El
conflicto entre el gobierno español y las legítimas autoridades del ejecutivo
catalán, generado por el referendo sobre el proyecto independentista, ha traspasado
los límites de la mesura y la racionalidad, desde que, bajo la disculpa del
“cumplimiento de las órdenes impartidas por el poder judicial“, miles de
policías y guardias civiles se dedicaron a ejecutar tales demandas con una
brutalidad impensable en un estado de derecho.
La
frontera entre lo que sucedió a lo largo y ancho del territorio de Catalunya el
día 1º de octubre de 2017 y lo que solicitaban los magistrados, es en esencia
la misma que existe entre un estado democrático y una dictadura, donde se permite
la violencia uniformada y se controla el sufragio universal por medio de normas
electorales tan torticeras como inicuas.
En el
ordenamiento jurídico español han existido preceptos tan cruelmente lesivos
para la convivencia y la paz social, como los dictados durante el franquismo,
muchos de los cuales sobrevivieron a la “transición”.
Otras
leyes más “modernas”, nuevas en esta plaza, mostraron la verdadera cara del
socialismo borbónico, como “la patada en la puerta” del caliguliano José Luís
Corcuera e incluso permitieron que el terrorismo de estado llevara el apellido
de otro siniestro ministro, el criminal José Barrionuevo, “defendido y
comprendido” por su superior Felipe González.
Mariano
Rajoy y sus secuaces esgrimen “legalidad e imperio de la ley” cuando combaten
el anhelo independentista de un amplio sector de la burguesía catalana y sus
socios “revolucionarios” de la CUP, con el mismo descaro de quien dice profesar
un mesurado respeto a la “oposición republicana”, pero se ha dedicado toda su vida
a diseñar, dictar, proponer y aprobar (siempre con la ayuda del PSOE) leyes
absolutamente ilegítimas, por represivas y violadoras de derechos elementales.
Y aquí entramos en el meollo del “estado de derecho”.
Para
el pensador alemán Carl Schmitt, una de las raras excepciones del pensamiento
político de derecha (aunque no conservador) o para un sencillo profesor de
Filosofía del Derecho, el andaluz Francisco Garrido, progresista (pero nada sospechoso de militar
en las filas “antisistema”), establecer la disimilitud entre “legalidad y legitimidad” resulta crucial a la hora de
enseñar a políticos, periodistas y tertulianos, que comprender ambos conceptos
es una obligación no solo jurídica, sino profesional y cívica.
Garrido
concreta:
“La
diferencia entre esas dos ideas es esencial en un Estado democrático de
Derecho. La legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas
contienen siempre fuerza de ley (es decir generan obligación jurídica). La
legitimidad forma parte del orden de la política y de la ética pública
(fundamentación cognitiva de las normas y de las decisiones).”
Y
continúa:
“Mientras
que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad
(política y ética) y reconocimiento. La legalidad tiene una racionalidad
normativa acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberativa abierta.
Cualquier intento de suprimir esta diferencia lesiona gravemente a la
democracia y al Estado de Derecho. Sin la diferencia entre legalidad y
legitimidad el sistema político se torna fatalmente totalitario”.
Y
desde mi retiro campestre subrayo: El imperio de las leyes que rigen el
ordenamiento político y jurídico español, legitima a la ciudadanía de todas las
comunidades del estado a desobedecer algunas de esas normas recogidas en el
Código Penal y en la Constitución de 1978, tan ilegítima como bastarda, tan
represiva como desahuciada.
Vaya
mi solidaridad más profunda para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, víctimas
propiciatorias de una jueza del Tribunal de Orden Público, señora Lamela, que
lame la mano de quienes han dictado leyes insostenibles en democracia, que lame
la Maza del Fiscal General del Estado y que confunde voluntariamente
desobediencia con Maidán, dictando prisión inmediata contra dos personas a las
que, en principio, pudiera abrir un proceso por el presunto delito de sedición.
Que no es el caso.
Y
ella, esa magistrada, aunque no sea directamente responsable de que ambos
líderes sociales hayan ido a parar a la prisión de Soto del Real (a más de 600
kms. del domicilio de los encarcelados), sabe que en un régimen de privación de
libertad es esencial que la persona presa no pierda un contacto mínimo con su
entorno social. Usted, señora Lamela, se ha pasado diez pueblos.
Si
España es un estado de derecho, Albert Rivera detenta un 125 de cociente
intelectual. Si esta magistrada es progresista, Mariano Rajoy es Premio Nobel
de Física Cuántica.
Pepe
Rubianes tenía toda la razón.
