La postura soberana de Malasia — Kurniawan Arif Maspul

 

Savage Minds – 25/07/2026

La huera hipocresía del acoso de las grandes potencias y los límites de la presión estadounidense.

El primer ministro Anwar Ibrahim afirmó que el gobierno no cederá en su postura ante la objeción de ocho legisladores estadounidenses a la política de Putrajaya que prohíbe la entrada de ciudadanos israelíes al país. (Foto: FMT)

Durante más de medio siglo, Malasia ha mantenido una política que alberga la esencia misma de lo que significa ser una nación soberana: el derecho absoluto a decidir quién cruza sus fronteras. Dicha política —la negativa inequívoca a reconocer al Estado de Israel y la consiguiente prohibición de entrada a territorio malasio a los titulares de pasaportes israelíes— no es una simple preferencia diplomática.

Es una clara y soberana línea divisoria trazada a través de décadas de historia anticolonial, grabada en la conciencia nacional por la cuestión inconclusa de Palestina. Y ninguna fanfarronería del Congreso estadounidense, ninguna amenaza de suspender los fondos para entrenamiento militar, ni ninguna indignación israelí la harán retroceder.

Sin embargo, aquí estamos, en julio de 2026, viendo cómo ocho miembros del Congreso de los Estados Unidos —Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman y Jake Auchincloss— exigen que Malasia revierta una política que ha estado vigente desde antes de que muchos de ellos nacieran.

¿Su arma predilecta? Una carta al Secretario de Estado Marco Rubio instando a la suspensión de la financiación del Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar (IMET) a menos que Kuala Lumpur capitule en un plazo de quince días. Esto no es diplomacia. Esto es coerción disfrazada de indignación moral.

Seamos brutalmente claros sobre lo que está en juego. La política de Malasia no se basa en el antisemitismo, una acusación tan manida que ha perdido todo significado. El primer ministro Anwar Ibrahim ha declarado con absoluta precisión que la prohibición va dirigida a «ciudadanos israelíes, no a judíos», porque son «parte integral y cómplices de los asesinatos, crímenes y la continua opresión y colonización de Palestina y Gaza». Esta es una postura política, no racial.

Es una barrera moral contra un Estado cuyas acciones en Gaza —los asesinatos diarios, la destrucción de hogares, la hambruna sistemática de una población asediada— violan todos los principios que Malasia considera fundamentales. Y, sin embargo, Washington, que arma a ese mismo Estado con las bombas que caen sobre niños palestinos, se atreve a dar lecciones a Kuala Lumpur sobre derechos humanos.

La hipocresía es asombrosa. Los mismos legisladores estadounidenses que exigen que Malasia abra sus puertas a los ciudadanos israelíes presiden un país que ha proporcionado armamento para operaciones que han causado la muerte de decenas de miles de civiles palestinos, incluyendo un número sin precedentes de niños, periodistas y trabajadores humanitarios. ¿Dónde está su indignación ante el sistemático apoyo militar a un Estado que la Corte Internacional de Justicia ha considerado plausiblemente genocida?

El silencio es ensordecedor y revela la economía moral de la indignación global como una jerarquía profundamente estructurada: las vidas occidentales son hipervisibles; las vidas palestinas son prescindibles.

La postura de Malasia expone este doble rasero no mediante una crítica abstracta, sino mediante la aplicación de una contra-medida. La prohibición es una forma de testimonio moral que afirma: si ustedes no responsabilizan a Israel, lo haremos nosotros. Y nuestra responsabilidad se manifiesta en la exclusión de nuestro espacio soberano. Como declaró Anwar: «Malasia es una nación independiente y somos libres de manifestar nuestras opiniones».

No se trata de "y qué hay de...". Se trata de una exigencia de coherencia moral en la aplicación de los mismos principios que Occidente afirma defender.

El momento en que se ejerció esta presión del Congreso resulta revelador. No se desencadenó por un cambio de política —la prohibición lleva décadas vigente—, sino por el descubrimiento de que ciudadanos israelíes con doble nacionalidad supuestamente habían entrado en Malasia utilizando pasaportes de otros países para participar en la Network School, una comunidad tecnológica en Forest City, Johor. Las autoridades de Johor revocaron rápidamente la licencia comercial de la escuela, y los funcionarios de inmigración auditaron a 266 extranjeros procedentes de 40 países.

