"Dioses del mundo
moderno" (1932-1934) José Clemente Orozco
aporrea.org
– 07/06/26
El problema decisivo
habita en una dimensión más profunda: la transformación de las
formas de conciencia que durante décadas fueron moldeadas por una
“pedagogía” burguesa orientada a naturalizar la desigualdad,
glorificar el privilegio y convertir la subordinación cultural en
una costumbre interiorizada.
La Revolución de las
Conciencias
lenta en la Cuarta
Transformación de la Cultura
Arte y Cultura entre la
parsimonia y la impotencia.
¿Por qué no somos
vanguardia mundial en arte y cultura transformadoras?
México atraviesa una
coyuntura histórica 4T cuyo núcleo más complejo no radica sólo en
la sustitución de administraciones gubernamentales, ni en la
reorganización parcial de aparatos institucionales, ni en la
redistribución relativa de ciertos recursos públicos. El problema
decisivo habita en una dimensión más profunda: la transformación
de las formas de conciencia que durante décadas fueron moldeadas por
una “pedagogía” burguesa orientada a naturalizar la desigualdad,
glorificar el privilegio y convertir la subordinación cultural en
una costumbre interiorizada. Allí se encuentra la gran dificultad de
toda tentativa transformadora. Modificar leyes puede tomar meses;
alterar estructuras económicas requiere años; desmontar hábitos
simbólicos sedimentados durante generaciones exige una temporalidad
mucho más extensa, plagada de contradicciones, avances irregulares y
retrocesos inevitables.
Así la “Cuarta
Transformación” ha colocado sobre la mesa un desafío cuya
magnitud suele ser subestimada. No basta con disputar la
administración del Estado. Resulta imprescindible intervenir en la
producción social del sentido. La cultura aparece entonces como
territorio estratégico, no como ornamento protocolario ni como
entretenimiento subsidiario. Cada canción, cada programa televisivo,
cada narrativa histórica, cada monumento, cada libro escolar, cada
plataforma digital y cada espectáculo masivo participan en la
construcción cotidiana de percepciones acerca del mundo, de la
justicia, de la riqueza, del trabajo y de la dignidad humana. Quien
controla los grandes mecanismos de producción simbólica posee una
capacidad extraordinaria para definir qué se considera normal,
deseable, inevitable o imposible.
Durante décadas, amplios
sectores de las élites económicas mexicanas comprendieron esta
realidad con mayor claridad que numerosos gestores culturales. La
concentración mediática, la mercantilización de la educación, la
espectacularización de la política y la colonización publicitaria
de la vida cotidiana constituyeron operaciones convergentes
orientadas a producir subjetividades compatibles con un orden social
profundamente desigual. El resultado fue la consolidación de una
cultura donde el éxito individual apareció desligado de toda
responsabilidad colectiva, mientras la pobreza se presentó como
fracaso personal y la riqueza como evidencia moral de mérito
superior.
En semejante contexto,
hablar de revolución de las conciencias implica reconocer una tarea
gigantesca. No se trata de reemplazar una propaganda por otra.
Tampoco consiste en construir catecismos ideológicos destinados a
repetir consignas vacías. La cuestión fundamental reside en
desarrollar capacidades críticas que permitan a los pueblos
interpretar por sí mismos las relaciones sociales que determinan su
existencia. Una conciencia transformadora no nace de la obediencia.
Surge del conocimiento, de la experiencia organizada, de la memoria
histórica y de la participación activa en la vida común.
Sin embargo, la velocidad
de esta transformación cultural parece avanzar con una lentitud que
provoca frustraciones comprensibles. Muchos observadores perciben una
distancia considerable entre la magnitud de los cambios anunciados y
los resultados visibles en el campo artístico y cultural. Esa
percepción contiene elementos reales. Numerosas instituciones
continúan operando bajo inercias heredadas. Persisten burocracias
especializadas en administrar prestigios antes que procesos de
emancipación cultural. Sobreviven mecanismos de financiamiento
incapaces de romper círculos cerrados de legitimación estética.
