Por: Silvina Romano,
Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández y Arantxa
Tirado
Aunque Evo Morales haya
salido victorioso en los comicios del 20 de octubre (por un margen un
poco mayor al 10 por ciento) la oposición declaró inválidos los
resultados y provocó una escalada de violencia para justificar un
golpe de Estado cívico, policial y militar.
Por lo menos desde el 21F
los medios de comunicación nacionales y extranjeros fabricaron
matrices de opinión falsas para deslegitimar a Evo y al proceso de
cambio ante la opinión pública. Finalizados los comicios, la
oposición rechazó los resultados, denunció fraude y se negó a
participar en la auditoría conducida por la Organización de Estados
Americanos (OEA) a propuesta del Gobierno boliviano, tras el informe
preliminar de la OEA que cuestionaba la imparcialidad de las
elecciones y denunciaba irregularidades en el conteo provisorio de
los votos. Dicho informe contribuyó con un recuento de sufragios que
no fue representativo y con declaraciones de su representante, que
contrastaban con otros informes más completos, como el de CEPR(1) o
la investigación del profesor de la Universidad de Michigan y
experto electoral, Walter R. Mebane(2).
Los comités cívicos
(dirigidos por empresarios de ultraderecha) salieron a “calentar”
las calles con grupos de choque, amenazando y golpeando a ciudadanos,
sobre todo indígenas. La Policía Nacional se replegó a los
cuarteles exigiendo un alza salarial. Grupos civiles armados y
uniformados amedrentaron a dirigentes del Movimiento al Socialismo
(MAS), ministros y cargos públicos para obligarlos a renunciar, y
prendieron fuego a sus casas, incluso, violentando a sus familias.
Finalmente, el Ejército se volteó y pidió/sugirió la renuncia de
Evo. Para evitar el derramamiento de sangre, él y el vicepresidente,
Álvaro García Linera, presentaron su renuncia.
Bolivia en la
geopolítica de EE.UU.
Por detrás de la
manufacturación de la idea de “fraude electoral”, hay que
considerar la importancia geopolítica y geoestratégica del
territorio boliviano y los intereses del sector público-privado
estadounidense, reflejados en más de un siglo de intervenciones en
el país andino(3). El MAS, gestionando en la dirección de políticas
más soberanas, rompió esta dinámica y provocó la hostilidad de
EE.UU. hacia el Gobierno boliviano.
La disputa por el acceso
y apropiación de los recursos naturales puede ser apreciada en los
cables de Wikileaks(4) e informes de think tanks
estadounidenses en los que se hace explícita la importancia de
determinados recursos bolivianos (en especial, el litio y el gas) y
la necesidad de eliminar los obstáculos para garantizar el acceso a
los mismos. En definitiva, dejan percibir un clima de “guerra por
los recursos” en la que China se dibuja como gran rival.
En un artículo titulado
“El papel de Bolivia en la transición energética amenazado por la
incertidumbre del litio”, el Atlantic Council -think tank
referente del establishment imperialista fundado en 1961 en el
marco de la Guerra Fría plantea que:
“Bolivia tiene un
alto potencial para ser crucial en el desarrollo de litio (…) el
mayor inhibidor de la inversión extranjera es la reputación
de Bolivia que tiene un clima de inversión inseguro.
Después de asumir el cargo en 2006, Morales nacionalizó
la industria de hidrocarburos de Bolivia, despojando la
propiedad de compañías extranjeras. Además de los reparos
sobre la ideología de Morales, existe su control sobre el
poder: Morales ha lanzado un referéndum público para
permitirle enmendar el límite constitucional del mandato, declarando
su candidatura para las elecciones del próximo año a pesar de
alcanzar el límite de mandato decretado constitucionalmente.
(…) El litio puede convertirse en un problema geopolítico. China
ya tiene una producción nacional significativa y ha comprado una
gran parte de la compañía de litio más grande de Chile,
consolidando cierto control sobre el suministro de litio”
[6 de agosto de 2018](5).
