LA PESTE CIUDADANA. LA CLASE MEDIA Y SUS PÁNICOS

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por guntherweil

Que la economía y la política vayan a la par es algo elemental. La consecuencia lógica de tal relación es que la política real ha de ser fundamentalmente conómica: a la economía de mercado corresponde una política de mercado. Las fuerzas que dirigen el mercado mundial, dirigen de facto la política de los Estados, la exterior, la interior y la local. La realidad es ésta: el crecimiento económico es la condición necesaria y suficiente de la estabilidad social y política del capitalismo. En su seno, el sistema de partidos evoluciona de acuerdo con el ritmo desarrollista. Cuando el crecimiento es grande, el sistema tiende al bipartidismo. Cuando se detiene o entra en recesión, como si obedeciera a un mecanismo homeostático, el panorama político se diversifica.

El capital, que es una relación social inicialmente basada en la explotación del trabajo, se ha apropiado de todas las actividades humanas, invadiendo todas las esferas: cultura, ciencia, arte, vida cotidiana, ocio, política… Que hasta el último rincón de la sociedad se haya mercantilizado significa que todos los aspectos de la vida funcionan según pautas mercantiles, o lo que es lo mismo, que cualquier actividad humana es gobernada por la lógica capitalista. En una sociedad-mercado de éstas características no existen clases en el sentido clásico del término (mundos aparte enfrentados), sino una masa plástica donde la clase del capital -la burguesía- se ha transformado en un estrato ejecutivo sin títulos de propiedad, mientras que su ideología se ha universalizado y sus valores han pasado a regular todas las conductas sin distinción. Esta forma particular de desclasamiento general no se traduce en una desigualdad social menguada; bien al contrario, es mucho más acentuada, pero incluso con el aguijoneo de la penuria ésta se percibe con menor intensidad y, por consiguiente, no induce al conflicto. El modo de vida burgués ha inundado la sociedad, anulando la voluntad de cambio radical. Los asalariados no quieren otro estilo de vida ni otra sociedad esencialmente diferente; a lo sumo, una mejor posición dentro de ella mediante un mayor poder adquisitivo. El antagonismo violento se traslada a los márgenes: la contradicción mayor radica más que en la explotación, en la exclusión. Los protagonistas principales del drama histórico y social ya no son los explotados en el mercado, sino los expulsados y quienes se resisten a entrar: los que se sitúan fuera del “sistema” como enemigos.

La sociedad de masas es una sociedad uniformizada, pero tremendamente jerarquizada. En la cúspide dirigente no la conforma una clase de propietarios o de rentistas, sino una verdadera clase de gestores. El poder deriva pues de la función, no del haber. La decisión se concentra en la parte alta de la jerarquía social; la desposesión, principalmente en forma de empleo basura, precariedad laboral y exclusión, se ceba en la parte más baja. Las capas intermedias, encerradas en su vida privada, ni sienten ni padecen; simplemente consienten. Sin embargo, cuando la crisis económica las alcanza, las tira hacia abajo. Entonces, dichos estratos, denominados por los sociólogos clases medias, salen de ese inmovilismo que era basamento del sistema de partidos, contaminan los movimientos sociales y toman iniciativas políticas que se concretan en nuevas formaciones. Su finalidad no es evidentemente la emancipación del proletariado, o una sociedad libre de productores libres, o el socialismo. El objetivo es mucho más prosaico, puesto que no apunta más que al rescate de la clase media, o sea, a su desproletarización por la vía político-administrativa.

La expansión del capitalismo, geográfica y socialmente, comportó la expansión de sectores asalariados ligados a la racionalización del proceso productivo, a la terciarización de la economía, a la profesionalización de la vida pública y a la burocratización estatal: funcionarios, asesores, expertos, técnicos, empleados, periodistas, profesiones liberales, etc. Su estatus se desprendía de su preparación académica, no de la propiedad de sus medios de trabajo. La socialdemocracia alemana clásica vio en esas nuevas “clases medias” un factor de estabilidad que hacía posible una política reformista, moderada y gradual, y desde luego, un siglo más tarde, su ampliación permitió que el proceso globalizador llegara al límite sin demasiadas dificultades. El crecimiento exponencial del número de estudiantes fue el signo más elocuente de su prosperidad; en cambio, el desempleo de los diplomados ha sido el indicador más claro de la desvalorización de los estudios y, por lo tanto, el termómetro de su abrupta proletarización. Su respuesta a la misma, por supuesto, no adopta rasgos anticapitalistas, ajenos completamente a su naturaleza, sino que se materializa en una modificación moderada de la escena política que reaviva el reformismo de antaño, centrista o socialdemócrata, pomposamente denominada “asalto a las instituciones”.

