18 noviembre, 2026

Privatizaciones: pan para hoy, hambre para mañana — Augusto Zamora Rodríguez

 


En la década de los 80, tras su ascenso al poder en EEUU y Gran Bretaña, Ronald Reagan y Margaret Thatcher lanzan una ofensiva ideológica contra el papel del Estado en la economía y por la liberación absoluta de los mercados, para dejar que la «mano invisible» del capital regulara la economía y el comercio mundiales. A esta ofensiva se la denominó «neoliberalismo», pues significaba sacar al liberalismo salvaje del hondo foso en el que la suma –accidental– de keynesianismo, socialismo y comunismo lo habían enterrado. La ideología fue resumida en una frase, contenida en su discurso de toma de posesión, en enero de 1981. Reagan afirmó: «Antes se sostenía que el Estado era la solución; hoy sabemos que el Estado es el problema». La frase adquirirá carácter de consigna y será repetida con fervor de iluminados por los devotos creyentes y seguidores del resucitado liberalismo decimonónico.


De la mano de la ideología neoliberal se lanza una ofensiva furibunda contra el Estado, con las empresas estatales como centro del festín, inspirados por la tristemente célebre Escuela de Chicago. En Latinoamérica, presa otra vez del síndrome de dependencia que arrastra desde su independencia, los gobiernos enarbolan la consigna y proceden, con celo casi fanático, a desmantelar todo lo desmantelable de los Estados y a vender lo que de vendible había en cada uno de ellos. A las licitaciones de empresas, recursos y servicios nacionales acuden en masa transnacionales y grandes consorcios extranjeros, en un proceso solo comparable, en magnitud y resultados, a lo acontecido en la región entre 1815 y 1830, cuando su conversión en neocolonias de Inglaterra provocó la quiebra de la industria artesanal y el control casi total por capitalistas británicos de las riquezas de los países. Las economías y las sociedades sufren una profunda conmoción, pues las privatizaciones provocan el colapso de los Estados y un empobrecimiento masivo, siendo Argentina (país al que los economistas europeos de finales del siglo XIX señalaban como uno de los Estados con más futuro del mundo) el que sufre la mayor hecatombe, sumiéndose en el hambre, el desempleo y la bancarrota.


El capital foráneo apunta a las empresas públicas de servicios básicos que tienen carácter estratégico y que comparten denominadores comunes. Por una parte, son sectores imprescindibles para la población de los países, que debe usar de ellos de manera inevitable, pagando el precio que se les exija. Por otra, vinculado a lo anterior, se trata de sectores que poseen mercados cautivos, es decir, la población está obligada a aceptar las condiciones de las empresas, pues no tienen otra alternativa a mano. Estos denominadores comunes garantizan a las empresas extranjeras tanto la rápida recuperación de la inversión como una vertiginosa acumulación de beneficios. Se trata de los sectores de telecomunicaciones, energía, banca, aguas y yacimientos energéticos y minerales de gran demanda internacional. Las privatizaciones no conllevaron inversión en sectores productivos –que generaran procesos reales de desarrollo e industrialización– ni en áreas de futuro –que permitieran iniciar espirales de investigación científicotécnica–. La ola neoliberal lo que provoca, en la práctica totalidad de casos, es una oleada gigantesca de rapiña sobre las empresas estatales, que hacen inmensamente ricos a grupos minoritarios y dejan en la miseria a la mayor parte de la población. En Latinoamérica, a la década de los 80 del pasado siglo se la conoce como la «década perdida». Más bien sería la década del mayor saqueo de su historia.


Las privatizaciones se justificaban con el dogma de la incompetencia del Estado en materia económica y su menor eficiencia frente a la empresa privada. Se sucedieron, desde la codicia y la ceguera de las elites dominantes, casos tan absurdos como el de Aerolíneas Argentinas, empresa estatal solvente, que fue privatizada y vendida a Iberia, entonces una empresa estatal en quiebra técnica, luego también privatizada, pero de forma tal que solo pudiera ser adquirida por empresarios españoles. En otras palabras, el gobierno español inyectó dinero a la estatal Iberia para que pudiera adquirir la estatal Aerolíneas Argentinas, pero, cuando decidió la privatización de Iberia, organizó el proceso privatizador de tal manera que la empresa aérea solo la pudieran adquirir capitalistas españoles (que luego la entregaron a British Airways, otra estacada).