Por su parte, el Clima de
Inversiones de Bolivia 2019, publicado por el Departamento de Estado
de EE.UU. (DoE), menciona que “la falta de seguridad jurídica, las
denuncias de corrupción y los incentivos de inversión poco claros
son impedimentos para la inversión en Bolivia”(6),
Más de un año antes de
las elecciones, Stratfor (consultora que realiza
investigaciones de inteligencia para el Gobierno estadounidense)
plantea, en una serie de informes, un escenario posible (¿deseado?
¿buscado?) de disturbio, inestabilidad y posibles sanciones de EE.UU. frente a una victoria de Evo Morales:
“Las elecciones de
2019 serán el momento clave para la inestabilidad política
en Bolivia (…) Una elección muy disputada, en donde proliferen las
acusaciones de fraude electoral, podría prender
la llama en una escena política interna ya tensa. Las
manifestaciones se extenderían, particularmente en provincias
orientales como Santa Cruz, centro de la oposición política
boliviana. (…) Esa situación podría provocar un breve
período de confrontación política posiblemente violenta
en todo el país” [3 de enero de 2018](7).
“La amenaza de la
nacionalización y la fuerte intervención estatal permanecerán
siempre presentes si Morales logra la reelección, una perspectiva
que podría desalentar a los inversores extranjeros interesados en
las reservas de litio del país” [15 de junio de
2018](8)
“Una ola prolongada
de protestas también traería consigo riesgos políticos para el
gobierno de Morales. (…) sofocar violentamente las protestas
postelectorales correría el riesgo de atraer la atención negativa
de los Estados Unidos en forma de sanciones selectivas.
Las sanciones
pueden hacer poco para revertir un resultado electoral, pero podrían
amenazar las finanzas de los funcionarios del gobierno boliviano y
pueden influir en su voluntad de buscar otro mandato en el poder”
[20 de septiembre de 2018](9).
EE.UU. y la postura
oficial: antes de las elecciones y después del golpe
Desde 2017, diversos
comunicados oficiales, declaraciones de autoridades del Gobierno y
proyectos de ley dan cuenta de la incidencia del Gobierno
estadounidense de cara a las elecciones presidenciales en Bolivia.
OEA y medios de
comunicación: actores del lawfare electoral
El caso de Bolivia puede
representar una arista del lawfare (guerra por la vía
judicial) en su versión electoral, al asentarse en el uso de la ley
como un arma para lograr objetivos políticos. En este caso, abuso de
las normas de organismos internacionales, como la OEA, para
interferir en el derrotero político de Bolivia (aspecto que fue
subrayado por la delegación mexicana en la reunión del Consejo
Permanente de la OEA del 23 de octubre) y desconocimiento de la
legislación y las autoridades bolivianas. Lo importante es que esta
injerencia se muestre a la opinión pública no sólo como
conveniente sino como necesaria para rescatar la legalidad del
proceso democrático. Cuando la misión desembarca en Bolivia, llega
con una serie de juicios (prejuicios) y declaraciones que
clasificaron al proceso electoral como irregular, dudoso, tal vez
fraudulento, desde un inicio. Esto reproduce la práctica de, ante
todo, la práctica de culpar a un líder, grupo o sector político,
sin contar con las pruebas fehacientes para ello. Se instala, además,
la sospecha y duda sobre la actuación de las instituciones soberanas
de un Estado, sentando precedentes muy peligrosos de desconocimiento
supranacional de las soberanías nacionales emanadas de la voluntad
popular.
La legitimidad de la OEA
–y su impacto en la opinión pública– depende de la articulación
con los medios, porque allí se generan el linchamiento y las
acusaciones que se traducen en la deslegitimación del proceso
electoral en sí mismo. Para dar algunos ejemplos, medios
concentrados de EE.UU. y la UE, como la BBC(30), New York Times(31),
Washington Post(32), The Guardian(33); France 24(34), sumados a
agencias de prensa como Reuters(35), instalaron que lo normal u
obligatorio era ir a una segunda vuelta, aun cuando no se había
concluido el conteo de los votos. También arengan sobre las
protestas y la represión por parte del Gobierno (manipulando los
números sobre cantidad de manifestantes y las acciones de la Policía
para controlar la protesta); finalmente todos los argumentos apuntan
a que esta actitud de parte del MAS y de Evo Morales se deben al
autoritarismo o al carácter “dictatorial” del Estado boliviano y
llevarán a Bolivia a repetir la experiencia venezolana.
