"PIG DATA" EN LOS LODAZALES DE LAS ENCUESTAS ALUCINOGENAS

 

Fernando Buen Abad Domínguez – 29/09/2026

Pig Data es una metáfora crítica y deliberadamente irónica dirigida a la agrupación de "encuestas" y "estadísticas" en un mercado que se ha intoxicado con el ilusionismo del Big Data. Este se ha transformado en una forma de apropiación mercantil de la subjetividad: el individuo se reduce a una unidad de datos, perfil de consumo, probabilidad de comportamiento y objeto de intervención. Una porquería demagógica centavera.

Durante el período del capitalismo tardío, el ámbito de la reproducción ideológica ha experimentado una evolución hacia formas cada vez más sofisticadas de fetichismo tecnológico. La expansión de la algoritmia, la datificación de la vida social y la mercantilización de las conductas han creado un territorio donde la conciencia humana puede ser fragmentada, clasificada, cuantificada y convertida en mercancía. En ese universo emerge lo que aquí podemos denominar, deliberadamente, Pig Data: una parodia crítica del Big.

Entonces el término 'data' alude a la conversión del individuo en ganado digital, sometido a la extracción continua de información, alimentado por estímulos mediáticos, segmentado por algoritmos y procesado hasta la última gota de sus preferencias. Lejos de la inocencia analítica que pretenden exhibir determinadas consultoras demoscópicas, estamos ante una maquinaria de producción de representaciones sobre la conciencia social que puede terminar reificando aquello mismo que pretende medir. Los comerciantes de encuestas no son necesariamente científicos sociales en sentido estricto; cuando su actividad se subordina a la lógica mercantil, operan como taquígrafos del capital: registran fragmentos cuantificables de la realidad y los devuelven convertidos en mercancías simbólicas capaces de adquirir autoridad política. El problema, por tanto, no es la estadística.

Una encuesta rigurosamente diseñada puede aportar información relevante sobre determinadas percepciones, comportamientos o tendencias. La dificultad se manifiesta cuando el instrumento de medición se eleva a la categoría de oráculo, cuando un porcentaje pretende asumir el lugar de la totalidad social y cuando la cifra deja de ser un dato que requiere interpretación para transformarse en una mercancía política que se compra, se vende, se publicita y, en última instancia, se emplea para fabricar una apariencia de realidad. Ese es el núcleo del problema: no la existencia de números, es el fetichismo del número.

Entonces la mercancía encuesta aparece como una cosa aparentemente objetiva, autónoma y neutral, separada de las relaciones sociales que la producen. Sin embargo, detrás de cada porcentaje existen decisiones concretas: quién pregunta, a quién pregunta, cómo formula la pregunta, cuándo realiza el relevamiento, qué universo construye, qué categorías utiliza, qué respuestas excluye, cómo pondera los resultados, qué supuestos metodológicos adopta, quién financia el estudio y quién posee los medios necesarios para convertir sus resultados en noticia, titular, propaganda o argumento de autoridad. La cifra no cae del cielo. Tiene productores, compradores, procedimientos, costos, intereses y efectos. Tiene una economía política. La mistificación comienza cuando todas esas mediaciones desaparecen y queda solamente el número: "el 37 % piensa esto", "el 42 % prefiere aquello", "la intención de voto subió tres puntos". El porcentaje adquiere entonces una apariencia de existencia independiente y comienza a hablar en nombre de una totalidad que jamás puede representar por sí mismo. La operación es profundamente fetichista: las relaciones sociales que produjeron el dato quedan ocultas detrás del dato mismo.

Aquí reaparece, con una potencia renovada por la digitalización, la crítica marxiana del fetichismo de la mercancía. Marx mostró que la mercancía tiende a ocultar las relaciones sociales entre productores, presentándose como una cosa dotada de valor propio. En la encuesta fetichizada ocurre algo semejante: desaparecen entrevistadores, muestras, cuestionarios, ponderaciones, silencios, exclusiones, condiciones históricas y decisiones metodológicas, mientras el número aparece como si poseyera una verdad autónoma. Por el contrario, ningún número habla por sí mismo. Hablan las instituciones que lo producen, los medios que lo amplifican y las relaciones sociales dentro de las cuales adquiere significado. La cifra es una construcción metodológica situada; su interpretación es una operación social; su circulación puede convertirse en una intervención política. Por eso la pregunta marxista no puede detenerse en “¿cuánto?”. Debe avanzar hacia interrogantes más incómodos: ¿quién produjo ese dato?, ¿con qué recursos?, ¿bajo qué relaciones de poder?, ¿para quién?, ¿con qué categorías?, ¿qué quedó fuera de la muestra?, ¿qué intereses determinan su circulación?, ¿quién tiene capacidad para convertir un porcentaje en verdad pública?

Ese reduccionismo numérico opera precisamente ocultando esas preguntas. Consigue hacer pasar la parte medible por el todo real. La sociedad aparece como una suma de respuestas individuales, la conciencia colectiva como una tabla estadística y la historia como una sucesión de curvas ascendentes y descendentes. La complejidad dialéctica de la vida social queda comprimida en indicadores. La lucha de clases, las condiciones materiales de existencia, la precarización laboral, la concentración de la riqueza, las relaciones de propiedad, la experiencia cotidiana de los trabajadores, las estructuras mediáticas, las memorias históricas y las contradicciones sociales se reducen a una sucesión de porcentajes. La sociedad comienza a parecerse a una bolsa de valores emocional: sube, baja, empata, se dispara, se desploma. Se sustituye la explicación por la cotización. La historia queda convertida en presente estadístico.

Desde una perspectiva materialista, una sociedad no puede ser comprendida como la suma aritmética de opiniones individuales. Las opiniones se producen socialmente. Tienen condiciones materiales, historias, lenguajes, experiencias de clase, relaciones laborales, consumos culturales, memorias colectivas y horizontes de expectativa. Una encuesta puede registrar una respuesta; no puede, por sí sola, explicar la totalidad de las relaciones que hicieron posible esa respuesta. Puede informar qué porcentaje declara determinada opinión, pero no transforma automáticamente esa declaración en explicación histórica. Medir no equivale a comprender. Contar no equivale a explicar. Registrar una correlación no significa demostrar una causalidad. El fetichismo de la cifra comienza cuando se confunden estas operaciones y cuando el instrumento destinado a observar una realidad termina presentándose como la realidad misma.