Europa Occidental vivió también su fiebre privatizadora, aunque solo en el uso del término existe alguna relación con los procesos de este tipo que sufrió América Latina. En Europa, a partir del triunfo de la Revolución francesa y el surgimiento del Estado moderno, el Estado pasó a desempeñar un papel central en los procesos de desarrollo e industrialización de los países. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados tomaron una vez más a su cargo la reconstrucción de las economías devastadas por la guerra y crearon grandes consorcios empresariales en prácticamente todos los sectores estratégicos, desde transporte hasta telecomunicaciones. La lista de estas empresas y consorcios estatales es extensa y en ella aparecen marcas señeras: Deutsche Telecom, France Telecom, Telefónica, Repsol, Renault, Gas Natural, Gaz de France, Air France, Alitalia, Iberia… También grandes bancos, como Banque National de Paris, Banca Nazionale del Lavoro o las decenas de Cajas de Ahorro en España, utilizadas para financiar el desarrollo de las distintas regiones del país. Los transportes están (y siguen estando), en su vasta mayoría, en manos de empresas estatales. RENFE en España, SNCF en Francia o British Railways en Gran Bretaña son algunos de estos enormes consorcios bajo control estatal, directo o indirecto.


Cuando los gobiernos deciden privatizar buena parte (no toda) de las empresas estatales, lo hacen creando un marco legal que garantice que dichos consorcios queden en manos nacionales y bajo control nacional. Desde los gobiernos, incluso, se designa a los presidentes de las empresas privatizadas, de forma que siga el Estado teniendo un peso decisivo en los consorcios convertidos en empresas privadas, una parte sustantiva de las cuales se han convertido en transnacionales. En España y otros muchos países europeos (Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Francia, Portugal, Bélgica…), hacen más y, a partir de 1993, inventan la llamada «acción de oro», en virtud de la cual el Estado, que conserva entre el 5 y el 10% de las acciones de las empresas privatizadas, se reserva un peso determinante, con derecho de veto, en las decisiones de dichas empresas. Así, en Bélgica se emiten dos reales decretos en 1994, según los cuales el Ministerio de Energía belga podía vetar cualquier venta, transferencia de instalaciones o decisiones de gestión sobre las empresas Société Nationale de Transport par Canalisations y Distrigaz, para evitar que esas operaciones «puedan poner en peligro el abastecimiento de gas natural en el país». Eran solo pretextos para conservar el control de empresas de carácter estratégico en su economía, que es igual a decir mantener el control sobre su economía. Porque si las áreas estratégicas de una economía nacional están en manos de corporaciones transnacionales, pendientes solo de sus márgenes de beneficio, ¿cómo puede un Estado o un gobierno atender los intereses nacionales, garantizar los derechos de su población o elaborar planes nacionales que potencien el desarrollo nacional?


Para garantizar la tutela mayoritaria de las acciones, en Europa se pasó a promover lo que calificaron de «capitalismo popular», sacando a la venta paquetes de acciones para ser compradas por ciudadanos de a pie. Las privatizaciones, por tanto, se realizaban desde el criterio de que los consorcios estatales quedaran, por una parte, en manos nacionales y, por otra, reservando al Estado un peso decisivo en ellos. Se privatizaba, pero todo quedaba en casa y bajo supervisión de los órganos estatales. De esa forma, las empresas privatizadas seguirían respondiendo a los intereses nacionales, como en buena lógica debía ser, habida cuenta el papel relevante que empresas de tal magnitud tienen en cada país (cuando existen gobiernos serios y preocupados por el bienestar del país).