Asistencia para el
desarrollo (del golpe)
La ayuda para el
desarrollo estadounidense a América Latina y el Caribe, y su rol en
la “promoción de la democracia” –principalmente a través de
instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)–puede ser cuestionada desde
distintas aristas. Más de medio siglo de institucionalización de la
asistencia en Bolivia, que ha superado los 5 mil millones de dólares
y se incrementó de manera significativa en el siglo XXI, incluso en
los primeros años del Gobierno de Morales, han contribuido a la
dependencia externa y al debilitamiento del Estado en lugar de
reducir la pobreza.
Agencias como la USAID,
la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Instituto
Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Democrático Nacional
(DNI) lograron un impacto profundo en la vida política boliviana
bajo el argumento de promover la “democracia representativa” y el
libre mercado, por medio de asesoramiento y financiamiento de líderes
y partidos políticos(36). Como ejemplo, hay que destacar que una de
las claves para el impulso de los grupos opositores al gobierno del
MAS se dio con la implementación del programa Fortalecimiento de las
Instituciones Democráticas (FIDEM) por la USAID en octubre de 2006
al direccionar recursos a los gobiernos departamentales.37 A partir
de 2005 la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de USAID
dirigió la mayoría de su financiación a los proyectos separatistas
de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija)(38).
El frustrado golpe
cívico-prefectural en 2008 –que llevó a la expulsión del
embajador Philip Goldberg y de la DEA de Bolivia– marcó una
reducción en la asistencia, alcanzando uno de los niveles más bajos
(2.979.682 dólares) tras la expulsión de la USAID en 2013. Entre
todo el período 2013-2018 USAID destinó 70.681.620 dólares en
asistencia económica a Bolivia(39) que, a partir de 2014, pasa a ser
canalizada a través de otras agencias y se incrementa
vertiginosamente superando los 56 millones en 2015 (año previo a la
realización del referéndum constitucional de febrero de 2016)(40).
Los proyectos financiados
por la NED en 2018 estuvieron claramente orientados a los comicios
presidenciales, enfocándose principalmente al “apoyo” de
partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de
comunicación. Destacan los siguientes:(41)
En noviembre de 2018 la
Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundación
de los Derechos Humanos presentaron una denuncia en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA contra la
repostulación de Morales(42) Ambas organizaciones son financiadas
por la NED:(43)
Asistencia militar
Otro brazo fundamental de
la asistencia es el militar. Durante el periodo neoliberal la
participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en tareas de
seguridad interna respondía a lineamientos externos. La
militarización de la lucha contra las drogas se concretó por medio
de convenios bilaterales entre Bolivia y EE.UU., seguidos de la
aplicación de planes, operativos, creación de fuerzas especiales,
etc. Entre los principales resultados de ese proceso se destacan las
graves violaciones a los derechos humanos, inestabilidad política y
social, así como la pérdida de soberanía estatal en materia de
definición de políticas(44)
Parte fundamental de la
asistencia militar fue el envío de oficiales a cursos de
entrenamiento en Fort Benning, Georgia, donde funciona la heredera de
la Escuela de las Américas, el Instituto del Hemisferio Occidental
para la Cooperación en Seguridad, por el cual han pasado alrededor
de 4211 militares desde 1949 hasta 2004. En el periodo de 2000-2004
son unos 350 militares, entre los que se encuentra el nuevo
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general de
Brigada Sergio Orellana Centellas, quien asistió en 2003 al curso
“Operaciones cívico-militares”(45).
