La destrucción de Alicante

Miquel Amorós (18-08-2006)

Durante los últimos quince años la península ha padecido un proceso brutal de urbanización que no parece tener fin, cuyo origen hay que buscarlo en los cambios inducidos por la mundialización capitalista. En efecto, los países que no han podido basar su crecimiento económico en la innovación tecnológica, en la disponibilidad de fuentes de energía barata o en el precio mínimo de la mano de obra, han tenido que explotar extensivamente la única cosa que podían, el territorio.

El urbanismo salvaje ha sido la herramienta con que los dirigentes han convertido la destrucción del territorio en acumulación de capital. Las ciudades, ya descoyuntadas y difícilmente habitables, han contagiado la deshumanización al campo y a la naturaleza, sometiendo completamente el territorio al exclusivo y trivializante designio de la mercancía.

El mapa de los estados está diseñado cada vez más por las empresas constructoras. Eso es particularmente cierto en el caso español, donde la construcción es el principal motor económico. En 2005 el crédito a la construcción superó al industrial, cuando hace solamente ocho años era tres veces inferior. La superficie edificada ha aumentado de un 40% entre 1987 y 2005, mucho más que la población en el mismo periodo. En los últimos cinco años se han construido 2.630.000 viviendas, 800.000 sólo en 2005: existe una casa por cada dos habitantes. España construye más que cualquier otro país europeo. Posee el mayor parque inmobiliario de Europa, lo que no significa que sea el Estado con la vivienda más asequible; más bien lo contrario, el endeudamiento por este motivo bate récords y las familias dedican el 41% de su renta anual disponible a la financiación del piso. Buena parte de la población no es dueña del cubículo donde vive y el acceso a la vivienda es imposible para los jóvenes y demás asalariados con empleo precario. La construcción de viviendas protegidas es ridículamente baja, y aun así, no están al alcance de cualquier bolsillo. En cambio, dos millones de casas permanecen vacías todo el año y el doble son usadas temporalmente como segunda o tercera residencia. La casa es hoy en día inversión, simple capital, objeto del mercado global inmobiliario. En 2003 entre 800.000 y 1.700.000 familias estaban interesadas en adquirir casa en la península, y es que España es el principal mercado europeo de segunda residencia. La mitad de las viviendas vendidas en el pasado reciente estaban en el litoral mediterráneo; entre 1995 y 2005 su precio casi se triplicó. La costa es el lugar donde más se construye y la llamada administrativamente Comunidad Valenciana es el caso más paradigmático del poder “constructor”. En total, el suelo urbanizado creció un 52% en la última década, bastante más que en el resto del país, mientras que el tejido urbano solamente lo hizo un 11%, lo que señala una urbanización difusa, destejida, echa a costa de terrenos robados a la agricultura, a los montes o a los humedales. En muchas poblaciones las nuevas urbanizaciones superan en número de casas al conjunto urbano y prácticamente todas las ciudades han entrado en una dinámica similar. El peso relativo de la “Comunidad” en el conjunto del Estado español ha aumentado en términos de stocks de capital, empleos y demografía, fundamentándose principalmente en la actividad turística y constructora, y todo indica que el futuro descansará sobre las mismas bases. En los quince meses últimos el Consell de la Generalitat ha dado el visto bueno a mil Programas de Actuación Integrada (PAI), fruto del sólido acuerdo existente entre constructores y corporaciones locales. No en vano la construcción genera en los municipios el 42% de los ingresos. Al ser la construcción casi la única fuente de financiación y de revitalización económica (y la primera causa de la corrupción política), los municipios han aprobado planes para los próximos años que implican la construcción de 700.000 viviendas, con las diversas infraestructuras que las acompañan, carreteras, líneas de alta tensión, incineradoras, centros comerciales, parques de ocio, puertos deportivos, campos de golf, etc. De llevarse a cabo la población pasaría en diez años de 6 a 15 millones de personas y el impacto ambiental sería mucho más banalizador y destructivo que todo lo realizado hasta ahora. La falta absoluta de agua no parece desanimar a los promotores, puesto que confían obtenerla con la supresión de huertas y regadíos.

Dentro de dicha “Comunidad” la provincia de Alicante es la porción de territorio donde mejor observar el proceso de domesticación paisajística y social promovido por el nuevo desarrollismo a ultranza de una clase dominante encabezada por constructores y sostenida por la indiferencia o el consentimiento de una mayoría de la población, despolitizada, amansada y sin carácter. Cada ciudad emprende dentro de unas pautas uniformes su particular camino hacia la masificación y la dispersión, de acuerdo con el interés estrecho de sus dirigentes y hasta con los tópicos folklóricos al uso; es curioso cómo “Paquito el Chocolatero”, el “Misteri” o “Les Fogueres” han elaborado una falsa identidad que aún perdura, contribuyendo a la amnesia local y legitimando ideológicamente la política bárbara de los jerarcas, los primeros en disfrazarse de “moro” o de “foguerer”. Las seudo tradiciones son un arma contra la memoria, y por lo tanto, un factor ideológico de desarraigo. Cuando los individuos más se adentran en ellas, más se alejan de su historia verdadera y más indiferentes resultan a su entorno real. Alicante es el enclave desde donde parten decisiones de consecuencias territoriales más crueles; de las diez primeras empresas de la provincia, seis tienen su sede allí (cuatro son de la construcción). Además, ese no lugar ofrece al observador todas las taras de esa especie asilvestramiento urbano que se apodera de la costa y la transforma en un continuum de ciudades basura, a destacar con notable en degradación Pego, Dénia, Benidorm, Altea, Teulada, Calp, Santa Pola, Torrevella, Almoradí, Guardamar, etc. Así pues, nos vamos a centrar en la historia de la conurbación alicantina. Llamamos Alicante –Alacant en el idioma de sus anteriores habitantes– a la aglomeración urbana comprendida entre la autopista A-7 y el mar, limitada al norte por el pueblo de El Campello y al sur por Santa Pola. Dicho apelotonamiento de edificios conserva una trama residual que recuerda vagamente a la ciudad que llevó ese nombre, pero el elemento ordenador elemental no son las avenidas o las plazas, sino los ejes viarios rápidos que conectan a los habitantes con sus siete centros comerciales, sus cuatro o cinco campos de golf y sus diversas zonas de ocio, vigilados por los nuevos edificios emblemáticos, las imponentes moles de veinte o treinta pisos de altura. Se calcula un centro por cada setenta mil consumidores potenciales. Alicante está estructurado en torno a la ronda y a las carreteras de Murcia, Elx, Ibi, Alcoi y Valencia, segmentándose en función siete centros comerciales, que sin contar los de la playa de San Juan son: el Corte Inglés, el Boulevard Plaza (en la estación de ferrocarril), el Gran Vía (en el norte de la ciudad), el Puerta de Alicante (en el Polígono de Babel), el Panoramis (en el puerto), el parque Vistahermosa (al este) y el Playa Mar 2/Alcampo, en La Goteta, justo encima del que fue “Campo de los Almendros”, donde en abril de 1939 se hacinaron sin que ninguna placa lo recuerde veinte mil presos republicanos. La conurbación Alacant- Mutxamel- Sant Vicent- Sant Joan- Campello cuenta en la actualidad con unos 430.000 habitantes, los que sumados a la conurbación cercana de Elda-Elx-Santa Pola daría un área metropolitana de más de 700.000, todavía insuficiente para pesar en la red de poder de la globalización, que exige empaquetamientos de millón y medio de personas para las economías terciarias viables. En efecto, su peso en la decisión regional todavía es poco. Solamente ubica 25 de las primeras quinientas empresas valencianas, lo que significa que su clase dirigente no pinta casi nada. En realidad no es siquiera una clase, no se trata verdaderamente una elite; son sólo de un puñado de empresarios depredadores, funcionarios mediocres y políticos arribistas que no parecen albergar otro proyecto que el de convertir la conurbación en una periferia dormitorio de Madrid gracias al AVE que no acaba de llegar. No son responsables más que de seguir la dirección fijada desde hace tiempo, aquella que convertía a las ciudades en supermercados donde solamente se oía el discurso de la mercancía. Sus antecesores rediseñaron Alicante e impusieron a sus moradores un uso determinado del tiempo y del espacio, organizando su existencia en el aislamiento y la desposesión, a la que ellos han añadido el consumismo. Pues la ambientación urbana actual no permite otro uso social de lo que impropiamente llamamos ciudad que el trabajo embrutecedor, el consumo desaforado, el ocio industrial y la movilidad motorizada. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles fueron los polvos que trajeron este lodo? Remontémonos al pasado franquista alicantino para observar después la evolución de la ciudad durante la transición del desarrollismo nacional al presente de la globalización.