La clase media se halla en el centro de la falsa conciencia moderna por lo que no se contempla a sí misma como tal; para ella su condición es general. Todo lo ve bajo su óptica particular exacerbada por la crisis, sus intereses son los de toda la sociedad. Sociológicamente, todo el mundo es clase media; sus ideólogos se expresan en el lenguaje de cartón piedra de Negri, Gramsci, Foucault, Deleuze, Derrida, Baudrillard, Bourdieu, Zizek, Mouffe, etc. Para ellos el “gran acontecimiento”, la quiebra del régimen capitalista, es algo que nunca sucederá. La revolución es un mito al que conviene renunciar en aras de una contestación realista a la crisis que fomente la participación ciudadana a través de las redes sociales, o sea, la cacareada “dialéctica de contrapoder”, no que impulse el cambio revolucionario. Políticamente, todo el mundo es ciudadano, o sea, miembro de una comunidad electrovirtual de votantes, y en consecuencia, ha de apasionarse con las elecciones y las nuevas tecnologías. Cretinismo ideológico posmoderno por un lado, cretinismo parlamentario tecnológicamente asistido por el otro, pero cretinismo que cree en el poder. Su concepción del mundo le impide contemplar los conflictos sociales como lucha de clases; para ella aquellos son simplemente un problema redistributivo, un asunto de ajuste presupuestario cuya solución queda en manos del Estado, y que por consiguiente, depende de la hegemonía política de las formaciones que mejor la representan. La clase media posmoderna reconstruye su identidad política en oposición, no al capitalismo, sino a “la casta”, es decir, a la oligarquía política corrupta que ha patrimonializado el Estado. Los otros protagonistas de la corrupción, banqueros, constructores y sindicalistas, permanecen en segundo plano. La clase media es una clase temerosa, espoleada por el miedo, por lo que busca hacer amigos más que enemigos, pero ante todo busca no desequilibrar los mercados; la ambición y la vanidad aparecerán con la seguridad y la calma que proporciona el pacto político y el crecimiento. Al constituirse como sujeto político, su ardor de clase se consume todo ante la perspectiva del parlamentarismo; la contienda electoral es la única batalla que piensa librar, y ésta discurre en los medios y las urnas. En sus esquemas no cabe la confrontación directa con la fuente de sus temores y sus ansias -el poder de “la casta”- ya que sólo pretende recuperar su estatus de antes de 2008, reforma que pasa por la despatrimonialización de las instituciones, no por su liquidación.

El concepto de “ciudadanía” ofrece un sucedáneo identitario allí donde la comunidad obrera ha sido destruida por el capital. La ciudadanía es la cualidad del ciudadano, un ente con derecho a papeleta cuyos adversarios parece que no sean ni el capital ni el Estado, sino los viejos partidos mayoritarios y la corrupción, los grandes obstáculos del rescate administrativo de la clase media desahuciada. La ideología ciudadanista, a la vanguardia del retroceso social, no es una variante pasada por agua del obrerismo estalinoide; es más bien la versión posmoderna del radicalismo burgués. No se reconoce ni siquiera de boquilla en el anticapitalismo, al que considera caducado, sino en el liberalismo social de corte más o menos populista. Esto es así porque ha tomado como punto de partida la existencia degradada de las clases medias y sus aspiraciones reales, por más que se apoye en las masas en riesgo de exclusión, demasiado desorientadas para actuar con autonomía, y asimismo en los movimientos sociales, demasiado débiles para creer y mucho menos desear una reorganización de la sociedad civil al margen de la economía y del Estado. En ese punto, el ciudadanismo es hijo putativo del neoestalinismo fracasado y de la socialdemocracia obstruida. El programa ciudadanista es un programa de advenedizos, extremadamente maleable y tan políticamente correcto que da arcadas, ideal para arribistas frustrados y aventureros políticos en paro. Los principios no importan; su estrategia es conscientemente oportunista, con objetivos únicamente a corto plazo, perfectamente compatibles con pactos que el día antes de las elecciones hubieran sido considerados contra natura.