De allí surge el ilusionismo político del reduccionismo numérico. Se presenta como realidad consolidada lo que puede ser solamente una fotografía metodológicamente condicionada de un momento, de una muestra y de un universo previamente definido. Incluso una encuesta técnicamente rigurosa está sometida a condiciones de producción que deben ser conocidas para interpretar sus resultados. La ilusión aumenta cuando los medios convierten pequeñas variaciones estadísticas en acontecimientos dramáticos y cuando las diferencias entre mediciones se narran como si fueran transformaciones profundas de la conciencia social. La aritmética comienza a sustituir a la historia. El número deja de ser evidencia parcial y pasa a funcionar como argumento de autoridad.

Su industria demoscópica puede entonces convertirse en un mercado de incertidumbre. El capital no adquiere necesariamente estos productos por simple curiosidad científica: los adquiere porque necesita información para administrar riesgos, anticipar comportamientos, segmentar públicos, orientar estrategias y organizar decisiones. La encuesta se transforma así en mercancía simbólica. Se vende información, pero también se vende expectativa; se vende incertidumbre empaquetada como precisión; se vende la posibilidad de anticipar comportamientos colectivos y, sobre todo, se vende autoridad. El comerciante de encuestas ofrece un producto capaz de intervenir en conversaciones públicas, estrategias de comunicación, decisiones empresariales y percepciones ciudadanas. La mercancía no solamente describe: puede producir efectos.

Aquí aparece una contradicción fundamental. La encuesta pretende medir la opinión pública, pero sus resultados pueden convertirse ellos mismos en acontecimientos dentro de la opinión pública. Una cifra repetida puede modificar conversaciones, generar sensación de ascenso o descenso, instalar la percepción de que determinada posición es mayoritaria o minoritaria y producir comportamientos que posteriormente se presentarán como confirmación de la propia medición. El instrumento termina interviniendo sobre aquello que pretende observar. No es necesario imaginar una conspiración para comprender este mecanismo. Basta analizar la inserción material de la encuesta dentro del sistema de comunicación, propiedad y poder. Una información que se repite millones de veces deja de ser simplemente información: participa en la construcción del ambiente simbólico dentro del cual los sujetos interpretan su propia realidad.

Con la expresión "la gente piensa" debería, por eso, provocar inmediatamente preguntas. ¿Qué gente? ¿Qué universo? ¿Quién respondió y quién no? ¿Qué condiciones hicieron posible la respuesta? ¿Qué preguntas precedieron a esa pregunta? ¿Qué categorías se ofrecieron? ¿Qué acontecimientos estaban ocurriendo cuando se levantó el campo? ¿Qué supuestos estadísticos permitieron extrapolar respuestas individuales hacia afirmaciones sobre una colectividad? ¿Qué intereses financiaron la investigación? ¿Qué medios seleccionaron ese resultado entre otros posibles? Preguntas elementales que desaparecen cuando el número se convierte en espectáculo. El fetichismo estadístico produce precisamente ese efecto: transforma una construcción social en una apariencia natural.

Y el Pig Data representa una extensión digital de este problema. La proliferación de bases de datos, plataformas, paneles, sistemas de segmentación y dispositivos de seguimiento permite extraer cantidades crecientes de información sobre conductas y preferencias. No obstante, más datos no significan automáticamente más verdad. La acumulación cuantitativa puede coexistir con una pobreza cualitativa de interpretación. El Big Data puede transformarse en Big Illusion cuando la abundancia de registros genera la fantasía de que la sociedad está completamente conocida porque ha sido suficientemente contabilizada. El problema no es solamente cuánto dato existe, sino quién posee el dato, quién lo procesa, quién define las categorías, quién controla los algoritmos y quién puede convertir la información en poder.

Entonces, el Pig Data es, en este sentido, una expresión de la apropiación capitalista de la subjetividad. El individuo deja de aparecer como sujeto histórico inserto en relaciones sociales y comienza a ser tratado como un átomo estadístico, una unidad de consumo, una probabilidad de conducta, un perfil de audiencia o un punto dentro de una base de datos. Su subjetividad se despoja de contexto y convertida en información intercambiable. El ciudadano produce datos sobre sí mismo y luego recibe esos datos como una verdad externa, administrada por instituciones que pueden convertirlos en mercancía. Allí reside una forma particularmente sofisticada de alienación: aquello que los sujetos producen colectivamente sobre sus propios comportamientos regresa ante ellos como una fuerza aparentemente independiente.

Toda esa mercantilización de la voluntad popular puede fragmentar la conciencia de conjunto. Allí donde debería investigarse la totalidad concreta de las relaciones sociales, aparece el individuo aislado de su historia. Allí donde existe una clase con experiencias materiales comunes y contradicciones compartidas, aparece una colección de respuestas privadas. Allí donde existe conflicto social, aparece una distribución porcentual. La sociedad se atomiza para ser vendida. Y el ciudadano corre el riesgo de ser convertido simultáneamente en consumidor de encuestas y materia prima de una industria que comercializa sus respuestas.

Esta lógica tiene además una consecuencia ideológica decisiva: puede contribuir a delimitar lo que parece pensable. Si una determinada alternativa se presenta repetidamente como minoritaria, improbable o estadísticamente irrelevante, puede producirse una percepción de imposibilidad antes de discutir sus fundamentos materiales. Las encuestas, los medios y los dispositivos algorítmicos pueden participar así en la construcción de un cerco epistemológico: no necesariamente porque exista una conspiración centralizada, sino porque los criterios de rentabilidad, visibilidad, audiencia y circulación seleccionan determinados discursos y relegan otros. La democracia corre entonces el riesgo de ser representada como un mercado permanente de preferencias cuantificadas, donde la mayoría estadística aparece como fuente última de legitimidad y donde la capacidad de transformar las condiciones materiales queda subordinada a la capacidad de aparecer en una medición.

Su reduccionismo numérico anula la dialéctica cuando sustituye el movimiento histórico por la proyección lineal de tendencias. Marx enseñó a comprender la sociedad desde sus contradicciones y desde las relaciones materiales que estructuran la lucha de clases. El capitalismo, en cambio, tiene un interés permanente en presentar sus formas históricas como si fueran naturales y sus contradicciones como simples desviaciones cuantificables. La estadística descriptiva puede terminar funcionando ideológicamente cuando transforma el conflicto en indicador, la explotación en porcentaje, la alienación en índice de confianza y la indignación social en fluctuación de opinión. La rabia acumulada en la experiencia material de la explotación queda traducida a una cifra administrable. La contradicción se vuelve variable. El conflicto se vuelve dato. La historia se convierte en gráfico.

Por el contrario, una crítica rigurosa debe evitar también la trampa del antiintelectualismo. Sería absurdo responder al fetichismo estadístico negando la utilidad de la estadística. El marxismo no tiene por qué elegir entre el culto al número y el desprecio por los datos. Puede exigir mejores datos, mejores métodos y, sobre todo, una interpretación socialmente situada de esos datos. La crítica no consiste en destruir el termómetro porque la temperatura pueda ser utilizada ideológicamente. Consiste en impedir que el termómetro se presente como explicación de la enfermedad. Una encuesta puede ser una herramienta de investigación; convertida en fetiche, puede convertirse en instrumento de mistificación. La cuestión decisiva es qué lugar ocupa dentro de una investigación de la totalidad social.

