RE-EVOLUCIÓN —11/4/2018
Cuando ayer me refería a
la urgente necesidad de que los jueces/zas españoles pasaran por un examen
psiquiátrico, al menos dos veces durante toda su carrera profesional, no
creo que fuera desmesura, sino simple desconfianza sobre el equilibrio mental
de tales funcionarios/as.
Lo considero oportuno,
vistos los últimos autos emitidos desde el Tribunal Supremo, referidos a los
presuntos delitos cometidos por personalidades de la política catalana,
relatados por un juez como Pablo Llarena, al que las justicias alemana y belga
han colocado en su sitio: el correspondiente a un “Prevaricador cum Laude”.
Sin embargo, la práctica
totalidad de los medios periodísticos “españolistas” (o si se prefiere, fieles
a una Constitución espuria por neofranquista e ilegítima cuando consagra la
impunidad del rey), aplauden al infractor, a ese ridículo novelero burgalés
apellidado Llarena, cuya delirante interpretación de lo ocurrido en Catalunya
el 1º de Octubre de 2017, además de falso y manipulado, pretende demostrar lo que
nunca sucedió, obviando la única y verdadera violencia: la ejercida por las
fuerzas represoras del régimen borbónico.
Ayer, el Joder Judicial
español, a través de su Audiencia Nazional, bastarda sustituta del criminal
Tribunal de Orden Público, ordenó detener por “terrorismo y rebelión”
(?) a dos militantes de los Comités de Defensa de la República catalana, sin
otro argumento que el delirio interpretativo del juez que firma el auto.
He aquí a otro
magistrado al que un psiquiatra debería examinar sin dilación, por la sospecha
más que fundada de que, además de padecer una peligrosa tendencia hacia el
neofranquismo, parece ser víctima de una clara psicopatología: trastorno
paranoide de la personalidad, en grado avanzado.
El concepto de
“terrorismo” que mantiene ese personaje de la Audiencia Nazional, no tiene ni
pies ni cabeza (deteriorada en su interior), o en el presente caso, ni
cabeza ni sostén jurídico, aunque el juez sea macho y no hembra.
Lo más grave de esta
esquizofrénica persecución y acoso de cualquier persona que se rebele, con todo
derecho, a la represión gratuita de un estado violentamente autoritario, es que
la comunidad que forman abogados/as, fiscales, jueces/zas, etc., acepte en
silencio (patético, por el grado de connivencia con el delito de prevaricación
y escandalosa por supuesta sumisión a tales prácticas) el actual deterioro y
ridículo que vive la “justicia española” en toda Europa.
El “terrorismo
jurídico-militar”, en su más siniestra expresión, impuso su ley en España
durante 40 largos años. Al parecer, el tiempo se ha detenido.
Detenido como los
militantes de los CDR de Catalunya a quienes manifestamos desde este blog todo
nuestro apoyo y solidaridad.
