16 de diciembre de 2016
Todos
tenemos el mismo gran problema, la vivienda –esa que dicen que garantiza la
Constitución–, y la unidad es nuestro único arma.
En
la mañana del 16 de diciembre, bajo la lluvia y el frío, cerca de un millar de
vecinas y vecinos de la Cañada Real se manifestaban frente a la Asamblea de
Madrid convocados por la totalidad de sus asociaciones de vecinos.
En
ese edificio, que supuestamente alberga la soberanía del pueblo, y a esa misma
hora se reunían a puerta cerrada representantes de la Comunidad de Madrid y de
los ayuntamientos en cuyos términos municipales están instaladas sus viviendas:
Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Madrid (distritos de Villa de Vallecas y
Vicálvaro) para decidir sobre su futuro. Recuerdo que el ayuntamiento de
Coslada está gobernado por el PSOE, el de Rivas por IU y el de Madrid por Ahora
Madrid (Podemos, IU y Equo).
No
había ningún vecino. Pese a las reiteradas promesas de que sus representantes
participarían en todo momento en la toma de decisiones su marginación hasta la
fecha es total. Sólo les llegan documentos secretos filtrados, en los que se
puede constatar que se está preparando la demolición de entre el 80 y el 90% de
sus viviendas, e insistentes rumores de que se está preparando en la zona un
gran proyecto urbanístico con viviendas de lujo, centros comerciales y demás
instalaciones. Hoy mismo, estando en la concentración, les llegaba la
información de que la posición del ayuntamiento de Rivas es demoler totalmente
la parte del sector 4 y el 5 que corresponden a su término municipal.
No es la primera vez.
Para
quienes habitan en la Cañada es un volver a empezar lo vivido en otras
ocasiones. Todos recuerdan las duras luchas de 2007 cuando los derribos de
viviendas se intensificaron para dejar el terreno limpio para un gran Plan de
Actuación Urbanística (PAU) en plena euforia del “ladrillo”.
Hay
que decir que la demolición de viviendas, sin alternativa habitacional y con el
drama familiar que conlleva, se produce habitualmente en todos los sectores con
el pretexto de erradicar la droga, a pesar de que todo el mundo sabe, y por
supuesto la policía, que quienes la venden se ubican en una zona concreta que
no ocupa más de un kilómetro y medio de los más de catorce que ocupa la Cañada.
En
aquel momento la resistencia de los vecinos frente a las brutales actuaciones
de la policía tuvo duras consecuencias: varias mujeres embarazadas abortaron,
un joven perdió un ojo por un pelotazo de la policía y a otro vecino de 64 años
le estalló un testículo por el mismo motivo. Sin embargo, consiguieron parar los
derribos. Los costes de enfrentar esa lucha decidida y unitaria llevaron a las
administraciones a la cancelación del PAU previsto, que a su vez se vio
afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Más
adelante, y visto que no había negocio que hacer allí, en 2011 se elaboró un
Acuerdo Marco firmado por las mismas administraciones –excepto por el
ayuntamiento de Rivas, gobernado por IU)– que partía de la legalización de la
inmensa mayoría de las viviendas, el realojo de aquellas que no pudieran ser
rehabilitadas y la correspondiente dotación de infraestructuras. Los
equipamientos de agua, alcantarillado, electricidad, asfaltado de calles, etc
se realizarían de forma conjunta por los ayuntamientos y serían financiados
íntegramente con el dinero que pagaran los vecinos por registrar la parcela que
ocupan. Ese proyecto tenía hasta nombre “Colonia de la Cañada Real Galiana”.
Nada se hizo.
Hoy
nuevamente la especulación inmobiliaria levanta la cabeza y, por lo que se ve,
los “ayuntamientos del cambio”, están dispuestos a facilitarla como siempre:
expulsando de sus casas “ilegales” a la gente y poniendo en marcha desarrollos
urbanísticos aprobados por el anterior gobierno municipal del PP, en el caso de
Madrid, y otros que la reactivación del ladrillo ha animado.
Alguna
de las personas asistentes a la concentración hacía referencia al hecho
sospechoso de que un informe realizado entre 2013 y 2015 por el Instituto de
Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de Madrid (IRIS) sobre la
Cañada Real no se haya publicado a pesar de la insistencia de los vecinos. La
desconfianza al respecto aumentó cuando se supo que se nombraba al director de
dicho informe como Comisionado para la Cañada Real.
Desde
2011, ninguna actuación destinada a mejorar la situación del vecindario ha sido
puesta en marcha. Lo que no ha cesado es el hostigamiento, las denuncias y el
maltrato de la policía hacia ellos.
Para
dar idea del acoso en que viven –una vez más con el pretexto del narcotráfico–
baste recordar el caso del joven matrimonio marroquí formado por Abdul y Fátima
y sus dos hijos de corta edad. Hasta tres veces ha sido derribada su vivienda y
otras tantas vuelta a reconstruir. La ejecución de la demolición en todos los
casos ha sido brutal, sin que la policía les permitiera sacar sus pertenencias,
ni a sus vecinos ayudarles. A pesar de que el derribó se ejecutó con la
sacrosanta orden judicial, el Tribunal de Estrasburgo ha admitido la denuncia
de la familia y abierto causa contra España por estimar que “la actuación
administrativa de desalojar y demoler su vivienda constituye una clara
violación de su derecho a la vida privada e inviolabilidad del domicilio".
Un pequeño triunfo. Pero la agresión
arrecia y la batalla debe fortalecerse.
Hoy
se han agrupado, a una hora poco propicia, muchas mas personas de las
esperadas: marroquíes, rumanas, de Madrid, jóvenes de Vallecas, personas
mayores; todos ellos gente trabajadora. Las pancartas proclamaban su angustia:
“Nuestros hijos están aterrorizados, no saben si mañana tendrán techo”, o
increpaban: “¿Dónde están los Partidos que hemos votado?”. Sus gritos
proclamaban: ¡Somos personas, tenemos Derechos!, ¡Así, así, ni un paso atrás,
en la Cañada, nos vamos a quedar! O actualizaban el histórico: “La Cañada,
unida, jamás será vencida!
La
manifestación de hoy es el nuevo comienzo de un combate que no cederá porque se
lucha por defender el bien más preciado cuando se tiene muy poco, la vivienda.
La esperanza en la fortaleza de la resistencia, después de lo vivido esta
mañana, es grande y su decisión firme: quedarse en sus casas, en las que han
nacido sus hijos y en las que llevan habitando, muchos, hace decenas de años.
Les
ha acompañado una delegación de las Marchas de la Dignidad para poner a su
disposición todo el apoyo del que sean capaces –hoy y para luchas futuras– haciendo valer que su lema “Pan, Trabajo, Techo y Dignidad” no es algo
abstracto, sino que se encarna en cada lucha.
La
unidad, entre personas de tan diferentes procedencias, y la fuerza de la gente
de la Cañada Real la explicaban con claridad: todos tenemos el mismo gran
problema, la vivienda –esa que dicen que garantiza la Constitución–, y la unidad
es nuestro único arma.
Tienen
otra, la Dignidad, esa que cuando se organiza hace a los pueblos invencibles.
Ángeles
Maestro es militante de Red Roja