Por eso necesitamos una crítica de la economía política aplicada a la información. Hay que estudiar la cadena completa: producción del dato, propiedad de la información, financiamiento, metodología, procesamiento, circulación mediática, apropiación empresarial y efectos sociales. Hay que preguntar qué intereses encuentran valor en determinado conocimiento y qué sujetos quedan invisibilizados cuando la sociedad se reduce a las categorías disponibles para ser comercializadas. Detrás de cada porcentaje existe una relación social de producción; detrás de cada clasificación existe una decisión; detrás de cada algoritmo existe una arquitectura institucional; detrás de cada visualización existe una selección de aquello que se considera relevante y de aquello que queda fuera del cuadro.

Un verdadero desafío, entonces, no consiste en elegir entre números y realidad. Consiste en recuperar la relación entre ambos. Frente al ilusionismo político del Pig Data, hay que devolverle historia al número, conflicto al porcentaje y sociedad al dato. No basta preguntar cuánto. Hay que preguntar quién, cómo, cuándo, para qué y bajo qué relaciones de poder. No basta saber qué porcentaje respondió. Hay que investigar quién pudo responder, quién quedó fuera y qué condiciones sociales hicieron posible esa respuesta. No basta observar que una cifra cambia. Hay que determinar qué cambió realmente y qué puede obedecer a modificaciones de muestra, ponderación, participación, formulación o contexto.

Sus estadísticas pueden ayudar a conocer la realidad; nunca debería ser autorizada a reemplazarla. Cuando el número se transforma en mercancía y la mercancía en autoridad, la encuesta deja de ser únicamente una técnica de medición y pasa a formar parte de la lucha por producir la apariencia de realidad. Ese es el ilusionismo político: vender como conciencia colectiva aquello que apenas es una cifra obtenida de una muestra; vender como tendencia histórica aquello que puede ser una oscilación; vender como voluntad popular aquello que fue previamente seleccionado, clasificado, ponderado y empaquetado para circular en el mercado de la información.

Nuestra crítica no exige abandonar los números. Exige arrancarlos del fetichismo. Exige devolverles sus condiciones materiales de producción. Exige recordar que ninguna sociedad cabe enteramente en una tabla, que ninguna conciencia colectiva puede ser reducida a una columna porcentual y que detrás de cada dato existe una relación social que debe ser investigada. El desafío es pasar del dato como mercancía al dato como instrumento crítico; del porcentaje como espectáculo a la estadística como herramienta; de la encuesta como oráculo a la investigación como proceso. La emancipación no puede quedar subordinada a los gráficos de torta que los dispositivos mediáticos exhiben como oráculos de una voluntad general previamente cuantificada. Exige volver a la materialidad de la existencia social: a los lugares de trabajo, a los barrios, a los territorios explotados, a las relaciones de propiedad, a las condiciones concretas en las que se reproduce la vida, a los cuerpos que trabajan, padecen, resisten y organizan su experiencia colectiva.

Cuando los comerciantes venden números como si fueran destino, corresponde preguntar qué realidad material quedó fuera del cuadro. Cuando presentan porcentajes como conciencia colectiva, corresponde reconstruir las relaciones sociales que produjeron esas respuestas. Cuando ofrecen predicciones como si se hicieran consumadas, corresponde recuperar la historicidad, la contingencia y la capacidad de praxis de los sujetos. La clase trabajadora no puede ser reducida a ganado de datos para alimentar las predicciones del capital. Es una fuerza social constituida históricamente, capaz de interpretar, organizarse y transformar sus condiciones materiales de existencia. Sólo desde esa perspectiva los números recuperan su lugar: dejan de ser oráculos y vuelven a ser herramientas. Porque la realidad social no necesita comerciantes de certezas; necesita investigación rigurosa de sus contradicciones. Y frente a la industria que pretende convertir la conciencia en mercancía, la tarea crítica consiste en desmontar el mecanismo que transforma al sujeto histórico en objeto estadístico. No para destruir el termómetro, sino para impedir que nos convenzan de que medir la fiebre equivale a explicar la enfermedad. Y cobrarnos caro el espejismo.

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Terrorismo de izquierda y Santa Inquisición ‘new age’ — Fernando Buen Abad

 

PIA – 27/08/2026

Cada ciclo del desarrollo imperial estadounidense fabrica vocabularios destinados a convertir conflictos históricos en anomalías rebeldes

Hoy, la expresión "terrorismo de izquierda", empleada como categoría política indiscriminada, participa de esa operación al fundir experiencias, procesos, tradiciones intelectuales y luchas sociales heterogéneas dentro de una misma "nueva" figura criminal.

Esa emboscada no persigue precisión conceptual. Aspira a cancelar la inteligibilidad del conflicto mediante una distorsión ideológica que sustituye el examen de las causas por la condena preventiva de cualquier impugnación al orden dominante.

Cuando un representante del poder estatal convierte esa fórmula en instrumento diplomático o jurídico, la controversia deja de pertenecer al terreno de las ideas para ingresar en un dispositivo de disciplinamiento belicista donde la sospecha precede a la evidencia y la obediencia adquiere rango de virtud cívica. La historia demuestra que toda inquisición comienza con una redefinición del lenguaje.

Aquella Santa Inquisición fue una institución creada por la Iglesia católica durante la Edad Media con el propósito de investigar y sancionar la herejía, entendida como cualquier creencia o práctica que se apartara de la doctrina oficial. Existieron diferentes tribunales inquisitoriales en varios países; los más conocidos fueron la Inquisición española, establecida en 1478, la portuguesa y la romana.

Para ello, los tribunales recibían denuncias, investigaban a los acusados y llevaban a cabo procesos judiciales. Se empleó la tortura como método de interrogatorio y las sanciones podían incluir penitencias, multas, confiscación de bienes, prisión e incluso la entrega del condenado a las autoridades civiles para la aplicación de la pena de muerte.

Toda palabra despojada de complejidad dialéctico-histórica reduce el horizonte del pensamiento y amplía la discrecionalidad del castigo. La acusación remplaza al argumento. El expediente desplaza a la investigación. La lealtad al imperio ocupa el lugar reservado al conocimiento. Bajo esa arquitectura, universidades, sindicatos, centros culturales, periodistas, científicos y organizaciones populares quedan sometidos a una vigilancia que transforma la discrepancia en amenaza existencial. El resultado consiste en una pedagogía del miedo cuya eficacia depende menos de la represión abierta que de la normalización cotidiana de la autocensura.