En tiempos de la República el Alicante obrero constituía un área compacta muy concreta: la comprendida por el casco antiguo y las barriadas de San Antón, Las Carolinas, el Pla y el Raval Roig. De allí salieron la columna “España Libre” y el batallón “Alicante Rojo” para defender Madrid, y, sobre todo, de allí salió Maroto con sus centurias proletarias a liberar Granada. El grado de sindicación era alto; Alicante constituía la federación local de sindicatos únicos más numerosa de la “regional levantina” después de la de Valencia, y por delante de otras con tradición como las de Alcoy y Elda. Todo acabó aquel fatídico 1 de abril de 1939, cuando todo Alicante se transformó en cárcel. 

Maroto, que había representado a los trabajadores alicantinos en el Congreso de Zaragoza, al final de la guerra civil fue preso en una de las casas del Pla del Bon Repós. Poco a poco el orden franquista reinó en la ciudad y a la burguesía republicana sucedió una clase compuesta por oligarcas católicos y funcionarios fascistas encargada de disipar los humos del viejo proletariado vencido e impedir la amalgama con el nuevo. Alicante mantuvo un crecimiento sostenido durante los años cuarenta y cincuenta, lo que determinó una constante llegada de campesinos del sudeste en busca de la subsistencia que no hallaban en sus pueblos. Quienes dirigían la ciudad dieron luz verde a una serie de proyectos caracterizados por una ausencia total de ordenación y planeamiento, destinados más que a la acogida, al confinamiento de población obrera. Los nuevos bloques de minúsculos y deprimentes pisos hechos con material pésimo, eran levantados sin conexión unos con otros, lejos de la ciudad, ajenos a la trama urbana, sin servicios de transporte ni de recogida de basuras, a menudo sin alcantarillado y casi sin agua (Alicante tuvo serios problemas de escasez en la década de los cincuenta). Así nacieron para albergar la miseria y disimularla más de veinte “entidades singulares de población”, como Ciudad de Asís, núcleo de San Gabriel, grupo José Antonio en Benalúa, Los Ángeles, San Agustín, las mil viviendas del patronato Francisco Franco, grupo La Paz, Tómbola, Divina Pastora y Rabasa. Mención especial merece La Cooperativa de Casas Baratas que construyó en 1960 la “Ciudad Jardín”, denominación harto impropia, pues no tenía nada que ver con las ideas de Ebenezer Howard, aquel gran soñador anarquista, sino con las prosaicas realizaciones republicanas de vivienda social. Las ínfimas condiciones de entonces impedían a los trabajadores el menor ahorro y, por lo tanto, el pago de las cuotas de cualquier cooperativa, por lo que Ciudad Jardín devino un islote periférico de la incipiente clase media. A finales de los cincuenta, las autoridades franquistas, presionadas por un intenso movimiento migratorio, continuaron con la tónica constructiva precedente. Aunque en 1958 fue aprobado un Plan General de Ordenación Urbana, el primero con ese nombre, las ordenanzas municipales de edificación por las que se desarrollaban las normas del plan no lo fueron hasta 1967, momento en que éste era revisado para asegurar la continuidad de la anarquía urbanizadora que había gobernado hasta entonces. Alicante era un coto privado de los constructores y tan escandaloso resultó su proceder que en 1964 provocó un contencioso con el Colegio de Arquitectos de Valencia; la corrupción se institucionalizó, pero hubo que esperar a 1969 para que alguien de dentro denunciara el primer caso conocido, la entrega de 750.000 pts a un concejal. 

Con el embalse del Taibilla cubriendo el crónico déficit de agua se siguieron aprobando proyectos particulares de urbanizaciones y nuevos barrios de aluvión se superpusieron a los anteriores, como Juan XXIII, Virgen del Remedio y colonia Requena, consolidando un gueto exterior al norte de la ciudad. Al este, se construyeron viviendas sociales en el Fondo de Reones (el “Barrio Obrero”) y en La Sangueta.  

Los obreros con empleo estable podían quedarse en el Altozano, en las sucesivas extensiones de El Pla, o en alguno de los barrios reformados.Durante los 60 Alicante pasó de tener 120 a 190.000 habitantes y de 34 a 79.000 viviendas, aunque las construidas fueron muchas más que lo que podría deducirse de restar ambas cantidades puesto que la destrucción del viejo caserío fue considerable. 

A los desmanes constructores se añadió la verticalidad, con el beneplácito de las autoridades franquistas. En 1960 se remodeló la rambla Méndez Núñez con edificios altos presididos por la Torre Provincial de catorce pisos, y al año siguiente fue levantado el horrible hotel Gran Sol, falo prismático de cien metros de altura, que marcó la pauta para el Alicante desarrollista. La mole de Los Representantes, a la que la gente del Pla llamó en seguida “la colmena”, fue la culminación. Alicante se pobló de rascacielos, hasta el punto de superar a Valencia en número. 

En 1980 solamente en el casco urbano había seis edificios de más de 20 plantas y más de cien de doce, a los que había que añadir otros tantos en las playas. El frenesí constructor fue estimulado mucho más que por la continua llegada de emigrantes, por la demanda de las clases medias forjadas bajo el desarrollismo, que abandonaban el centro y se instalaban preferentemente al oeste de la ciudad cada vez más desfigurada, originando la aparición de impersonales barrios como Florida, Portazgo, San Blas, Polígono de San Blas, Polígono de Babel, etc, y forzando el uso del coche para sus desplazamientos. 

La emigración interior no quedó limitada allí. También se dirigió hacia el este (Vistahermosa, Nou Alacant) y hacia las playas, en primer lugar, a la de San Juan. Por otra parte, viejos barrios obreros céntricos fueron objeto de la codicia de los especuladores, que se aprestaron a destruirlos para en su lugar colocar enormes edificios de mal gusto, símbolos del poder de la nueva burguesía alicantina. Así fueron transformados parte de Benalúa, el Raval Roig, Santa Cruz o el Pla. Y de igual manera un “edificio singular” como el hotel Meliá levantó una barrera entre la playa de El Postiguet y el puerto. Otra mole singularmente aberrante hizo lo propio entre la Explanada y el Portal de Elche. El Alicante modernizado ya no era una ciudad pegada al puerto y contenida por la estación de ferrocarril, el castillo de San Fernando y el monte Benacantil. Ponía fin a su estructura radial para ser un aglomerado paralelo al mar dividido en tres pedazos: uno, atravesado por las carreteras de Santa Pola y Elx, con salida hacia Murcia o Madrid, era la zona de las naves industriales y de los almacenes; otro, estaba constituido por la ciudad propiamente dicha y su periferia; el tercero era la zona de las playas. Alicante fue en sus inicios una ciudad diseñada por una burguesía liberal ligada al campo y al comercio portuario, apenas molestada por los carruajes. El crecimiento salvaje que padeció durante el franquismo rompió no sólo el equilibrio interno entre los barrios, sino el que mantenía con su entorno rural. Lo peor fueron los coches. La administración desarrollista trató de adaptarla a la circulación de vehículos estructurándola alrededor de un eje viario principal, la avenida de Alfonso X el Sabio y un centro distribuidor, la plaza de los Luceros, pero la motorización de las clases medias hizo imposible cualquier solución racional a la cuestión del tráfico, y la continua expansión urbana no hizo más que empeorar las cosas. A partir de 1967 el automóvil vino a ser, junto con la verticalización y los suburbios, el tercer factor de destrucción de la ciudad, la herramienta más eficaz de la barbarie urbanística. En la década de los 70 todavía la población aumentó en 60.000 personas. La edificación en los nuevos barrios prosiguió amparada en planes parciales. La finca Adoc, engendro vertical a orillas del mar, inauguró la desfiguración de la Albufereta, mientras en la playa de San Juan seguían construyéndose sin ton ni son enormes bloques de apartamentos. A diferencia de Benidorm, donde la verticalidad obedecía inicialmente a un plan de preservación de la costa, aquí era puro negocio, aunque simbolizaba de alguna forma el totalitarismo de la nueva sociedad, toda vez que los símbolos de una verdadera vida política y social habían sido borrados. 