Subsisten criterios de
excelencia moldeados por cánones excluyentes cuya genealogía remite
con frecuencia a jerarquías sociales profundamente arraigadas. La
parsimonia institucional posee causas múltiples. Ninguna
transformación cultural puede desarrollarse mediante decretos
administrativos. El arte responde a dinámicas complejas donde
intervienen tradiciones, sensibilidades, imaginarios colectivos y
disputas por el reconocimiento simbólico. No obstante, existe una
diferencia sustancial entre respetar la autonomía creadora y tolerar
la reproducción pasiva de estructuras culturales que continúan
funcionando como mecanismos de exclusión social. La democratización
efectiva de la cultura exige mucho más que ampliar presupuestos.
Porque la política
cultural de la Cuarta Transformación constituye uno de los
laboratorios más complejos, contradictorios y reveladores del México
contemporáneo. Ningún balance serio puede satisfacerse con la
exaltación ceremonial ni con el resentimiento corporativo. Ambos
extremos producen caricaturas útiles para la propaganda y estériles
para el conocimiento. Lo que interesa comprender es el comportamiento
concreto de las fuerzas sociales en disputa dentro del campo
cultural, la manera en la que se reorganizan los recursos simbólicos,
los conflictos entre herencias institucionales y nuevas expectativas
populares, las formas visibles e invisibles de la dominación
ideológica y los alcances reales de una política pública que se
propuso transformar la vida nacional mientras operaba dentro de
estructuras económicas y administrativas heredadas de décadas de
acumulación desigual.
Aceptemos que la cultura
no constituye un adorno del Estado. Tampoco representa un
departamento ornamental destinado a organizar festivales, administrar
museos o distribuir reconocimientos. La cultura es una fuerza
productiva de la conciencia social. En ella se elaboran las imágenes
que una sociedad produce sobre sí misma, los relatos que legitiman o
cuestionan las relaciones de poder, los imaginarios mediante los
cuales una clase consigue naturalizar sus privilegios o una
colectividad descubre la necesidad de transformarlos. Quien controla
la producción simbólica dispone de una ventaja estratégica en la
organización del consenso. Por ello resulta imposible analizar la
política cultural sin examinar simultáneamente la lucha por la
hegemonía social.
Durante décadas, amplios
sectores de la institucionalidad cultural mexicana se configuraron
alrededor de una paradoja notable. Mientras proclamaban la
universalidad del acceso al conocimiento, funcionaban mediante
mecanismos de concentración territorial, lingüística y económica.
La inmensa riqueza cultural de los pueblos originarios, de las
comunidades rurales, de los trabajadores urbanos y de innumerables
formas de creatividad popular permanecía frecuentemente subordinada
a circuitos de legitimación dominados por élites académicas,
burocráticas o mercantiles. El problema no consistía en la
existencia de instituciones culturales sofisticadas, el problema
radica en el poco o nulo respeto por el trabajo y los trabajadores en
el arte y la cultura.
Toda sociedad necesita
centros de excelencia intelectual. La dificultad radicaba en que la
distribución del prestigio, del financiamiento y de la visibilidad
reproducía con frecuencia la estructura general de la desigualdad
social. La Cuarta Transformación identificó parcialmente esa
contradicción y trató de intervenir sobre ella. Allí se encuentra
uno de sus mayores méritos históricos, aunque incompletos.
Introdujo en el debate público la pregunta por la justicia cultural.
Desplazó el énfasis desde la cultura concebida como privilegio
hacia la cultura entendida como derecho. Intentó reconocer
territorios humanos tradicionalmente excluidos de las prioridades
estatales. Cuestionó la arrogancia de ciertas burocracias
acostumbradas a confundir sus intereses corporativos con los
intereses generales de la nación. Rompió inercias cuya permanencia
parecía inmutable. Todo ello merece reconocimiento.
