"Dioses del mundo moderno" (1932-1934) José Clemente Orozco
aporrea.org – 07/06/26
El problema decisivo habita en una dimensión más profunda: la transformación de las formas de conciencia que durante décadas fueron moldeadas por una “pedagogía” burguesa orientada a naturalizar la desigualdad, glorificar el privilegio y convertir la subordinación cultural en una costumbre interiorizada.
La Revolución de las Conciencias
lenta en la Cuarta Transformación de la Cultura
Arte y Cultura entre la parsimonia y la impotencia.
¿Por qué no somos vanguardia mundial en arte y cultura transformadoras?
México atraviesa una coyuntura histórica 4T cuyo núcleo más complejo no radica sólo en la sustitución de administraciones gubernamentales, ni en la reorganización parcial de aparatos institucionales, ni en la redistribución relativa de ciertos recursos públicos. El problema decisivo habita en una dimensión más profunda: la transformación de las formas de conciencia que durante décadas fueron moldeadas por una “pedagogía” burguesa orientada a naturalizar la desigualdad, glorificar el privilegio y convertir la subordinación cultural en una costumbre interiorizada. Allí se encuentra la gran dificultad de toda tentativa transformadora. Modificar leyes puede tomar meses; alterar estructuras económicas requiere años; desmontar hábitos simbólicos sedimentados durante generaciones exige una temporalidad mucho más extensa, plagada de contradicciones, avances irregulares y retrocesos inevitables.
Así la “Cuarta Transformación” ha colocado sobre la mesa un desafío cuya magnitud suele ser subestimada. No basta con disputar la administración del Estado. Resulta imprescindible intervenir en la producción social del sentido. La cultura aparece entonces como territorio estratégico, no como ornamento protocolario ni como entretenimiento subsidiario. Cada canción, cada programa televisivo, cada narrativa histórica, cada monumento, cada libro escolar, cada plataforma digital y cada espectáculo masivo participan en la construcción cotidiana de percepciones acerca del mundo, de la justicia, de la riqueza, del trabajo y de la dignidad humana. Quien controla los grandes mecanismos de producción simbólica posee una capacidad extraordinaria para definir qué se considera normal, deseable, inevitable o imposible.
Durante décadas, amplios sectores de las élites económicas mexicanas comprendieron esta realidad con mayor claridad que numerosos gestores culturales. La concentración mediática, la mercantilización de la educación, la espectacularización de la política y la colonización publicitaria de la vida cotidiana constituyeron operaciones convergentes orientadas a producir subjetividades compatibles con un orden social profundamente desigual. El resultado fue la consolidación de una cultura donde el éxito individual apareció desligado de toda responsabilidad colectiva, mientras la pobreza se presentó como fracaso personal y la riqueza como evidencia moral de mérito superior.
En semejante contexto, hablar de revolución de las conciencias implica reconocer una tarea gigantesca. No se trata de reemplazar una propaganda por otra. Tampoco consiste en construir catecismos ideológicos destinados a repetir consignas vacías. La cuestión fundamental reside en desarrollar capacidades críticas que permitan a los pueblos interpretar por sí mismos las relaciones sociales que determinan su existencia. Una conciencia transformadora no nace de la obediencia. Surge del conocimiento, de la experiencia organizada, de la memoria histórica y de la participación activa en la vida común.
Sin embargo, la velocidad de esta transformación cultural parece avanzar con una lentitud que provoca frustraciones comprensibles. Muchos observadores perciben una distancia considerable entre la magnitud de los cambios anunciados y los resultados visibles en el campo artístico y cultural. Esa percepción contiene elementos reales. Numerosas instituciones continúan operando bajo inercias heredadas. Persisten burocracias especializadas en administrar prestigios antes que procesos de emancipación cultural. Sobreviven mecanismos de financiamiento incapaces de romper círculos cerrados de legitimación estética.
