El peligro global del excepcionalismo israelí
Savage Minds – 14/02/2026
Fue el incendio del Reichstag lo que desencadenó el estado de excepción, cuando Hindenburg firmó el Decreto del Incendio del Reichstag que suspendía las libertades civiles indefinidamente y permitía al partido nazi actuar al margen de la Constitución de Weimar. Hitler utilizó el incendio del Reichstag en 1933 para hacerse con un poder casi ilimitado.
Si bien muchas naciones recurren ocasionalmente al estado de excepción para afrontar crisis temporales, Israel se encuentra en un estado de excepción permanente. Este excepcionalismo israelí es la esencia misma de la inestabilidad que azota Oriente Medio.
El concepto de estado de excepción se remonta al justitium romano, un mecanismo legal para suspender la ley en tiempos de agitación social. Sin embargo, la comprensión moderna fue moldeada por el jurista alemán Carl Schmitt, quien escribió la famosa frase de que «el soberano es quien decide sobre la excepción». Si bien la propia historia de Schmitt como jurista del Tercer Reich sirve como un escalofriante recordatorio de adónde pueden conducir tales teorías, su obra proporciona una anatomía innegablemente precisa del poder puro: revela cómo un gobernante que instituye leyes también tiene el poder de derogarlas, bajo el pretexto de que ninguna constitución puede prever todas las posibles crisis.
Se argumenta con frecuencia que Israel, una autodenominada democracia, aún carece de una constitución formal porque un documento de este tipo lo obligaría a definir sus fronteras, una perspectiva problemática para un régimen colonial con un insaciable apetito de expansión. Pero hay otra explicación: al basarse en las "Leyes Básicas" en lugar de una constitución, Israel evita un sistema legal integral que lo alinee con los fundamentos globalmente aceptados del derecho internacional. Sin una constitución, Israel existe en un vacío legal donde la "excepción" es la regla. En este espacio, las leyes raciales, la expansión territorial e incluso el genocidio se permiten siempre que se ajusten a la agenda inmediata del Estado.
Aislar ejemplos específicos para ilustrar este punto es una tarea abrumadora, principalmente porque casi todos los pronunciamientos relevantes de los funcionarios israelíes, en particular durante el genocidio en Gaza, constituyen un estudio clásico del excepcionalismo israelí. Consideremos el implacable ataque de Israel contra la UNRWA, el organismo bajo mandato de la ONU responsable de la supervivencia de millones de refugiados palestinos. Durante décadas, Israel ha buscado el desmantelamiento de la UNRWA por una razón: es la única institución global que impide la eliminación total de los derechos de los refugiados palestinos. Estos derechos no son meras reclamaciones; están firmemente arraigados en el derecho internacional, en particular a través de la Resolución 194 de la ONU.
Si bien UNRWA no es una organización política en sentido funcional, su propia existencia es profundamente política. En primer lugar, constituye el legado institucional de una historia política específica; en segundo lugar, y de forma más crucial, su presencia garantiza que el refugiado palestino siga siendo una entidad política reconocida. Al existir, UNRWA preserva la condición del refugiado como sujeto con el derecho legal de exigir el retorno a la Palestina histórica, una exigencia que el estado de excepción pretende silenciar permanentemente.
En octubre de 2024, Israel legisló unilateralmente el cierre de la UNRWA, afirmando una vez más su "excepción" en todo el marco de las Naciones Unidas. "Es hora de que la comunidad internacional (...) se dé cuenta de que la misión de la UNRWA debe terminar", declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu el 31 de enero de 2024, anunciando su inminente desaparición. Esta retórica llegó a su fin el 20 de enero, cuando la sede de la UNRWA en la Jerusalén ocupada fue demolida por el ejército israelí en presencia del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.
"¡Un día histórico!", proclamó Ben-Gvir ese mismo día. "Hoy expulsamos a estos simpatizantes del terror". Este horroroso acto fue recibido con tímida respuesta, preocupación silenciosa o silencio absoluto por parte de los mismos poderes encargados de impedir que los Estados se posicionaran por encima de la ley.
Al permitir que esta “excepción” israelí siga vigente, la comunidad internacional ha sancionado de hecho la demolición de sus propios fundamentos jurídicos.
En el pasado, los líderes israelíes enmascararon sus verdaderas intenciones con el lenguaje de una "luz para las naciones", proyectando un faro de moralidad mientras practicaban la violencia, la limpieza étnica y la ocupación militar sobre el terreno. Sin embargo, el genocidio en Gaza ha desmantelado estas pretensiones. Por primera vez, la retórica israelí refleja plenamente un estado de excepción donde la ley no solo se ignora, sino que se suspende estructuralmente.
“Nadie en el mundo permitirá que matemos de hambre a dos millones de ciudadanos, aunque sea justificado y moral hasta que nos devuelvan a los rehenes”, admitió el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el 5 de agosto de 2024. Esta postura “justificada y moral” revela una moralidad localizada que permite el exterminio de una población como un acto éticamente defendible. Sin embargo, Smotrich también mintió; el mundo no ha hecho nada práctico para disuadir a Israel de su brutal pulverización de Gaza.
La comunidad internacional permaneció impasible incluso cuando Smotrich declaró el 6 de mayo de 2025 que Gaza sería "totalmente destruida" y que la población quedaría "concentrada en una estrecha franja". Hoy, esa visión es una realidad: una población agotada por el genocidio está confinada en aproximadamente el 45% del territorio, mientras que el resto permanece vacío bajo control militar israelí.
El propio Netanyahu, quien ha extendido el estado de excepción más allá de cualquier predecesor, definió esta nueva realidad durante una reunión de gabinete el 26 de octubre de 2025: «Israel es un Estado soberano... Nuestra política de seguridad está en nuestras manos. Israel no busca la aprobación de nadie para ello». En este contexto, Netanyahu define la soberanía como el poder absoluto para actuar —incluido el genocidio— sin tener en cuenta el derecho internacional ni los derechos humanos.
Si todos los estados adoptaran esto, el mundo caería en un frenesí de anarquía. En su influyente obra Estado de Excepción, Giorgio Agamben diagnosticó este «vacío»: un espacio donde la ley se suspende, pero la «fuerza de la ley» permanece como pura violencia. Si bien sus posturas recientes han dividido a la comunidad académica, su crítica de la excepción como herramienta permanente de gobernanza sigue siendo una perspectiva indispensable para comprender la desaparición de la vida palestina.
Israel ya ha creado ese vacío. En manos de una sociedad colonial genocida, el estado de excepción es una pesadilla implacable que no se detendrá en las fronteras de Palestina. Si se permite que esta "excepción" se convierta en la norma regional permanente, ninguna nación de Oriente Medio se salvará. El tiempo apremia.
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