Anwar ordenó la deportación inmediata de cualquier ciudadano israelí que se encontrara. Esto no fue una escalada, fue la aplicación de una política de larga data.

Sin embargo, Washington respondió como si Malasia hubiera cometido un acto de guerra. La carta del Congreso calificó la prohibición de «discriminatoria» y exigió que Malasia la revocara en quince días. Reflexionemos sobre la audacia de esta exigencia. Un parlamento extranjero, a 15.000 kilómetros de distancia, emitiendo un ultimátum a una nación soberana sobre su política migratoria. Como señaló el ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Datuk Seri Mohamad Hasan, el Departamento de Estado de EE UU «había reconocido y respetado la histórica política de Malasia de no reconocer a Israel».

¿Por qué este espectáculo parlamentario? Porque no se trata de leyes, sino de poder. Se trata de castigar a una nación que se atreve a desafiar la narrativa hegemónica que equipara la normalización con el progreso y la resistencia con el retroceso.

La ironía reside en que la presión de Washington podría lograr el efecto contrario al deseado. La postura desafiante de Anwar consolida su posición política interna, aislando a su gobierno de coalición de las críticas de la oposición. Al convertir un asunto de vigilancia fronteriza en una defensa pública de la soberanía y la ética humanitaria, conecta profundamente con el electorado de mayoría musulmana de Malasia.

La amenaza externa se convierte en un regalo: un antagonista externo contra el cual los sentimientos nacionalistas e islamistas pueden consolidarse. Los legisladores estadounidenses, en su arrogancia, le han entregado a Anwar un arma política.

¿Y qué hay del cálculo estratégico más amplio? Los analistas han señalado acertadamente que es improbable que la disputa descarrile las relaciones entre Estados Unidos y Malasia, que se basan en intereses económicos y estratégicos compartidos, en particular la seguridad marítima en el Mar de China Meridional. Pero esta evaluación pasa por alto el cambio más profundo. Malasia no es un estado vasallo. Es una potencia intermedia con una ubicación estratégica y con opciones.

Como señaló el analista político Anis Anwar Suhaimi, si la presión estadounidense se percibe como excesiva, «podría crear involuntariamente un espacio diplomático para que otras grandes potencias profundicen su relación con Malasia». La amenaza de suspender la financiación del IMET podría, en última instancia, costarle a Washington más de lo que gana, no en dólares, sino en influencia.

El largo arco de la historia tiende hacia la justicia, o al menos eso dice el refrán. Pero la justicia, que no se doblega por sí sola, es forjada por las naciones que se niegan a doblegarse. La prohibición de Malasia a los ciudadanos israelíes es, en última instancia, un acto de soberanía. Al decir «no» a la presencia de aquellos a quienes considera cómplices de la colonización, Malasia dice «sí» a una visión de sí misma como una nación que recuerda sus raíces anticoloniales, honra las obligaciones islámicas y se atreve a decir la verdad moral al poder imperial.

Las deficiencias en la aplicación de la ley —los puntos ciegos biométricos, las lagunas legales que permiten la doble nacionalidad— son el precio de esa autodeterminación. Pero no son fatales. Son un desafío que hay que superar, no un motivo para rendirse.

Washington haría bien en recordar que Malasia no es el estado número 51 de Estados Unidos. Es una nación independiente con su propia constitución, su propio parlamento, su propio gobierno electo y sus propias prioridades de política exterior. Estados Unidos puede amenazar, persuadir y exigir.

Pero no puede obligar. Y al final, no será Malasia la que será juzgada por la historia por permitir la atrocidad, sino aquellos que la armaron mientras daban lecciones a otros sobre decencia humana.

El mundo está observando. El Sur Global está observando. Y en los silenciosos pasillos del poder, desde Yakarta hasta Pretoria, desde Brasilia hasta Pekín, los líderes están constatando que una pequeña nación del sudeste asiático ha trazado una línea roja y se niega a cruzarla.

Esa línea es la soberanía. Esa línea es un principio. Y esa línea no se verá alterada por las amenazas de una superpotencia que ha perdido su brújula moral.