Marco Rubio ha recurrido con frecuencia a ese repertorio discursivo para presentar cualquier cuestionamiento estructural al capitalismo como expresión de radicalismo comunista amenazante. Puesta la mira contra México y contra Cuba especialmente. La estrategia responde a una lógica geopolítica que convierte diferencias económicas y demandas populares en problemas de seguridad nacional. Desaparece la explotación y el plus producto como categoría analítica. Desaparecen las relaciones sociales que producen desigualdad. Desaparecen las contradicciones entre capital y trabajo. Permanece únicamente un enemigo abstracto cuya existencia justificaría mecanismos extraordinarios de vigilancia, represión, sanción y exclusión. Aquello que debería discutirse mediante evidencia histórica termina administrado mediante categorías policiales.

Una operación semejante invierte el orden racional de la investigación social. Ninguna sociedad debería ser acosada cognitivamente mediante ideologías burguesas.

Las transformaciones históricas nacen de la lucha de clases y de los conflictos materiales en las relaciones verificables, de formas específicas de apropiación de la riqueza, de distribuciones desiguales del poder y de disputas permanentes por el control del trabajo humano. Negar esa dinámica equivale a borrar el fundamento mismo de su historia. Y la conciencia de clase emerge precisamente cuando los individuos reconocen que los intereses privados se infiltran como conciencia colectiva para la dominación y así descubren que el sufrimiento perenne posee raíces históricas.

La criminalización del pensamiento crítico intenta impedir ese reconocimiento.

Siempre que la pobreza aparece desconectada de la concentración de la riqueza, y que la precarización laboral se explica mediante fracasos individuales; siempre que la desigualdad adquiere apariencia de fenómeno natural, el conflicto estructural de clase se disfraza tras una narrativa moralizante. Las mayorías dejan de percibirse como sujetos históricos para contemplarse únicamente como administradoras aisladas de dificultades personales. La fragmentación constituye entonces una forma de gobierno mucho más eficiente que la coerción permanente.

Una tradición humanista crítica nos recuerda que ninguna libertad florece donde el miedo organiza el conocimiento. La investigación científica exige contraste de hipótesis, crítica sistemática, revisión permanente de evidencias y apertura intelectual.

Un poder que define de antemano las conclusiones aceptables degrada la ciencia hasta convertirla en protocolo burocrático. La cultura pierde capacidad creadora cuando la sospecha sustituye al diálogo. La filosofía renuncia a su función emancipadora cuando acepta fronteras impuestas por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. La universidad deja de formar ciudadanos capaces de comprender la complejidad histórica para producir administradores obedientes de consensos prefabricados. La experiencia histórica enseña igualmente que ninguna hegemonía permanece invulnerable.

Todo intento por clausurar el pensamiento crítico alimenta nuevas preguntas acerca del origen de las prohibiciones. La censura revela aquello que procura ocultar. Y tal persecución intelectual confirma la fragilidad de un orden incapaz de sostenerse mediante razones compartidas. El conflicto entre trabajo y capital reaparece entonces bajo formas renovadas porque pertenece a la organización material de la producción y no a la voluntad subjetiva de propagandistas o gobernantes.

Una defensa auténtica de la dignidad humana exige rechazar toda inquisición contemporánea, cualquiera que sea el vocabulario empleado para legitimarla. El pensamiento crítico constituye patrimonio universal porque permite reconocer vínculos entre experiencia individual y estructura histórica, entre sufrimiento cotidiano y organización económica, entre cultura y poder. Reducir esa capacidad a una etiqueta criminal como "terrorismo de izquierda" representa un ataque contra la inteligencia colectiva antes que contra una corriente política determinada. La emancipación intelectual comienza allí donde el lenguaje recupera precisión, la investigación recobra autonomía y la conciencia revolucionada descubre que la historia permanece abierta mientras existan mujeres y hombres dispuestos a comprenderla para transformarla.

Fernando Buen Abad Domínguez, Doctor en filosofía

Este artículo ha sido publicado en el portal cubadebate.cu

Foto de portada: Jim Watson, AFP

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En un lugar de la cancha — Fernando Buen Abad

 

Aporrea – 05/07/2026

En un lugar de la cancha de cuyo nombre no es fácil acordarse, detrás de los postes, dentro de las porterías, contenido por una red cuya aparente levedad contrasta con la densidad histórica de cuanto allí acontece, se encuentra el espacio más disputado del fútbol. Ninguna otra porción del terreno concentra semejante convergencia de voluntades, tensiones, inteligencia táctica, potencia física, imaginación creadora y expectativa colectiva. Hacia ese rectángulo diminuto se orientan carreras, pases, coberturas, anticipaciones y sacrificios. Allí desembocan los esfuerzos de once jugadores y la vigilancia de otros once; allí el tiempo parece comprimirse hasta convertirse en una sucesión vertiginosa de instantes donde la historia adquiere la velocidad de un disparo. El arco constituye un territorio cuya dimensión geométrica permanece inalterable mientras el espesor social de su significado no deja de expandirse. Todas las codicias dispuestas a rebasar la "línea de meta". Recinto de lo invisible a la vista de todos.

Tras la sencillez aparente del gol se ha fincado una ilusión persistente: creer que todo depende del último toque. Esa percepción, alimentada por la fascinación del desenlace, oscurece el inmenso proceso colectivo que lo hace posible. Ninguna definición nace aislada. Antes del remate comparecen centenares de decisiones articuladas, desplazamientos sincronizados, aprendizajes sedimentados durante años, formas de cooperación invisibles para la mirada apresurada. Cada movimiento contiene la memoria del entrenamiento, la experiencia acumulada por generaciones, la transmisión de conocimientos técnicos y la disciplina compartida que convierte a un conjunto de individuos en una unidad dinámica. La pelota apenas revela la superficie visible de una compleja arquitectura social. Hoy secuestrada, entre otros, por los monopolios de cervezas, apuestas y televisoras.

Y la inteligencia del juego demuestra que la creación nunca pertenece exclusivamente a una voluntad individual. El talento alcanza plenitud cuando dialoga con las capacidades de los demás, cuando reconoce límites propios y fortalezas ajenas, cuando transforma la diversidad de aptitudes en una organización capaz de producir respuestas inéditas frente a circunstancias cambiantes. El pase representa una forma superior de confianza recíproca. Cada desmarque constituye una invitación al otro. Cada cobertura expresa una responsabilidad compartida. Incluso el error posee naturaleza colectiva, porque emerge de relaciones cuya armonía ha sido interrumpida. El fútbol ofrece así una lección permanente acerca de la condición profundamente social de toda producción humana.