¿Ha cambiado esta forma de entender la economía? En absoluto. Una parte importante de países –que coinciden con los que tienen economías más sólidas, como Francia y Alemania– no han renunciado, ni mucho menos, al papel tutelar y regulador del Estado. Los diarios en Europa están llenos de noticias sobre vetos gubernamentales a la adquisición o venta de empresas nacionales por empresas extranjeras, así como sobre la formación de alianzas estratégicas de empresas promovidas por los gobiernos. Cuando Severstal, la mayor empresa rusa del acero, intentó en 2006 fusionarse con el gigante europeo Arcelor (resultado, a su vez, de la fusión de las empresas Aceralia de España, Arbed de Francia y Usinor de Luxemburgo), los gobiernos de estos tres países maniobraron para frustrar la fusión, pues consideraron preferible dejar Arcelor en manos de su rival india Myttal que no asociada a la rusa Severstal, siguiendo consideraciones políticas, pues muchos en la UE –anclados aún en criterios de la Guerra Fría– siguen viendo en Rusia un adversario potencial, del que debían preservar una empresa estratégica. La decisión provocó una enérgica –e inútil– protesta de la Duma (parlamento), por considerarla una medida antirrusa. Un caso similar se dio en 2005, cuando la empresa petrolera estatal china CNOCC intentó comprar la estadounidense Unocal. En EEUU se consideró inadmisible la compraventa. En julio de 2005, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda, por 333 votos a 92, prohibiendo la venta de Unocal a la empresa china. La compra, expresaba la enmienda, «amenaza con dañar la seguridad de Estados Unidos» (después, estos países presionan a otros más pobres para que vendan sus empresas al capital extranjero con el cuento de la libre competencia y el más libre mercado).


España vivió, entre 2006 y 2007, una telenovela empresarial a raíz del intento de la transnacional eléctrica alemana E.ON de adquirir la empresa eléctrica española Endesa. La decisión de mantener Endesa en manos españolas desató una guerra empresarial y política, que enfrentó a los gobiernos de ambos países (socios en la UE) y que concluyó con la renuncia de E.ON a adquirir Endesa, a causa del veto soterrado pero firme del gobierno español. No era, la conducta española, aislada o inédita en Europa, un continente donde la prosperidad ha estado controlada y promovida desde la mano férrea del Estado. Así resumía la situación el diario español El País, en un artículo titulado «Europa blinda sus empresas nacionales», el 5 de marzo de 2006:


En Francia lo llaman «patriotismo económico»: si una empresa extranjera intenta hacerse con una compañía de «bandera» o tomar posiciones en un mercado estratégico, adoptan las medidas económicas y legales necesarias para frenarla. La OPA [oferta pública de adquisición] de la alemana E.ON sobre Endesa y el frenazo francés a la italiana Enel han vuelto a poner de manifiesto la disposición de los gobiernos de Europa continental a controlar la entrada de capital extranjero en empresas nacionales. Alemania e Italia, ahora perjudicadas por las reacciones de España y Francia, también han tomado sus propias medidas proteccionistas, y lo mismo ha hecho EEUU.


Las políticas hacia las empresas públicas suelen contener un poderoso componente ideológicoreligioso. Se privatiza no porque realmente las empresas privadas sean mejores que las públicas, sino porque se «cree» que es más productivo lo privado que lo público, aunque sea esto más un acto de fe que una realidad. Las privatizaciones, por otra parte, han sido una vía rápida de hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, profundizando las desigualdades sociales. Un proceso, por demás, natural dentro del funcionamiento del capitalismo. Cuando se privatizaban en España las empresas públicas, estas iban a parar masivamente a manos de la plutocracia, pues los plutócratas eran los únicos que disponían de fondos suficientes para adquirir la mayor parte de las acciones de las empresas privatizadas. A partir de las privatizaciones, la brecha entre pobres y ricos aumentará de manera exponencial, siendo un factor decisivo en el proceso de «oligarquización» de España.


Por lo demás, dentro de la Unión Europea, países como Francia, Alemania y Austria no han dudado en subordinar la política de privatizaciones a los intereses de cada Estado. La norma ha sido aplicar un cínico doble rasero, de forma que, mientras presionaban a países como España para que privatizara empresas a favor de sus propios consorcios, aprobaban leyes que impedían la entrada de capital extranjero en sus grandes empresas. O promueven que las empresas públicas europeas –como en su momento Iberia con Aerolíneas Argentinas– se hagan con empresas públicas privatizadas. Así, en Austria, la transnacional de capital público OMV se hizo dueña de la estatal rumana Petrom.