Subsisten criterios de excelencia moldeados por cánones excluyentes cuya genealogía remite con frecuencia a jerarquías sociales profundamente arraigadas. La parsimonia institucional posee causas múltiples. Ninguna transformación cultural puede desarrollarse mediante decretos administrativos. El arte responde a dinámicas complejas donde intervienen tradiciones, sensibilidades, imaginarios colectivos y disputas por el reconocimiento simbólico. No obstante, existe una diferencia sustancial entre respetar la autonomía creadora y tolerar la reproducción pasiva de estructuras culturales que continúan funcionando como mecanismos de exclusión social. La democratización efectiva de la cultura exige mucho más que ampliar presupuestos.
Porque la política cultural de la Cuarta Transformación constituye uno de los laboratorios más complejos, contradictorios y reveladores del México contemporáneo. Ningún balance serio puede satisfacerse con la exaltación ceremonial ni con el resentimiento corporativo. Ambos extremos producen caricaturas útiles para la propaganda y estériles para el conocimiento. Lo que interesa comprender es el comportamiento concreto de las fuerzas sociales en disputa dentro del campo cultural, la manera en la que se reorganizan los recursos simbólicos, los conflictos entre herencias institucionales y nuevas expectativas populares, las formas visibles e invisibles de la dominación ideológica y los alcances reales de una política pública que se propuso transformar la vida nacional mientras operaba dentro de estructuras económicas y administrativas heredadas de décadas de acumulación desigual.
Aceptemos que la cultura no constituye un adorno del Estado. Tampoco representa un departamento ornamental destinado a organizar festivales, administrar museos o distribuir reconocimientos. La cultura es una fuerza productiva de la conciencia social. En ella se elaboran las imágenes que una sociedad produce sobre sí misma, los relatos que legitiman o cuestionan las relaciones de poder, los imaginarios mediante los cuales una clase consigue naturalizar sus privilegios o una colectividad descubre la necesidad de transformarlos. Quien controla la producción simbólica dispone de una ventaja estratégica en la organización del consenso. Por ello resulta imposible analizar la política cultural sin examinar simultáneamente la lucha por la hegemonía social.
Durante décadas, amplios sectores de la institucionalidad cultural mexicana se configuraron alrededor de una paradoja notable. Mientras proclamaban la universalidad del acceso al conocimiento, funcionaban mediante mecanismos de concentración territorial, lingüística y económica. La inmensa riqueza cultural de los pueblos originarios, de las comunidades rurales, de los trabajadores urbanos y de innumerables formas de creatividad popular permanecía frecuentemente subordinada a circuitos de legitimación dominados por élites académicas, burocráticas o mercantiles. El problema no consistía en la existencia de instituciones culturales sofisticadas, el problema radica en el poco o nulo respeto por el trabajo y los trabajadores en el arte y la cultura.
Toda sociedad necesita centros de excelencia intelectual. La dificultad radicaba en que la distribución del prestigio, del financiamiento y de la visibilidad reproducía con frecuencia la estructura general de la desigualdad social. La Cuarta Transformación identificó parcialmente esa contradicción y trató de intervenir sobre ella. Allí se encuentra uno de sus mayores méritos históricos, aunque incompletos. Introdujo en el debate público la pregunta por la justicia cultural. Desplazó el énfasis desde la cultura concebida como privilegio hacia la cultura entendida como derecho. Intentó reconocer territorios humanos tradicionalmente excluidos de las prioridades estatales. Cuestionó la arrogancia de ciertas burocracias acostumbradas a confundir sus intereses corporativos con los intereses generales de la nación. Rompió inercias cuya permanencia parecía inmutable. Todo ello merece reconocimiento.