En Alicante, el edificio Riscal alcanzaba las treinta plantas. La ciudad fragmentada devenía un espacio socialmente neutro, sin referencias, y por consiguiente sin memoria, incluso sin lengua: el valenciano era testimonial. Se había vuelto un lugar descohesionado y vulgar, escenario de negocios rápidos, idóneo para un modo de vida masificado, privatizado y consumista. Oficialmente la conurbación alicantina nació en 1973 con la creación de la Mancomunidad entre Alicante y los municipios cercanos, lo que significaba que el tráfico, la destrucción del paisaje, la desaparición de la huerta y la generación incontable de basura no eran problemas específicamente alicantinos. Toda la costa de la provincia se contagió de la misma enfermedad, particularmente en el sur, donde el agua del trasvase Tajo-Segura permitió la construcción de innumerables urbanizaciones. Cualquier aventurero podía montar una inmobiliaria en una de las ciudades costeras y enriquecerse en poco tiempo. En diez años las pequeñas promotoras y constructoras se habían convertido en poderosas compañías aliadas a los bancos, con gran influencia en la administración local. Los constructores eran la punta de lanza de la nueva burguesía. Al proletariado combativo de los años republicanos había sucedido otro mucho más numeroso y también mucho más dócil. Sin tradición y sin pasado, había llegado a Alicante sin penetrar realmente en ella, quedándose aislado en los enclaves periféricos, verdaderos depósitos de mano de obra sin cualificar. No tenía medios para producir su propia identidad colectiva en las barriadas, y por lo tanto, no podían constituir una comunidad de intereses, es decir, establecer vínculos de clase. Tampoco podía ejercer como clase en los lugares de trabajo. En Alicante apenas había industrias, relacionándose la mayoría de empleos con los servicios, la construcción y la administración. Una economía terciaria no necesita especiales infraestructuras ni capacitación particular como la industrial; los trabajos no requieren el menor aprendizaje: se trata de peones de almacén, peones de obra, camareros, dependientes de comercio, empleados, mozos de limpieza, pinches, domésticos, etc. La dimensión de las empresas del sector terciario no suele ser grande, por lo que los trabajadores se hallan dispersos y aislados compitiendo entre sí, muchos con contratos temporales, otros trabajando en la economía sumergida. A la precariedad podíamos añadir el desarraigo; miles de obreros llegaban –y todavía lo hacen—justo para trabajar el verano y después irse, y la mitad al menos de los que se quedaban eran recién llegados, nacidos en otra parte. En tales circunstancias, el aporte proletario exterior sólo sirvió para acelerar la descomposición de la clase obrera autóctona. A pesar de que la masa asalariada constituía más de las cuatro quintas partes de la población, nunca adquirirá la clase obrera en Alicante el protagonismo logrado en otras ciudades próximas como Elx, Alcoi o Elda. El cambio político no alteró el panorama económico. La administración socialista no trató de librarse de la herencia franquista sino que se limitó a racionalizar el desarrollismo, a pulir su brutalidad, preparándolo para posteriores desafíos. Gracias a que la población se estabilizó en los ochenta, pudieron efectuarse zurcidos en los barrios y mejoras en sus infraestructuras, así como completarse la ronda de circunvalación (la Gran Vía) y confeccionarse un nuevo PGOU que aportó gran cantidad de suelo urbanizable a la voracidad de los promotores. A partir de 1986 las nuevas clases medias de la ciudad iniciaron un éxodo desde sus tradicionales barrios céntricos hacia la periferia este (El Garbinet, Vistahermosa) y las playas, relanzando la demanda de pisos, aparcamientos y vías de acceso. Eso significó el fin de parajes relativamente preservados como el Cabo de las Huertas o La Condomina. 

El precio de las viviendas se elevó enormemente y animó la construcción, otra vez motor de la economía local. Por otra parte, la apertura de El Corte Inglés arrastró toda la actividad comercial a la avenida Maisonnave, provocando la muerte del Centro --el histórico arrabal de San Francisco-- que hasta entonces desempeñaba esa función, y que comenzó a degradarse en espera de su museificación. La nueva centralidad fue provisional pues en la década siguiente su peso se repartiría entre las demás “centralidades” emergentes. La vocación turística de Alicante que los socialistas reafirmaron no dejaba de ser un tópico, puesto que si bien El Altet ha llegado a ser el cuarto aeropuerto peninsular en volumen de viajeros durante el verano, no por ello aquél era el destino elegido por los cinco millones de turistas de sol y playa depositados en tierra. Los turistas nunca se quedaban. Alicante desde los sesenta era un lugar de paso incluso para quienes trabajaban allí. En realidad la principal actividad de la conurbación era la construcción de segundas residencias, en primer lugar para los mismísimos alicantinos, después, para los madrileños. El gobierno socialista del país se encontró con una contradicción irresoluble. Su base electoral, la clase media, había contribuido lo suyo a la destrucción de la ciudad y no iba a apoyar políticas no desarrollistas, por lo que lejos de oponerse a fuerzas contra las que poco podía, trató de aliarse con ellas derribando el último obstáculo al mercado nacional de suelo, a saber, el pequeño propietario. La ley del Suelo de 1990 puso serias trabas al derecho de propiedad y proporcionó a los gobiernos autonómicos el instrumento más eficaz para suprimir las protestas contra los abusos urbanizadores. Efectivamente, la Generalitat valenciana, en manos de los socialistas, promulgó en 1994 una Ley de Regulación de la Actividad Urbanística que entregó a los intereses constructores los ayuntamientos. Mediante la figura del “agente urbanizador”, alter ego de los promotores inmobiliarios, los pequeños propietarios de terrenos o casas serían expropiados sin apelación y obligados a pagar los gastos de urbanización de su antigua propiedad, con tal de que el consistorio aprobara un Plan de Actuación Integral presentado por dicho agente. Los excesos fueron proporcionales a los intereses económicos en juego, o sea, numerosísimos, y caracterizaron el periodo siguiente.