No obstante, el
reconocimiento no exonera del examen crítico. La principal
insuficiencia de la política cultural transformadora consistió en
la distancia entre la magnitud de sus propósitos y la potencia
material de sus instrumentos. Se proclamó una democratización
cultural profunda sin construir siempre las condiciones estructurales
necesarias para sostenerla. Se habló de revolución de las
conciencias en un contexto donde las industrias privadas de
producción ideológica continuaron concentrando una capacidad
inmensamente superior para modelar deseos, percepciones y hábitos
colectivos.
Se reivindicó la cultura
comunitaria mientras los grandes aparatos corporativos del
entretenimiento global intensificaban su presencia en cada teléfono
móvil, en cada plataforma digital y en cada espacio de socialización
cotidiana. La cuestión decisiva aparece aquí con toda su crudeza.
Ninguna transformación cultural puede limitarse a redistribuir
actividades artísticas. La disputa fundamental ocurre en la
producción de subjetividad. Los monopolios mediáticos, las
corporaciones tecnológicas, las industrias publicitarias y las
plataformas transnacionales fabrican diariamente millones de horas de
pedagogía invisible. Enseñan qué desear, qué admirar, qué temer,
qué consumir, qué olvidar y qué considerar imposible. Frente a
semejante maquinaria, numerosos programas culturales estatales operan
con recursos comparativamente modestos y con estrategias
frecuentemente fragmentadas. El resultado es una asimetría
gigantesca entre la voluntad política declarada y las capacidades
efectivas para disputar la dirección intelectual de la sociedad.
A ello se suma un
problema que rara vez recibe la atención que merece. Una parte
considerable de la discusión cultural mexicana continúa atrapada en
categorías heredadas del liberalismo elitista. Se habla de acceso a
la cultura cuando debería hablarse también de acceso al poder
cultural. Se celebra la participación cuando la cuestión central es
la capacidad de decisión. Se promueve el consumo cultural mientras
permanece insuficientemente desarrollada la democratización de los
medios de producción simbólica. Una comunidad que recibe
espectáculos continúa siendo receptora. Una comunidad que dispone
de instrumentos para producir conocimiento, memoria, arte,
investigación y comunicación comienza a convertirse en sujeto
histórico.
Desde esta perspectiva,
la gran pregunta pendiente para la política cultural transformadora
consiste en determinar hasta qué punto logró fortalecer la
autonomía creadora de las clases trabajadoras y de los sectores
populares. No basta con acercar bienes culturales a las mayorías. Es
necesario multiplicar las condiciones materiales para que las
mayorías produzcan cultura con independencia crítica, rigor
intelectual y capacidad organizativa. La diferencia es inmensa. En un
caso se amplía el acceso.
En el otro se modifica la
correlación de fuerzas en el terreno simbólico. La contradicción
aparece igualmente en el ámbito laboral. Miles de trabajadores de la
cultura continúan sometidos a condiciones precarias de contratación,
incertidumbre presupuestaria y fragilidad institucional. Esta
realidad posee una importancia estratégica. Resulta difícil
construir una política cultural emancipadora cuando quienes
sostienen cotidianamente museos, bibliotecas, archivos, centros de
investigación, proyectos editoriales y programas artísticos
enfrentan formas persistentes de vulnerabilidad económica. Ninguna
teoría avanzada sobre democratización cultural puede ignorar la
materialidad concreta de quienes producen la vida cultural.
Otro aspecto merece una
reflexión especialmente rigurosa. La cultura oficial latinoamericana
ha padecido históricamente una enfermedad recurrente: confundir
identidad con folclorización. Bajo discursos aparentemente
inclusivos, numerosos proyectos terminan convirtiendo las expresiones
populares en objetos decorativos despojados de conflicto social. La
celebración de la diversidad pierde profundidad cuando se desconecta
de las relaciones de explotación, de las estructuras de propiedad y
de los mecanismos de subordinación económica que condicionan la
experiencia cotidiana de millones de personas. La cultura popular no
es únicamente una reserva estética.
