EEUU NO ES UNA
DEMOCRACIA Y NUNCA LO HA SIDO – Fernando M. García Bielsa
I
El título que encabeza
este artículo pudiera sorprender a algunos: ¿El país que tanto se
vanagloria de ser el bastión de la democracia, la libertad y los
derechos humanos y que dicta lecciones a otros países sobre
mecanismos electorales, no tiene una verdadera democracia?
Es cierto que en Estados
Unidos se han realizado puntualmente elecciones presidenciales cada
cuatro años durante dos siglos, desde los días en que los propios
“padres fundadores” de la nación expresaban reservas sobre el
rol de la democracia y el estorbo que significaba en el país que
entonces se diseñaba. Pero, la mera celebración de elecciones ¿es
sinónimo de democracia sin importar el alto grado en que estas se
ven desnaturalizadas y manipuladas?
Las extendidas
confusiones sobre el concepto de democracia y la vaguedad de algunas
de sus acepciones no deben confundir a los pueblos. En el caso de
Estados Unidos vale la pena reflexionar sobre las bases conceptuales
y políticas en que se asienta la retórica acerca de la democracia.
Como se concibió el
sistema político de Estados Unidos
La Constitución Estados
Unidos fue aprobada en 1787 y esa Carta Magna está todavía vigente.
La casi totalidad de los 55 integrantes de la asamblea constituyente
eran terratenientes, propietarios de esclavos o de manufacturas, y
especuladores de tierras. En un país que entonces era bastante
inestable, la principal preocupación fue establecer un gobierno
fuerte para preservar los bienes públicos y servir a las crecientes
necesidades de los propietarios y las clases pudientes y, a su vez,
mantenerse firme ante las demandas igualitaristas de las que
consideraban “clases bajas”.
En palabras de James
Madison –cuarto Presidente de la Unión (1809-1817), y uno de los
principales arquitectos en el diseño de la nueva república–, "la
democracia es la forma más vil de gobierno. Las democracias siempre
han sido espectáculos de turbulencias y disputas incompatibles con
la seguridad personal y los derechos de propiedad". A las mayorías
desposeídas, decía, no se les debe permitir concertarse o hacer
causa común contra el orden social establecido. Por otra parte
agregaba que se requería "al mismo tiempo preservar el espíritu y
la formas de un gobierno popular".
Mucho después, hacia el
final de su larga vida, Thomas Jefferson, quien precediera durante
ocho años a Madison en la Presidencia, concluía:
"La democracia no es
nada más que el dominio por el populacho y la turba, donde el 51% de
las personas pueden arrebatar los derechos del otro 49%".
Otro prestigioso fundador
de la nación, Alexander Hamilton decía:
"Todas las
comunidades se dividen entre los pocos y las mayorías. Los primeros
son los ricos y bien nacidos; los otros la masa del pueblo. El común
de la gente es turbulenta y cambiante; ellos pocas veces dan muestra
de juicio o de determinaciones correctas".
Lo cierto es que quienes
fundaron la unión de los trece estados originales no veían la
democracia como objeto de veneración, sino como un peligro que se
debería evitar.
No obstante la adopción
y existencia misma de la Constitución representaba entonces un
avance respecto a otras formas más autocráticas de gobierno en esa
época. Explícitamente repudiaba la monarquía y la autocracia.
También fue positivo el hecho de que se establecieran límites de
tiempo al ejercicio de la Presidencia y de otros cargos.
La respetada historiadora
estadounidense Ellen Meiksins Wood, profesora de ciencias políticas
de la Universidad de York (Toronto, CANADA) aseguraba que para los
Federalistas –quienes diseñaron el sistema político
estadounidense–, "la representación no era un modo de
establecer, sino de evitar, o al menos evitar parcialmente, la
democracia". Por su parte Robert Dahl, uno de los más
destacados politólogos estadounidenses contemporáneos,
descarnadamente destacó que la elección indirecta mediante el
‘Colegio Electoral’ es una manera de evitar que el presidente sea
elegido por una mayoría popular.