No obstante, el reconocimiento no exonera del examen crítico. La principal insuficiencia de la política cultural transformadora consistió en la distancia entre la magnitud de sus propósitos y la potencia material de sus instrumentos. Se proclamó una democratización cultural profunda sin construir siempre las condiciones estructurales necesarias para sostenerla. Se habló de revolución de las conciencias en un contexto donde las industrias privadas de producción ideológica continuaron concentrando una capacidad inmensamente superior para modelar deseos, percepciones y hábitos colectivos.
Se reivindicó la cultura comunitaria mientras los grandes aparatos corporativos del entretenimiento global intensificaban su presencia en cada teléfono móvil, en cada plataforma digital y en cada espacio de socialización cotidiana. La cuestión decisiva aparece aquí con toda su crudeza. Ninguna transformación cultural puede limitarse a redistribuir actividades artísticas. La disputa fundamental ocurre en la producción de subjetividad. Los monopolios mediáticos, las corporaciones tecnológicas, las industrias publicitarias y las plataformas transnacionales fabrican diariamente millones de horas de pedagogía invisible. Enseñan qué desear, qué admirar, qué temer, qué consumir, qué olvidar y qué considerar imposible. Frente a semejante maquinaria, numerosos programas culturales estatales operan con recursos comparativamente modestos y con estrategias frecuentemente fragmentadas. El resultado es una asimetría gigantesca entre la voluntad política declarada y las capacidades efectivas para disputar la dirección intelectual de la sociedad.
A ello se suma un problema que rara vez recibe la atención que merece. Una parte considerable de la discusión cultural mexicana continúa atrapada en categorías heredadas del liberalismo elitista. Se habla de acceso a la cultura cuando debería hablarse también de acceso al poder cultural. Se celebra la participación cuando la cuestión central es la capacidad de decisión. Se promueve el consumo cultural mientras permanece insuficientemente desarrollada la democratización de los medios de producción simbólica. Una comunidad que recibe espectáculos continúa siendo receptora. Una comunidad que dispone de instrumentos para producir conocimiento, memoria, arte, investigación y comunicación comienza a convertirse en sujeto histórico.
Desde esta perspectiva, la gran pregunta pendiente para la política cultural transformadora consiste en determinar hasta qué punto logró fortalecer la autonomía creadora de las clases trabajadoras y de los sectores populares. No basta con acercar bienes culturales a las mayorías. Es necesario multiplicar las condiciones materiales para que las mayorías produzcan cultura con independencia crítica, rigor intelectual y capacidad organizativa. La diferencia es inmensa. En un caso se amplía el acceso.
En el otro se modifica la correlación de fuerzas en el terreno simbólico. La contradicción aparece igualmente en el ámbito laboral. Miles de trabajadores de la cultura continúan sometidos a condiciones precarias de contratación, incertidumbre presupuestaria y fragilidad institucional. Esta realidad posee una importancia estratégica. Resulta difícil construir una política cultural emancipadora cuando quienes sostienen cotidianamente museos, bibliotecas, archivos, centros de investigación, proyectos editoriales y programas artísticos enfrentan formas persistentes de vulnerabilidad económica. Ninguna teoría avanzada sobre democratización cultural puede ignorar la materialidad concreta de quienes producen la vida cultural.
Otro aspecto merece una reflexión especialmente rigurosa. La cultura oficial latinoamericana ha padecido históricamente una enfermedad recurrente: confundir identidad con folclorización. Bajo discursos aparentemente inclusivos, numerosos proyectos terminan convirtiendo las expresiones populares en objetos decorativos despojados de conflicto social. La celebración de la diversidad pierde profundidad cuando se desconecta de las relaciones de explotación, de las estructuras de propiedad y de los mecanismos de subordinación económica que condicionan la experiencia cotidiana de millones de personas. La cultura popular no es únicamente una reserva estética.
Es también una memoria de resistencias, una inteligencia colectiva acumulada y un territorio donde se expresan antagonismos históricos. La conciencia de clase ocupa aquí un lugar decisivo. No como consigna ritual ni como fórmula doctrinaria, si como comprensión crítica de las condiciones reales que organizan la existencia social. Una política cultural transformadora alcanza relevancia histórica cuando contribuye a que los sujetos comprendan mejor las fuerzas que determinan sus vidas, identifiquen las estructuras que producen desigualdad y desarrollen capacidades colectivas para intervenir sobre ellas.