Cuando el Partido Popular se hizo cargo de la Generalitat valenciana quienes realmente subieron al poder fueron los constructores. Con la crisis industrial golpeando las tres provincias y la agricultura en proceso de extinción, la clase dominante continuaba apostando por el ladrillo; en el caso de Alicante, no afectado por la deslocalización, se trataba de “la millor terreta del món” para especular. La clave de la especulación no residía en la resistencia de los propietarios a los promotores, sino en el régimen de valoración del suelo. La simple recalificación de terrenos multiplicaba automáticamente por 25 su precio, por lo que el negocio inmobiliario empezaba con la compra a precio irrisorio de suelo rústico, industrial, para equipamientos, ocio, zona verde, etc., y su transformación en urbanizable. La conversión posterior en suelo urbano seguía multiplicando elevando tanto los costes que habían de compensarse con la verticalidad. La Reforma de 1998 de la Ley del Suelo y Valoraciones hecha por el PP ofreció la posibilidad de convertir en urbanizable cualquier parcela de territorio, con lo que liberó suelo para el mercado en un momento en que la vivienda se convertía en simple inversión. En cierta forma institucionalizó la especulación. Al bajar los tipos de interés y caer la Bolsa, la constante subida de precios hizo muy rentable la compra de pisos (entre 1996 y 2005 el coste de una vivienda en la costa se triplicó). La prueba es que en 2001 el 16% de las casas en la provincia estaban vacías; tan sólo en Alicante había 22.000. Lo primero que hizo la administración “popular” fue autorizar las obras paralizadas por una serie de ilegalidades, a destacar el edificio Alicante, verdadero mastodonte arquitectónico situado en la zona comercial, y elevar la altura permitida de los futuros edificios a quince plantas. Las normas fijadas por el PGOU anterior se volvían trabas para los constructores, que presionaron para la confección de un nuevo PGOU más permisivo. Éste comenzó a confeccionarse en el 2000 y en 2002 fue publicado un avance. El boom inmobiliario fue prolongado por un fuerte desarrollo del crédito y por la llegada de capitales extranjeros, fruto de la internacionalización del mercado hipotecario y del mercado de segundas residencias. Ahora el negocio inmobiliario pasa por atraer a la clase dirigente europea, adaptando la oferta al modo de vida confinado de los ejecutivos en vías de jubilación: buenas comunicaciones, videovigilancia, piscinas, garajes, campos de golf y puertos deportivos. La política de las conurbaciones costeras se rige directamente por el negocio de la construcción. Tanto el parloteo sobre crecimiento “sostenible” como la nueva normativa (la Ley Urbanística Valenciana y la Ley de Ordenación del Territorio) no hacen más que anunciar que en lo sucesivo el abuso será disimulado y regulado. El segundo sector en influencia es el de la distribución (en Alicante el 44% de las empresas son comercios, y la mitad de la superficie dedicada al comercio corresponde a centros e hipermercados). Los centros comerciales no son lugares de aprovisionamiento sino verdaderos instrumentos urbanizadores. Son los actuales referentes urbanos, los auténticos puntos de orientación; definen los nuevos distritos funcionales de la conurbación y tienden a concentrar en ellos toda la actividad comercial, cultural o de ocio. Difícilmente hallaremos una librería o un cine en Alicante --y eso que uno de los proyectos temáticos de la corporación es una “ciudad del cine”-- fuera de uno de esos centros. En ellos la vida cotidiana de las gentes se vuelve susceptible de tratamiento industrial. La globalización económica, ocurrida entre 1995 y 2005, ha producido cambios de alcance mayor que los precedentes en cuanto al trabajo, al modo de vida y al tipo de sociedad. En el periodo globalizador el alicantino medio simplifica radicalmente su modo de vida. Recluido en su piso, sólo sale de él para ir en coche a los espacios privilegiados de encuentro con la mercancía, los centros lúdicos y comerciales. De ahí la demanda incesante de parkings. Alicante forma parte del mercado mundial y quien mejor podía ilustrarlo es la población emigrante que llega de países empobrecidos por el capitalismo para desempeñar los trabajos más volátiles y se hospeda en los huecos de los barrios degradados que abandonan los trabajadores con mejores perspectivas, como por ejemplo Virgen del Remedio, Virgen del Carmen, Juan XXIII, San Antón o San Gabriel. 

En Alicante ya hay unos treinta mil, y a ellos corresponde el último incremento de la población. No se trata de una subclase, de un nuevo lumpen. Son trabajadores arrancados por la mundialización capitalista de sus pueblos y ciudades y lanzados al mercado del trabajo internacionalizado en las peores condiciones posibles. Son la avanzada de un movimiento similar que llevó a las ciudades a millones de campesinos entre 1940 y 1980, y los efectos que producirán en las zonas avanzadas del capitalismo serán considerables. La cuestión social no podrá plantearse de nuevo sin contar con ellos. La lógica capitalista empuja la conurbación alicantina a continuar creciendo indefinidamente, destruyendo más territorio y concentrando más población. Las 15.000 viviendas inútiles del Plan Rabasa serían el ejemplo más inmediato, pero no el peor, pues la oferta de suelo no para de crecer al descomponerse las economías pequeño industriales de los municipios del interior y convertirse éstos en satélites de la economía depredadora del litoral. Evidentemente si se quiere defender el territorio de la avalancha de planes que pugnan por realizarse habrá que detener el proceso urbanizador enfrentándose a los poderosos intereses inmobiliarios. Hará falta un movimiento de masas con un programa de lucha bien claro, que separe los bandos. Para empezar habría que desechar todas las reivindicaciones que impliquen desarrollismo, como por ejemplo las que propugnan los socialistas en la oposición, las plataformas de la izquierda “verde” o los ecologistas: compra estatal de terrenos y edificios, turismo verde, construcción de vivienda de renta “baja”, valoración del suelo rústico, etc. Otras pueden servir para preparar la reapropiación colectiva del espacio si se sitúan en la perspectiva de la desurbanización y la ruralización: moratoria de proyectos, gravamen de casas no habitadas, agricultura biológica, huertos urbanos, rehabilitación de casas... a las que añadiríamos la ocupación, el rechazo del transporte privado, el boicot a las grandes superficies, la intervención del precio de la vivienda y el bloqueo de las cuentas de las empresas constructoras. Para hacer habitable Alicante habrá que desandar el largo proceso urbanizador que hemos descrito y demoler las dos terceras partes de sus edificaciones. La lucha social será fundamentalmente antidesarrollista y desurbanizadora, o no será. No obstante, ni la supresión del mercado de la vivienda, ni la reconstrucción del campo serían suficientes sin la compañía de un estilo de vida ajeno al consumismo, sin la abolición del trabajo asalariado, sin la recuperación de saberes perdidos o de costumbres desusadas, sin los intercambios comunitarios, sin el establecimiento de formas de convivencia humanas, libres e igualitarias partiendo de lo local, y sin los demás aspectos de la autogestión territorial generalizada.

Escrito a partir de la charla en el Ateneo Libertario L’Escletxa de Alicante, el 6 de julio de 2006.

EL CONTROL INSTITUCIONAL DE LAS LUCHAS SOCIALES

Miquel Amorós

Salvo en situaciones de peligro inminente del sistema de dominación, momento en que todas las reglas de juego quedan en suspenso y sólo la violencia de clase decide –una especie de tolerancia cero generalizada–, las instituciones han procurado integrar los movimientos de protesta antes que reprimirlos, delimitando un espacio por el que moverse y tendiéndoles puentes para comunicarse. En condiciones normales de dominio capitalista, la oposición y la protesta han tenido su estatuto legal y sus medios de presión y negociación, siendo las organizaciones catalogadas como representativas no sólo una parte importante del mecanismo de control social, sino el complemento necesario gracias al cual el interés particular de la dominación ha podido presentarse ante la sociedad como interés universal.

Sin embargo, el capitalismo no se queda mucho tiempo en la misma posición, y a medida que prosigue su avance, penetrando por todos los resquicios de la vida y acaparando todo el territorio donde ésta languidece, subvierte los cauces sociopolíticos que él mismo había establecido en la etapa precedente, obligándoles a perecer o adaptarse. Así, los mecanismos de integración y control tradicionales ‑los partidos, sindicatos y asociaciones, y con ellos, los parlamentos, los convenios y los medios de comunicación–, modernizados durante los años setenta, perdieron eficiencia en la década posterior. Desde entonces no representan más que una protesta ficticia, poco creíble, falsa, espectacular.

En la medida en que los intereses generales afloran, lo hacen al margen de las instituciones, al modo salvaje, puramente negativo, incontrolado.

Los motivos del colapso de la oposición institucionalizada no son difíciles de adivinar: por una parte la descomposición de la base social que la sostenía, las clases medias y trabajadoras; por la otra, el descrédito que se desprende de su propia inoperancia, fruto de la burocratización, la profesionalización y la corrupción.