Es importante no perder
de vista que los fundadores de Estados Unidos insertaron en las
prácticas políticas que desarrollaron "precauciones auxiliares" diseñadas para fragmentar el poder sin democratizarlo. De ahí la
separación entre las funciones ejecutiva, legislativa y judicial,
las elecciones escalonadas, los vetos del ejecutivo y la legislatura
bilateral con lo cual esperaban diluir el impacto de los sentimientos
e intereses populares. A la vez se estableció un proceso muy difícil
para introducir enmiendas a la Constitución [requerimientos de
mayorías de dos tercios para aprobarla en ambas cámaras, y
ratificación por tres cuartas partes de los estados]
El principio de la
mayoría fue fuertemente atenazado mediante un sistema de vetos de la
minoría, y de un laberinto de comités del Congreso que echan a un
lado o diluyen las iniciativas legislativas y hacen menos probable
acciones populares de un mayor alcance.
¿Gobierno del pueblo
o de la plutocracia capitalista?
Como cuestión esencial,
no se debe considerar la democracia como limitada al ejercicio
electoral, el cual, por otra parte, no atañe ni tiene capacidad de
alterar esas precauciones constitucionales y sistémicas sustantivas,
así como operacionales que insertaron los constituyentes y que
acabamos de mencionar.
Cierto es que Abraham
Lincoln definió la democracia como "gobierno del pueblo, para
el pueblo y por el pueblo", pero en la práctica de ese país,
en ningún ámbito del sistema político eso se concreta, a la vez
que el valor de las elecciones resulta relativo y queda
crecientemente en entredicho.
Con la leyenda sobre la
excepcionalidad de la nación estadounidense, supuestamente
predestinada por la Providencia para liderar al mundo, no transcurrió
mucho tiempo para que también comenzaran a montar el mito según el
cual su sistema político era expresión suprema de modelo de
gobierno democrático y libre por excelencia.
¿En Estados Unidos
hay un gobierno del pueblo y por verdaderos representantes del
pueblo? ¿Se gobierna allá para el pueblo?
Según Noam Chomsky,
muchos y muy serios estudios académicos acerca de la relación entre
las actitudes de la gente y las políticas públicas demuestran que "para la formulación de éstas importa bien poco lo que la
población piensa". El 70% de las personas de más bajos
ingresos en alto grado "están carentes de capacidad de ser
tomados en cuenta. Sus actitudes no tienen influjo sobre las
políticas y posiciones de sus propios representantes". La
influencia aumenta según la escala de ingresos. Por tanto, cuando
usted llega a lo más alto, a "una fracción del 1%”, la
política se conforma y se manifiesta de tal modo que realmente ha
devenido en “un tipo de plutocracia con formas democráticas".
Un bien fundamentado
estudio, por ejemplo, es el desarrollado por los reconocidos
científicos Martin Gilens (Princeton University) y Benjamin Page
(Northwestern University). De acuerdo con sus conclusiones "los
ciudadanos ordinarios virtualmente carecen de ascendiente alguno
sobre lo que hace el gobierno de Estados Unidos". Luego de
examinar datos relacionados con más de 1,800 iniciativas políticas
de finales del siglo XX y principios del XXI, Gilens y Page llegaron
a la conclusión de que las élites adineradas y bien conectadas
"siempre salen mejor paradas respecto a la clase media en la
toma de decisiones políticas" y consistentemente dirigen el
rumbo del país al margen de, y en contra de los deseos de la
mayoría, y sin importar cuál de los dos principales partidos (el
Demócrata o el Republicano) tenga el control de la Casa Blanca o del
Congreso.
En una entrevista para un
medio local estadounidense ambos estudiosos afirman que "si
la democracia significa la respuesta del gobierno a lo que quieren
las mayorías de ciudadanos, presentamos pruebas contundentes según
las cuales en los últimos años, Estados Unidos no ha sido muy
democrático en absoluto".