Toda cultura que fortalece la lucidez social amplía la libertad humana. Toda cultura que naturaliza la dominación contribuye a reproducirla. La experiencia de la Cuarta Transformación deja una enseñanza valiosa. Las transformaciones institucionales poseen importancia. Los presupuestos importan. Los programas importan. Las infraestructuras importan. Sin embargo, la batalla principal ocurre en niveles más profundos. Se desarrolla en la organización del sentido común, en la capacidad de una sociedad para interpretar críticamente su realidad, en la formación de nuevas sensibilidades éticas, en la construcción de imaginarios capaces de disputar el monopolio cultural de las clases dominantes.
Allí se libra el conflicto decisivo. La evaluación más honesta exige reconocer avances significativos y limitaciones severas simultáneamente. Sería injusto negar los esfuerzos orientados hacia la inclusión cultural. También sería irresponsable ignorar que la estructura general de producción ideológica permanece dominada por poderes económicos cuya influencia excede ampliamente el alcance de las políticas públicas convencionales. La democratización cultural sigue siendo una tarea inconclusa porque la democratización de la conciencia colectiva continúa enfrentando obstáculos materiales, tecnológicos y políticos de enorme magnitud.
México se encuentra todavía ante una exigencia histórica de gran envergadura: construir una política cultural capaz de articular excelencia intelectual, participación popular, justicia social, soberanía comunicacional y producción crítica de conocimiento. Ninguna de esas dimensiones puede sacrificarse sin empobrecer el proyecto entero. La cultura adquiere verdadera potencia transformadora cuando deja de ser administrada como espectáculo, patrimonio o mercancía y comienza a funcionar como energía consciente de una sociedad que busca comprenderse para transformarse. Allí reside la medida más exigente para juzgar cualquier política cultural. No en la cantidad de eventos organizados, no en las estadísticas ceremoniales de asistencia, no en los rituales burocráticos de la autocomplacencia, sino en la profundidad con que contribuye a elevar la inteligencia colectiva, fortalecer la dignidad humana y expandir la capacidad histórica de los pueblos para convertirse en autores conscientes de su propio destino.
Requiere modificar relaciones de poder que determinan quién produce, quién distribuye, quién interpreta y quién obtiene legitimidad pública. La impotencia aparece cuando la transformación cultural queda reducida a una política de eventos. Inaugurar festivales, multiplicar exposiciones o expandir agendas institucionales puede generar visibilidad inmediata, aunque raramente modifica las estructuras profundas de producción simbólica. El problema no consiste en la cantidad de actividades realizadas. La cuestión decisiva radica en preguntarse qué concepción del mundo se fortalece mediante ellas.
Una programación transformadora y abundante debe disputar profundamente con la reproducción de valores individualistas, consumistas y elitistas. La historia mexicana ofrece enseñanzas extraordinarias sobre este punto. Tras la Revolución, el muralismo, las misiones culturales, las campañas educativas y los proyectos editoriales construyeron una intervención masiva sobre la conciencia nacional. Aquellas experiencias no estuvieron exentas de contradicciones, límites o tensiones internas.
Sin embargo, comprendieron algo esencial: la cultura constituye una fuerza material cuando logra organizar imaginarios colectivos alrededor de horizontes compartidos. El arte dejó entonces de concebirse como patrimonio exclusivo de minorías ilustradas para convertirse en herramienta de interpretación histórica y afirmación popular. La actualidad presenta desafíos diferentes. Los dispositivos contemporáneos de producción simbólica operan a escala planetaria. Las plataformas digitales, los conglomerados mediáticos transnacionales y las industrias culturales globalizadas producen flujos permanentes de representaciones que atraviesan fronteras con una velocidad inédita. La batalla por la conciencia ya no se libra únicamente en museos, universidades o periódicos. Se desarrolla también en algoritmos, interfaces, tendencias virales y arquitecturas digitales diseñadas para capturar atención y convertir cada experiencia humana en mercancía intercambiable.