Es también una memoria
de resistencias, una inteligencia colectiva acumulada y un territorio
donde se expresan antagonismos históricos. La conciencia de clase
ocupa aquí un lugar decisivo. No como consigna ritual ni como
fórmula doctrinaria, si como comprensión crítica de las
condiciones reales que organizan la existencia social. Una política
cultural transformadora alcanza relevancia histórica cuando
contribuye a que los sujetos comprendan mejor las fuerzas que
determinan sus vidas, identifiquen las estructuras que producen
desigualdad y desarrollen capacidades colectivas para intervenir
sobre ellas.
Toda cultura que
fortalece la lucidez social amplía la libertad humana. Toda cultura
que naturaliza la dominación contribuye a reproducirla. La
experiencia de la Cuarta Transformación deja una enseñanza valiosa.
Las transformaciones institucionales poseen importancia. Los
presupuestos importan. Los programas importan. Las infraestructuras
importan. Sin embargo, la batalla principal ocurre en niveles más
profundos. Se desarrolla en la organización del sentido común, en
la capacidad de una sociedad para interpretar críticamente su
realidad, en la formación de nuevas sensibilidades éticas, en la
construcción de imaginarios capaces de disputar el monopolio
cultural de las clases dominantes.
Allí se libra el
conflicto decisivo. La evaluación más honesta exige reconocer
avances significativos y limitaciones severas simultáneamente. Sería
injusto negar los esfuerzos orientados hacia la inclusión cultural.
También sería irresponsable ignorar que la estructura general de
producción ideológica permanece dominada por poderes económicos
cuya influencia excede ampliamente el alcance de las políticas
públicas convencionales. La democratización cultural sigue siendo
una tarea inconclusa porque la democratización de la conciencia
colectiva continúa enfrentando obstáculos materiales, tecnológicos
y políticos de enorme magnitud.
México se encuentra
todavía ante una exigencia histórica de gran envergadura: construir
una política cultural capaz de articular excelencia intelectual,
participación popular, justicia social, soberanía comunicacional y
producción crítica de conocimiento. Ninguna de esas dimensiones
puede sacrificarse sin empobrecer el proyecto entero. La cultura
adquiere verdadera potencia transformadora cuando deja de ser
administrada como espectáculo, patrimonio o mercancía y comienza a
funcionar como energía consciente de una sociedad que busca
comprenderse para transformarse. Allí reside la medida más exigente
para juzgar cualquier política cultural. No en la cantidad de
eventos organizados, no en las estadísticas ceremoniales de
asistencia, no en los rituales burocráticos de la autocomplacencia,
sino en la profundidad con que contribuye a elevar la inteligencia
colectiva, fortalecer la dignidad humana y expandir la capacidad
histórica de los pueblos para convertirse en autores conscientes de
su propio destino.
Requiere modificar
relaciones de poder que determinan quién produce, quién distribuye,
quién interpreta y quién obtiene legitimidad pública. La
impotencia aparece cuando la transformación cultural queda reducida
a una política de eventos. Inaugurar festivales, multiplicar
exposiciones o expandir agendas institucionales puede generar
visibilidad inmediata, aunque raramente modifica las estructuras
profundas de producción simbólica. El problema no consiste en la
cantidad de actividades realizadas. La cuestión decisiva radica en
preguntarse qué concepción del mundo se fortalece mediante ellas.
Una programación
transformadora y abundante debe disputar profundamente con la
reproducción de valores individualistas, consumistas y elitistas. La
historia mexicana ofrece enseñanzas extraordinarias sobre este
punto. Tras la Revolución, el muralismo, las misiones culturales,
las campañas educativas y los proyectos editoriales construyeron una
intervención masiva sobre la conciencia nacional. Aquellas
experiencias no estuvieron exentas de contradicciones, límites o
tensiones internas.
Sin embargo,
comprendieron algo esencial: la cultura constituye una fuerza
material cuando logra organizar imaginarios colectivos alrededor de
horizontes compartidos. El arte dejó entonces de concebirse como
patrimonio exclusivo de minorías ilustradas para convertirse en
herramienta de interpretación histórica y afirmación popular. La
actualidad presenta desafíos diferentes. Los dispositivos
contemporáneos de producción simbólica operan a escala planetaria.