En ningún programa ciudadanista figurarán la socialización de los medios de vida, la autogestión generalizada, la supresión de la especialización política, la administración concejil, la propiedad comunal o la distribución equilibrada de la población en el territorio. Los partidos y alianzas ciudadanistas se proponen simplemente un reparto de ingresos que amplíe la base mesocrática, es decir, pugnan por unos presupuestos institucionales que detengan las privatizaciones, eliminen los recortes y reduzcan la precariedad laboral, sea por la creación de pequeñas empresas, o por la cooptación de una mayoría subempleada de titulados en las tareas administrativas, intenciones que no son nada rupturistas. No llegan a la arena política como subversivos sino como animadores; lo de cambiar la constitución de 1978 no va en serio. Todavía no han puesto el pie en el ruedo y ya exhiben realismo y moderación a raudales, enarbolando la bandera monárquica y tendiendo puentes a la denostada “casta”. Son conscientes de que una vez consolidados como organizaciones y en posesión de un capital mediático suficiente, el paso siguiente será una gestión de lo existente más clara y eficaz que la anterior. Ninguna medida desestabilizadora les conviene, pues los líderes ciudadanistas han de demostrar que la economía se desenvolverá menos críticamente si son ellos quienes están al timón de la nave estatal. Forzosamente han de presentarse como la esperanza de la salvación por la economía, por eso su proyecto identifica progreso con productividad y puestos de trabajo, o sea, es desarrollista. Persigue entonces un crecimiento industrial y tecnológico que cree empleos, redistribuya rentas y aumente las exportaciones, bien recurriendo a reformas del sistema impositivo, bien a la explotación intensiva de los recursos territoriales, incluido el turismo. Lo de menos es que los empleos sean socialmente inútiles y respondan a necesidades auténticas. El realismo económico manda y completa al realismo político: nada fuera de la política y nada fuera del mercado, todo para el mercado.

El relativo auge del ciudadanismo, con sus modalidades nacionalistas, viene a demostrar el deficiente calado de la crisis económica, que lejos de sacar a la luz las divisiones sociales y sacar a la luz las causas de la opresión, dando lugar a una protesta consciente y organizada que se plantee la destrucción del régimen capitalista, ha permitido a otros disimularlas y oscurecerlas, gracias a una falsa oposición que lejos de cuestionar el sistema de la dominación lo apuntala y refuerza. Una crisis que se ha quedado a mitad de camino, sin desencadenar fuerzas radicales. No obstante, las crisis van a continuar y a la larga sus consecuencias no podrán camuflarse como cuestión política y terminarán emergiendo como cuestión social. Todo dependerá del retorno de la lucha social verdadera, ajena a los medios y a la política, recorrida por iniciativas nacidas en los sectores más desarraigados de las masas, aquellos que tienen poco que perder si se deciden a cortar los lazos que les atan al destino de la clase media y bajan de su carro. Pero dichos sectores potencialmente antisistema hoy parecen agotados, sin fuerzas para organizarse autónomamente, incapaces de erigirse en sujeto independiente, y por eso el ciudadanismo campa a sus anchas, llamando suavemente a la puerta de los parlamentos y consistorios municipales para que le dejen entrar. Esa es la tragicomedia de nuestro tiempo.

Argelaga, 30 de abril de 2015.

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La transición que se avecina.