Hay muchas razones para
legítimamente preguntarnos hasta qué punto lo que hay en Estados
Unidos es realmente una democracia, y no una oligarquía, o sea, un
sistema fundado en el gobierno de los ricos, en el cual los
grandes grupos económicos y financieros y el dinero hacen la gran
diferencia respecto a la elección de los integrantes de los órganos
legislativos y la conformación del ejecutivo y de las estructuras
judiciales. Lo cierto es que son esos grupos los que tienen el
control y los medios para predeterminar el espíritu y la letra
de las leyes, así como el curso de las políticas de gobierno.
Hasta qué punto la
ciudadanía y muchos analistas políticos al describir como
democrática esa sociedad no están condicionados por décadas de
propaganda y de reiterada sobrevaloración por los propios voceros y
gobernantes de Estados Unidos quienes, desde sus posiciones de
preeminencia global, dan por sentado que ese país es el modelo de
democracia por excelencia.
Tal consideración está
crecientemente en entredicho, aunque aún es aceptada por muchos
académicos, políticos y profesionales de la prensa, e incluso
observadores extranjeros. Y ello pese a que se critiquen y se
condenen los asesinatos y la brutalidad policíaca, el racismo, la
parcialidad de su sistema judicial, los abusos en la frontera con
México, el aparataje dirigido a limitar y destruir las
organizaciones sindicales, el alto costo de las campañas
electorales, etcétera.
Veamos, sin embargo, lo
que señala el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman. Según él "la extrema concentración del ingreso existente es incompatible
con una democracia real… ¿Puede alguien denegar que nuestro
sistema político está siendo pervertido por la influencia de las
grandes fortunas y que esa distorsión se hace más aguda cuando la
riqueza de unos pocos aumenta cada vez más?". Estamos
amenazados de convertirnos en una democracia solo de nombre, agregó.
El impacto del
quehacer gubernamental sobre la sociedad
El sistema capitalista y
plutocrático genera condiciones en las cuales de manera natural se
conforma un Estado subsidiario y son conducentes a conceder
prerrogativas a la banca y las gerencias corporativas para la
búsqueda y obtención de altas tasas de ganancias favorables,
beneficios fiscales y otros. También se les propicia la reducción
de los costos de la mano de obra y facilidades para colocar en el
exterior sus inversiones y puestos de trabajo en busca del mejor
postor, mientras que los ciudadanos y los trabajadores no tienen
papel alguno ni capacidad para impedirlo.
En tales condiciones es
muy común que los trabajadores que pretendan democráticamente
levantar la voz por sus derechos, se vean casi imposibilitados para
lograrlo por el chantaje de los patronos, respaldados por los medios
de prensa predominantes y los tribunales parcializados y
predispuestos contra los sindicatos. Todo en el marco de leyes
anti obreras emitidas en legislaturas “democráticamente
electas” bajo control del duopolio bipartidista oligárquico.
En fin es el gobierno de
una sociedad capitalista desarrollada y con grandes recursos, pero
que ha generado una notable y creciente desigualdad social y bolsones
de pobreza junto con el enriquecimiento mayúsculo del 1% de su
población. Un gobierno de la élite; un gobierno de los ricos,
por los ricos y para beneficiar a los ricos.
En su artículo La
verdad sobre los Estados Unidos de 1894 en el periódico Patria,
José Martí calificó a ese país como una "república
autoritaria y codiciosa" donde, "en vez de
robustecerse la democracia y salvarse del odio y miseria de las
monarquías, se corrompe y aminora la democracia, y renacen
amenazantes el odio y la miseria".
Es como una premonición
de lo que ocurre ahora, 127 años después.
Analizar el sistema
político de Estados Unidos requiere abordarlo en su dualidad, en sus
fachadas y en sus trasfondos.
