Juana Ruiz: La “justicia” militar de Israel aplaza el juicio de la cooperante española

 

PALESTINALIBRE.org – 21/06/2021

La abogada de Juana Ruiz alega que solo pudo reunirse con su cliente por primera vez 24 horas antes de la vista

Un tribunal militar israelí en Cisjordania ha aplazado este miércoles el juicio recién iniciado de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, hasta el 7 de julio. La decisión sobre el proceso de la trabajadora humanitaria, que fue detenida el 13 de abril, se acordó después de que su abogada, la letrada israelí Gabi Lasky, impugnara un procedimiento que le ha impedido visitar por primera vez a su cliente hasta la víspera del la vista, a pesar de que la Fiscalía militar formuló la acusación de financiación de terrorismo el pasado 6 de mayo.

Después de permanecer detenida sin cargos durante cerca de un mes y de ser acusada finalmente de pertenencia a una "organización ilegal" que desvió fondos de la cooperación internacional a un grupo palestino calificado como terrorista, Juana Ruiz había visto restringido su derecho a la defensa, según advirtió su abogada, especializada en la defensa de los denominados "casos de seguridad" en los territorios palestinos. La letrada Lasky tuvo acceso al sumario instruido por la justicia militar sobre la base de investigaciones e interrogatorios efectuados por el Shin Bet (servicio de inteligencia interno), pero hasta el último momento no había podido compartir su contenido con la cooperante española.

La primera vista ante el tribunal militar de Ofer (en Cisjordania, 20 kilómetros al norte de Jerusalén) se desarrolló con brevedad ante la petición presentada por la abogada, según precisaron fuentes diplomáticas informadas de la asistencia consular española en el juicio a la trabajadora humanitaria. Una fuente diplomática europea conocedora del caso lamentó que el forzado aplazamiento vaya a prolongar la duración del proceso y la permanencia en prisión de la ciudadana española, sobre todo después de que la "justicia" militar denegara en mayo una petición para que pudiera permanecer en libertad o bajo arresto domiciliario a la espera de juicio.

Juana Ruiz está internada actualmente en una cárcel del norte de Israel, donde ya no se encuentra sometida a régimen de aislamiento en una celda, situación que se prolongó cerca de un mes en un penal próximo a Tel Aviv, y puede relacionarse con otros reclusos. Su situación ha mejorado, aseguran las fuentes diplomáticas consultadas, después de haber podido recibir pertenencias personales enviadas por su familia por vía de la asistencia consular.

La abogada de la cooperante ha señalado que los cargos que pesan en su contra guardan relación con su trabajo desde hace décadas con la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud (CTS), que Israel ha calificado recientemente de "organización ilegal". Fuerzas militares irrumpieron en marzo en la sede central de esta asociación sanitaria en Ramala, donde practicaron detenciones y se incautaron de archivos y registros informáticos.

Afincada en Palestina desde 1984, Juana Ruiz coordina en el seno de CTS la cooperación de asociaciones y entidades españolas en materia de salud en Cisjordania y la franja de Gaza. Está casada con un farmacéutico palestino formado en España y vive en Beit Sahur, en la provincia de Belén, donde fue arrestada en la madrugada del 13 de abril por una veintena de soldados.

Interrogatorios del Shin Bet

Como residente en Cisjordania —territorio palestino ocupado por Israel desde 1967—, ha sido sometida a la jurisdicción militar, que permite la detención hasta 75 días sin necesidad de presentar cargos. Los investigadores del Shin Bet sostienen que la trabajadora humanitaria española —citada en la prensa hebrea como Juani Rashmawi, por su apellido de casada— participó en una red para "introducir ilegalmente fondos en los territorios palestinos" que fueron desviados hacia el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), grupo considerado terrorista por Israel y la Unión Europea, "mediante fraude, falsificación y engaño" a los donantes de países europeos.

Observadores jurídicos y diplomáticos que han seguido de cerca su caso sostienen que no se han respetado las garantías procesales mínimas, y que Israel incumplió la Convención de Viena sobre asistencia consular, ya que la detención de Juana Ruiz no fue comunicada desde el primer momento a las autoridades españolas.

En un comunicado difundido por la campaña de solidaridad con la cooperante, organizaciones españolas que trabajan en la cooperación con Palestina han denunciado que los cargos presentados contra Juana Ruiz son "inconcebibles". "La cooperación española es extremadamente garantista", sostienen, y está sometida a sucesivas auditorías de control de gestión y presupuestarias. La Oficina del Portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel no ha contestado a la petición de EL PAÍS para conocer su versión sobre este caso.

Fuente: El País

BOLIVIA: "Cuando la justicia atiende a indígenas víctimas, los verdugos blancoides gritan: ¡Es venganza!" — Ollantay Itzamná

Jeanine Áñez detenida cuando se ocultaba bajo el somier de una cama

 

MONCADA – 15/03/2021

Bastante demorado el sistema judicial boliviano envió a la cárcel preventiva, por cuatro meses, a la ex Senadora de Bolivia, Jeannine Añez (y a dos de sus ex ministros), quien en noviembre del 2019, luego de participar en el Golpe de Estado que destituyó a Evo Morales, se auto proclamó, de manera inconstitucional, Presidenta de Bolivia, y recibió la banda presidencial de manos de las Fuerzas Armadas.