Los patéticos intentos por reavivarla, bien a través de los autodenominados movimientos sociales, bien mediante las plataformas cívicas, es decir, por medio del juvenilismo y del ciudadanismo, no conducen a ninguna parte, pues por estar dentro del sistema no se oponen realmente a nada, ya que sus intereses se corresponden exactamente con los de la dominación. Su momento histórico ha caducado, se les ha pasado el arroz. Para la protesta verdadera la oposición institucionalizada es el problema, el enemigo y la amenaza.

Existe aún una razón mayor de rechazo todavía no expuesta, y ésta se deduce de la incompatibilidad absoluta del capitalismo en su fase actual con las formas burguesas democráticas, por la imposibilidad de formularse en ellas un interés de clase que pueda disfrazarse de general, es decir, que pueda separarse un ápice de los intereses privados de las grandes empresas y los bancos. En la sociedad del espectáculo no puede haber, ni siquiera entre los estratos dominantes, debate libre o información mínimamente veraz. Por eso la protesta salvaje no se erige en defensa de intereses verdaderamente generales, sino como rechazo frontal del interés privado representado en las instituciones.

Eso es bien visible en los conflictos territoriales y en las luchas antidesarrollistas. La protesta nace en nombre de intereses concretos lesionados, casi siempre locales, pero si consigue forzar algo parecido a un debate público, si logra edificar medios contra informativos e instituciones alternativas que lo hagan posible, entonces dicho interés puede reformularse como interés general, al margen y en contra de los mecanismos de integración y control institucional.

La sociedad capitalista ha sido siempre una sociedad disciplinaria y ese aspecto no ha cambiado con la mundialización y el nuevo ciclo verde. Pero ya no se trata de disciplinar al individuo como productor, padre de familia (es decir, como reproductor), creyente o patriota. Por eso los clásicos lugares de domesticación, la familia, la escuela, el ejército, la iglesia y la fábrica, entran en crisis. La quiebra de los mecanismos de integración y control político es parte de esa crisis, pues tampoco es cuestión del individuo como militante o votante. En el nuevo capitalismo el individuo ha de ser adiestrado solamente como habitante, a la vez consumidor y turista, para lo cual no tiene más que pasar de un lugar de encierro a otro, de su casa al trabajo o la escuela, del trabajo al sindicato, etc. Toda la sociedad, gracias a la urbanización total del territorio, se convierte en un gigantesco lugar de confinamiento, sin más reglas que las del consumo y las del espectáculo. La información es pura propaganda del nuevo régimen. Eso implica un nuevo reparto del espacio (incluido el virtual) y nuevo ordenamiento del tiempo, y por lo tanto, nuevos mecanismos de control social, nuevos métodos de integración. El control ha de enfrentarse al relajamiento de las barreras antaño bien específicas. En las empresas se hablará de Responsabilidad Social Corporativa ‑abreviando, RSC–; en los consistorios de las grandes urbes, de dispersión de los guetos de inmigrantes; en la administración y gestión del territorio, de gobernanza interactiva o participación transversal.

Todas ellas forman parte de la misma realidad que los códigos penales “de la democracia”, las recientes ordenanzas municipales, la video vigilancia, el sistema FIES, los campos de internamiento de indocumentados, los centros comerciales, la ingeniería genética y la autodenominada “economía sostenible.” Pues las mencionadas RSC, impedimento de suburbios étnicos y “democracia participativa”, no discurren en un ambiente democrático burgués tradicional, sino que están inmersas en un estado de excepción difuso, disimulado y sancionado por leyes.

La Responsabilidad Social Corporativa es una filosofía patronal que recuerda al fordismo y a la cogestión alemana de posguerra, aunque sin su voluntad hegemónica. Nació como reacción de un sector del empresariado a la ola de escándalos tipo Enron y a la actual crisis financiera e inmobiliaria. Dicha crisis ha modificado el modelo económico desarrollista, al trasladar al Estado y a las industrias de alta tecnología, la función que desempeñaba la especulación monetaria o bursátil, el endeudamiento y la urbanización, consolidando la división de la masa laboral en dos mitades completamente ajenas una de la otra. Por una parte, los trabajadores “privilegiados”, o sea, con empleo fijo, convenios regulares e hipotecas pagaderas; por la otra, los trabajadores precarios, con contratos basura o cobrando en negro, atrapados por las deudas, en su mayoría inmigrantes o jóvenes acabados de incorporar al mercado.

Unos están ligados a los sectores económicos emergentes, a bastiones de la burocracia sindical, o al Estado (funcionarios); otros, al sector duro de la economía: el turismo, la construcción, el comercio, la distribución, la limpieza o el cuidado de ancianos. Para éstos sirven la política del palo, los horarios infames, el sueldo mínimo, el permiso de residencia y la amenaza de exclusión. Para los otros, la estabilidad, la promoción, la formación continua, el reparto de beneficios, la ecología de empresa, la conciliación familiar y los siquiatras. Unos son controlados por asistentes sociales, educadores del suburbio y policías de proximidad; los otros, mediante los burócratas sindicales, la sicofarmacopea y la RSC. Esta última, ni que decir tiene, cuenta con el mayor beneplácito de los sindicatos y los ministerios, que son quienes realmente la promocionan. No constituye más que un factor de división añadido en el mundo del trabajo, desempolvar una vieja máxima patronal contra la lucha de clases: “un trabajador satisfecho con la empresa es un defensor acérrimo de la empresa”. Ahora aparece como subproducto del desarrollismo “sostenible”, sin más objetivo que el de impedir la emergencia de un movimiento autónomo al calor de una coyuntura laboral conflictiva.

La crisis financiero-inmobiliaria es una crisis interna, estructural, que ha inducido cambios macroeconómicos en el modelo capitalista, pero dichos cambios no cuestionan los límites externos de dicho modelo, aquellos a los que el desarrollismo (el crecimiento) obliga a retroceder, con la secuela inacabable de catástrofes ecológicas y sociales. La verdadera crisis es externa, es la que se deduce de la incompatibilidad radical entre el capitalismo y la vida en la tierra. Todo avance del sistema implica no solamente una artificialización mayor de la vida, una anomia social y un desarraigo material y moral completo, sino la creación de unas condiciones cada vez más extremas de supervivencia que extienden por doquier la posibilidad de conflictos. La cuestión social moderna no es capaz de surgir en las crisis internas sino como espectáculo, pues dentro del sistema los mecanismos de integración todavía funcionan. Un ejemplo clarísimo han sido los movimientos alter globalizadores, venidos muy a propósito para reestablecer la legitimidad de la política.

La cuestión social emerge en los límites transgredidos por el crecimiento capitalista y no como pura negación, al modo de los guetos franceses o ingleses, sino como defensa de otra forma de vida, de una vida fuera del capitalismo. La cuestión social aflora, aun contra el deseo de sus protagonistas, en la defensa del mundo rural, en la lucha contra las centrales nucleares y los trasvases, en la resistencia a la urbanización, en el sabotaje de la agricultura transgénica, en el combate contra la construcción de grandes infraestructuras, desde el Tren de Alta Velocidad a las Líneas de Muy Alta Tensión, pasando por los cinturones, los aeropuertos y las autopistas.