EL CONTROL INSTITUCIONAL DE LAS LUCHAS SOCIALES

Miquel Amorós

Salvo en situaciones de peligro inminente del sistema de dominación, momento en que todas las reglas de juego quedan en suspenso y sólo la violencia de clase decide –una especie de tolerancia cero generalizada–, las instituciones han procurado integrar los movimientos de protesta antes que reprimirlos, delimitando un espacio por el que moverse y tendiéndoles puentes para comunicarse. En condiciones normales de dominio capitalista, la oposición y la protesta han tenido su estatuto legal y sus medios de presión y negociación, siendo las organizaciones catalogadas como representativas no sólo una parte importante del mecanismo de control social, sino el complemento necesario gracias al cual el interés particular de la dominación ha podido presentarse ante la sociedad como interés universal.

Sin embargo, el capitalismo no se queda mucho tiempo en la misma posición, y a medida que prosigue su avance, penetrando por todos los resquicios de la vida y acaparando todo el territorio donde ésta languidece, subvierte los cauces sociopolíticos que él mismo había establecido en la etapa precedente, obligándoles a perecer o adaptarse. Así, los mecanismos de integración y control tradicionales ‑los partidos, sindicatos y asociaciones, y con ellos, los parlamentos, los convenios y los medios de comunicación–, modernizados durante los años setenta, perdieron eficiencia en la década posterior. Desde entonces no representan más que una protesta ficticia, poco creíble, falsa, espectacular.

En la medida en que los intereses generales afloran, lo hacen al margen de las instituciones, al modo salvaje, puramente negativo, incontrolado.

Los motivos del colapso de la oposición institucionalizada no son difíciles de adivinar: por una parte la descomposición de la base social que la sostenía, las clases medias y trabajadoras; por la otra, el descrédito que se desprende de su propia inoperancia, fruto de la burocratización, la profesionalización y la corrupción.

Los patéticos intentos por reavivarla, bien a través de los autodenominados movimientos sociales, bien mediante las plataformas cívicas, es decir, por medio del juvenilismo y del ciudadanismo, no conducen a ninguna parte, pues por estar dentro del sistema no se oponen realmente a nada, ya que sus intereses se corresponden exactamente con los de la dominación. Su momento histórico ha caducado, se les ha pasado el arroz. Para la protesta verdadera la oposición institucionalizada es el problema, el enemigo y la amenaza.

Existe aún una razón mayor de rechazo todavía no expuesta, y ésta se deduce de la incompatibilidad absoluta del capitalismo en su fase actual con las formas burguesas democráticas, por la imposibilidad de formularse en ellas un interés de clase que pueda disfrazarse de general, es decir, que pueda separarse un ápice de los intereses privados de las grandes empresas y los bancos. En la sociedad del espectáculo no puede haber, ni siquiera entre los estratos dominantes, debate libre o información mínimamente veraz. Por eso la protesta salvaje no se erige en defensa de intereses verdaderamente generales, sino como rechazo frontal del interés privado representado en las instituciones.

Eso es bien visible en los conflictos territoriales y en las luchas antidesarrollistas. La protesta nace en nombre de intereses concretos lesionados, casi siempre locales, pero si consigue forzar algo parecido a un debate público, si logra edificar medios contra informativos e instituciones alternativas que lo hagan posible, entonces dicho interés puede reformularse como interés general, al margen y en contra de los mecanismos de integración y control institucional.

La sociedad capitalista ha sido siempre una sociedad disciplinaria y ese aspecto no ha cambiado con la mundialización y el nuevo ciclo verde. Pero ya no se trata de disciplinar al individuo como productor, padre de familia (es decir, como reproductor), creyente o patriota. Por eso los clásicos lugares de domesticación, la familia, la escuela, el ejército, la iglesia y la fábrica, entran en crisis. La quiebra de los mecanismos de integración y control político es parte de esa crisis, pues tampoco es cuestión del individuo como militante o votante. En el nuevo capitalismo el individuo ha de ser adiestrado solamente como habitante, a la vez consumidor y turista, para lo cual no tiene más que pasar de un lugar de encierro a otro, de su casa al trabajo o la escuela, del trabajo al sindicato, etc. Toda la sociedad, gracias a la urbanización total del territorio, se convierte en un gigantesco lugar de confinamiento, sin más reglas que las del consumo y las del espectáculo. La información es pura propaganda del nuevo régimen. Eso implica un nuevo reparto del espacio (incluido el virtual) y nuevo ordenamiento del tiempo, y por lo tanto, nuevos mecanismos de control social, nuevos métodos de integración. El control ha de enfrentarse al relajamiento de las barreras antaño bien específicas. En las empresas se hablará de Responsabilidad Social Corporativa ‑abreviando, RSC–; en los consistorios de las grandes urbes, de dispersión de los guetos de inmigrantes; en la administración y gestión del territorio, de gobernanza interactiva o participación transversal.