Esa realidad, sin embargo, convive con un inmenso aparato ideológico empeñado en reducir el juego a la epopeya del individuo excepcional. El capitalismo necesita héroes aislados con mayor urgencia que comunidades organizadas. Resulta más rentable convertir a una persona en marca comercial que reconocer la potencia creadora de los procesos colectivos. La industria deportiva perfecciona incesantemente esa operación cultural. Fabrica celebridades, multiplica mercancías asociadas a sus nombres, transforma biografías en activos financieros y convierte el reconocimiento popular en una fuente inagotable de valorización económica. La cooperación desaparece bajo el resplandor de figuras cuidadosamente administradas por intereses empresariales cuya lógica consiste en privatizar incluso aquello que nació del esfuerzo compartido.

No se trata únicamente de una estrategia comercial. También constituye una pedagogía política. Allí donde se exalta al vencedor solitario se debilita la comprensión de las relaciones sociales que producen toda excelencia. Allí donde se atribuye el éxito exclusivamente al mérito individual se invisibilizan las condiciones materiales que distribuyen oportunidades de manera profundamente desigual. Los barrios carecen de idénticos recursos, las instituciones formativas reciben financiamientos radicalmente diferentes, las posibilidades de desarrollo responden a estructuras económicas cuya configuración antecede largamente al nacimiento de cualquier deportista. La igualdad proclamada por los discursos oficiales encuentra un desmentido cotidiano en la distribución efectiva de la riqueza, del tiempo libre, de la alimentación, de la infraestructura y del acceso al conocimiento.

Hay que conquistar el territorio que está envuelto en redes. Cada ataque sobre la portería sintetiza, en escala deportiva, una confrontación mucho más amplia entre formas distintas de organizar la existencia colectiva. El espacio decisivo del campo aparece rodeado por relaciones de poder que exceden ampliamente los noventa minutos. Derechos televisivos, fondos de inversión, corporaciones multinacionales, plataformas digitales y complejas redes financieras disputan el control de una actividad cuya energía originaria pertenece al trabajo cultural de los pueblos. El espectáculo moviliza cantidades colosales de capital porque logra capturar una pasión construida durante generaciones mediante prácticas comunitarias, identidades barriales y memorias compartidas que jamás fueron creadas por los mercados. El capital administra aquello que no produjo; captura aquello que floreció en la creatividad popular; rentabiliza una riqueza simbólica cuya fuente permanece en la vida colectiva.

Miles de personas producen una obra coral irrepetible donde convergen memoria, imaginación, afectividad y organización espontánea. El arco permanece entonces como una frontera donde convergen múltiples temporalidades. Allí comparece el presente inmediato del partido junto con largas historias de organización social, conflictos distributivos, migraciones, transformaciones urbanas y disputas culturales. El balón que atraviesa la línea de gol no transporta únicamente aire comprimido; arrastra también sedimentaciones históricas imposibles de reducir a estadísticas.

Detrás de la portería permanece, envuelto en redes, el lugar donde la sociedad contempla una representación concentrada de sus propias contradicciones. Allí se enfrentan cooperación y competencia, comunidad y apropiación privada, creación colectiva y explotación económica, memoria popular y administración mercantil del deseo. Comprender ese territorio exige mirar más allá del instante glorioso del gol: el mercado. El arco seguirá siendo mucho más que un destino para la pelota: permanecerá como una metáfora rigurosa de la historia en movimiento, donde cada conquista auténtica recuerda que ninguna obra humana pertenece exclusivamente a quien la culmina, porque toda realización lleva inscrita la huella indeleble del trabajo social que la hizo posible. Y vendible.

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Revolución de las Conciencias y Cultura — Fernando Buen Abad

 

"Dioses del mundo moderno" (1932-1934) José Clemente Orozco

aporrea.org – 07/06/26

El problema decisivo habita en una dimensión más profunda: la transformación de las formas de conciencia que durante décadas fueron moldeadas por una “pedagogía” burguesa orientada a naturalizar la desigualdad, glorificar el privilegio y convertir la subordinación cultural en una costumbre interiorizada.

La Revolución de las Conciencias

lenta en la Cuarta Transformación de la Cultura

Arte y Cultura entre la parsimonia y la impotencia.

¿Por qué no somos vanguardia mundial en arte y cultura transformadoras?

México atraviesa una coyuntura histórica 4T cuyo núcleo más complejo no radica sólo en la sustitución de administraciones gubernamentales, ni en la reorganización parcial de aparatos institucionales, ni en la redistribución relativa de ciertos recursos públicos. El problema decisivo habita en una dimensión más profunda: la transformación de las formas de conciencia que durante décadas fueron moldeadas por una “pedagogía” burguesa orientada a naturalizar la desigualdad, glorificar el privilegio y convertir la subordinación cultural en una costumbre interiorizada. Allí se encuentra la gran dificultad de toda tentativa transformadora. Modificar leyes puede tomar meses; alterar estructuras económicas requiere años; desmontar hábitos simbólicos sedimentados durante generaciones exige una temporalidad mucho más extensa, plagada de contradicciones, avances irregulares y retrocesos inevitables.

Así la “Cuarta Transformación” ha colocado sobre la mesa un desafío cuya magnitud suele ser subestimada. No basta con disputar la administración del Estado. Resulta imprescindible intervenir en la producción social del sentido. La cultura aparece entonces como territorio estratégico, no como ornamento protocolario ni como entretenimiento subsidiario. Cada canción, cada programa televisivo, cada narrativa histórica, cada monumento, cada libro escolar, cada plataforma digital y cada espectáculo masivo participan en la construcción cotidiana de percepciones acerca del mundo, de la justicia, de la riqueza, del trabajo y de la dignidad humana. Quien controla los grandes mecanismos de producción simbólica posee una capacidad extraordinaria para definir qué se considera normal, deseable, inevitable o imposible.

Durante décadas, amplios sectores de las élites económicas mexicanas comprendieron esta realidad con mayor claridad que numerosos gestores culturales. La concentración mediática, la mercantilización de la educación, la espectacularización de la política y la colonización publicitaria de la vida cotidiana constituyeron operaciones convergentes orientadas a producir subjetividades compatibles con un orden social profundamente desigual. El resultado fue la consolidación de una cultura donde el éxito individual apareció desligado de toda responsabilidad colectiva, mientras la pobreza se presentó como fracaso personal y la riqueza como evidencia moral de mérito superior.

