Estados Unidos secuestra diplomático venezolano por desafiar a su arbitrario régimen de extorsión

 

Bill Van Auken - WSWS.ORG – 19/10/2021

  Traducción del inglés: Arrezafe

Alex Saab, empresario y diplomático venezolano-colombiano, fue llevado ante un juez de la corte federal de Miami el lunes, esposado y con un mono naranja, para escuchar la acusación de ocho cargos de lavado de dinero que podrían suponer 20 años de prisión en Estados Unidos.

Alex Saab compareciendo desde la prisión, en Zoom, ante un juez estadounidense en Miami

La comparecencia, tras una extradición ilegal, más parecida a un secuestro, tuvo lugar el sábado por la tarde después de que la policía de la nación insular de Cabo Verde, África occidental, irrumpiera en la casa donde ya estaba detenido Saab obligándole a subir a un avión del Departamento de Justicia de EEUU que lo trasladó a un calabozo federal en Miami.

Saab fue detenido cuando su avión aterrizó en Cabo Verde, en junio de 2020, para repostar. Se dirigía a Irán para negociar un acuerdo con el fin de asegurar alimentos y combustible para Venezuela, carente de ambos, así como de medicinas, debido al bloqueo económico de "máxima presión" impuesto por la administración Trump contra el país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido estas medidas punitivas cuyo objetivo es matar de hambre al pueblo venezolano para asegurar el cambio de régimen y la imposición de un gobierno títere estadounidense en Caracas. Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo.

La “extradición” —o entrega— se llevó a cabo el día anterior a las elecciones nacionales en Cabo Verde, una fecha sin duda elegida para atenuar el impacto de la noticia sobre la población. El partido gobernante fue derrotado en las elecciones del domingo. El partido de la oposición, Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde (PAICV), —partido burgués sucesor del PAIGC, que lideró la lucha armada para derrocar al colonialismo portugués— no se interesó por la suerte de Saab. No obstante, las encuestas indicaron que los caboverdianos eran abrumadoramente hostiles a la inclinación del gobierno de ceder a las demandas ilegales de Washington, lo que contribuyó a la derrota del gobernante Movimiento por la Democracia (MPD).

La administración Trump había utilizado sobornos y amenazas para obligar a Cabo Verde a entregar a Saab, llegando incluso a enviar un buque de guerra estadounidense a las aguas costeras de Cabo Verde en un claro acto de fuerza coactiva.

Saab, que tiene ciudadanía colombiana y venezolana, había negociado numerosos acuerdos para asegurar alimentos, combustible, medicinas y otros bienes básicos para Venezuela eludiendo las sanciones de Estados Unidos. Esto incluyó un acuerdo alcanzado con Irán el año pasado, justo antes de su detención, para enviar suministros de emergencia, gasolina y otros productos derivados del petróleo a Venezuela.

Acuerdos negociados por Saab aseguraron el suministro de alimentos a los supermercados venezolanos y al programa de alimentación subsidiado por el gobierno, conocido como CLAP. Saab viajó a Turquía, China, Dubai, Europa del Este, Serbia y otras regiones, estableciendo complejos acuerdos que canalizarían suministros y divisas extranjeras muy necesarios a Venezuela a cambio de oro, petróleo y otros productos. Estos acuerdos desafiaron las sanciones de Estados Unidos, que penalizan cualquier comercio de petróleo venezolano y cualquier acceso de Venezuela al sistema financiero mundial dominado por Estados Unidos.

Según los informes, las acusaciones de lavado de dinero contra Saab implican la creación de numerosas empresas fantasma con el propósito de mover activos dentro y fuera de Venezuela. Dado el régimen unilateral de sanciones de Estados Unidos, que castiga a terceros que se atreven a entablar un comercio internacional legal con Venezuela, la creación de tales empresas y el llamado “lavado de dinero” fueron medios necesarios para evadir las sanciones de Washington.

En cualquier caso, como revelaron los Pandora Papers recientemente publicados, Estados Unidos es el centro global de empresas fantasma destinadas a proteger los activos de los multimillonarios del mundo y eludir los impuestos.

Estados Unidos ha alegado que Saab ha sustraído dinero de los fondos destinados al subsidio de viviendas y alimentos para la población venezolana. Si bien no se ha presentado evidencia alguna que respalde tal acusación, la pregunta es obvia: ¿qué derecho tiene Washington a intervenir en un asunto que, en todo caso, compete a la política interna de Venezuela?

Si bien no hay duda de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus distritos electorales clave, la llamada boliburguesia formada por especuladores y empresarios con estrechos vínculos con el gobierno y el ejército, se han involucrado en la corrupción, lo mismo puede decirse de cualesquiera de los regímenes respaldados por Washington, desde el gobierno títere recientemente derrocado en Afganistán, hasta la dictadura de Egipto, los gobiernos de derecha de Centroamérica y el régimen de Ucrania.

