Kolozeg.Org – 02/05/2024
Traducción del inglés: Arrezafe
El 26 de enero, el mismo día en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su fallo provisional sobre el caso de Sudáfrica acusando a Israel de cometer genocidio contra el pueblo palestino, el gobierno israelí arrojó otra bomba. No se trataba de la habitual destructora de búnkeres de 900 kg fabricada en Estados Unidos, sino de una mucho más letal: acusó a 12 empleados de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) de tener vínculos con Hamás o estar involucrados en la operación del 7 de octubre. El resultado inmediato fue que más de una docena de países recortaran su apoyo financiero a la agencia y que el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, despidiera a nueve de los acusados (de los cuales uno está muerto y dos están desaparecidos).
Dada la escasa ayuda que llega a Gaza y la actual hambruna de su población, particularmente en el norte de Gaza, privar de fondos a la UNRWA es en estos momentos supone, más que un castigo colectivo, una sentencia de muerte para muchos palestinos indigentes y hambrientos.
La UNRWA fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949 para proporcionar ayuda a todos los refugiados palestinos.
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Hoy en día, la UNRWA cuenta con 30.000 empleados, principalmente médicos, enfermeras, educadores, trabajadores humanitarios, conductores, ingenieros, logísticos, etc., palestinos que brindan ayuda humanitaria, atención médica, educación y otro tipo de asistencia a millones de refugiados palestinos en todo el Medio Oriente. En Gaza, los 13.000 empleados de la UNRWA han proporcionado asistencia en casi todos los aspectos de la vida palestina, especialmente después de que Israel impusiera el bloqueo de la Franja de Gaza en 2007 con el apoyo de Egipto.
Los críticos han señalado que la ONU ha delegado en la UNRWA importantes obligaciones legales internacionales que de otro modo corresponderían a Israel como potencia ocupante. Según los Convenios de Ginebra, los servicios básicos como vivienda, atención sanitaria y educación en los territorios ocupados son responsabilidad del Estado ocupante. Así pues, la ONU ha subsidiado, y posiblemente prolongado, la ocupación israelí de los palestinos.
Desde la perspectiva de Israel, la UNRWA es otro enemigo que ha prolongado la resistencia palestina a su ocupación. Es un impedimento para “resolver” la cuestión de los refugiados palestinos simplemente reasentándolos en otros países, como ahora se propone abiertamente. Para todos los gobiernos israelíes, implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y el derecho internacional sobre el inalienable “derecho al retorno” de los palestinos –obligados por las milicias sionistas y posteriormente por el ejército israelí a abandonar sus hogares en 1948– es un anatema para la existencia de Israel.
Las acusaciones contra los 12 funcionarios de la UNRWA deben contemplarse en este contexto. Israel es una potencia ocupante que enfrenta acusaciones de genocidio que la CIJ considera plausibles. Las fuerzas israelíes han atacado repetidamente instalaciones protegidas por la ONU, incluidas escuelas y hospitales, matando a miles de civiles, principalmente niños y mujeres que buscaban refugio en las instalaciones de la UNRWA, así como a 152 miembros del personal de la UNRWA. Israel tiene en su haber una larga historia de acusaciones sin fundamento contra empleados de la UNRWA y, en el contexto del conflicto actual, ha mentido repetidamente sobre presuntos crímenes cometidos por palestinos (por ejemplo, la falacia sobre la decapitación de 40 bebés el 7 de octubre).
Impulsado por las precipitadas decisiones de la ONU, tomadas sin llevar a cabo una investigación previa, ahora Israel afirma que el 10 por ciento del personal con base en Gaza tiene vínculos con "grupos militantes".
Según las normas internas de la ONU, el debido proceso es obligatorio cuando se alega mala conducta. Cuando se presentan acusaciones graves respaldadas por pruebas incontrovertibles contra el personal de la ONU, el secretario general de la ONU tiene la autoridad para ordenar el despido sumario del personal acusado. Estos casos extremos son raros.
En todos los demás casos normalmente se establece una junta para investigar los más graves, o las acusaciones son asumidas por el departamento de investigación interno de la ONU, que puede iniciar una investigación formal basada en pruebas preliminares. Mientras tanto, el funcionario que enfrente acusaciones de mala conducta podrá ser suspendido.
En el caso de los 12 empleados de la UNRWA acusados por Israel, el despido sumario es una decisión sorprendente, sobre todo porque las circunstancias –una guerra total y posiblemente un genocidio– y la credibilidad de la parte acusadora deberían obligar a adoptar una actitud cautelosa.
Sin embargo, los dirigentes de la ONU se apresuraron a desechar la presunción de inocencia de su personal. El 28 de enero, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, emitió un comunicado para informar que de las “12 personas implicadas, nueve fueron inmediatamente identificadas y despedidos por el Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini. Se confirma la muerte de uno y se está aclarando la identidad de los otros dos. Cualquier empleado de la ONU involucrado en actos de terrorismo deberá rendir cuentas”. En su declaración, Guterres afirma además que “los abominables presuntos actos de estos miembros del personal deben tener consecuencias”.
Al parecer, el secretario general ya se pronunció sobre el caso y prometió “consecuencias”. No ha mostrado tal indignación ni ha hecho llamados a la rendición de cuentas por el asesinato de su propio personal por parte del ejército israelí, como si esos crímenes de guerra no fueran actos abominables que exigen consecuencias.
Despedir personal a voluntad basándose únicamente, como admite Guterres, en “acusaciones” es preocupante y debería ser motivo de preocupación para todos los miembros y sindicatos de las Naciones Unidas.
Pero más alarmante y trascendente es la inmediata decisión de Estados Unidos, Austria, Australia, Canadá, Finlandia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Islandia, Suecia, Suiza, Rumania y Reino Unido de suspender su financiación a la UNRWA durante un guerra total contra el pueblo que debía proteger.
Peor aún, cuando Israel está en el banquillo de la CIJ enfrentando acusaciones plausibles de perpetrar un genocidio, tales decisiones pueden incluso considerarse una violación por parte de estos estados de sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio de 1948. Aunque esto no debería sorprender, ya que algunos de esos mismos gobiernos optan por pasar por alto los numerosos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por Israel y continúan dando su apoyo militar a Israel en su cuarto mes de ataque contra Gaza.
Finalmente, incluso si los 12 empleados acusados fueran declarados culpables de crímenes graves, difícilmente podría justificar privar a la UNRWA de financiación cuando intenta salvar de la hambruna a los palestinos en Gaza. Cortar un olivo septuagenario porque podría tener 12 aceitunas “malas” no es sólo un castigo colectivo, es fomentar el genocidio.
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