Las plataformas digitales, los conglomerados mediáticos
transnacionales y las industrias culturales globalizadas producen
flujos permanentes de representaciones que atraviesan fronteras con
una velocidad inédita. La batalla por la conciencia ya no se libra
únicamente en museos, universidades o periódicos. Se desarrolla
también en algoritmos, interfaces, tendencias virales y
arquitecturas digitales diseñadas para capturar atención y
convertir cada experiencia humana en mercancía intercambiable.
Por esa razón resulta
insuficiente cualquier política cultural que ignore la economía
política de la comunicación contemporánea. La producción
artística no puede separarse del análisis de las estructuras
tecnológicas que condicionan su circulación. Tampoco puede
desvincularse de la concentración corporativa que regula
visibilidad, prestigio y rentabilidad. Una revolución de las
conciencias exige comprender que la lucha cultural contemporánea
ocurre simultáneamente en bibliotecas, escuelas, barrios, redes
digitales, industrias audiovisuales y espacios comunitarios.
Porque el horizonte
humanista de una transformación cultural auténtica no consiste en
imponer uniformidades doctrinarias. Su propósito radica en ampliar
las capacidades colectivas para comprender el mundo y transformarlo.
Allí el arte desempeña una función irremplazable. Las obras más
poderosas no entregan respuestas prefabricadas. Amplían la
sensibilidad histórica, revelan contradicciones invisibilizadas,
cuestionan naturalizaciones opresivas y enriquecen el repertorio
simbólico disponible para imaginar futuros distintos.
Y la conciencia de clase
ocupa un lugar central en este proceso porque ninguna comprensión
rigurosa de la realidad mexicana puede prescindir del análisis de
las relaciones sociales que organizan la producción y distribución
de la riqueza. La cultura dominante ha invertido enormes recursos
para fragmentar percepciones colectivas, aislar experiencias
individuales y ocultar las conexiones estructurales entre explotación
económica, discriminación cultural y concentración del poder.
Recuperar esas conexiones constituye una tarea intelectual y ética
de primera magnitud.
No se trata de reducir
toda creación artística a una función pedagógica inmediata. Una
visión semejante empobrecería la complejidad de la experiencia
estética. La cuestión consiste en reconocer que toda producción
cultural participa objetivamente en conflictos históricos más
amplios, aun cuando sus autores no lo adviertan. Ninguna obra emerge
en el vacío. Toda forma artística dialoga con condiciones
materiales concretas, con tradiciones específicas y con antagonismos
sociales determinados.
México posee una riqueza
cultural extraordinaria acumulada a lo largo de siglos de
resistencia, mestizaje, creatividad popular y elaboración crítica.
Allí residen recursos inmensos para una transformación profunda de
la conciencia colectiva. Comunidades indígenas, movimientos
campesinos, organizaciones obreras, tradiciones pedagógicas
emancipadoras, expresiones artísticas comunitarias y experiencias de
comunicación popular conforman un patrimonio vivo cuya potencia
permanece parcialmente desaprovechada.
Tal lentitud observada en
la revolución de las conciencias no debe interpretarse
exclusivamente como signo de fracaso. También refleja la complejidad
del terreno disputado. Las formas de dominación simbólica
construidas durante generaciones no desaparecen con facilidad.
Conservan recursos materiales, redes institucionales y capacidades de
influencia considerables. Frente a ellas, la construcción de una
nueva cultura democrática exige perseverancia histórica,
imaginación estratégica y una confianza profunda en las capacidades
creadoras del pueblo.
Toda transformación
auténtica de la cultura requiere abandonar la ilusión de los
resultados instantáneos. La conciencia colectiva se mueve mediante
procesos acumulativos donde educación, comunicación, arte, memoria
y organización social interactúan permanentemente. Allí reside la
verdadera dimensión del desafío mexicano contemporáneo. No basta
con administrar mejor el presente. Es necesario producir nuevas
formas de sensibilidad capaces de reconocer la dignidad del trabajo,
la centralidad de la cooperación humana y el valor irreductible de
la justicia social.
