CRISIS – 06/11/2024
En los últimos meses hemos visto sucederse vertiginosamente numerosas noticias relacionadas con la política migratoria en Europa. Francia impulsa una nueva regulación de extranjería, apadrinada por el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen y más restrictiva que la anterior. Polonia anuncia que ha decidido dejar de cumplir sus obligaciones internacionales relativas al derecho de asilo. Alemania cierra sus fronteras, dejando sin efecto el Tratado de Schengen, con sus países limítrofes, para evitar la entrada de migrantes. Países Bajos prepara una modificación de la regulación relativa al asilo y refugio destinada a dificultar, aún más, la entrada de quienes huyen de las "naciones oscuras" por los más diversos motivos.
La Italia dirigida por la ultraderechista Giorgia Meloni se convierte en el espejo en el que desea mirarse la Comisión Europea de Ursula Von der Leyen. La conservadora alemana, presidenta del "gobierno de facto" de Europa, afirma públicamente que el "proyecto Albania" de Meloni es un ejemplo que las instituciones de la UE deben imitar. Se trata de la idea, compartida por otros países como el Reino Unido, de concentrar a quienes solicitan asilo en campos de concentración en países terceros, como Albania –en el caso italiano– o Ruanda –en el británico–. El primer intento de implementar esta política en Albania se ha saldado con un sonoro fracaso. Los 16 migrantes internados tuvieron que ser trasladados de nuevo a Italia, dado que pertenecían a países que han sido declarados "no seguros" por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En España, los menores migrantes no acompañados se convierten en motivo de polémica política. El Partido Popular bloquea la posibilidad de que sean repartidos entre los centros de acogida de las distintas Comunidades Autónomas, y da rienda suelta a una dinámica discursiva basada en el miedo a los niños y niñas que llegan del Sur Global y en la islamofobia más acusada. Mientras tanto, la ultraderecha montaraz y las nuevas corrientes roji-pardas compiten por ver quien despliega consignas más abiertamente racistas.
Pero no pensemos que estas iniciativas recientes contra migrantes y refugiados son exclusivas de la ultraderecha o la derecha más recalcitrante. La presidenta danesa, socialdemócrata, impulsa una legislación encaminada a la "limpieza étnica" de las barriadas, imponiendo un porcentaje máximo de población “de origen no danés” –tenga o no la nacionalidad del país– en cada barrio o localidad. Todo ello mientras el grupo de los "Socialistas y Demócratas de Europa" acepta que se nombre a un militante del partido postfascista de Meloni, Raffaele Fitto, como Vicepresidente Ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea. Es decir, y para indicarlo de manera clara y palmaria: en estos momentos los socialdemócratas participan del "gobierno europeo de facto" junto a la derecha y la ultraderecha.
Esta decidida ofensiva política contra los derechos de migrantes y solicitantes de asilo y refugio se fundamenta en un discurso mediático ubicuo que trata de presentar a las gentes venidas del Sur –y muy especialmente a los musulmanes y musulmanas– como un peligro para la seguridad y la convivencia en las ciudades europeas. Se publicitan de forma sensacionalista sucesos concretos, presentándolos falsamente como tendencias generales. Se diseminan todo tipo de rumores malintencionados y puramente racistas, que acaban convirtiéndose en "lugares comunes" del debate social –como que las administraciones públicas dirigen las ayudas a la población extranjera–. Se otorga espacio público a propuestas de imposible cumplimiento y a teorías conspiranóicas como la de la "remigración masiva" o la del "Gran Reemplazo".
Sin embargo, nos engañaremos si acabamos creyendo que la finalidad última perseguida con estas políticas restrictivas para los migrantes y la expansión de estos discursos racistas es "devolver a los extranjeros a sus países" o "impedirles entrar en la Fortaleza Europea". El objetivo del virus racista diseminado por las clases dirigentes en Europa no es cerrar el continente a quienes vienen del exterior, sino someterlos a un régimen de apartheid expreso.
El cierre de fronteras es una propuesta ilusoria, de imposible y contraproducente implementación para la economía europea. Europa se encuentra a las puertas de un abismo demográfico, y la única posibilidad de garantizar el acceso a la fuerza de trabajo necesaria para impulsar la producción de plusvalor que alimente la subsistencia de la Unión Europea como proyecto geopolítico pasa por la llegada masiva de trabajadores extranjeros en las próximas décadas. La población de origen migrante ya ocupa muchos puestos de trabajo de baja cualificación en los servicios, el sector primario y la industria. Y sin un flujo sostenido de mano de obra y materias primas del Sur, la economía europea estaría encaminada a un colapso dramático en poco tiempo.
La "Europa Fortaleza" necesita las manos de las "naciones oscuras", y no hay nada que pueda hacerse ya al respecto en las próximas décadas. Cualquier política encaminada al aumento de la natalidad de las poblaciones autóctonas tardaría mucho tiempo en tener un efecto apreciable sobre la pirámide demográfica y, en el interludio, las empresas europeas se asfixiarían ante la falta de trabajo vivo para impulsar el proceso de valorización del capital.
Así que lo que desea la clase dirigente no es expulsar a la población migrante, sino someterla. Mantenerla en una situación de subordinación permanente, generando un marco regulatorio que le impida integrarse jurídicamente en el seno de la clase trabajadora autóctona. Diseñar un marco de derechos y obligaciones diferenciado para autóctonos y trabajadores de origen migrante. Fragmentar a la fuerza de trabajo para gestionar su explotación, utilizando sus diferencias culturales como un armazón que permita dinamitar el paradigma del Derecho del Trabajo, único para todos y todas, como pilar fundamental de la ciudadanía europea.
Caminamos hacia una Europa del apartheid, en la que los derechos civiles y laborales se diferencian según el origen cultural y racial de la persona trabajadora. Y en la que la diseminación del discurso racista se convierte en una necesidad perentoria para la gestión de la conflictividad de la clase obrera. La clase dirigente, que bajo ningún concepto puede renunciar a la fuerza de trabajo de quienes vienen del Sur, pretende ocultar la creciente lucha de clases tras una maraña de normas diferenciadas por motivos étnicos y una cascada polifónica de prejuicios falsos y discursos de supremacía racial y cultural.
Europa ya no camina hacia el fascismo. Tiene los dos pies firmemente aposentados tras su umbral. El racismo colonial que Europa ha exudado en su relación con las naciones del Sur Global en los últimos siglos llega para quedarse en las barriadas de las metrópolis del continente. La clase dirigente europea se ha lanzado a la colonización completa de los barrios obreros de París, Madrid. Roma o Berlín. Y para ello utiliza las mismas herramientas que usó en las "naciones oscuras": el racismo, la división étnica, la jerarquización de las culturas, y la apelación a las ideologías más reaccionarias y oscurantistas de cada comunidad.
La labor de la resistencia obrera coherente en Europa, entra aquí en confluencia con las luchas de los pueblos del Sur contra el imperialismo y el racismo. Las tareas han pasado a ser las mismas: levantar el velo del racismo capitalista y de la estrategia divisiva del capital; unir en la lucha a la clase trabajadora aceptando sus diferencias y su pluralidad. Oponer la estrategia de la acción consciente de masas a la estrategia del apartheid, global o interno. La lucha contra el racismo en Europa es justa, es urgente y es necesaria.
★
No hay comentarios :
Publicar un comentario