Por esa razón resulta insuficiente cualquier política cultural que ignore la economía política de la comunicación contemporánea. La producción artística no puede separarse del análisis de las estructuras tecnológicas que condicionan su circulación. Tampoco puede desvincularse de la concentración corporativa que regula visibilidad, prestigio y rentabilidad. Una revolución de las conciencias exige comprender que la lucha cultural contemporánea ocurre simultáneamente en bibliotecas, escuelas, barrios, redes digitales, industrias audiovisuales y espacios comunitarios.
Porque el horizonte humanista de una transformación cultural auténtica no consiste en imponer uniformidades doctrinarias. Su propósito radica en ampliar las capacidades colectivas para comprender el mundo y transformarlo. Allí el arte desempeña una función irremplazable. Las obras más poderosas no entregan respuestas prefabricadas. Amplían la sensibilidad histórica, revelan contradicciones invisibilizadas, cuestionan naturalizaciones opresivas y enriquecen el repertorio simbólico disponible para imaginar futuros distintos.
Y la conciencia de clase ocupa un lugar central en este proceso porque ninguna comprensión rigurosa de la realidad mexicana puede prescindir del análisis de las relaciones sociales que organizan la producción y distribución de la riqueza. La cultura dominante ha invertido enormes recursos para fragmentar percepciones colectivas, aislar experiencias individuales y ocultar las conexiones estructurales entre explotación económica, discriminación cultural y concentración del poder. Recuperar esas conexiones constituye una tarea intelectual y ética de primera magnitud.
No se trata de reducir toda creación artística a una función pedagógica inmediata. Una visión semejante empobrecería la complejidad de la experiencia estética. La cuestión consiste en reconocer que toda producción cultural participa objetivamente en conflictos históricos más amplios, aun cuando sus autores no lo adviertan. Ninguna obra emerge en el vacío. Toda forma artística dialoga con condiciones materiales concretas, con tradiciones específicas y con antagonismos sociales determinados.
México posee una riqueza cultural extraordinaria acumulada a lo largo de siglos de resistencia, mestizaje, creatividad popular y elaboración crítica. Allí residen recursos inmensos para una transformación profunda de la conciencia colectiva. Comunidades indígenas, movimientos campesinos, organizaciones obreras, tradiciones pedagógicas emancipadoras, expresiones artísticas comunitarias y experiencias de comunicación popular conforman un patrimonio vivo cuya potencia permanece parcialmente desaprovechada.
Tal lentitud observada en la revolución de las conciencias no debe interpretarse exclusivamente como signo de fracaso. También refleja la complejidad del terreno disputado. Las formas de dominación simbólica construidas durante generaciones no desaparecen con facilidad. Conservan recursos materiales, redes institucionales y capacidades de influencia considerables. Frente a ellas, la construcción de una nueva cultura democrática exige perseverancia histórica, imaginación estratégica y una confianza profunda en las capacidades creadoras del pueblo.
Toda transformación auténtica de la cultura requiere abandonar la ilusión de los resultados instantáneos. La conciencia colectiva se mueve mediante procesos acumulativos donde educación, comunicación, arte, memoria y organización social interactúan permanentemente. Allí reside la verdadera dimensión del desafío mexicano contemporáneo. No basta con administrar mejor el presente. Es necesario producir nuevas formas de sensibilidad capaces de reconocer la dignidad del trabajo, la centralidad de la cooperación humana y el valor irreductible de la justicia social.