¿Qué hizo Jeannine Añez durante casi un año de su gobierno de facto?

A parte de usurpar inconstitucionalmente la función de la Primera Magistratura del país, y participar activamente en el Golpe de Estado, mediante un Decreto Supremo liberó de responsabilidad penal a los militares que en el momento masacraban a indígenas y campesinos movilizados contra el Golpe en los municipios de Sacaba (Huayllani) y El Alto (Senkata). El saldo trágico fue: 37 indígenas asesinados a bala, cuyas almas y familiares aún deambulan por las calles de Bolivia clamando justicia.

Esta acción delictiva de Añez fue con saña, premeditación y alevosía. Al grado que, meses después, por presión internacional, tuvo que derogar dicho Decreto que promovía y premiaba con la impunidad masacres contra indígenas descontentos.

Durante su oscuro y doloroso gobierno de facto, públicamente persiguió mano militari a toda personas boliviana o no que se oponía al gobierno de facto.

Fue un vergonzoso y dantesco terrorismo de Estado: Ciberactivistas, dirigentes de los movimientos sociales, representantes del MAS, defensor@s de derechos humanos, periodistas…, fueron detenidos, encarcelados.

El gobierno de facto activó y financió a grupos armados paraestatales como la JRC (Cochabamba) o la UJC (Santa Cruz) que agredieron y humillaron a funcionarios públicos electos del período del defenestrado gobierno anterior.

A los gobiernos amigos del pueblo boliviano que intentaron ayudar en esa trágica historia, la usurpadora Añez los maltrató expulsando a sus cuerpos diplomáticos de Bolivia.

A éste caos político militar que quebró la estabilidad del país se sumó la pandemia del COVID19. Una desgracia humana que la usurpadora capitalizó, no sólo para afinar el terrorismo de Estado, sino para restaurar la industria de la corrupción pública como en la época republicana.

Compraron respirados mecánicos que no eran, con sobreprecios, mientras miles de bolivianos morían buscando respiradores. Hicieron una “masacre laboral indígena” despidiendo a trabajadores públicos para colocar a los familiares y parientes de los actores y promotores del Golpe en cargos públicos. Paralizaron todos los procesos de industrialización del país, y entregaron bienes públicos a sus allegados.

30 años de cárcel para los verdugos no devolverá la vida a las víctimas

Los delitos que se le imputa a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso), es insignificante.

Estos delitos de lesa humanidad deberían ser castigados con cadena perpetua para persuadir a futuros golpistas y prevenir futuras masacres. Ojalá sea otra motivación más para que la voluntad constituyente boliviana se reactive, y Bolivia perfeccione su Constitución Política Plurinacional.

No es venganza, es justicia mínima

Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

Por ello, esos verdugos tiznados de sangre, asumen que las y los sobrevivientes a sus masacres debemos callar y aceptar sus crímenes, como aceptan y callan, con el rabo entre las piernas, los perros castigados por sus dueños.

Venganza fue lo que hicieron con los familiares de nuestros abuelos y abuelas que se alzaron contra los abusos de la Colonia española y la República Criolla. Venganza fue cuando, después de descuartizar a Túpac Amaru/Micaela Bastidas, en Cusco, 1781, desterraron hacia el ultramar a toda la extensa descendencia ya rendida de nuestro abuelo Túpac Amaru.

Diego Cristobal Túpac Amaru (hermano de Túpac Amaru II), luego de firmar el Acuerdo de Paz, se negó abandonar Tinta (Cusco) y los verdugos, asesorados por el Obispo Moscoso, en 1783, lo descuartizaron a él y a toda su familia, e hicieron de la zona andina un calvario infernal… Otro tanto hicieron con Túpac Katari, Zárate Willka… quisieron hacer lo mismo con Evo Morales… pero no pudieron.

¡Cuántas evidencias más necesitamos! Esos seudocriollos y misticillos sanguinarios jamás nos aceptarán como humanos. En consecuencia, sino es ahora, mañana, nos masacrarán nuevamente. Seguirán humillándonos en nuestras propias tierras, protegidos con las biblias, cruces y gargantas de sus curas y obispos criminales.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Los pueblos indígenas y campesinos, esta vez, no podemos, ni debemos esperar pasivos a que la “justicia ordinaria criolla” haga justicia. Eso ya hemos esperado por más de cinco siglos. Debemos actuar, ahora, si acaso mañana no queremos que nuestros hijos sigan lamentando como, hoy, lo hacemos nosotros por las “autoderrotas” de nuestros abuelos.

Las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel. Esto es una mínima expresión de la voluntad soberana consciente de los pueblos que buscan procesos de cambios profundos en esta Abya Yala borracha con el aroma de sangre indígena fermentada en la impunidad.

●

Artículo relacionado: Mensaje a Jeanine Añez, presidenta de los golpistas bolivianos

¡¡¡ LIBERTAD PABLO HASÉL !!!

 

Willy Toledo detenido por la Policía Nacional Española por un supuesto delito de blasfemia. Este es el nivel "democratico" de este asqueroso Reino Corrupto.