En semejante contexto, hablar de revolución de las conciencias implica reconocer una tarea gigantesca. No se trata de reemplazar una propaganda por otra. Tampoco consiste en construir catecismos ideológicos destinados a repetir consignas vacías. La cuestión fundamental reside en desarrollar capacidades críticas que permitan a los pueblos interpretar por sí mismos las relaciones sociales que determinan su existencia. Una conciencia transformadora no nace de la obediencia. Surge del conocimiento, de la experiencia organizada, de la memoria histórica y de la participación activa en la vida común.

Sin embargo, la velocidad de esta transformación cultural parece avanzar con una lentitud que provoca frustraciones comprensibles. Muchos observadores perciben una distancia considerable entre la magnitud de los cambios anunciados y los resultados visibles en el campo artístico y cultural. Esa percepción contiene elementos reales. Numerosas instituciones continúan operando bajo inercias heredadas. Persisten burocracias especializadas en administrar prestigios antes que procesos de emancipación cultural. Sobreviven mecanismos de financiamiento incapaces de romper círculos cerrados de legitimación estética.

Subsisten criterios de excelencia moldeados por cánones excluyentes cuya genealogía remite con frecuencia a jerarquías sociales profundamente arraigadas. La parsimonia institucional posee causas múltiples. Ninguna transformación cultural puede desarrollarse mediante decretos administrativos. El arte responde a dinámicas complejas donde intervienen tradiciones, sensibilidades, imaginarios colectivos y disputas por el reconocimiento simbólico. No obstante, existe una diferencia sustancial entre respetar la autonomía creadora y tolerar la reproducción pasiva de estructuras culturales que continúan funcionando como mecanismos de exclusión social. La democratización efectiva de la cultura exige mucho más que ampliar presupuestos.

Porque la política cultural de la Cuarta Transformación constituye uno de los laboratorios más complejos, contradictorios y reveladores del México contemporáneo. Ningún balance serio puede satisfacerse con la exaltación ceremonial ni con el resentimiento corporativo. Ambos extremos producen caricaturas útiles para la propaganda y estériles para el conocimiento. Lo que interesa comprender es el comportamiento concreto de las fuerzas sociales en disputa dentro del campo cultural, la manera en la que se reorganizan los recursos simbólicos, los conflictos entre herencias institucionales y nuevas expectativas populares, las formas visibles e invisibles de la dominación ideológica y los alcances reales de una política pública que se propuso transformar la vida nacional mientras operaba dentro de estructuras económicas y administrativas heredadas de décadas de acumulación desigual.

Aceptemos que la cultura no constituye un adorno del Estado. Tampoco representa un departamento ornamental destinado a organizar festivales, administrar museos o distribuir reconocimientos. La cultura es una fuerza productiva de la conciencia social. En ella se elaboran las imágenes que una sociedad produce sobre sí misma, los relatos que legitiman o cuestionan las relaciones de poder, los imaginarios mediante los cuales una clase consigue naturalizar sus privilegios o una colectividad descubre la necesidad de transformarlos. Quien controla la producción simbólica dispone de una ventaja estratégica en la organización del consenso. Por ello resulta imposible analizar la política cultural sin examinar simultáneamente la lucha por la hegemonía social.

Durante décadas, amplios sectores de la institucionalidad cultural mexicana se configuraron alrededor de una paradoja notable. Mientras proclamaban la universalidad del acceso al conocimiento, funcionaban mediante mecanismos de concentración territorial, lingüística y económica. La inmensa riqueza cultural de los pueblos originarios, de las comunidades rurales, de los trabajadores urbanos y de innumerables formas de creatividad popular permanecía frecuentemente subordinada a circuitos de legitimación dominados por élites académicas, burocráticas o mercantiles. El problema no consistía en la existencia de instituciones culturales sofisticadas, el problema radica en el poco o nulo respeto por el trabajo y los trabajadores en el arte y la cultura.

Toda sociedad necesita centros de excelencia intelectual. La dificultad radicaba en que la distribución del prestigio, del financiamiento y de la visibilidad reproducía con frecuencia la estructura general de la desigualdad social. La Cuarta Transformación identificó parcialmente esa contradicción y trató de intervenir sobre ella. Allí se encuentra uno de sus mayores méritos históricos, aunque incompletos. Introdujo en el debate público la pregunta por la justicia cultural. Desplazó el énfasis desde la cultura concebida como privilegio hacia la cultura entendida como derecho. Intentó reconocer territorios humanos tradicionalmente excluidos de las prioridades estatales. Cuestionó la arrogancia de ciertas burocracias acostumbradas a confundir sus intereses corporativos con los intereses generales de la nación. Rompió inercias cuya permanencia parecía inmutable. Todo ello merece reconocimiento.

No obstante, el reconocimiento no exonera del examen crítico. La principal insuficiencia de la política cultural transformadora consistió en la distancia entre la magnitud de sus propósitos y la potencia material de sus instrumentos. Se proclamó una democratización cultural profunda sin construir siempre las condiciones estructurales necesarias para sostenerla. Se habló de revolución de las conciencias en un contexto donde las industrias privadas de producción ideológica continuaron concentrando una capacidad inmensamente superior para modelar deseos, percepciones y hábitos colectivos.

Se reivindicó la cultura comunitaria mientras los grandes aparatos corporativos del entretenimiento global intensificaban su presencia en cada teléfono móvil, en cada plataforma digital y en cada espacio de socialización cotidiana. La cuestión decisiva aparece aquí con toda su crudeza. Ninguna transformación cultural puede limitarse a redistribuir actividades artísticas. La disputa fundamental ocurre en la producción de subjetividad. Los monopolios mediáticos, las corporaciones tecnológicas, las industrias publicitarias y las plataformas transnacionales fabrican diariamente millones de horas de pedagogía invisible. Enseñan qué desear, qué admirar, qué temer, qué consumir, qué olvidar y qué considerar imposible. Frente a semejante maquinaria, numerosos programas culturales estatales operan con recursos comparativamente modestos y con estrategias frecuentemente fragmentadas. El resultado es una asimetría gigantesca entre la voluntad política declarada y las capacidades efectivas para disputar la dirección intelectual de la sociedad.

A ello se suma un problema que rara vez recibe la atención que merece. Una parte considerable de la discusión cultural mexicana continúa atrapada en categorías heredadas del liberalismo elitista. Se habla de acceso a la cultura cuando debería hablarse también de acceso al poder cultural. Se celebra la participación cuando la cuestión central es la capacidad de decisión. Se promueve el consumo cultural mientras permanece insuficientemente desarrollada la democratización de los medios de producción simbólica. Una comunidad que recibe espectáculos continúa siendo receptora. Una comunidad que dispone de instrumentos para producir conocimiento, memoria, arte, investigación y comunicación comienza a convertirse en sujeto histórico.