Aunque se puedan destacar
avances significativos de la estrategia contrahegemónica llevada a
cabo por el Gobierno del MAS en el ámbito de la seguridad, defensa
y, en particular, en la definición de políticas de drogas, la
actual coyuntura demuestra que no se ha logrado romper de manera
definitiva con la lógica securitaria estadounidense. Ejemplo
concreto de ello es que altos mandos de las FF.AA. Y funcionarios del
Gobierno involucrados en el proceso golpista, además del general
Orellana, pasaron por academias e instituciones estadounidenses:
El general Vladimir Yuri
Calderón, comandante general de la Policía, fue agregado policial
en Washington hasta diciembre de 2018.
El comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, fue agregado militar en EE.
UU. entre 2013 y 2016. Además asistió en Fort Benning al curso
“Comando y Estado Mayor en 2003”(46).
Manfred Reyes Villa,
exalcalde de Cochabamba y excandidato presidencial fue, asimismo,
alumno en Fort Benning.
General Remberto Siles
Vásquez (implicado en audio 12)(47) coronel Julio César Maldonado
Leoni (implicado en audio 8(48) y 9(49), coronel Óscar Pacello Aguirre
(implicado en audio 14)(50) y coronel Teobaldo Cardozo Guevara
(implicado en audio 10)(51) asistieron a la Escuela de las
Américas(52).
Red de derechas
Mientras la cooperación
fluye de forma directa a través de los canales estadounidenses y las
organizaciones locales, también opera de modo menos visible como
eslabón de una “red de derechas” nacional, regional e
internacional a través de fundaciones, medios de comunicación y
ONGs(54).
Algunos miembros de la
derecha local –vinculados al proceso golpista– con proyección
privilegiada en medios y redes son los siguientes:
Raúl Peñaranda:
Director FIDES, agencia de noticias miembro de la Agencia Nacional de
Noticias, a su vez, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa
(campaña directa en contra de gobiernos progresistas). Tuvo un rol
protagónico en el montaje del “Caso Zapata”, previo al
referéndum de febrero de 2016 (21F). Recibe financiamiento de la
NED. Se vincula con universidades estadounidenses como Harvard, a
través de cursos, y un premio brindado por la Fundación Nieman
(vinculada a la Sociedad Interamericana de Prensa en programas de
lucha por la “libertad de expresión”). Impartió cursos en el
International Republican Institute. Consigna en Twitter:
#VayanseDeUnaVez
Oscar Ortíz Antelo:
diputado por Unidad Demócrata. En 2008 crea la Fundación Nueva
Democracia y desde entonces cuenta con financiamiento de la NED. Ya
formaba parte del circuito de la NED, a través de sus vínculos con
la Alternativa Democrática para las Américas y la Unión de
Partidos Latinoamericanos(55) Todos organismos de la derecha
latinoamericana que, a su vez, se asocian a organizaciones dedicadas
a la “formación de líderes”, como la Fundación Atlas(56) o la
Red Liberal de América Latina (RELIAL)(57) La misma Fundación se
especializa en juventud, mujeres y liderazgo (rubros comunes en las
ONGs del nuevo milenio), que lo vinculan a Estudiantes por la
Libertad58 de la Red Atlas, por ejemplo. Estos cursos de verano,
seminarios y becas son financiados por la Fundación Konrad Adenauer
(alemana), a la vez que reciben financiamiento de la NED.
Carlos Mesa:
candidato opositor al MAS y expresidente de Bolivia. Implicado en
campaña y montaje previo al 21F. Directamente involucrado en rol
desestabilizador de la OEA. Reunión previa con Andrés Pastrana,
expresidente de Colombia, quien a su vez tiene relación con Fernando
Camacho (el que se sumó al no reconocimiento de los resultados
profesado por Mesa). Inició su relanzamiento a la Presidencia con un
vídeo en youtube. Consignas en Twitter: #EsAhoraONunca
#UnaBoliviaMejor #YaEsDemasiado.
