El
conflicto entre el gobierno español y las legítimas autoridades del ejecutivo
catalán, generado por el referendo sobre el proyecto independentista, ha traspasado
los límites de la mesura y la racionalidad, desde que, bajo la disculpa del
“cumplimiento de las órdenes impartidas por el poder judicial“, miles de
policías y guardias civiles se dedicaron a ejecutar tales demandas con una
brutalidad impensable en un estado de derecho.
La
frontera entre lo que sucedió a lo largo y ancho del territorio de Catalunya el
día 1º de octubre de 2017 y lo que solicitaban los magistrados, es en esencia
la misma que existe entre un estado democrático y una dictadura, donde se permite
la violencia uniformada y se controla el sufragio universal por medio de normas
electorales tan torticeras como inicuas.
En el
ordenamiento jurídico español han existido preceptos tan cruelmente lesivos
para la convivencia y la paz social, como los dictados durante el franquismo,
muchos de los cuales sobrevivieron a la “transición”.
Otras
leyes más “modernas”, nuevas en esta plaza, mostraron la verdadera cara del
socialismo borbónico, como “la patada en la puerta” del caliguliano José Luís
Corcuera e incluso permitieron que el terrorismo de estado llevara el apellido
de otro siniestro ministro, el criminal José Barrionuevo, “defendido y
comprendido” por su superior Felipe González.
Mariano
Rajoy y sus secuaces esgrimen “legalidad e imperio de la ley” cuando combaten
el anhelo independentista de un amplio sector de la burguesía catalana y sus
socios “revolucionarios” de la CUP, con el mismo descaro de quien dice profesar
un mesurado respeto a la “oposición republicana”, pero se ha dedicado toda su vida
a diseñar, dictar, proponer y aprobar (siempre con la ayuda del PSOE) leyes
absolutamente ilegítimas, por represivas y violadoras de derechos elementales.
Y aquí entramos en el meollo del “estado de derecho”.
Para
el pensador alemán Carl Schmitt, una de las raras excepciones del pensamiento
político de derecha (aunque no conservador) o para un sencillo profesor de
Filosofía del Derecho, el andaluz Francisco Garrido, progresista (pero nada sospechoso de militar
en las filas “antisistema”), establecer la disimilitud entre “legalidad y legitimidad” resulta crucial a la hora de
enseñar a políticos, periodistas y tertulianos, que comprender ambos conceptos
es una obligación no solo jurídica, sino profesional y cívica.
Garrido
concreta:
“La
diferencia entre esas dos ideas es esencial en un Estado democrático de
Derecho. La legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas
contienen siempre fuerza de ley (es decir generan obligación jurídica). La
legitimidad forma parte del orden de la política y de la ética pública
(fundamentación cognitiva de las normas y de las decisiones).”
Y
continúa:
“Mientras
que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad
(política y ética) y reconocimiento. La legalidad tiene una racionalidad
normativa acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberativa abierta.
Cualquier intento de suprimir esta diferencia lesiona gravemente a la
democracia y al Estado de Derecho. Sin la diferencia entre legalidad y
legitimidad el sistema político se torna fatalmente totalitario”.
Y
desde mi retiro campestre subrayo: El imperio de las leyes que rigen el
ordenamiento político y jurídico español, legitima a la ciudadanía de todas las
comunidades del estado a desobedecer algunas de esas normas recogidas en el
Código Penal y en la Constitución de 1978, tan ilegítima como bastarda, tan
represiva como desahuciada.
Vaya
mi solidaridad más profunda para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, víctimas
propiciatorias de una jueza del Tribunal de Orden Público, señora Lamela, que
lame la mano de quienes han dictado leyes insostenibles en democracia, que lame
la Maza del Fiscal General del Estado y que confunde voluntariamente
desobediencia con Maidán, dictando prisión inmediata contra dos personas a las
que, en principio, pudiera abrir un proceso por el presunto delito de sedición.