Los dirigentes son conscientes de que el conflicto principal latente no lo representan las movidas estudiantiles contra el plan Bolonia o los intentos por importar la revuelta griega, sino la “cultura del no” de la defensa del territorio. Sólo en dichos conflictos han hecho aparición formas incipientes de democracia directa (por ejemplo, la Asamblea Anti TAV, la coordinadora Galiza Non Se Vende y en mucha menor medida la Plataforma en Defensa de las Tierras del Ebro) y han sido presentados modelos alternativos al desarrollismo no capitalistas. Los dirigentes más ligados al capitalismo verde y al Estado creen que en la nueva fase desarrollista, mucho más destructiva que las anteriores por más que proclame su respeto al medio ambiente, el conflicto no podrá ser impedido, por lo que ha de reconocerse y reconducirse. En segundo lugar, la colaboración de la población en todo el proceso de reconversión verde es más necesaria que en fases anteriores, dado que ha de disciplinarse según pautas ecológicas de consumo, movilidad y ahorro en aparente contradicción con el despilfarro precedente. Llega pues la hora de la “democracia participativa”, de la búsqueda de interlocutores auxiliares para los conflictos entre la sociedad civil y los intereses empresariales aliados con la administración. Dado que las formas de integración tradicionales no pueden ser útiles directamente, son necesarios organismos intermediarios de transacción capaces de sostener y defender acuerdos puntuales a cambio de tolerar las agresiones al territorio. No basta con la creación de lobbys propagandísticos y Comisiones Locales de Información –en realidad, de Desinformación– como en la época de construcción de las centrales nucleares. Los consistorios de los pueblos, las asociaciones vecinales y las plataformas cívicas son ese eslabón perdido de la seudo democracia posburguesa, al que se le asigna el trabajo de desactivación de la protesta salvaje y sus modales anticapitalistas. La llamada democracia participativa no es en realidad ninguna democracia. No aparece para defender un interés general a partir de una agresión concreta, sino para negociar intereses particulares enfrentados, los de los grupos de afectados y las corporaciones económico-administrativas.

No emana de las luchas antidesarrollistas, sino de las disposiciones contra ellas. No interviene para impedir la destrucción del territorio, sino para elevar el precio de dicha destrucción, incorporándole los costes sociales tal como los valora el mercado. La democracia participativa solamente fija unos nuevos límites institucionales, cuyo conocimiento es propagado por los Mass media, más allá de los cuales entra en juego la fuerza pública. Así pues, desempeña el poco honroso papel de obstaculizar el resurgimiento de la democracia real, de la autogestión territorial, que no tienen otra base que la apropiación del territorio por sus habitantes, su rescate del mercado.

En resumen, toda lucha que no cuestione el modelo de sociedad capitalista esta condenada a reforzarlo. Nadie puede ignorar que los intereses económicos dominantes son radicalmente contrarios a los de los habitantes. Y asimismo nadie puede ignorar que el sistema político en el que transcurren los conflictos no es democrático burgués, sino criptototalitario. Por lo tanto, las formas de representatividad institucional están al servicio directo del capitalismo y son incompatibles con la democracia horizontal de las asambleas, la única verdadera para los oprimidos.

Las luchas en defensa del territorio que no tengan en cuenta eso no son luchas reales, sino simulacros, y sus agentes trabajan para el enemigo.

Charla-debate en la universidad pirata de Viladecans, 9 de diciembre de 2009. Reproducido en el libro “Ez Araban Inon!”, de la Asamblea contra el TAV de Gasteiz, junio de 2010.

La restructuración espacial de la sociedad capitalista y sus consecuencias

Miquel Amorós

Vivimos inmersos en un proceso de globalización del espacio, es decir, de completo sometimiento del espacio a las leyes de la economía global, por lo que a menudo, en las ciudades y pueblos marginados por la corriente económica actual no faltan voces que clamen por nadar en ella cuanto antes.

La panacea del mal económico resulta ser casi siempre una macro infraestructura: una autopista, un mega puerto, una parada del tren de alta velocidad, un complejo turístico... A las voces de la oligarquía local, se unen a veces las de la masa asalariada, convencida de las bondades desarrollistas. Dicen que “el progreso” es necesario, que así se saldrá del “atraso”, que habrá “trabajo”, y, por lo tanto, “dinero”. Los intereses dominantes, los de la clase dominante, se manifiestan siempre como intereses generales, y cuanto mayor sea el dominio sobre la población, mayor será su identificación con ellos. En la actualidad, cuando la penetración del capital alcanza todos los ámbitos de la actividad humana, los individuos piensan lo que el capital quiere: no son ellos los que existen, a no ser como abstracción, porque no piensan realmente; su pensamiento ha sido programado. Cuando hablan, escuchamos a la mercancía promocionando su mundo. Para usar conceptos como progreso, atraso, trabajo o dinero, sin caer en los tópicos del lenguaje de los dirigentes, hay que comprender su verdadero significado, y para poder hacerlo hay que situarse fuera de los hábitos de pensar de la dominación. Pensar, o ser, equivale a cuestionar.

En primer lugar hay que preguntarse por el significado real de la construcción de una infraestructura de grandes dimensiones, pues desde luego, generará una importante demanda de trabajo, aunque temporal y de mala calidad, y conseguirá en las coyunturas favorables una elevación del nivel de consumo entre los asalariados, una mayor mercantilización de su vida, o lo que viene a ser lo mismo, un crecimiento de “la clase media”. Aumentará tanto la población como la circulación, se producirán desarrollos urbanísticos, se construirán centros comerciales y hoteles, se venderán más coches y se abrirán nuevas sucursales bancarias. Se impondrá un nuevo estilo de vida, más motorizado y consumista, con prótesis tecnológicas cada vez más imprescindibles, etc., cuyas secuelas en forma de accidentes de tráfico, infartos y suicidios quedarán reflejadas en las estadísticas. Y hay que contar con que dicha infraestructura también causará un impacto negativo en el entorno y aportará una mayor artificialización del medio ambiente. Aumentarán asimismo las desigualdades sociales y la anomia, o sea, el grado de descomposición social, con todas sus consecuencias necesarias: corrupción, masificación, atomización, exclusión, agresividad, neurosis, miedo, control, racismo...

Crecerá la producción de basuras y la contaminación, el ruido, las detenciones de indocumentados, ladronzuelos y traficantes, la especulación inmobiliaria y otras formas expeditivas de enriquecimiento, la corrupción política, la degradación de la sanidad, la enseñanza y la asistencia públicas, etc. Son males inherentes al desarrollo capitalista, que de todas formas van a ocurrir; las infraestructuras solamente acelerarán su llegada y contribuirán a su intensificación. Las grandes infraestructuras son una exigencia de la mundialización capitalista, de la nueva división internacional del trabajo, donde predominan la circulación y los “lujos” sobre la producción y los lugares. Ayudan a colocar “en el mapa” a las antiguas metrópolis convirtiéndolas en nudos de la red internacional mercantil. El capital, dueño del espacio, lo reestructura adaptándolo a las necesidades del momento. Bajo el capitalismo global, se vuelven obsoletas tanto las instituciones independientes o las administraciones autónomas, como los mercados locales. Las antiguas ciudades se transforman en aglomeraciones urbanas impersonales en expansión permanente, lugares de entretenimiento y consumo a gran escala, verdaderos agujeros negros que absorben energías, mercancías y vidas, asentamientos sin espacio público, sin tiempo, sin historia ni cultura específica, transparentes, tematizados, simplificados. Es el resultado de una victoria; la del capital.

El final de una etapa basada en la economía industrial ligada a mercados nacionales bajo protección estatal y apoyo sindicalista ha desorganizado el espacio, reduciéndolo a fragmentos desconectados, sin función alguna. Mientras las antiguas metrópolis luchan por un lugar en la economía globalizada, domiciliando sedes y acaparando tareas de gestión y dirección, los pedazos del sistema urbano y territorial que las envolvía han de gravitar de nuevo a su alrededor buscando rozarse con los “flujos” internacionales, es decir, integrarse en la conurbación metropolitana ofreciendo espacio y demás facilidades para la globalización de su economía. Las ciudades pequeñas y el campo, en decadencia y “atraso” por padecer las consecuencias del cese o la deslocalización de actividades productivas, han de sobrevivir –han de acumular capital– en la proximidad de los nudos de la red mundial. Por lo que no tienen otra salida que reclamar su parte, su infraestructura, para encajar en algún anillo suburbano. En la periferia de las conurbaciones se libra una batalla aparente por la economía globalizada, a la que se exige un incremento en el ritmo, un grado mayor de destrucción territorial. Parece que la salvación venga de manos de la horca. Desmontar el discurso “progresista” y desenmascarar los intereses que se ocultan tras él es ya una tarea inexcusable. La libertad y la felicidad humanas serán la obra de quienes hayan sabido evitar aquello que los dirigentes llaman “desarrollo”, “progreso” y “trabajo”. Cuando es fruto de una resistencia consciente, el “atraso” es revolucionario.