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Tras Netanyahu, el sistema permanece — Kurniawan Arif Maspul

 

La crisis estructural de Israel cobra protagonismo

Savage Minds – 25/05/2026

   Traducción: Arrezafe

Un joven palestino observa desde una ventana los edificios destruidos por un ataque aéreo israelí en el campamento de refugiados de Shati, ubicado en la ciudad de Gaza. Foto: Ramadan Abed

Durante años, el mundo consideró a Benjamin Netanyahu como el rostro del giro radical de Israel: destituir al hombre, restaurar la moderación; reemplazar al líder, redimir al Estado. Era una ficción reconfortante, pero profundamente peligrosa. Ahora, esa ficción comienza a desmoronarse. A medida que Israel se acerca a otro ciclo electoral, figuras rivales como Naftali Bennett y Yair Lapid se presentan a sí mismos, una vez más, como guardianes de un «nuevo capítulo». El lenguaje es refinado. La imagen es más suave. La coreografía diplomática es familiar.

Sin embargo, tras esta aparente renovación superficial subyace una incómoda realidad cada vez más reconocida no solo en el Sur Global, sino también en Europa, algunas zonas de Norteamérica e incluso dentro de ciertos sectores del aparato de seguridad israelí: la crisis que rodea a Israel ya no se entiende internacionalmente como un problema exclusivo de Netanyahu, sino como un problema estructural.

La formación de la nueva alianza Beyachad entre Naftali Bennett y Yair Lapid —diseñada explícitamente para poner fin al gobierno de Netanyahu antes de las elecciones de 2026— revela la profunda fatiga política israelí tras el 7 de octubre, la crisis del reclutamiento forzoso de los ultraortodoxos y años de agitación interna en torno a los juicios por corrupción y la crisis judicial. Sin embargo, la coalición también expone algo mucho más inquietante para los aliados de Israel: incluso los políticos presentados como el antídoto contra Netanyahu siguen defendiendo gran parte de la misma doctrina de seguridad, lógica territorial y marco militar que definieron su era. Los rostros cambian más rápido que el sistema que los sustenta.

En su momento, el mundo creyó que Netanyahu era la crisis; lo que ahora aterroriza a los aliados de Israel es la creciente sospecha de que él era simplemente su síntoma más visible.

Esa distinción lo cambia todo. Las dos últimas décadas permitieron a muchos gobiernos occidentales compartimentar la política israelí como los excesos de un líder particularmente polarizador. La agresividad de Netanyahu, su desafío abierto a las instituciones internacionales, su alianza con ultranacionalistas y su hostilidad hacia la soberanía palestina lo convirtieron en el blanco perfecto de las críticas. Acaparó el escrutinio moral que, de otro modo, se habría centrado en la propia estructura de la ocupación.

Pero los acontecimientos desde octubre de 2023 han destrozado esa aparente tranquilidad. La destrucción en Gaza, el número sin precedentes de víctimas civiles, la devastación de barrios, las advertencias de hambruna emitidas por agencias de la ONU y el espectáculo de la guerra moderna transmitido en directo a miles de millones de teléfonos han alterado la percepción global a una velocidad extraordinaria. Las encuestas de Morning Consult registraron un desplome de la popularidad neta de Israel en 42 de los 43 países encuestados a finales de 2023, incluyendo drásticos retrocesos en sociedades tradicionalmente aliadas como Japón, Corea del Sur y algunas partes de Europa.

Incluso en los estados tradicionalmente alineados con Israel, las poblaciones más jóvenes interpretan cada vez más el conflicto a través del lenguaje del colonialismo de asentamiento, el apartheid y la ocupación permanente, en lugar de la lucha contra el terrorismo.

Esto ya no es un fallo de comunicación que pueda repararse con discursos, elecciones o una diplomacia cuidadosamente orquestada. Es un lento colapso de la credibilidad moral que se desarrolla en tiempo real ante una audiencia global que ya no mira hacia otro lado.

El problema de fondo al que se enfrenta Israel es que la comunidad internacional ha empezado a percibir la continuidad de las políticas entre gobiernos. Netanyahu no inventó la expansión de los asentamientos; la heredó y la aceleró. Bennett no se opuso a la expansión de los asentamientos; durante su anterior mandato, las aprobaciones de construcción siguieron aumentando. Lapid, a pesar de su imagen centrista, nunca articuló un marco para desmantelar la infraestructura básica de la ocupación.