Waldo Albarracín:
Decano de la Universidad Mayor de San Andrés, y miembro del Consejo
Nacional en Defensa de la Democracia (CONADE). Uno de los principales
implicados en el golpe. En rueda de prensa en La Paz, instó a la
resistencia civil para defender el voto y garantizar la segunda
vuelta en el país (ElDiario.es)(59). Albarracín está vinculado a
Logos International University (una universidad religiosa con sede en
Miami, que le otorgó un Honoris Causa)(60). La agencia Bloomberg(61)
y CNN62 son algunos de los medios concentrados que replican la
opinión de Albarracín y lo colocan en la opinión pública
internacional.
Jhanisse Vaca Daza:
Directiva de la ONG Rios de pie (Standing Rivers) la cual ha
utilizado su plataforma de manera permanente para diseminar
información manipulada y generar un rechazo hacia las políticas del
Gobierno a nivel nacional. Esta plataforma es financiada por el
Freedom Fellowship de la Human Right Foundation (HRF) de EE. UU.
Cuando fueron los incendios en la Amazonía boliviana, Ríos de Pie
logró posicionar en Twitter el hashtag #BoliviaUnida y
#Evoesfraude(63). Desde entonces, sus publicaciones tomaron una
postura antigubernamental y posicionando en redes que las elecciones
en Bolivia serían fraudulentas.
Egresada de la
universidad Estatal Kent en Ohio, estudio también en Harvard Kennedy
School en el programa “Liderando movimientos no violentos para el
progreso social”. En dicha escuela estuvieron también fuerzas de
la derecha venezolana como Ricardo Hausmann, Leopoldo López, Juan
Ignacio Hernández y Carlos Vecchio. Vaca Daza está vincualda con
Leopoldo López a través de su hermano Thor Halvorsenn64 y su
fundación “Human Rights Foundation”(65).
Ivan Arias Durán:
protagonista del operativo encubierto previo al golpe. Se
reunió con el opositor Jaime Antonio Alarcón Díaz y otros miembros
de los comités cívicos, donde acordaron obtener equipos de votación
rápida para las elecciones presidenciales, a fin de utilizarlos para
manipular la opinión pública sobre los resultados electorales y
declarar fraude. Hay una referencia de la Fundación Jubileo, la
Unión Europea, la Embajada de los Estados Unidos y la Iglesia
Evangélica(66). Publicó en Página 7 una columna de
opinión titulada “Evo, perdiste”(67).
De las fundaciones que
tuvieron rol protagónico destacan:
Human Rights
Foundation (financiada por gobierno noruego): el 26 de febrero en
México vía el Oslo Freedom Forum se llevó a cabo un evento que
juntó a la extrema derecha latinoamericana y de otras partes del
mundo(68). Promueve activamente la oposición a Cuba y Venezuela por
diferentes vías, especialmente a través de conferencias de líderes
de derecha.
Fundación Milenio:
ha tenido un rol protagónico en la crítica y desmoralización a la
política económica del gobierno del MAS. Es un think tank de
economía (neoliberal), también financiado por la NED, encargado de
elaborar informes anuales sobre el estado de la economía de
Bolivia(69). Dichos informes son promocionados por el Center for
International Private Enterprise (CIPE, dependiente de la NED)(70) A
pesar de estos múltiples vínculos, la fundación se autodefine en
su página web como “centro de pensamiento independiente, inspirado
en el propósito de modernizar las estructuras nacionales y
crear las condiciones propias de una sociedad abierta, democrática,
pluralista e integrada en el mundo”. Tiene llegada directa a la
prensa hegemónica (El Diario, Página 7, El Deber, Correo del Sur),
de modo que la “opinión experta” pasa a alimentar o condicionar
la “opinión pública”.