Agosto 2009. Publicado en “Al Margen”, nº 71, otoño 2009.

Dialéctica del cenit y el ocaso.

Texto de Miquel Amorós basado en la charla de título "Desarrollismo y Progresismo" enmarcada dentro de las "Jornadas Crítica al Progreso" organizadas por la Federación de Estudiantes Libertarios de la Universidad Autónoma de Madrid (FEL-UAM).

El capitalismo ha alcanzado su cenit, ha traspasado el umbral a partir del cual las medidas para preservarlo aceleran su autodestrucción. Ya no puede presentarse como la única alternativa al caos; es el caos y lo será cada vez más. Durante los años sesenta y setenta del pasado siglo, un puñado de economistas disconformes y pioneros de la ecología social constataron la imposibilidad del crecimiento infinito con los recursos finitos del planeta, especialmente los energéticos, es decir, señalaron los límites externos del capitalismo. La ciencia y la tecnología podrían ampliar esos límites, pero no suprimirlos, originando de paso nuevos problemas a un ritmo mucho mayor que aquél al que habían arreglado los viejos. Tal constatación negaba el elemento clave de la política estatal de posguerra, el desarrollismo, la idea de que el desarrollo económico bastaba para resolver la cuestión social, pero también negaba el eje sobre el que pivotaba el socialismo, la creencia en un futuro justo e igualitario gracias al desarrollo indefinido de las fuerzas productivas dirigidas por los representantes del proletariado. Además, el desarrollismo tenía contrapartidas indeseables: la destrucción de los hábitat naturales y los suelos, la artificialización del territorio, la contaminación, el calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, el agotamiento de los acuíferos, el deterioro de la vida en medio urbano y la anomia social. El crecimiento de las fuerzas productivas ponía de relieve su carácter destructivo cada vez más preponderante. La fe en el progreso hacía aguas; el desarrollo material esterilizaba el terreno de la libertad y amenazaba la supervivencia. La revelación de que una sociedad libre no vendría jamás de la mano de una clase directora, que mediante un uso racional del saber científico y técnico multiplicase la producción e inaugurara una época de abundancia donde todos quedaran ahítos, no era más que una consecuencia de la crítica de la función socialmente regresiva de la ciencia y la tecnología, o sea, del cuestionamiento de la idea de progreso. Pero el progresismo no era solamente un dogma burgués, era la característica principal de la doctrina proletaria. La crítica del progreso implicaba pues el final no sólo de la ideología burguesa sino de la obrerista. La solución a las desigualdades e injusticias no radicaba precisamente en un progresismo de nuevo cuño, en otra idea del progreso depurada de contradicciones. Como dijo Jaime Semprun, cuando el barco se hunde, lo importante no es disponer de una teoría correcta de la navegación, sino saber cómo fabricar con rapidez una balsa de troncos. Aprender a cultivar un huerto como recomendó Voltaire, a fabricar pan o a construir un molino como desean los neorrurales podría ser más importante que conocer la obra de Marx, la de Bakunin o la de la Internacional Situacionista. Eso significa que los problemas provocados por el desarrollismo no pueden acomodarse en el ámbito del saber especulativo y de la ideología porque son menos teóricos que prácticos, y, por consiguiente, la crítica tiene que encaminarse hacia la praxis. En ese estado de urgencia, el cómo vivir en un régimen no capitalista deja de ser una cuestión para la utopía para devenir el más realista de los planteamientos. Si la libertad depende de la desaparición de las burocracias y del Estado, del desmantelamiento de la producción industrial, de la abolición del trabajo asalariado, de la reapropiación de los conocimientos antiguos y del retorno a la agricultura tradicional, o sea, de un proceso radical de descentralización, desindustrialización y desurbanización debutando con la reapropiación del territorio, el sujeto capaz de llevar adelante esa inmensa tarea no puede ser aquél cuyos intereses permanecían asociados al crecimiento, a la acumulación incesante de capital, a la extensión de la jerarquía, a la expansión de la industria y a la urbanización generalizada. Un ser colectivo a la altura de esa misión no podría formarse en la disputa de una parte de las plusvalías del sistema sino a partir de la deserción misma, encontrando en la lucha por separarse la fuerza necesaria para constituirse.

Al final de la era fordista, tras la subida de precios del petróleo como consecuencia del cenit de la producción en Estados Unidos, conocemos la salida que buscó la clase dirigente para preservar el crecimiento: un desarrollismo de nuevo tipo, neoliberal, basado primero en el fin del Estado-nación, la privatización de la función pública, el abandono del patrón oro, la energía nuclear, la eliminación de las trabas aduaneras, el abaratamiento del transporte, la globalización de los mercados, la expansión del crédito y la desregulación del mundo laboral. Una segunda fase, algo más keynesiana, rentabilizaría la destrucción acumulada mediante un desarrollismo llamado sostenible, integrando el punto de vista ecologista en un capitalismo “verde”. El Estado recuperaría un tanto su papel de impulsor económico que tenía en la época anterior de capitalismo nacional financiando dicha modernización y forzando el reciclaje de la población en el consumo de mercancía labelizada. También conocemos las alternativas progresistas neokeynesianas que en el marco del orden establecido reivindicaron “otra” globalización en donde las cargas estuvieran mejor distribuidas, o lo que viene a ser lo mismo, una mundialización tutelada por los Estados que respetara los intereses de la burocracia obrerista y el estatus de las clases medias. Esta propuesta descansaba en la falsa suposición de que el Estado era un instrumento neutral frente al capitalismo, y no la adecuada expresión política de sus intereses. Como quiera que fuera, ambas políticas –la neoliberal conservadora y la neokeynesiana socialdemócrata– fracasaron al tropezar el capitalismo con sus límites internos. La liquidación de las economías locales arruinó poblaciones enteras que se fueron acumulando en las periferias de las metrópolis, dando vida a inmensos poblados de chabolas. Innumerables masas emigraron a los países “desarrollados”, extendiendo las consecuencias de la crisis demográfica a las zonas privilegiadas del turbocapitalismo. Esta nueva mutación del capital creaba una nueva división social: los integrados y los excluidos del mercado. La contención de la exclusión quedó fundamentalmente en manos del Estado, en absoluto neutro, obligado a desarrollar para la ocasión políticas represivas de control de la inmigración y extenderlas a cualquier forma de disidencia. Por otro lado, el carácter eminentemente especulativo de los movimientos financieros internacionales y las políticas estatistas clientelares, tras una década de euforia, condujeron a la bancarrota general del 2008, agravada por las deudas que los Estados no habían podido rembolsar, precipitando una vuelta al neoliberalismo mucho más dura. Las medidas draconianas son necesarias para traspasar la crisis provocada por los Bancos y los Estados a la población asalariada, mayoritariamente hipotecada. La pauperización material de un tercio de la población se suma a una pauperización moral vieja de años, pero la incapacidad irremediable de crecer lo suficiente de los Estados Unidos y la Unión Europea si no es compensada con una demanda emergente, china o india, proporcionará un marco crítico duradero donde podrá invertirse el proceso de anomia. Potencialmente, y por mucho tiempo, el espectro de Grecia –las condiciones griegas—asediará la conciencia de los dirigentes. La venganza o la voluntad de desquite dominarán en los primeros momentos con toda la secuela de conflicto y violencia, pero para construir habrá de darse en las masas vapuleadas un sentimiento de dignidad a la par que el desarrollo de una conciencia verdaderamente subversiva.