Desde esta perspectiva, la gran pregunta pendiente para la política cultural transformadora consiste en determinar hasta qué punto logró fortalecer la autonomía creadora de las clases trabajadoras y de los sectores populares. No basta con acercar bienes culturales a las mayorías. Es necesario multiplicar las condiciones materiales para que las mayorías produzcan cultura con independencia crítica, rigor intelectual y capacidad organizativa. La diferencia es inmensa. En un caso se amplía el acceso.

En el otro se modifica la correlación de fuerzas en el terreno simbólico. La contradicción aparece igualmente en el ámbito laboral. Miles de trabajadores de la cultura continúan sometidos a condiciones precarias de contratación, incertidumbre presupuestaria y fragilidad institucional. Esta realidad posee una importancia estratégica. Resulta difícil construir una política cultural emancipadora cuando quienes sostienen cotidianamente museos, bibliotecas, archivos, centros de investigación, proyectos editoriales y programas artísticos enfrentan formas persistentes de vulnerabilidad económica. Ninguna teoría avanzada sobre democratización cultural puede ignorar la materialidad concreta de quienes producen la vida cultural.

Otro aspecto merece una reflexión especialmente rigurosa. La cultura oficial latinoamericana ha padecido históricamente una enfermedad recurrente: confundir identidad con folclorización. Bajo discursos aparentemente inclusivos, numerosos proyectos terminan convirtiendo las expresiones populares en objetos decorativos despojados de conflicto social. La celebración de la diversidad pierde profundidad cuando se desconecta de las relaciones de explotación, de las estructuras de propiedad y de los mecanismos de subordinación económica que condicionan la experiencia cotidiana de millones de personas. La cultura popular no es únicamente una reserva estética.

Es también una memoria de resistencias, una inteligencia colectiva acumulada y un territorio donde se expresan antagonismos históricos. La conciencia de clase ocupa aquí un lugar decisivo. No como consigna ritual ni como fórmula doctrinaria, si como comprensión crítica de las condiciones reales que organizan la existencia social. Una política cultural transformadora alcanza relevancia histórica cuando contribuye a que los sujetos comprendan mejor las fuerzas que determinan sus vidas, identifiquen las estructuras que producen desigualdad y desarrollen capacidades colectivas para intervenir sobre ellas.

Toda cultura que fortalece la lucidez social amplía la libertad humana. Toda cultura que naturaliza la dominación contribuye a reproducirla. La experiencia de la Cuarta Transformación deja una enseñanza valiosa. Las transformaciones institucionales poseen importancia. Los presupuestos importan. Los programas importan. Las infraestructuras importan. Sin embargo, la batalla principal ocurre en niveles más profundos. Se desarrolla en la organización del sentido común, en la capacidad de una sociedad para interpretar críticamente su realidad, en la formación de nuevas sensibilidades éticas, en la construcción de imaginarios capaces de disputar el monopolio cultural de las clases dominantes.

Allí se libra el conflicto decisivo. La evaluación más honesta exige reconocer avances significativos y limitaciones severas simultáneamente. Sería injusto negar los esfuerzos orientados hacia la inclusión cultural. También sería irresponsable ignorar que la estructura general de producción ideológica permanece dominada por poderes económicos cuya influencia excede ampliamente el alcance de las políticas públicas convencionales. La democratización cultural sigue siendo una tarea inconclusa porque la democratización de la conciencia colectiva continúa enfrentando obstáculos materiales, tecnológicos y políticos de enorme magnitud.

México se encuentra todavía ante una exigencia histórica de gran envergadura: construir una política cultural capaz de articular excelencia intelectual, participación popular, justicia social, soberanía comunicacional y producción crítica de conocimiento. Ninguna de esas dimensiones puede sacrificarse sin empobrecer el proyecto entero. La cultura adquiere verdadera potencia transformadora cuando deja de ser administrada como espectáculo, patrimonio o mercancía y comienza a funcionar como energía consciente de una sociedad que busca comprenderse para transformarse. Allí reside la medida más exigente para juzgar cualquier política cultural. No en la cantidad de eventos organizados, no en las estadísticas ceremoniales de asistencia, no en los rituales burocráticos de la autocomplacencia, sino en la profundidad con que contribuye a elevar la inteligencia colectiva, fortalecer la dignidad humana y expandir la capacidad histórica de los pueblos para convertirse en autores conscientes de su propio destino.

Requiere modificar relaciones de poder que determinan quién produce, quién distribuye, quién interpreta y quién obtiene legitimidad pública. La impotencia aparece cuando la transformación cultural queda reducida a una política de eventos. Inaugurar festivales, multiplicar exposiciones o expandir agendas institucionales puede generar visibilidad inmediata, aunque raramente modifica las estructuras profundas de producción simbólica. El problema no consiste en la cantidad de actividades realizadas. La cuestión decisiva radica en preguntarse qué concepción del mundo se fortalece mediante ellas.

Una programación transformadora y abundante debe disputar profundamente con la reproducción de valores individualistas, consumistas y elitistas. La historia mexicana ofrece enseñanzas extraordinarias sobre este punto. Tras la Revolución, el muralismo, las misiones culturales, las campañas educativas y los proyectos editoriales construyeron una intervención masiva sobre la conciencia nacional. Aquellas experiencias no estuvieron exentas de contradicciones, límites o tensiones internas.

Sin embargo, comprendieron algo esencial: la cultura constituye una fuerza material cuando logra organizar imaginarios colectivos alrededor de horizontes compartidos. El arte dejó entonces de concebirse como patrimonio exclusivo de minorías ilustradas para convertirse en herramienta de interpretación histórica y afirmación popular. La actualidad presenta desafíos diferentes. Los dispositivos contemporáneos de producción simbólica operan a escala planetaria. Las plataformas digitales, los conglomerados mediáticos transnacionales y las industrias culturales globalizadas producen flujos permanentes de representaciones que atraviesan fronteras con una velocidad inédita. La batalla por la conciencia ya no se libra únicamente en museos, universidades o periódicos. Se desarrolla también en algoritmos, interfaces, tendencias virales y arquitecturas digitales diseñadas para capturar atención y convertir cada experiencia humana en mercancía intercambiable.

Por esa razón resulta insuficiente cualquier política cultural que ignore la economía política de la comunicación contemporánea. La producción artística no puede separarse del análisis de las estructuras tecnológicas que condicionan su circulación. Tampoco puede desvincularse de la concentración corporativa que regula visibilidad, prestigio y rentabilidad. Una revolución de las conciencias exige comprender que la lucha cultural contemporánea ocurre simultáneamente en bibliotecas, escuelas, barrios, redes digitales, industrias audiovisuales y espacios comunitarios.