En esa larga marcha
histórica, la cultura deja de ser un adorno institucional para
convertirse en una fuerza decisiva de emancipación, una energía
creadora destinada a desmontar los mecanismos simbólicos de la
desigualdad y a abrir horizontes donde la inteligencia colectiva
pueda reconocerse como autora consciente de su propio destino. El
presupuesto federal mexicano destinado al Ramo 48 Cultura para 2026
asciende a aproximadamente 15.082 millones de pesos. La cifra oficial
fue publicada por la Secretaría de Cultura en el Diario Oficial de
la Federación.
Para dimensionar el dato,
conviene compararlo con el gasto total aprobado por el Estado
mexicano. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 ronda
los 10,2 billones de pesos, de modo que Cultura representa cerca de
un 0,15 % del gasto federal total. Esa proporción resulta
extremadamente baja para un país de más de 130 millones de
habitantes, con una de las herencias civilizatorias más vastas del
planeta, decenas de pueblos originarios, una producción artística
gigantesca y una necesidad urgente de disputar la hegemonía cultural
de los monopolios mediáticos. Desde una perspectiva histórica y
estratégica, el problema no reside únicamente en el monto absoluto;
reside en la concepción misma de la cultura como gasto secundario.
La pregunta decisiva es
cuánto debería invertirse.
No existe una cifra
universalmente correcta. Sin embargo, numerosos especialistas en
políticas culturales sostienen que un país con las dimensiones,
complejidad y riqueza cultural de México debería destinar entre un
1 % y un 2 % del presupuesto nacional al desarrollo cultural
integral. Eso implicaría un rango aproximado de entre 102.000
millones y 204.000 millones de pesos anuales, tomando como referencia
el presupuesto federal actual.
En términos concretos:
Presupuesto actual:
~15.000 millones de pesos.
Piso razonable para una
transformación cultural profunda: ~100.000 millones.
Meta estratégica de
largo plazo: ~200.000 millones.
La diferencia es enorme.
Equivale a multiplicar entre seis y trece veces los recursos
actuales.
Ahora bien, aumentar el
presupuesto no resolvería automáticamente el problema. Existen
países que gastan mucho más y producen escasa democratización
cultural. La cuestión central radica en el destino social de la
inversión.
Una política cultural
transformadora tendría que concentrar recursos en:
1. Redes nacionales de
bibliotecas, editoriales públicas y distribución gratuita de
libros.
2. Escuelas de arte
populares en barrios obreros, comunidades indígenas y zonas rurales.
3. Producción
audiovisual pública de gran escala capaz de competir con las
plataformas privadas.
4. Formación masiva de
promotores culturales.
5. Protección salarial
para creadores, investigadores y trabajadores culturales.
6. Restauración del
patrimonio histórico.
7. Desarrollo tecnológico
soberano para circulación cultural digital.
8. Medios públicos
dedicados a la educación estética y científica.
9. Financiamiento directo
a proyectos comunitarios.
10. Investigación
crítica sobre cultura, comunicación y conciencia social.
Claro que no todo se
arregla con más dinero. Y la discusión real no debería formularse
únicamente como “¿cuánto cuesta la cultura?”, porque la
pregunta encierra una trampa ideológica. Toda sociedad invierte
gigantescas cantidades en producir conciencia. La diferencia consiste
en quién controla esa producción.
Cuando los recursos
públicos para cultura son mínimos, la formación simbólica de
millones de personas queda en manos de corporaciones mediáticas,
plataformas digitales y mercados publicitarios cuya lógica
fundamental es la rentabilidad. En tal escenario, el Estado termina
gastando poco en cultura mientras el capital privado invierte
fortunas en fabricar imaginarios, deseos, hábitos de consumo y
percepciones políticas. México no enfrenta una carencia cultural.
Enfrenta una contradicción entre la inmensa riqueza creadora de su
pueblo y la reducida magnitud de la inversión destinada a convertir
esa riqueza en fuerza histórica organizada. Y una política de
cultura comprometida profundamente con la Revolución de las
Conciencias, que es materia obligada para todos y todas, en cada
ámbito de la verdadera transformación objetiva y subjetiva de
México.
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