Paradójicamente, en la fase actual de descomposición del sistema dominante, las contradicciones internas ocultan las externas. El drama de la exclusión, el paro, la precariedad, los recortes, los desahucios y el empobrecimiento de las clases medias asalariadas, al poner por delante sus intereses inmediatos todavía ligados al mantenimiento de un estilo de vida urbano, artificial y consumista, han oscurecido momentáneamente la cuestión esencial, el rechazo del credo del progreso, y, por consiguiente, el del modelo social y urbano que le es inherente. En consecuencia, la creciente “huella ecológica” y la insostenibilidad intrínseca de la supervivencia bien o mal abastecida bajo el capitalismo no se han tenido en consideración, por lo que las exigencias desindustrializadoras y desurbanizadoras parecen fuera de lugar. La protesta urbana, obrera o populista, rechaza pagar la factura de la gestión desarrollista anterior y así se contenta con exigir “otra” política, “otra” banca u “otro” sindicalismo, a lo sumo, “otro” capitalismo, pero jamás se planteará seriamente la ruralización o la desaparición de las metrópolis, es decir, otra manera de convivir, otra sociedad u otro planeta. La mayoría de los habitantes de las conurbaciones solamente busca o aspira a encontrarse con la naturaleza los fines de semana, en tanto que consumidores de relax y paisaje, por lo que una crítica antidesarrollista tiene serios problemas para darse a conocer fuera de estrechos círculos, ya que la mentalidad urbana es incapaz de asumirla y los desertores del asfalto son todavía pocos. Por otra parte, la población campesina, residual, sufre un deterioro mental aún peor, fruto de su suburbanización, y las más de las veces reproduce estereotipos ideológicos urbanos. La crítica antidesarrollista no cuaja pues, ni en el medio rural, que debía ser el suyo, ni en el medio urbano, mucho menos propicio. Por eso la materialización en la práctica del antidesarrollismo como defensa del territorio se ve sometida a multitud de inconsecuencias y limitaciones. El carácter específicamente local de dicha defensa juega en su contra. Apenas se conforma una oposición contra una nocividad particular, surgen acompañantes municipalistas, verdes o nacionalistas, que tratan de confinarla como “nimby” en la localidad, exprimirla políticamente y empantanarla en marismas jurídicas y administrativas. Solamente en los casos en que ha conseguido aliados de las conurbaciones gracias precisamente a los irregulares de la post ciudad, ha podido formularse un interés general y desarrollarse un conflicto de envergadura (p. e. contra trasvases, contra las líneas MAT, contra el TAV, contra autopistas, centrales eólicas, etc.). Resumiendo, la defensa del territorio está lejos mostrarse como el único conflicto realmente anticapitalista, ya que, debido a las condiciones hostiles que debe afrontar, no consigue constituir una comunidad de lucha estable y suficientemente consciente que contribuya con eficacia a incrementar el número de renegados de la urbe. Todavía no ha logrado transformar la descomposición urbana en fuerza creativa rural, ni la oposición al desarrollismo territorial en barrera contra la urbanización total.

Será necesaria otra vuelta de tuerca en la crisis para que la cuestión urbana –el problema de desmontar la conurbación- aparezca en el centro de la cuestión social. En efecto, la conurbación es la forma ideal de la organización del espacio por el capitalismo; una gran concentración de consumidores hecha posible por la abundancia hasta ahora ilimitada de combustible fósil barato y de agua potable. Es de suponer que un encarecimiento del combustible conduciría a una crisis energética que pondría en peligro la agricultura industrial, el sistema de vida urbano y la existencia misma de las conurbaciones. Igual sucedería con una sequía prolongada que exigiera la construcción de numerosas desaladoras funcionando con petróleo. Ese es el horizonte que perfila a corto plazo la gran demanda de los países emergentes y el cenit de la producción petrolífera a medio: el fin de la era de la energía barata. No hay remedio posible puesto que la energía nuclear y las llamadas “renovables” son caras, necesitan igualmente para su puesta en marcha ingentes cantidades de combustible fósil cada vez menos al alcance y el ritmo de su producción nunca podrá satisfacer las exigencias de un consumo creciente. El capitalismo verde es una falacia y la globalización está entrando en su fase terminal; las innovaciones tecnológicas no podrán salvarla. La perspectiva de un declive de la producción industrial de energía pinta de negro el futuro de las conurbaciones, puesto que un encarecimiento del transporte paralizará los suministros y las volverá inviables. Los bloques de viviendas, los rascacielos, los centros comerciales, los adosados residenciales, los polígonos logísticos, las autopistas y demás se deteriorarán a gran velocidad. Entonces, los sofisticados materiales de construcción, el aire acondicionado, los electrodomésticos, los ordenadores, la calefacción central, la telefonía móvil y los automóviles serán cosas del pasado. Además, el calentamiento global es imparable puesto que el consumo de energías contaminantes es imposible de aminorar, y, en pocos años, cuatro o cinco, desbocará el cambio climático y entonces los daños provocados serán irreversibles. El decaimiento de la agricultura industrial –esclava del fuel, de los abonos y herbicidas petroquímicos—junto con las secuelas del calentamiento ‑incremento del efecto invernadero, deforestación, erosión, salinización y acidificación de los suelos, desertificación, sequías e inundaciones– desembocarán en una crisis alimentaria de graves consecuencias. La mayoría de la población urbana quedará desabastecida, viéndose impelida violentamente a buscar comida y combustible fuera, desperdigándose por un campo esquilmado. El que este proceso de expulsión del vecindario se efectúe de forma caótica y terrorista o transcurra positivamente dependerá de la capacidad integradora de las comunidades de lucha surgidas de la deserción y la defensa del territorio. Si éstas son débiles no podrán enfrentarse a la avalancha de una población hambrienta y transformar su desesperación en fuerza para el combate por la libertad y la emancipación. La desagregación del turbocapitalismo daría lugar entonces a un reguero de formaciones capitalistas primitivas defendidas por poderes locales y regionales autoritarios. Será inevitable que la sociedad se contraiga y se vuelva intensamente localista, pero lo pequeño no siempre es hermoso. Puede ser horrible si la necesaria ruralización que habrá de afrontar las consecuencias de una superpoblación repentina y brutal, no discurre por vías revolucionarias, es decir, si se limita a una producción centralizada y privilegiada de comida y energía en lugar de orientarse hacia la creación de comunidades libres y autónomas capaces de resistir a la depredación post urbana. En definitiva, si el proceso ruralizador no respira esa atmósfera de libertad que antaño se atribuía a las ciudades.

A fin de no caer en profecías apocalípticas y evitar que la ciencia ficción se adueñe de los análisis futuristas postulando retornos al paleolítico o a la barbarie de género cinematográfico, conviene considerar la crisis energética como un marco general y un horizonte temporal que condicionará cada vez más el acontecer social con el chantaje consabido de ‘o la energía o el caos’ sin por lo tanto determinarlo completamente. La especulación novelesca es deudora de la actitud contemplativa frente a la catástrofe, típica de la religión -o de su equivalente secular, la ideología historicista- que considera lo que adviene como resultado forzoso y no como una posibilidad entre muchas, un desenlace en el tiempo fruto de múltiples variables: la conciencia del momento, la inteligencia de los cambios, la configuración de fuerzas independientes, la habilidad en captar las contradicciones que se manifiestan y en aprovechar las ocasiones que se presentan... Ni el resultado explica enteramente el proceso, ni el proceso, el resultado. El cenit no precede necesariamente a la extinción. Entre los dos interviene el juego dialéctico de la táctica y de la estrategia entre contrincantes con fuerzas desiguales, a corto y medio plazo. El juego de la guerra social. Las esperanzas de los sectores aferrados a la conservación del capitalismo de Estado en un decrecimiento paulatino, pacífico y voluntario serán prontamente desmentidas por la brutalidad de las medidas de adaptación a escenarios de escasez y penuria y la dinámica social violenta que van a originar. Si bien el colapso catastrófico no va a producirse en fecha fija, inminente, tampoco va a ser inevitable la entronización de un régimen ecofascista; sin embargo, la probabilidad más o menos cercana de ambos fenómenos puede servir para llevar la acción por derroteros consecuentes, lográndose así en las sucesivas confrontaciones una salida favorable al bando de los partidarios de un cambio social radical y libertario. Nada está decidido, por lo que todo es posible, incluso las utopías y los sueños.

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