Por una parte está el
sistema político formal, en buena medida simbólico, el cual se
describe en los libros y se enseña en las escuelas; lo relacionado
con los tres poderes que supuestamente se equilibran, su carácter
federal; la periodicidad de los procesos electorales; los conflictos
y las promesas que se emiten en las campañas; la concurrencia a las
urnas; las personalidades y las posturas políticas, el papel o
desempeño de este o aquel hombre de Estado, del alcalde o de quienes
actúan como representantes en la legislatura, etcétera.
Por otro lado está el
sistema político en su parte sustantiva, donde se manifiesta el
verdadero ejercicio del poder: los contratos y privilegios que otorga
el gobierno a las corporaciones por decenas de millones de dólares,
las exenciones de impuestos, las compensaciones, subsidios y
dispensas de todo tipo, las prebendas en las entregas en arriendo y
para la explotación privada de tierras, subsuelos y otras recursos
públicos. También la corruptela en los pasillos del Congreso y en
conjunto el vasto proceso para la conformación y asignación de
fondos del presupuesto; al de redactar leyes y regulaciones o
pasarlas por alto en favor de los poderosos, y mucho más. De estos
intríngulis y lados oscuros del sistema y de su parte sustantiva,
apenas se habla o se rinden cuentas.
Sin dudas, las políticas
que se aplican reflejan los intereses y reclamos de los grupos de
intereses empresariales y del establishment de poder. Para
ello, a la par con un “lógico” acomodo y rejuego de intereses,
se desarrolla una continua cooperación entre las élites
empresariales y gubernamentales, y un reciclaje de los políticos y
funcionarios de gobierno hacia las juntas directivas de las grandes
corporaciones y viceversa. En esos ámbitos el quehacer de gobierno
se mantiene como una esfera que excluye la voluntad popular.
A influencia de los
sectores corporativos más poderosos se manifiesta a lo largo de todo
el sistema de instituciones de gobierno y predominan ampliamente
durante las maniobras y decisiones gubernamentales, o bien se
producen acuerdos mutuamente satisfactorios, muchas veces a expensas
del interés público en la forma de precios o impuestos más altos,
desregulaciones ambientales y otras, mientras que las demandas de los
desposeídos, si acaso, son escuchadas ocasionalmente.
Incluso la gestión de
política exterior y lo más grueso y sustantivo de la política
económica, se desarrolla y debate de espaldas al pueblo, salvo la
manipulación para agitar o promover temores acerca de supuestos
enemigos de la nación o para justificar intervenciones militares en
otros países y los gastos armamentistas que benefician a buena parte
de la elite económica.
El claro predominio
plutocrático bipartidista
Casi todas las
instituciones del país, junto con sus inmensos recursos materiales,
están bajo control plutocrático, dirigidas por grupos de personas
que representan corporaciones acaudaladas, quienes se auto perpetúan
y no rinden cuenta sino a sí mismas. Las mayores entidades del mundo
empresarial están entrelazadas y a menudo cuentan con directorios
intercambiables con las instancias de gobierno que diseñan y
administran el quehacer político.
El aparato legislativo,
tanto federal como en los 50 estados, es totalmente bipartidista,
compuesto casi por completo por abogados de bufetes corporativos, no
pocos ex ejecutivos de empresas y millonarios (tal como ocurre
también con los principales decisores de política en la rama
ejecutiva). Por consiguiente, las leyes dejan de ser "expresión
de la voluntad general" de la que hablaba el filósofo de la
Ilustración Jean Jacques Rousseau. En Washington las leyes son
escritas principalmente para promover los intereses de los poseedores
de la riqueza y, en general, es usual que a muchas se las haga
cumplir de manera discriminatoria.