Que no es el caso.
Y
ella, esa magistrada, aunque no sea directamente responsable de que ambos
líderes sociales hayan ido a parar a la prisión de Soto del Real (a más de 600
kms. del domicilio de los encarcelados), sabe que en un régimen de privación de
libertad es esencial que la persona presa no pierda un contacto mínimo con su
entorno social. Usted, señora Lamela, se ha pasado diez pueblos.
Si
España es un estado de derecho, Albert Rivera detenta un 125 de cociente
intelectual. Si esta magistrada es progresista, Mariano Rajoy es Premio Nobel
de Física Cuántica.
Pepe
Rubianes tenía toda la razón.
EL PP.EL PPOE I JUDICATURA,FAN "LO QUE LES PIDE EL CUERPO"..."USTED NO SABE CON QUIEN ESTA HABLANDO"...ALGU VA DIR,NO FA MASSA,"CASTILLA ES ESPAÑA",DONCS AIXO.
ResponderEliminar"Els enemics eren molts, ben armats i alimentats, mentre que nosaltres érem pocs i debils. Això si, fins que no s'donat l'alto el foc, a les tres de la tarde, hem lluitat tots amb dents i ungles, i s'han donat casos aurènticament èpics, com la defensa del baluart..."
EliminarForça!, un cop més.
Eso de "estado democrático de derecho" es una estupidez, tan grande como el resto, ningún estado es democrático ( o no sería estado ) y todo lo demás es palabrería de estómagos agradecidos para justificar sus cátedras y sus vidas parasitarias.
ResponderEliminarResumiendo, que todos estos nunca dicen nada de los robagallinas apaleados ni de los inocentes torturados, solo les preocupa esta revolución de diseño y es ahora cuando descubren que el sistema es injusto, ¡JA! pero solo por esto, lo demás puede seguir pasando.
Una cosa es lo junto y otra lo legal, lo legal es lo que sus leyes dicen, lo justo casi siempre lo que sus leyes evitan.
Salud! Ni estados, ni nacionalismos.
Ni estados ni nacionalismos, ya, ya... Lo podemos repetir, como un mantra, hasta saciedad, como si, por el simple hecho de enunciar su desaparición, ésta se hiciera efectiva. Ya sabemos de sobra lo malísima que es la maldad y lo malísimos que son los malos. ¿Alguna sugerencia para combatir a ambos?
EliminarSalud!
No colaborar, no hacer posibles sus planes, porque somos los peones de su juego, simplemente es eso. No luchar sus guerras y dejará de haber guerra, porque ellos no se matan entre sí.
EliminarSalud!
Es lo que hay.
ResponderEliminarLo del distanciamiento de presos de su origen , familias .... No es nada nuevo.
Euskal presoak, euskal herrira!
EliminarLo que esta claro que para algunas cosas un estado no es una reunión de boy scouts...
ResponderEliminar¿Como se cobrarían los impuestos?
¿Como se cobraría la Seguridad Social?
¿Dejamos conducir a borrachos por la carretera? bueno, esto... algunos gobiernan dopados..así que ni tan mal...
El estado emplea la violencia en muchas ocasiones, ocurre que cuando nos va bien, de p. madre y si nos va mal, son unos c.....es.
La legitimidad es un concepto que cada uno ajusta a su modo de ver las cosas...
Los cuentos que no nos gustan los probamos a sorbos y los que nos son agradables a calderos... y eso lo hacemos todos.
"La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar". Eduardo Galeano
EliminarSupongo que a esos conceptos de "legal" y "legitimo" habría que añadir el de "justicia" (Por lo de justo o injusto) que tenga la legalidad. Asi que en mi opinión vuelven a intervenir los famosos derechos individuales de las personas (bien sean en cuanto a seres independientes como ejerciendo en colectivo. La ya oida justicia social. Así que una ley o legalidad acordada y legítimamente respaldada por un montón inmenso de personas podría ser injusta en base a eso.