Todas ellas forman parte de la misma realidad que los códigos penales “de la democracia”, las recientes ordenanzas municipales, la video vigilancia, el sistema FIES, los campos de internamiento de indocumentados, los centros comerciales, la ingeniería genética y la autodenominada “economía sostenible.” Pues las mencionadas RSC, impedimento de suburbios étnicos y “democracia participativa”, no discurren en un ambiente democrático burgués tradicional, sino que están inmersas en un estado de excepción difuso, disimulado y sancionado por leyes.

La Responsabilidad Social Corporativa es una filosofía patronal que recuerda al fordismo y a la cogestión alemana de posguerra, aunque sin su voluntad hegemónica. Nació como reacción de un sector del empresariado a la ola de escándalos tipo Enron y a la actual crisis financiera e inmobiliaria. Dicha crisis ha modificado el modelo económico desarrollista, al trasladar al Estado y a las industrias de alta tecnología, la función que desempeñaba la especulación monetaria o bursátil, el endeudamiento y la urbanización, consolidando la división de la masa laboral en dos mitades completamente ajenas una de la otra. Por una parte, los trabajadores “privilegiados”, o sea, con empleo fijo, convenios regulares e hipotecas pagaderas; por la otra, los trabajadores precarios, con contratos basura o cobrando en negro, atrapados por las deudas, en su mayoría inmigrantes o jóvenes acabados de incorporar al mercado.

Unos están ligados a los sectores económicos emergentes, a bastiones de la burocracia sindical, o al Estado (funcionarios); otros, al sector duro de la economía: el turismo, la construcción, el comercio, la distribución, la limpieza o el cuidado de ancianos. Para éstos sirven la política del palo, los horarios infames, el sueldo mínimo, el permiso de residencia y la amenaza de exclusión. Para los otros, la estabilidad, la promoción, la formación continua, el reparto de beneficios, la ecología de empresa, la conciliación familiar y los siquiatras. Unos son controlados por asistentes sociales, educadores del suburbio y policías de proximidad; los otros, mediante los burócratas sindicales, la sicofarmacopea y la RSC. Esta última, ni que decir tiene, cuenta con el mayor beneplácito de los sindicatos y los ministerios, que son quienes realmente la promocionan. No constituye más que un factor de división añadido en el mundo del trabajo, desempolvar una vieja máxima patronal contra la lucha de clases: “un trabajador satisfecho con la empresa es un defensor acérrimo de la empresa”. Ahora aparece como subproducto del desarrollismo “sostenible”, sin más objetivo que el de impedir la emergencia de un movimiento autónomo al calor de una coyuntura laboral conflictiva.

La crisis financiero-inmobiliaria es una crisis interna, estructural, que ha inducido cambios macroeconómicos en el modelo capitalista, pero dichos cambios no cuestionan los límites externos de dicho modelo, aquellos a los que el desarrollismo (el crecimiento) obliga a retroceder, con la secuela inacabable de catástrofes ecológicas y sociales. La verdadera crisis es externa, es la que se deduce de la incompatibilidad radical entre el capitalismo y la vida en la tierra. Todo avance del sistema implica no solamente una artificialización mayor de la vida, una anomia social y un desarraigo material y moral completo, sino la creación de unas condiciones cada vez más extremas de supervivencia que extienden por doquier la posibilidad de conflictos. La cuestión social moderna no es capaz de surgir en las crisis internas sino como espectáculo, pues dentro del sistema los mecanismos de integración todavía funcionan. Un ejemplo clarísimo han sido los movimientos alter globalizadores, venidos muy a propósito para reestablecer la legitimidad de la política.