Respecto al mito de que las empresas privadas funcionan mejor que las públicas, sería interminable la lista de grandes empresas privadas que –piénsese en España– han ido a la quiebra en los últimos diez años. Destaca, en primer lugar, en 2008 la de Lehman Brothers, cuarto banco de inversión en EEUU, con una deuda de 691.063 millones y que precipitó la crisis financiera mundial. WorldCom, segunda empresa de telecomunicaciones estadounidense, quebró en 2002, dejando 30.000 millones de dólares en deudas. La mítica General Motors se declaró en quiebra en 2009, siendo rescatada por el Tesoro de EEUU, que desembolsó 30.100 millones de dólares. En España, el Estado tuvo que desembolsar más de 60 000 millones de euros para rescatar a la banca de la crisis financiera que terminará arrastrando a todo el país.


En la otra orilla, se pierde la lista de empresas públicas de trayectoria exitosa. Una de ellas es la del fabricante francés de automotores Renault. Nacionalizada en 1945, después de ser condenados sus dueños por colaborar con el nazismo, tuvo una trayectoria impecable. En 1957 logra abrirse campo en el duro mercado de EEUU; un año después está fabricando casi 550 000 vehículos; en los años 60 abre plantas en tres continentes; en 1979, su modelo de Fórmula 1 gana el campeonato mundial; en los años 70 es el primer fabricante europeo de automotores que alcanza la cifra de dos millones de vehículos… Es privatizada en julio de 1996, no porque la empresa funcione mal, sino por lo contrario: porque funcionaba demasiado bien. Similar es el caso de otra empresa controlada por el Estado francés. Gaz de FranceSuez fue calificada, en 2009, en sexto lugar entre las «Mejores compañías del Mundo». Francia, por demás, ha mantenido un poderoso sector público, directo e indirecto, al que ninguna directiva de la Unión Europea le ha hecho renunciar, aunque sí reducir.


Noruega es un caso ejemplar de funcionamiento de las empresas públicas. Con los recursos energéticos descubiertos en 1969, organizaron un monopolio estatal que ha sido la piedra angular sobre la que han construido una de las sociedades más igualitarias y prósperas del mundo. El Estado noruego declaró que el petróleo y el gas eran propiedad de los ciudadanos de Noruega; que el Estado controlaría y gestionaría los recursos energéticos; que debía crearse una industria nacional propia; que el desarrollo energético debía ser respetuoso del medio ambiente y que los fondos del gas y el petróleo debían garantizar el futuro de los noruegos. Para ello crearon un fondo de pensiones que, en 2014, sumaba 400.000 millones de dólares, el mayor del mundo. Los multimillonarios fondos acumulados por el Estado a cuenta del petróleo y el gas –734.000 millones de euros en enero de 2016, equivalentes a seis presupuestos anuales– están permitiendo a Noruega soportar sin traumas la dramática caída de precios que esos rubros vienen experimentando desde 2015. ¡Ya pueden desfilar por Noruega los devotos creyentes en el neoliberalismo y predicar a los noruegos que las empresas públicas son una calamidad para los Estados!


Las privatizaciones suelen ser pan para hoy y hambre para mañana. En la primera década del siglo XXI, Suecia cayó en la fiebre privatizadora. El Estado obtuvo más de 11.000 millones de dólares por la venta de empresas públicas. En 2009, la Oficina Central de Deuda Pública sueca informaba que los 11.000 millones se habían evaporado y que, en 2010, el Estado tendría un déficit de 23.000 millones de coronas. Privatizar es como vender la casa para pagar las cuotas del televisor y el automóvil, terminando al final –luego de consumir el dinero recibido por la casa– perdiendo casa, televisor y automóvil. Los beneficios de las empresas estatales, que antes ingresaban en las arcas del Estado por consumo de luz, agua, gas y comunicaciones, pasan a engrosar los bolsillos de grupos minoritarios, hasta terminar depositados en paraísos fiscales. Como ingresa menos dinero en las arcas nacionales, el Estado busca resolver sus problemas de liquidez recortando servicios sociales y tomando préstamos, muchos de ellos a bancos privatizados que se quedaron con las empresas privatizadas. Cada préstamo aumenta la deuda pública, lo que obliga a más recortes sociales para pagar los préstamos, lo que lleva a pedir más préstamos, lo que… Y así, colorín colorado, el sueño de las privatizaciones termina convertido en una pesadilla interminable, con un foso creciente de desigualdad entre las minorías plutocráticas y las grandes masas de desheredados.


Capítulo extraído del libro POLÍTICA Y GEOPOLÍTICA, de Augusto Zamora Rodríguez.


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