En esa larga marcha histórica, la cultura deja de ser un adorno institucional para convertirse en una fuerza decisiva de emancipación, una energía creadora destinada a desmontar los mecanismos simbólicos de la desigualdad y a abrir horizontes donde la inteligencia colectiva pueda reconocerse como autora consciente de su propio destino. El presupuesto federal mexicano destinado al Ramo 48 Cultura para 2026 asciende a aproximadamente 15.082 millones de pesos. La cifra oficial fue publicada por la Secretaría de Cultura en el Diario Oficial de la Federación.
Para dimensionar el dato, conviene compararlo con el gasto total aprobado por el Estado mexicano. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 ronda los 10,2 billones de pesos, de modo que Cultura representa cerca de un 0,15 % del gasto federal total. Esa proporción resulta extremadamente baja para un país de más de 130 millones de habitantes, con una de las herencias civilizatorias más vastas del planeta, decenas de pueblos originarios, una producción artística gigantesca y una necesidad urgente de disputar la hegemonía cultural de los monopolios mediáticos. Desde una perspectiva histórica y estratégica, el problema no reside únicamente en el monto absoluto; reside en la concepción misma de la cultura como gasto secundario.
La pregunta decisiva es cuánto debería invertirse.
No existe una cifra universalmente correcta. Sin embargo, numerosos especialistas en políticas culturales sostienen que un país con las dimensiones, complejidad y riqueza cultural de México debería destinar entre un 1 % y un 2 % del presupuesto nacional al desarrollo cultural integral. Eso implicaría un rango aproximado de entre 102.000 millones y 204.000 millones de pesos anuales, tomando como referencia el presupuesto federal actual.
En términos concretos:
Presupuesto actual: ~15.000 millones de pesos.
Piso razonable para una transformación cultural profunda: ~100.000 millones.
Meta estratégica de largo plazo: ~200.000 millones.
La diferencia es enorme. Equivale a multiplicar entre seis y trece veces los recursos actuales.
Ahora bien, aumentar el presupuesto no resolvería automáticamente el problema. Existen países que gastan mucho más y producen escasa democratización cultural. La cuestión central radica en el destino social de la inversión.
Una política cultural transformadora tendría que concentrar recursos en:
1. Redes nacionales de bibliotecas, editoriales públicas y distribución gratuita de libros.
2. Escuelas de arte populares en barrios obreros, comunidades indígenas y zonas rurales.
3. Producción audiovisual pública de gran escala capaz de competir con las plataformas privadas.
4. Formación masiva de promotores culturales.
5. Protección salarial para creadores, investigadores y trabajadores culturales.
6. Restauración del patrimonio histórico.
7. Desarrollo tecnológico soberano para circulación cultural digital.
8. Medios públicos dedicados a la educación estética y científica.
9. Financiamiento directo a proyectos comunitarios.
10. Investigación crítica sobre cultura, comunicación y conciencia social.
Claro que no todo se arregla con más dinero. Y la discusión real no debería formularse únicamente como “¿cuánto cuesta la cultura?”, porque la pregunta encierra una trampa ideológica. Toda sociedad invierte gigantescas cantidades en producir conciencia. La diferencia consiste en quién controla esa producción.
Cuando los recursos públicos para cultura son mínimos, la formación simbólica de millones de personas queda en manos de corporaciones mediáticas, plataformas digitales y mercados publicitarios cuya lógica fundamental es la rentabilidad. En tal escenario, el Estado termina gastando poco en cultura mientras el capital privado invierte fortunas en fabricar imaginarios, deseos, hábitos de consumo y percepciones políticas. México no enfrenta una carencia cultural. Enfrenta una contradicción entre la inmensa riqueza creadora de su pueblo y la reducida magnitud de la inversión destinada a convertir esa riqueza en fuerza histórica organizada. Y una política de cultura comprometida profundamente con la Revolución de las Conciencias, que es materia obligada para todos y todas, en cada ámbito de la verdadera transformación objetiva y subjetiva de México.
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