La cuestión social emerge en los límites transgredidos por el crecimiento capitalista y no como pura negación, al modo de los guetos franceses o ingleses, sino como defensa de otra forma de vida, de una vida fuera del capitalismo. La cuestión social aflora, aun contra el deseo de sus protagonistas, en la defensa del mundo rural, en la lucha contra las centrales nucleares y los trasvases, en la resistencia a la urbanización, en el sabotaje de la agricultura transgénica, en el combate contra la construcción de grandes infraestructuras, desde el Tren de Alta Velocidad a las Líneas de Muy Alta Tensión, pasando por los cinturones, los aeropuertos y las autopistas.

Los dirigentes son conscientes de que el conflicto principal latente no lo representan las movidas estudiantiles contra el plan Bolonia o los intentos por importar la revuelta griega, sino la “cultura del no” de la defensa del territorio. Sólo en dichos conflictos han hecho aparición formas incipientes de democracia directa (por ejemplo, la Asamblea Anti TAV, la coordinadora Galiza Non Se Vende y en mucha menor medida la Plataforma en Defensa de las Tierras del Ebro) y han sido presentados modelos alternativos al desarrollismo no capitalistas. Los dirigentes más ligados al capitalismo verde y al Estado creen que en la nueva fase desarrollista, mucho más destructiva que las anteriores por más que proclame su respeto al medio ambiente, el conflicto no podrá ser impedido, por lo que ha de reconocerse y reconducirse. En segundo lugar, la colaboración de la población en todo el proceso de reconversión verde es más necesaria que en fases anteriores, dado que ha de disciplinarse según pautas ecológicas de consumo, movilidad y ahorro en aparente contradicción con el despilfarro precedente. Llega pues la hora de la “democracia participativa”, de la búsqueda de interlocutores auxiliares para los conflictos entre la sociedad civil y los intereses empresariales aliados con la administración. Dado que las formas de integración tradicionales no pueden ser útiles directamente, son necesarios organismos intermediarios de transacción capaces de sostener y defender acuerdos puntuales a cambio de tolerar las agresiones al territorio. No basta con la creación de lobbys propagandísticos y Comisiones Locales de Información –en realidad, de Desinformación– como en la época de construcción de las centrales nucleares. Los consistorios de los pueblos, las asociaciones vecinales y las plataformas cívicas son ese eslabón perdido de la seudo democracia posburguesa, al que se le asigna el trabajo de desactivación de la protesta salvaje y sus modales anticapitalistas. La llamada democracia participativa no es en realidad ninguna democracia. No aparece para defender un interés general a partir de una agresión concreta, sino para negociar intereses particulares enfrentados, los de los grupos de afectados y las corporaciones económico-administrativas.

No emana de las luchas antidesarrollistas, sino de las disposiciones contra ellas. No interviene para impedir la destrucción del territorio, sino para elevar el precio de dicha destrucción, incorporándole los costes sociales tal como los valora el mercado. La democracia participativa solamente fija unos nuevos límites institucionales, cuyo conocimiento es propagado por los Mass media, más allá de los cuales entra en juego la fuerza pública. Así pues, desempeña el poco honroso papel de obstaculizar el resurgimiento de la democracia real, de la autogestión territorial, que no tienen otra base que la apropiación del territorio por sus habitantes, su rescate del mercado.

En resumen, toda lucha que no cuestione el modelo de sociedad capitalista esta condenada a reforzarlo. Nadie puede ignorar que los intereses económicos dominantes son radicalmente contrarios a los de los habitantes. Y asimismo nadie puede ignorar que el sistema político en el que transcurren los conflictos no es democrático burgués, sino criptototalitario. Por lo tanto, las formas de representatividad institucional están al servicio directo del capitalismo y son incompatibles con la democracia horizontal de las asambleas, la única verdadera para los oprimidos.

Las luchas en defensa del territorio que no tengan en cuenta eso no son luchas reales, sino simulacros, y sus agentes trabajan para el enemigo.

Charla-debate en la universidad pirata de Viladecans, 9 de diciembre de 2009. Reproducido en el libro “Ez Araban Inon!”, de la Asamblea contra el TAV de Gasteiz, junio de 2010.