Existe un claro
predominio de la banca, las grandes corporaciones y el establishment
militar. La cooptación de quienes son electos por la ciudadanía es
cada vez más férrea y evidente. Los políticos, en su mayor parte,
sobrellevan y se acomodan a las injusticias obligados por sus
vínculos y su dependencia respecto a los grupos económicos
capitalistas y a posteriori, retórica aparte, mayormente dan la
espalda a los pobres y a los trabajadores.
Por su parte, el poder
judicial es anticuado, a menudo absurdo. Generalmente los
tribunales han estado del lado de las minorías privilegiadas y de
los propietarios de las corporaciones. En buena parte del sistema
judicial a todos los niveles, ha imperado un claro predominio de
juristas de derecha y de centroderecha, generalmente anglo-sajones
procedentes de las clases altas y de importantes bufetes donde antes
han servido a grandes empresas,
Infaliblemente a través
de su historia la generalidad de los integrantes de la Corte Suprema
ha desconocido y anulado el sentir de las mayorías y se han colocado
de parte de los poderosos, los privilegiados y los acaudalados.
Sin embargo, el sistema
no puede cumplir su rol de proteger a las clases ricas privilegiadas
y legitimar las relaciones sociales de explotación existentes a
menos que mantenga su propia legitimidad a los ojos de la población.
Mantener ciertas
vestiduras y adornos democráticos tales como un sistema de partidos
que ofrecen opciones limitadas, unas elecciones enfocadas en asuntos
tangenciales y de poca importancia relativa, unos marcos de
disentimiento tibios y circunscritos, impedidos de convertirse en una
seria oposición organizada, un marco de actividad sindical
mayormente domesticado, una diversidad de medios de difusión
monopólicos con apariencia de diversidad pero que se adhieren a
las reglas de juego del sistema y que con profesionalismo lo
defienden.
La clase dominante ha
venido logrando muchos de sus fines detrás de una fachada
democrática y haciendo pasar sus intereses como los “intereses de
la nación”.
I I
En la primera parte de
este trabajo hemos dejado claro que no limitamos la calificación de
democrático a un sistema por el mero hecho de efectuar elecciones
cada cierto número de años. No obstante, revisemos ahora algunos
rasgos del poco democrático sistema electoral estadounidense.
Al margen de cuál de los
dos partidos del sistema [el Demócrata y el Republicano] se
encuentre en el gobierno, la historia demuestra que el poder real
se mantiene en manos de la oligarquía y los centros de poder
económico-financieros que dominan todo el sistema de
instituciones, y las claves para marcar el curso del país por sobre
los intereses de las mayorías.
La soberanía real está
en el poder político-financiero que controla al Estado, no en el
pueblo. Ciertamente no se puede afirmar la existencia de soberanía y
el empoderamiento popular. Se sustituye su sustancia democrática con
instrumentos formales, y se pretende decir que el pueblo, por el
hecho de participar en elecciones se constituye la máxima autoridad
de la sociedad.
La realidad muestra,
no solo en Estados Unidos, que la representación
del supuesto “mandato” popular es falseado, escamoteado y
denegado a la hora de ejercer gobierno y de conformar las leyes y
la gestión administrativa. La retórica en ese país imperial según
la cual la soberanía pertenece al pueblo es uno de los principales
argumentos propagandísticos para legitimar lo que realmente es una
democracia meramente formal, o una pseudodemocracia.
Ni en sus comienzos, ni
ahora, el sistema electoral y de gobierno en Estados Unidos ha sido
democrático. En los albores de la república solo tenían derecho al
voto los hombres blancos con cierto nivel de propiedades y quedaban
excluidos los desposeídos, las mujeres, los indios nativos y los
esclavos.
Casi siglo y medio
después, en 1920 las mujeres obtuvieron derecho al sufragio. Con el
gran movimiento pro derechos civiles, en 1965 se aprobó la Ley de
Derecho al Voto que otorgó de manera formal ese derecho para los
negros, pero que permanece bajo constantes ataques para reducir su
aplicación. A los indios nativos solo les concedieron la ciudadanía
hace 90 años, pero aún no se les propician adecuadas condiciones
para votar
Hoy el padrón electoral
se ha ampliado, aunque ahora los colegios de votación son más
escasos y alejados en las barriadas pobres y de la minorías
discriminadas, donde también son mayores los obstáculos para
inscribirse a votar y se descalifican por miles las listas de
votantes.
