redRoja
– 14/10/2019
En realidad, el Tribunal
Supremo ha condenado al pueblo catalán por el ejercicio del derecho
de autodeterminación del 1 de Octubre de 2017. Penas que suman 100
años de cárcel por promover una votación y alentar manifestaciones
pacíficas, por actos parlamentarios, por ceder locales o incluso por
decretar servicios mínimos en la Huelga General del 3 de Octubre –la
que paralizó Catalunya en protesta por la salvaje represión
policial.
Hoy se confirman de forma
decisiva muchas cuestiones: el Régimen del 78 no solo está agotado
en su recorrido democrático por no ser capaz de integrar sin forzar
a los pueblos y de ofrecer alternativa a los problemas políticos
que tiene históricamente planteados, sino que pone la ley y su
interpretación más autoritaria por encima de los derechos
individuales y colectivos. La separación de poderes, los derechos de
defensa y las libertades fundamentales han sido pisoteados por una
instrucción prospectiva –que ha buscado preventivamente y ha
retorcido el Código para señalar delitos- y un juicio político
diseñado para hacer un escarmiento con apariencia de justicia donde
todas las pruebas han sido actos políticos públicos e informes
tendenciosos de la Guardia Civil que ponen la realidad al revés.
La Constitución del 78
instituyó una paradoja fatal: pretendió hacer un estado unitario
para una única nación española y que fuera considerada como una
democracia cabal. Habló de autonomías y de nacionalidades
sugiriendo unas posibilidades de desarrollo que se han visto
rotundamente desmentidas. La sentencia dice que el objetivo de la
independencia es una quimera pero lo imposible es pretender mantener
los derechos democráticos negando la plurinacionalidad del Estado.
Han elegido la vía represiva, la asimilación por la fuerza y la
constante amenaza penal para restringir expresiones políticas en
lugar de abrir el debate político a la realidad social. Una gran
parte del pueblo catalán se manifiesta por el derecho a decidirlo
todo y por la independencia. Los gobiernos del PP y del PSOE vienen
bloqueando la respuesta política para que todo quede en un problema
de orden público, de “golpe al estado” que solo puede tener
reproche penal. Y llaman “estado de derecho” a la excepcionalidad
represiva constante, incluso con acusaciones de “terrorismo” a
los activistas sociales como los CDR detenidos.
Este régimen monárquico
no tiene salida y la sentencia lo ratifica sancionando el intento de
forzar el diálogo político desde la Generalitat y la ilusión de
obtener apoyo desde la UE. El gobierno Torra está ahora igual que
estuvo el de Puigdemont: bloqueado financieramente, intervenido
judicialmente y amenazado con el 155 y la Ley de Seguridad Nacional.
No se plantea siquiera el desacato institucional porque tanto la
Generalitat como los Mossos son instituciones del Estado que la
burguesía catalana no quiere arriesgar ni siquiera para resistirse a
que le quiten las competencias.
Toda la iniciativa está,
pues, en manos del pueblo, autoorganizado y movilizado. Estudiantes,
trabajadores, hombres y mujeres de todas las edades han salido a
manifestarse en calles y plazas, cortan carreteras y ferrocarriles,
rodean el aeropuerto de Barcelona y se preparan para cruzar el centro
del territorio en grandes marchas que durarán días y continuarán
con la huelga general. Es solo el principio de una nueva etapa de
resistencia y de movilización permanente contra la represión y por
la defensa de los derechos democráticos.
Este no es solo el
problema de Catalunya. Todos los pueblos del Estado y los movimientos
sociales están interpelados por la condena del Supremo. Hay más de
300 sindicalistas encausados por integrar piquetes de huelga, hay
miles de afectados por la Ley Mordaza, cualquier movilización para
evitar un desahucio puede caer bajo el mismo tipo de acusaciones de
sedición…
Es la hora de la
movilización, de la solidaridad y de dar un paso más hacia la
solución política:
La autoorganización
obrera y popular.
¡Libertad presos y
exiliados políticos!
¡Abajo el Régimen del
78!
