de nuevo los sistemas fundamentales, en definitiva, nuestras relaciones en el más amplio sentido del concepto y en todos los ámbitos.
Podemos detallar y proponer medidas públicas de mínimos para diversas estrategias de carácter facilitador y, sólo parcialmente, complementario, mas no es posible esperar mucho de esto.

Es perentorio experimentar y promover otras formas de organización desde abajo y exteriores a un sistema agotado.