Después de 200 años,
muchas restricciones legales han sido removidas, pero otras, junto un
sinnúmero de barreras administrativas y discriminatorias, permanecen
en pie.
Luego tenemos la cuestión
del alto costo de las campañas electorales, para trasladarse en ese
gran país, contratar personal y lograr visibilidad resulta un gran
obstáculo, pues requiere de grandes y crecientes recursos, que solo
los pueden obtener quienes operan dentro de esos dos partidos
oligárquicos. Un candidato a la Presidencia de Estados Unidos
necesitará por lo menos 200 millones de dólares para iniciar su
camino hacia la Casa Blanca. Un alto porcentaje de la financiación
de tales partidos viene de un puñado de millonarios. El peso de las
corporaciones capitalistas y de la plutocracia aumentó aún más
cuando en 2010 la Corte Suprema eliminó los límites para que las
mismas y sus fundaciones sin fines de lucro financien las campañas
electorales.
La política
estadounidense está a disposición del mejor postor. En 2015 un
análisis del 'New York Times' puso de manifiesto que 158 familias
habían donado $176 millones de dólares a los candidatos. Es decir:
el 0,00014% de las familias de ese país habían puesto el 45,3% de
todas las aportaciones recibidas por los candidatos a la Presidencia.
El 4 de agosto de 2015,
durante un programa nacional de radio de amplia audiencia, el ex
presidente Jimmy Carter fue interrogado acerca de las decisiones de
la Corte Suprema que permiten financiamiento ilimitado de las
campañas electorales. Carter respondió:
“Se viola la esencia
de lo que ha hecho grande al país. Ahora [EE.UU.] es solo una
oligarquía con capacidad ilimitada de soborno, lo cual es la esencia
para obtener las nominaciones para presidente o para ser electo. Y la
misma cosa se aplica para las gobernaciones, los senadores y los
miembros de la Cámara. De modo que nosotros estamos viendo una
completa subversión de nuestro sistema político como una
retribución a los grandes contribuyentes [de dineros para las
campañas], quienes quieren y esperan y, algunas veces, obtienen
favores después de las elecciones.”
Dada la extensión del
país y el carácter federal de su ordenamiento, como Estado resulta
natural la conformación de sus órganos legislativos y otros en base
a la elección de políticos a los cuales la ciudadanía les delega
su representación. Pero el sistema político de Estados Unidos
incluye 50 gobiernos estatales y 90.000 gobiernos locales. Más de
medio millón de personas en Estados Unidos ocupa un cargo de
elección popular. Las prácticas pretendidamente democráticas son
imperfectas y están manipuladas, pero son extensas y difíciles de
deshacer. Ante tal realidad cobra importancia cuan equilibrada sea la
capacidad de todos los ciudadanos para promover y escoger a quienes
serían sus representantes, así como para participar en el
escrutinio en igualdad de condiciones y, luego, para que los
representantes electos les rindan cuenta. Pero no ocurre así.
Si consideramos un mínimo
de impronta de la ciudadanía en la toma de decisiones y el rumbo del
país, las carencias y distorsiones del sistema son evidentes y
notables. En todo caso el proceso electoral cumple la función de
legitimar el orden social existente; provee a un sistema plutocrático
una fachada democrática. En él se canaliza y limitan las
expresiones políticas, se atemperan las reivindicaciones sociales y
de clases, y se logra que durante las largas y repetidas campañas la
atención se concentre más en el proceso mismo y menos en las
cuestiones sustantivas que están en juego.