Porque el horizonte humanista de una transformación cultural auténtica no consiste en imponer uniformidades doctrinarias. Su propósito radica en ampliar las capacidades colectivas para comprender el mundo y transformarlo. Allí el arte desempeña una función irremplazable. Las obras más poderosas no entregan respuestas prefabricadas. Amplían la sensibilidad histórica, revelan contradicciones invisibilizadas, cuestionan naturalizaciones opresivas y enriquecen el repertorio simbólico disponible para imaginar futuros distintos.

Y la conciencia de clase ocupa un lugar central en este proceso porque ninguna comprensión rigurosa de la realidad mexicana puede prescindir del análisis de las relaciones sociales que organizan la producción y distribución de la riqueza. La cultura dominante ha invertido enormes recursos para fragmentar percepciones colectivas, aislar experiencias individuales y ocultar las conexiones estructurales entre explotación económica, discriminación cultural y concentración del poder. Recuperar esas conexiones constituye una tarea intelectual y ética de primera magnitud.

No se trata de reducir toda creación artística a una función pedagógica inmediata. Una visión semejante empobrecería la complejidad de la experiencia estética. La cuestión consiste en reconocer que toda producción cultural participa objetivamente en conflictos históricos más amplios, aun cuando sus autores no lo adviertan. Ninguna obra emerge en el vacío. Toda forma artística dialoga con condiciones materiales concretas, con tradiciones específicas y con antagonismos sociales determinados.

México posee una riqueza cultural extraordinaria acumulada a lo largo de siglos de resistencia, mestizaje, creatividad popular y elaboración crítica. Allí residen recursos inmensos para una transformación profunda de la conciencia colectiva. Comunidades indígenas, movimientos campesinos, organizaciones obreras, tradiciones pedagógicas emancipadoras, expresiones artísticas comunitarias y experiencias de comunicación popular conforman un patrimonio vivo cuya potencia permanece parcialmente desaprovechada.

Tal lentitud observada en la revolución de las conciencias no debe interpretarse exclusivamente como signo de fracaso. También refleja la complejidad del terreno disputado. Las formas de dominación simbólica construidas durante generaciones no desaparecen con facilidad. Conservan recursos materiales, redes institucionales y capacidades de influencia considerables. Frente a ellas, la construcción de una nueva cultura democrática exige perseverancia histórica, imaginación estratégica y una confianza profunda en las capacidades creadoras del pueblo.

Toda transformación auténtica de la cultura requiere abandonar la ilusión de los resultados instantáneos. La conciencia colectiva se mueve mediante procesos acumulativos donde educación, comunicación, arte, memoria y organización social interactúan permanentemente. Allí reside la verdadera dimensión del desafío mexicano contemporáneo. No basta con administrar mejor el presente. Es necesario producir nuevas formas de sensibilidad capaces de reconocer la dignidad del trabajo, la centralidad de la cooperación humana y el valor irreductible de la justicia social.

En esa larga marcha histórica, la cultura deja de ser un adorno institucional para convertirse en una fuerza decisiva de emancipación, una energía creadora destinada a desmontar los mecanismos simbólicos de la desigualdad y a abrir horizontes donde la inteligencia colectiva pueda reconocerse como autora consciente de su propio destino. El presupuesto federal mexicano destinado al Ramo 48 Cultura para 2026 asciende a aproximadamente 15.082 millones de pesos. La cifra oficial fue publicada por la Secretaría de Cultura en el Diario Oficial de la Federación.

Para dimensionar el dato, conviene compararlo con el gasto total aprobado por el Estado mexicano. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 ronda los 10,2 billones de pesos, de modo que Cultura representa cerca de un 0,15 % del gasto federal total. Esa proporción resulta extremadamente baja para un país de más de 130 millones de habitantes, con una de las herencias civilizatorias más vastas del planeta, decenas de pueblos originarios, una producción artística gigantesca y una necesidad urgente de disputar la hegemonía cultural de los monopolios mediáticos. Desde una perspectiva histórica y estratégica, el problema no reside únicamente en el monto absoluto; reside en la concepción misma de la cultura como gasto secundario.

La pregunta decisiva es cuánto debería invertirse.

No existe una cifra universalmente correcta. Sin embargo, numerosos especialistas en políticas culturales sostienen que un país con las dimensiones, complejidad y riqueza cultural de México debería destinar entre un 1 % y un 2 % del presupuesto nacional al desarrollo cultural integral. Eso implicaría un rango aproximado de entre 102.000 millones y 204.000 millones de pesos anuales, tomando como referencia el presupuesto federal actual.

En términos concretos:

Presupuesto actual: ~15.000 millones de pesos.

Piso razonable para una transformación cultural profunda: ~100.000 millones.

Meta estratégica de largo plazo: ~200.000 millones.

La diferencia es enorme. Equivale a multiplicar entre seis y trece veces los recursos actuales.

Ahora bien, aumentar el presupuesto no resolvería automáticamente el problema. Existen países que gastan mucho más y producen escasa democratización cultural. La cuestión central radica en el destino social de la inversión.

Una política cultural transformadora tendría que concentrar recursos en:

1. Redes nacionales de bibliotecas, editoriales públicas y distribución gratuita de libros.

2. Escuelas de arte populares en barrios obreros, comunidades indígenas y zonas rurales.

3. Producción audiovisual pública de gran escala capaz de competir con las plataformas privadas.

4. Formación masiva de promotores culturales.

5. Protección salarial para creadores, investigadores y trabajadores culturales.

6. Restauración del patrimonio histórico.

7. Desarrollo tecnológico soberano para circulación cultural digital.

8. Medios públicos dedicados a la educación estética y científica.

9. Financiamiento directo a proyectos comunitarios.

10. Investigación crítica sobre cultura, comunicación y conciencia social.

Claro que no todo se arregla con más dinero. Y la discusión real no debería formularse únicamente como “¿cuánto cuesta la cultura?”, porque la pregunta encierra una trampa ideológica. Toda sociedad invierte gigantescas cantidades en producir conciencia. La diferencia consiste en quién controla esa producción.

Cuando los recursos públicos para cultura son mínimos, la formación simbólica de millones de personas queda en manos de corporaciones mediáticas, plataformas digitales y mercados publicitarios cuya lógica fundamental es la rentabilidad. En tal escenario, el Estado termina gastando poco en cultura mientras el capital privado invierte fortunas en fabricar imaginarios, deseos, hábitos de consumo y percepciones políticas. México no enfrenta una carencia cultural. Enfrenta una contradicción entre la inmensa riqueza creadora de su pueblo y la reducida magnitud de la inversión destinada a convertir esa riqueza en fuerza histórica organizada. Y una política de cultura comprometida profundamente con la Revolución de las Conciencias, que es materia obligada para todos y todas, en cada ámbito de la verdadera transformación objetiva y subjetiva de México.

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