Conclusiones
Estudiar históricamente
los golpes de Estado en América Latina es urgente, y sobre todo para
Bolivia, país que en el siglo XX fue el que más golpes tuvo y que
desde la llegada de Evo había construido continuidad institucional
en un país divido racialmente y con fuertes diferencias de clase y
género. El golpe a Evo concatena varias experiencias golpistas de
finales de siglo XX y lo que va del siglo XXI. El cerco mediático
construido con terror en distintos medios nacionales (como en el
golpe a Chávez en 2002), la insubordinación policial (como a Correa
en 2010), el pedido de fuerzas de extrema derecha de no aceptar una
reelección más de Evo y de nuevas elecciones sin él (como en
Brasil con Lula), el intento de consumar el golpe de Estado
legitimándolo desde la comunidad internacional con el nombramiento
de un nuevo Gobierno de facto que se pretende validar
por unas futuras nuevas elecciones (como en Honduras, contra Zelaya,
en 2009), el eminente golpe con tácticas de terror social (como en
las distintas “guarimbas” en Venezuela), la autoproclamación de
Áñez (como la de Juan Guaidó en Venezuela) y el respaldo de
EE.UU., y posiblemente, el intento de judicialización (el cual
comenzó con Fernando Lugo en Paraguay y siguió por varios países
de Nuestra América).
NOTAS
36
https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/120/ayuda_fallida_de_estados_unidos_hacia_america_latina_el_caso_de_bolivia
55 La Unión de Partidos
Latinoamericanos fue creada en 1992, integrada entre otros, por el
Partido Conservador de Colombia, el partido Propuesta Republicana
(PRO) de Argentina, el Movimiento Demócrata Social de Bolivia, el
Partido Conservador de Nicaragua, etc. A su vez, este grupo de
partidos forma parte de la Unión Democrática Internacional (UDI),
fundada en 1983 por la vanguardia del neoliberalismo, Margaret
Thatcher y George H.W. Bush, entre otros.
56 Think tank fundado por
conservadores “libertarios” de EE. UU., especializado en promover
la creación de organizaciones neoliberales y la formación de
jóvenes líderes, particularmente en América Latina y Europa del
Este. Entre sus principales “benefactores” se encuentran los
hermanos Koch (millonarios, conservadores de derecha).
57 Organismo dedicado a
la “defensa de la democracia liberal, la libertad y responsabilidad
individual, el respeto a la propiedad privada, la promoción de un
gobierno limitado, el impulso a la economía de mercado y la primacía
del Estado de Derecho”. La junta honorífica es encabezada por
Mario Vargas Llosa. Ver: http://relial.org/.
58 Es uno de los aliados
de la RED ATLAS a nivel mundial y es una de las principales redes de
formación de liderazgos neoliberales. Ejemplo de evento en Bolivia:
https://i2.wp.com/eju.tv/wpcontent/uploads/2015/04/afiche-conferencia-01-682x1024.jpg
62
https://cnnespanol.cnn.com/video/boliva-waldo-albarracin-entrevista-fernando-del-rinconconclusiones/
Currazo de artículo. El cómo y el porqué se producen los golpes importan antes de que sucedan. Ahora que ha sucedido importa más saber cómo placarlo. Y aún más que no vuelvan a suceder. Por desgracia supongo que intentarán todas las vías, que les llevarán al mismo callejón sin salida de siembre: liberalismo. Esta guerra eterna no terminará nunca.
ResponderEliminarEspero que nuestras camaradas hayan tomado nota de los errores anteriores y sepan encauzar mejor las protestas.
Salud!
En realidad este golpe no difiere mucho de los múltiples perpetrados con anterioridad, de hecho tiene muchas similitudes con el que derrocó a Salvador Allende. El único país que se ha librado, pese al bloqueo, ha sido Cuba. Por algo será.
EliminarSalud!
Eso si que es un cronograma de los hechos que propiciaron el Golpe de Estado, y todo por el litio. Nadie ha movido un dedo ni lo moverá por Bolivia y los Bolivianos.
ResponderEliminarSaludos
La prensa canalla, es decir casi toda, ni siquiera lo denominan como lo que es: un clarísimo golpe de estado.
EliminarSalud
Exhaustivo. El que no sepa de que va es porque no quiere.
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