El mercantilismo
impregna las campañas electorales
No es el juego
democrático sino el dinero el que mueve los hilos del poder en
Washington. Un entramado de mecanismos y privilegios reducen la lid
electoral a solo dos contendientes: los partidos Demócrata y
Republicano. El electorado no tiene más de donde escoger. Ambos se
turnan en el gobierno y ello ha sido una base fundamental para
mantener el control de la política nacional desde 1852. Ambas
entidades han sido un elemento esencial para la repartición de
las cuotas de poder entre los sectores dominantes y marco para la
solución negociada, expresa o sobrentendida, de los conflictos o
contradicciones de intereses entre dichos grupos.
Por otra parte la
participación electoral es escasa. Salvo en las pasadas elecciones
de 2020, cuando la polarización generada por la personalidad del
entonces Presidente Trump aumentó la votación, desde hace décadas
y repetidamente casi la mitad del electorado se había abstenido de
votar ante la repetida ausencia de reales alternativas políticas,
mientras que una parte de quienes concurren a las urnas lo hacen solo
inducidos a “votar por el menos malo” de entre los candidatos que
se le ofrecen.
No pocos critican el
mercantilismo que impregna toda la campaña electoral, en la cual se
aplican técnicas de ‘marketing’ que muchas veces aseguran el
éxito. Quienes aspiran solo avanzan después de lograr credenciales
(y el respaldo financiero) con los círculos del poder, a partir de
lo cual se trata de ‘vender’ un producto (el candidato). Los
votantes son tratados como consumidores.
Investigadores y agencias
de expertos recopilan y utilizan un volumen masivo de datos que
procesan con velocidad vertiginosa, mediante técnicas de última
generación y la inteligencia algorítmica para determinar los deseos
y temores de las personas a fin de manipular los sentimientos de este
o aquel sector de población o región del país. En base a ello se
articulan diferenciadamente los discursos y las promesas, los
embustes e insinuaciones acerca del contrario.
Como se evidencia en cada
ciclo electoral, las grandes cadenas de medios de difusión se lucran
con cientos de millones de dólares en anuncios de campaña que le
son pagados, y mediante la manipulación de las esperanzas y los
miedos, prácticamente predeterminan quien es elegible o no, con
notable influencia en los votantes.
Queda al arbitrio de las
legislaturas en los 50 estados y de las artimañas partidistas en las
estructuras de poder locales la determinación interesada y calculada
según sus conveniencias de la reconfiguración de los distritos
electorales. Todo el proceso desde la base garantiza la preeminencia
de las élites a pesar de su inferioridad numérica.
También existen
numerosas trabas y regulaciones para garantizar el predominio y la
exclusividad bipartidista. Se ha construido un laberinto de leyes
discriminatorias y onerosas para la inscripción de candidatos
alternativos en las boletas, y para impedir de hecho la formación
o las posibilidades de lo que ha dado en llamar ´un tercer partido’.
En determinadas coyunturas, estos candidatos y las posturas
alternativas han gozado de amplio respaldo pero el sistema se encarga
de hacer aparecer sus candidaturas como un mero desperdicio del voto
para un electorado que, finalmente, es conducido a votar por ‘el
mal menor’ entre el candidato demócrata o el republicano.
Las entidades que
pretenden presentar opciones y propuestas de política diferentes por
lo general han tenido corta vida, aunque en ocasiones propician
ciertos efectos puntuales sobre la línea de los dos grandes
partidos. Todos fallaron debido a las poderosas maquinarias de estos
y su entrelazamiento con los grandes negocios, así como por los
hábitos políticos y la ideología de las masas y dada la
parcialidad de los medios de difusión cuya cobertura, a los
candidatos o partidos que concurren al margen del bipartidismo, es
nula y mucha gente se mantiene ignorante de su existencia.