En el ámbito político israelí, existen desacuerdos tácticos sobre la retórica, la reforma judicial, las relaciones con Washington y el ritmo de la anexión. Sin embargo, en lo fundamental —el dominio militar sobre el territorio palestino, el mantenimiento de los bloques de asentamientos, el rechazo a la plena soberanía palestina y el control indefinido de la seguridad al oeste del río Jordán— el consenso es mucho más profundo de lo que los observadores internacionales han reconocido durante mucho tiempo.

Esa continuidad importa porque destruye la mitología de la alternancia democrática como transformación significativa.

Durante décadas, el sistema internacional premió las elecciones israelíes como prueba de la resiliencia liberal. Cada cambio en la coalición se interpretaba en el extranjero como un posible punto de inflexión. Sin embargo, las estructuras persistieron: sistemas jurídicos separados en Cisjordania, tribunales militares para los palestinos, derecho civil para los colonos, creciente fragmentación territorial y un régimen de bloqueo en Gaza que las organizaciones de derechos humanos calificaban cada vez más como castigo colectivo. Human Rights Watch , Amnistía Internacional y B'Tselem —instituciones que difícilmente comparten una ideología común— llegaron a conclusiones similares: el problema radicaba en la dominación sistémica, no en desviaciones políticas aisladas.

Lo que hace que el momento actual sea históricamente significativo es que estas críticas ya no se limitan a los espacios activistas. Están migrando al discurso estratégico dominante.

En Chatham House, los analistas advierten abiertamente sobre la aceleración de la "anexión de facto" en Cisjordania. Las estimaciones de la UNCTAD sugieren que la economía palestina sufrió una contracción devastadora debido a la intensificación de las restricciones. Incluso aliados tradicionales en Europa describen cada vez más la política israelí como incompatible con el orden basado en normas que defienden públicamente en otros lugares. Las audiencias de la Corte Internacional de Justicia y el caso de genocidio de Sudáfrica han acentuado esta transformación.

Independientemente de los resultados legales finales, el cambio simbólico es profundo: cada vez se habla más de Israel no como una democracia imperfecta que gestiona un conflicto difícil, sino como un Estado que se enfrenta a acusaciones antes reservadas para los parias internacionales.

Esa transición reputacional conlleva enormes consecuencias geopolíticas. Los Estados pueden sobrevivir a amenazas militares durante generaciones. Los ejércitos pueden sobrevivir a insurgencias durante décadas. Muy pocos Estados sobreviven al momento en que el mundo deja de creer en su discurso moral.

El régimen del apartheid sudafricano poseía superioridad militar, capacidad nuclear, influencia económica y poderosos aliados occidentales. Lo que finalmente lo desestabilizó fue el colapso de la legitimidad moral en el orden internacional. Una vez que la opinión pública mundial internalizó el apartheid como un crimen estructural en lugar de una cuestión política negociable, incluso los aliados consideraron que el apoyo incondicional continuo era políticamente insostenible.

Israel no es la Sudáfrica del apartheid. Las analogías históricas siempre se resquebrajan al analizarlas detenidamente. Sin embargo, la comparación persiste porque la dinámica internacional subyacente resulta cada vez más familiar: un Estado que insiste en que el mundo no comprende sus necesidades de seguridad. En contraste, el mundo llega cada vez más a la conclusión de que el problema reside en el propio sistema.

Precisamente por eso, la narrativa "post-Netanyahu" se está volviendo peligrosa para Israel en lugar de salvadora.

Si surge un nuevo liderazgo israelí que prometa renovación manteniendo la misma lógica territorial, la desilusión resultante podría acelerar la reacción internacional en lugar de atenuarla. El público global ya no juzga solo la retórica; ahora mide la coherencia entre el lenguaje y la realidad material. Toda promesa de moderación choca instantáneamente con imágenes de hogares destruidos, asentamientos en expansión y civiles hambrientos. La contradicción ya no se percibe como política, sino como moral. Y una vez que un conflicto se moraliza a nivel global, los Estados pierden el control sobre cómo la historia los recuerda.