La persecución de Saab se ha llevado a cabo sobre una base ilegal cuyos objetivos políticos son claramente imperialistas. No existe un tratado de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos y no había una orden internaciona de arresto cuando Saab fue detenido.

El gobierno de Cabo Verde, cediendo dócilmente a las demandas de Washington, anuló las decisiones de los propios tribunales del país y envió a Saab en avión con destino a Estados Unidos antes de que agotara sus apelaciones, sin orden legal y sin notificación, ni a los abogados de Saab ni a su familia, a la que se le había prohibido la entrada a Cabo Verde.

El gobierno ignoró un fallo del Tribunal regional de la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO), que ordenó a Cabo Verde que liberara a Saab y le pagara 200.000 dólares por daños. Las decisiones de dicha corte son legalmente vinculantes para los países, incluido Cabo Verde, que crearon y firmaron el tratado.

Asimismo, el gobierno de Cabo Verde ignoró las demandas de cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas y un Grupo de Trabajo de la ONU. Exigieron que el gobierno dé cuenta de “los fundamentos fácticos y jurídicos del arresto, detención y posible extradición del embajador Alex Saab Moran a Estados Unidos, incluida la naturaleza exacta de los cargos en su contra y los hechos que respaldan esos cargos; sobre la violación de las garantías judiciales, consulares y otras garantías procesales; sobre las denuncias de tortura y malos tratos del embajador Saab; sobre la violación de su derecho a la integridad física y el deterioro de su salud imputable a las autoridades; sobre el riesgo de tortura en caso de extradición; y sobre la violación de la inmunidad diplomática del embajador Alex Saab ”.

Venezuela ha insistido en que Saab es embajador del país y que viajaba con pasaporte diplomático, lo que hace que su arresto y extradición sean no sólo ilegales, sino una grave violación de la convención de Viena que protege la inmunidad diplomática. Una impugnación de la extradición presentada en un tribunal estadounidense por dichos motivos fue rechazada sobre la base de que el caso no podría ser escuchado hasta que Saab fuera arrestado. Mientras tanto, el Departamento de Estado de EEUU afirmó que la condición de diplomático de Saab no había sido registrada ni aceptada por el departamento. El equipo de defensa de Saab respondió que “no existe un proceso por el cual un enviado especial o embajador de un país extranjero en otro país esté obligado a obtener cualquier tipo de registro o aceptación del Departamento de Estado de Estados Unidos. … En este caso, la nominación de Alex Saab es estrictamente un asunto entre Venezuela e Irán y de nadie más”.

En respuesta al arresto de Saab, el gobierno de Maduro en Venezuela ordenó volver a encarcelar a seis ex ejecutivos, cinco de ellos ciudadanos estadounidenses, de la refinería estadounidense CITGO, de propiedad venezolana, quienes fueron acusados ​​de corrupción. Los seis habían sido puestos en libertad bajo arresto domiciliario en abril pasado en un gesto aparentemente destinado a promover el acercamiento con Washington. Sin embargo, la administración Biden no ha mostrado ninguna intención de aflojar el dominio económico de Estados Unidos sobre Venezuela.

El gobierno de Maduro también suspendió las conversaciones llevadas a cabo en México con la oposición venezolana de derecha respaldada por Estados Unidos. Caracas había exigido que se incluyera a Saab en su delegación participante de este “diálogo” con los títeres de Washington.

Dado que un acuerdo alcanzado a través de estas conversaciones constituía una condición previa para aliviar las sanciones impuestas tanto por Washington como por la Unión Europea, la extradición de Saab bien puede ser una provocación deliberada destinada a hacer estallar este proceso y mantener el bloqueo. La administración Biden, como las de Trump y Obama antes, ve a Venezuela a través del prisma de la lucha contra China y la influencia de Beijing en lo que los imperialistas estadounidenses han descrito como su "propio patio trasero".

La entrega de Saab a Miami forma parte de la persecución y el intento de extraditar a la ejecutiva de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, de Canadá por su presunta violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, y lo más infame, el intento en curso de extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, del Reino Unido a Estados Unidos, donde se enfrentaría a cargos que, bajo la Ley de Espionaje, supondría una posible cadena perpetua por revelar los crímenes de guerra, la tortura, la vigilancia, la corrupción y los complots golpistas de Washington.

En todas partes, el imperialismo estadounidense practica una procaz política de gángsterismo, violando arbitrariamente el derecho internacional, al tiempo que insiste en su "derecho" de aplicar extraterritorialmente sus propias leyes e imponer unilateralmente sanciones.

En un mitin en Caracas el domingo, la esposa de Saab, Camila Fabri Saab, leyó una carta escrita por su marido justo antes de su extradición en la que insistía en que no había cometido “ningún crimen en los Estados Unidos ni en ningún otro país” y que no tenía intención de "mentir para ayudar a Estados Unidos". Y advirtió: "si me matan y dicen que fue un suicidio, sepan que esto es algo que yo nunca haría".

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