Entre las prácticas
legales e ilegales que se aplican para marginar a los partidos y
candidatos ajenos al sistema, resaltan los artificios al diseñar
interesadamente el contorno de los distritos electorales; la emisión
de leyes y decretos para dificultar la inscripción de tales
agrupaciones o campañas alternativas, exigencia de números
excesivos de firmas para ello; acciones y decisiones sesgadas o
torcidas por parte de funcionarios y juntas electorales (que en cada
uno de los estados del país están controladas bien por los
demócratas, bien por los republicanos). También reglas que
posibilitan mayor acceso a fondos federales a los dos grandes
partidos y otras, y se han aplicado atropellos y hasta ilegalidades
como marginación por los medios de difusión, exclusión para
participar en los debates televisados, campañas difamatorias y hasta
el sabotaje y la violencia. Incluso, la forma misma como se formulan
las encuestas de opinión socava la capacidad de los terceros
partidos para participar en la justa.
Por lo demás, las reglas
de la política electoral son poco claras, cambiantes, muy
manipuladas y extremadamente restrictivas, incluso comparándolas con
otros países capitalistas. El ganador en cada estado se lleva todos
los votos, lo cual descarta la representación proporcional al voto
popular. A ello se suma que en la mayor parte del país el proceso
electoral adolece de una falta casi total de vías para verificar los
datos de la votación.
La elección del
ejecutivo mediante el Colegio Electoral va más allá de formalizar
legalmente los resultados de la votación presidencial. Su existencia
influye considerablemente en importantes aspectos del proceso
electoral y contribuye a que el resultado no refleje la voluntad
popular o al menos la distorsione.
Mediante el cómputo por
separado del ganador en cada uno de los cincuenta estados, esa
institución convierte la votación nacional en un cuerpo de 538
electores que determina de manera indirecta el ganador de la
presidencia y que, entre otras distorsiones ha dado en ocasiones como
resultado la elección como Presidente del candidato con menos votos
ciudadanos.
Palabras finales
A lo largo de la
historia, Estados Unidos ha pretendido mostrar su sistema político
como un referente global. Gracias a una intensa y sostenida campaña
propagandística aparece como la tierra de la libertad y la
democracia.
Los hechos muestran otra
realidad. Desde el exterminio de los pueblos originarios y los
linchamientos y represión de la población negra, el quehacer de
gobierno se ha dirigido a aumentar el enriquecimiento de una
encumbrada minoría de empresarios y potentados, en detrimento de la
mayoría ciudadana.
Con el boom económico de
post guerra, los niveles de vida aumentaron y se redujeron las
desigualdades. Pero con el inicio de la declinación del país a
partir de las décadas de 1970 y 1980, las fracturas sociales saltan
a la vista y los rasgos oligárquicos y manipuladores del sistema
político estadounidense se se han hecho más evidentes, lo que ha
sido demostrado por la práctica, por los análisis científicos y en
múltiples reportajes en los más serios medios de prensa.
No es posible definir
el sistema político estadunidense como una democracia, salvo que
el concepto quede restringido a su mínima expresión. Estados Unidos
no se rige por lo que decida en cada momento la mayoría, sino sólo
por las leyes conformadas mediante maquinaciones de los grupos de
poder capitalistas, el peso del complejo militar industrial y bajo la
influencia decisiva de las élite financiera.
Esa democracia
contrahecha y manipulada no es representativa del espectro ciudadano.
De hecho, representa a las minorías privilegiadas, la cuales se
alternan en nichos de poder relativo y se ocupan de crear día a día
la fachada que hace pasar sus intereses por los del conjunto de la
población.
Bibliografía básica
Howard Zinn: A
People´s History of the United States, Harper Perennial, Nueva
York 1990.
Michael Parenti:
Democracy for the Few, St. Martin’s Press, Nueva York, 1988.
José Martí: La
verdad sobre los Estados Unidos, periódico Patria, Nueva York
1894 (en Obras Completas, T 10, Editorial Nacional de Cuba, La
Habana, 1963
Fuente: PUNTO
FINAL