Esa erosión de la confianza podría convertirse en la vulnerabilidad estratégica más grave de Israel. La superioridad militar puede disuadir a los ejércitos, pero no puede suprimir indefinidamente la percepción moral global, sobre todo en una era donde cada ataque aéreo, hospital destruido y niño desplazado se hace visible al instante a través de las redes digitales. La antigua asimetría del control narrativo se ha derrumbado. Los gobiernos ya no median la respuesta emocional del mundo ante los conflictos; ahora lo hacen los teléfonos inteligentes.

Dentro de Israel, muchos aún creen que la doctrina de seguridad puede perdurar más allá del declive de su reputación. Esto refleja una visión del mundo profundamente realista, marcada por el trauma histórico: la supervivencia primero, la legitimidad después. Sin embargo, el realismo mismo encierra una advertencia que a menudo se ignora en Jerusalén. El poder sostenible depende no sólo de la capacidad militar, sino también de alianzas duraderas, la integración económica y la aceptación normativa dentro del sistema internacional. Un Estado percibido globalmente como un gobierno que controla permanentemente a otros pueblos mediante la fuerza termina por agotar la paciencia diplomática, incluso de socios comprensivos.

El delicado equilibrio que mantenía la administración Biden ilustró esta tensión. El apoyo público a la seguridad de Israel se mantuvo intacto, pero Washington se enfrentó simultáneamente a una creciente presión interna, divisiones dentro del Partido Demócrata, disturbios en los campus universitarios y crecientes críticas internacionales por las bajas civiles. Europa se enfrenta a contradicciones similares. Los proyectos de normalización en los países del Golfo se desarrollan ahora bajo la sombra de la indignación pública árabe. Australia también se enfrenta a una incómoda redefinición entre los compromisos de la alianza estratégica y la creciente preocupación interna respecto al derecho humanitario.

La cuestión fundamental ya no es si Netanyahu sobrevive políticamente, sino si el modelo de gobierno de Israel sobrevive moralmente.

Si la política israelí continúa considerando la ocupación como permanente, la soberanía palestina como imposible y la gestión militar como sustituto de una solución política, el país corre el riesgo de entrar en una era prolongada de aislamiento estratégico, disimulado temporalmente por la fuerza militar. Esta trayectoria no solo desestabilizaría a los palestinos, sino que también erosionaría el orden internacional en general al reforzar la percepción de que el derecho internacional se aplica selectivamente según la alineación geopolítica.

Estas percepciones son explosivas. Alimentan el resentimiento en todo el Sur Global, debilitan la credibilidad de Occidente a la hora de afrontar otras ocupaciones o guerras, y fragmentan el lenguaje universal de los derechos humanos, convirtiéndolo en acusaciones de hipocresía.

Aún existe otra vía, pero exige afrontar realidades que han permanecido ocultas durante mucho tiempo bajo el artificio electoral. Un verdadero reinicio requeriría que Israel se enfrentara a la única realidad que su clase política aún considera impensable: ninguna nación puede gobernar indefinidamente a otro pueblo por la fuerza mientras espera que el mundo siga considerándola una democracia.

Ese debate sigue siendo políticamente tóxico dentro de Israel. Sin embargo, la historia rara vez espera a que haya tranquilidad interna antes de imponer consecuencias externas.

La historia rara vez se derrumba de golpe. Se erosiona lentamente, y luego súbitamente. La legitimidad se desvanece antes que el poder. Los aliados dudan antes de la ruptura. Las narrativas se deterioran antes de que los sistemas se derrumben. Ese es el peligro que ahora enfrenta Israel. El mundo ya no debate si Netanyahu fue demasiado lejos. Cada vez más, ha comenzado a considerar la ocupación misma —y no sólo a su arquitecto más controvertido— como la crisis central. Y una vez que el sistema internacional concluya que el problema es estructural y no personal, ninguna elección, ninguna nueva coalición ni ninguna narrativa cuidadosamente elaborada sobre la era "post-Netanyahu" tendrá el poder suficiente para revertir las consecuencias morales que ya se están desarrollando.

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R E S I S T E N C I A

 

"En las relaciones internacionales, las semillas del orden del mañana a menudo se siembran en el terreno de la aparente derrota de hoy. Para quienes elaboran políticas en una era de incertidumbre, el mensaje es claro, aunque inquietante: subestimar la capacidad de resistencia de un Estado puede ser el error de cálculo más trascendental de todos".

Kurniawan Arif Maspul, Anatomía de la resilencia

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