EliminarPodría ocurrir lo contrario entonces?. Una legalidad impuesta por una minoría que no infrinja tales derechos y por tanto declarada con ese fin no tiene legitimidad social? ..... luego es necesario conquistar y convencer al resto de individuos para tener legitimidad. Entiendo.
Por otra parte, cuando te encuentres algún caso de violencia del Estado que te haya sido favorable avisa. A ver si lo entiendo igual manera.
Loam, en eso estamos, caminando, algunos por lo menos. Ocurre que pienso que es mejor la evolución que la revolución.
EliminarItxu, ocurre que algunos cuando infringen derechos de otros no lo reconocen, la moralidad más que la legitimidad o legalidad de las normas es lo que le da valor, no el número de quienes les apoyan o la forma en que les apoyan. Solo hay que ver dictaduras infames apoyadas en preciosas manifestaciones multitudinarias o como grupos enormes de personas han vapuleado colectivos. Si se pone la democracia en un país islámico y se decide que las mujeres no pueden conducir, es democrático y legal, pero es injusto y habrá muchos que te hablaran de la legitimidad de tal decisión, pero muchos, y tendrá legitimidad social por el número y mayoría y esas cosas, pero no sera justo.
Para mi Justicia Social es que no existan mendigos, que la gente tenga igualdad de oportunidades, casa digna, trabajo para desarrollarse como persona, una mínima Educación GRATUITA, SIN IDEOLOGÍA y UNIVERSAL, que no tenga que hipotecarse para curarse y la oportunidad de aportar a la sociedad para que todo siga funcionando.
No creo en movimientos colectivos, cada dia menos, creo en ciertas personas y ciertos actos, porque mi experiencia me dice, que en todos los sitios e ideologías hay magníficas personas y pensamientos, como también me dice que villanos también acompañan todas las ideologías y lugares. Creo que hay que cribar individuos más que ideologías, esa es mi opinión. Soy persona que nunca me equivoco, ganó experiencia y ocurre que yo no me creo en posesión de la "verdad absoluta", porque en no pocas veces, mi vida me ha hecho rectificar.
Tampoco creo en revoluciones porque, a pesar de ser persona de escasa cultura, he leído y he visto que los mismos torturadores que tenían el Zar se convirtieron por arte de magia en los mismos torturadores de la policía política de Stalin, (por ejemplo), porque quién es un "hijoputa" lo es mande quien mande y quien antes torturaba por el zar y luego lo hacía por "el pueblo", por eso desconfío de las revoluciones.
La moral no depende del número de adeptos o seguidores, hay mucha gente que siempre busca auparse sobre la incertidumbre cogiendo un bando, aferrándose a un grupo, buscando no oír lo diferente, empapandose solo de una ideología, busca en el pensamiento colectivo lo que no le da el propio y eso es peligroso. Yo busco para compartir mi pensamiento personas que tengan más cultura, que sean diferentes, que razonen, no tengo miedo a lo diferente (lo que no significa que comparta con todo el mundo, que seria estupido), básicamente busco aprender. Aqui veo que pocos o ninguno creen en el estado, yo sí, ¿creo que España es un estado perfecto? pues no, pero de ahi a ver mal todo hay una diferencia, ya sabes lo de la botella, yo soy un optimista con aspiraciones de mejora, por decirlo de alguna manera y no creo que romper todo y volver a empezar sea la solución a nada, de hecho nunca lo fue.
Un saludo a ambos
Así que, por acabar, una ley justa tiene mayor probabilidad de ser respaldada por amplios grupos de personas incluso ideológicamente diferenciadas si estan honestamente decididas a conseguir ese fin. A veces la gente no lo entiende, influencias pueden impedir ese entendimiento.
EliminarPor otra parte leyes injustas siempre han tenido que ser defendidas con la violencia y represión me parece a mi. Imposible un consenso, y acuerdo, estéril el diálogo..... y la mediación y negociación.
