The Palestine Chronicle – 02/07/2025
La Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, concluye su informe con un imperativo jurídico y moral: las empresas deben retirarse de cualquier compromiso con el ejército israelí.
Un nuevo y contundente informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, está suscitando una dura condena, no sólo de Israel sino también de los Estados Unidos.
Titulado "De la economía de ocupación a la economía de genocidio", el informe supone una dura crítica a la participación corporativa en la empresa colonial de asentamiento de Israel y su actual guerra genocida en Gaza, acusando a las empresas privadas y vinculadas al Estado de facilitar el apartheid, los crímenes de guerra y el genocidio.
En una respuesta inusualmente agresiva, la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas emitió un llamamiento público para la destitución de Albanese, acusándola de "antisemitismo virulento", "apoyo al terrorismo" y de lanzar una "campaña de guerra económica dirigida a entidades de todo el mundo".
Dicho llamamiento fue más allá, afirmando que la continua inacción del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, "requeriría acciones significativas en respuesta a la mala conducta de la Sra. Albanese".
Del despojo al exterminio
Basándose en más de 200 presentaciones y una base de datos exclusiva de casi 1.000 empresas implicadas, Albanese describe cómo los actores corporativos han facilitado durante mucho tiempo el proyecto israelí de "desplazamiento y reemplazo" de la población palestina. Sin embargo, afirma que, desde octubre de 2023, esta participación ha trascendido un nuevo umbral.
"Después de octubre de 2023, los actores corporativos han contribuido a la aceleración del proceso de desplazamiento y reemplazo a lo largo de la campaña militar que ha pulverizado Gaza y desplazado al mayor número de palestinos en Cisjordania desde 1967", afirma el informe.
Estas acciones, argumenta Albanese, no son pasivas ni accidentales. Más bien, constituyen "contribuciones sustanciales" a crímenes internacionales —incluidos el apartheid y el genocidio— y potencialmente exponen a empresas y ejecutivos a riesgos legales, tanto en el derecho nacional como en el internacional.
"Deben cesar las actividades comerciales que permiten y se lucran con la aniquilación de vidas inocentes", advierte el informe. "Las empresas deben negarse a ser cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales o deberán rendir cuentas ante la justicia".
Una economía diseñada para el genocidio
El informe analiza cómo diversos sectores (fabricación de armas, tecnología de vigilancia, banca, academia, construcción y logística) se han convertido en "pilares interdependientes" de una economía colonial convertida en un aparato genocida.
Entre los hallazgos más condenatorios está el papel de los fabricantes de armas israelíes e internacionales.
Empresas como Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, ambas entre los 50 principales productores mundiales de armas, han proporcionado al ejército israelí drones, sistemas de puntería y bombas utilizadas en Gaza. Estas armas, incluyendo F-35 y MK-84 no guiados, fueron responsables del lanzamiento de aproximadamente 85.000 toneladas de explosivos desde octubre de 2023.
"El genocidio en curso ha sido una empresa rentable", escribe Albanese, señalando que el gasto militar israelí aumentó un 65 por ciento en un solo año (de 2023 a 2024), alcanzando los 46.500 millones de dólares.
Empresas estadounidenses y europeas también están implicadas. Lockheed Martin, Microsoft, Amazon, Palantir, IBM e incluso el gigante naviero danés Maersk han sido vinculadas a las cadenas de suministro de armas o a la infraestructura de vigilancia e inteligencia utilizada en la guerra de Gaza.
La vigilancia como arma
Más allá de las bombas y las balas, el informe destaca el papel de la "ocupación digital": sistemas de vigilancia, bases de datos biométricas y selección de objetivos basada en inteligencia artificial.
"La represión contra los palestinos se ha automatizado progresivamente", señala Albanese. "Las empresas tecnológicas se han beneficiado del excepcional campo de pruebas que para la tecnología militar ofrece el territorio palestino ocupado".
El acuerdo en la nube del Proyecto Nimbus entre Microsoft y Amazon con Israel, valorado en 1200 millones de dólares, es un ejemplo. Suministra inteligencia artificial e infraestructura de datos al Ministerio de Defensa israelí. Mientras tanto, las plataformas de vigilancia predictiva y los sistemas de integración en el campo de batalla de Palantir han sido determinantes en las decisiones israelíes en la selección de objetivos.
En enero de 2024, al ser confrontado con acusaciones de que la tecnología de Palantir había contribuido directamente a los ataques y asesinatos de civiles en Gaza, el director ejecutivo de la compañía respondió: "Principalmente terroristas, es cierto". Albanese cita esta declaración como un ejemplo contundente de "conocimiento y propósito a nivel ejecutivo frente al uso ilegal de la fuerza".
Una llamada a la rendición de cuentas
Albanese concluye con un imperativo legal y moral: las empresas deben retirarse de cualquier interacción con el ejército o la economía israelí que permita violaciones del derecho internacional. Los Estados también están obligados a prevenir dicha complicidad.
"Cuando las entidades corporativas continúan sus actividades y relaciones con Israel… se puede determinar que han contribuido conscientemente a: la violación del derecho palestino a la autodeterminación… crímenes de apartheid, genocidio… y otros crímenes relacionados", afirma el informe.
Escalada estadounidense y exigencia de destitución
En una reacción extraordinariamente politizada, Estados Unidos respondió al informe con una petición sin precedentes: la destitución de Francesca Albanese.
En un comunicado emitido por la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Washington acusó a Albanese de "antisemitismo virulento", "apoyo al terrorismo" y de participar en una "guerra económica contra entidades de todo el mundo". El comunicado también alegó que sus conclusiones legales eran "profundamente erróneas" y que sus acusaciones de apartheid y genocidio eran "falsas y ofensivas".
Advirtió que el continuo fracaso del Secretario General de la ONU, António Guterres, de condenar su trabajo y destituirla del cargo "requeriría acciones significativas" y "traería más deshonra a las Naciones Unidas".
Mientras aumenta la presión sobre Albanese por su detallada investigación, el informe subraya una conclusión central: desmantelar la red global de actores corporativos y estatales que sostienen la ocupación, el apartheid y el genocidio de Israel no es sólo una cuestión de responsabilidad, sino un imperativo legal y ético bajo el derecho internacional.
★
No hay comentarios :
Publicar un comentario