No. Estimado contertulio.
EliminarLeeré más tarde lo que has puesto con detenimiento. Ando liado.
Pero quiero contestarte algo rápidamente.
Como te digo lo leeré con detenimiento pero en principio estábamos diciendo exactamente lo mismo para todos esos casos que mencionas. Aún así no podemos estar inventandonld cosas.
Si miras la definición de ley justa y cuando lo es, a su vez la de legitimidad y legalidad verás que se ajustan a lo que he dicho.
LA MORALIDAD es lo que se espera que tengan LOS JUECES que se atienden a Derecho. Dicen que la Ley es ciega porque siendo Ley (aún injusta) tienen que resolver en base a ella sin interpretaciones o dictados ajenos. Ya que MORALIDAD es Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Así que esperemos que por lo menos Esos malditos jueces sean más respetuosos con el débil, oprimido y no con el mandamás.
Creo que me he ido por los nunca bien explorados Cerros de Ubeda y si, hay violencia de estado que nos beneficia, díselo a Rato, a Barcenas, a Pujol...Porque estan o estuvieron o estarán en la cárcel gracias a la mano dura (en este caso poca) del estado.
EliminarPor cierto, dicen que los romanos en la República no tenían cárceles
Un saludo
EliminarMe ha gustado.
ResponderEliminar.....Mientras que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad (política y ética) y reconocimiento. La legalidad tiene una racionalidad normativa acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberativa abierta. Cualquier intento de suprimir esta diferencia lesiona gravemente a la democracia y al Estado de Derecho. Sin la diferencia entre legalidad y legitimidad el sistema político se torna fatalmente totalitario”......
La CGT está absolutamente en contra de la escalada represiva que ha puesto en marcha el Gobierno del Estado español contra la población de Cataluña y defenderemos a las personas represaliadas de nuestra clase provenga la represión desde donde provenga. Del mismo modo estamos en contra de la represión que ejerce el gobierno de la Generalitat de Catalunya.
ResponderEliminarLa CGT defiende todas las libertades ciudadanas, la de reunión y manifestación, la de libre asociación, la libertad de expresión, el derecho a la huelga, etc…, y también apoya el derecho a decidir sobre todos los aspectos de la vida, en todos los territorios y en todo el planeta, y la democracia directa como fórmula para la toma de decisiones.
Respetamos y defendemos el derecho a la diversidad cultural y social de cada lugar, con todas las implicaciones que ello tenga en la vida cotidiana de las personas.
Defendemos el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos. La autodeterminación implica, para la CGT, la capacidad para decidirlo todo sobre todo, y se tiene que concretar en la práctica de una autogestión real a todos los niveles (económico, social, etc).
La CGT no apoya la construcción de ningún Estado, ni en forma de república ni en ninguna otra forma. La CGT tiene, entre los principios que la definen, la lucha contra todos los estados, y seguirá defendiendo y auspiciando la desaparición de los Estados-nación.
La CGT defiende la Autogestión de la sociedad y el fin del capitalismo como sistema.
La CGT no va a dejarse utilizar por el chantaje y las estrategias de las clases políticas, catalanas, españolas, ni de cualquier otro lugar, pues entendemos que ello no va a mejorar la situación de explotación de nuestra clase.
La CGT forma parte de la clase trabajadora y no acepta participar en procesos interclasistas de gestión territorial, junto a quien nos explota y nos reprime (leyes Mordaza, Pandora I y II, Piñata, desalojos violentos de las plazas durante el 15M, Desahucios, Reformas Laborales, art. 135 de la Constitución, CETA, 27 i Més, imputaciones a sindicalistas por su participación en piquetes de huelga, montajes policiales y jurídicos, etc…), porque somos una organización de clase, autónoma, federalista, internacionalista, autogestionaria y libertaria, lo que definimos como Anarcosindicalista.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Madrid, 19 de Octubre de 2017