La monarquía española y la (también) infame prensa cortesana

Fragmento (pág. 17 a 24) extraído del libro Juan Carlos I, la biografía sin silencios, de Rebeca Quintans.

La imagen del rey creada en la prensa a lo largo de los años sigue siendo una cuestión de Estado. Se hará lo que sea preciso, se invertirá cuanto sea necesario en teleseries almibaradas y reportajes grandilocuentes, para que no se resquebraje el retrato robot. Un retrato que, en palabras de Alejandro Segura (en su artículo «El Rey según McLuhan, una historia de mensajes y masajes» lo ha resumido tan bien que por qué enmendarle nada), nos lo presenta como: «Juan Carlos I el campechano, el afable bribón, el bromista, el deportista, el hombre de familia. Pero cuidado, también y al mismo tiempo el hombre de Estado que vela por nuestros intereses, el mesías de cuya mano cruzamos el desierto, el elefante dormido al que no hay que molestar o te mandará callar. El personaje público que ha copado el número uno de todos los rankings del más querido en nuestro país en las últimas décadas. El símbolo de la unidad. Cuánto del español medio en la era de la comunicación se podría contar a través de su figura».

Es cierto que se le ha hecho daño, a lo largo de los años con un goteo constante de multitud de informaciones que, sobre todo en el campo sin cancelas de internet, corrieron de boca en boca. Sobre las cacerías de Juan Carlos, sobre sus abusos y los de ciertos miembros de su familia, sobre lo que supone económicamente mantener el boato de esta institución obsoleta… Pero si la cosa se ponía fea, se cerraban filas, se llamaba al orden y se organizaba una campaña mediática de propaganda pura y dura. Durante la última década hubo varias, coincidiendo con distintos eventos y celebraciones de efemérides. Una de las últimas, la que se fraguó en febrero de 2012, en el contexto del escándalo Urdangarin, y en la que participaron la mayor parte de los grandes medios de desinformación social, estaba enfocada a convencernos de que la monarquía no es cara. Desde la agencia Europapress se dictó a El País, El Mundo, La Razón, Informativos Telecinco, La Verdad de Murcia y un largo etcétera de diarios digitales, una «noticia» prefabricada sobre la baratura de la monarquía española, que derivaba de un estudio «independiente», para sacarlo al unísono el domingo, que es cuando tienen audiencias más altas. Con un poco de maquillaje para darle un toque algo personal, cada uno en su línea, El País hizo un largo reportaje de acercamiento a la institución, mientras pasaba de puntillas y eludía los numerosos episodios lamentables del monarca. El Mundo y La Razón argumentaban, casi con las mismas palabras, que de todas las monarquías la española era la más barata.

Otra, la campaña audiovisual que padecimos con la celebración del 75 cumpleaños de Juan Carlos, en enero de 2013. Aparte de la ¿entrevista? del súbdito Jesús Hermida en la televisión pública, se reclutó a todo tipo de personajes populares (desde Concha Velasco a César Alierta) para hacer un renovado panegírico de su reinado en un documental de difícil digestión, con el que volver a dar vida a todos los tópicos del campechano salvador de la patria.

Todo es poco, en estos tiempos de elefantes, corinnas y urdangarines, a los que ya apenas se podía proteger, a los que habría que dejar caer, como se deja caer un perdón-me-he-equivocao si no hay más remedio, para que nada cambie… y con el as en la manga del repuesto felipesco por si acaso.

No fue la prensa la que acabó con Juan Carlos, o al menos no la prensa española. Todo lo contrario. Sirvieron en todo momento como amortiguadores de los golpes que le llegaban desde los juzgados de Palma de Mallorca, o desde los mejores amigos de la monarquía, que habían tomado partido por su hijo Felipe.

La preocupación porque no se dañase la imagen de Juan Carlos llegó a ser un reto imposible para la prensa cortesana. Pero nunca flaqueó en su defensa del valor simbólico de la monarquía como sistema, proscribiendo el republicanismo al ámbito de lo marginal y minoritario. Sin dejar nada al albur de lo que pudiera desatar una palabra peligrosa, este afán enfermizo llevó, por ejemplo, a manipular entidades como el Instituto Cervantes. Son múltiples los viajes de promoción de la familia real por todo el orbe con la excusa de inaugurar nuevas sedes de este organismo. Por si fuera poco, el 18 de junio de 2010, celebración del día de la lengua castellana, el Cervantes organizó una votación para que la gente eligiera su palabra preferida. En la página web de la institución el proceso se podía seguir al minuto, hasta que la palabra «República» se situó en el primer lugar. A partir de ese momento se suspendió la selección por «fallos del sistema» que iban a ser solucionadas rápidamente. Pero esos fallos no se solucionaron durante tres días, al cabo de los cuales se limitaron a dar un mensaje de las 10 primeras palabras en «orden alfabético», entre las que «República» pasaba mucho más inadvertida. La directora del Instituto, Carmen Caffarel, acompañó el cambio con un discurso en el que informaba que ella había elegido para este día la palabra «Respeto» (una ironía, supongo). Un año más tarde, en 2011, para no cogerse los dedos, sustituyó la votación popular por la de un elegido grupo de «personalidades» del ámbito cultural latinoamericano, proponiendo cada una de ellas su palabra preferida. Entre las personas seleccionadas figuraban: Shakira, Raphael, Alejandro Sanz o Emilio Botín (que escogió «Santander», aprovechando el vídeo que le ofrecía una institución pública para hacer publicidad durante uno o dos minutos de una empresa financiera con sedes en paraísos fiscales y abusos de todo orden).

Todo esto, por las buenas (es un decir, porque no sabemos hasta qué punto pudieron llegar las presiones en algunos casos). Pero si alguien osa pasarse de la raya, ahí está el aparato del Estado para reprimirlo, por las malas, con toda la fuerza de la ley, y en especial del artículo 490.

Agarrándose a ese artículo como gato a las cortinas, jueces y fiscales se afanan en impedir que nadie pueda siquiera gastar una broma sobre el monarca. No sólo importan los contenidos, sino también las formas. Porque no basta con no tener animus injuriandi (o intención de causar daño), sino que también hay que evitar el animus jocandi (o ánimo de cachondeo, en jerga legal), ya que también está considerado delito hacer chistes. Esto no hace más que enmarcar nuevamente los riesgos de una sociedad que se dice revestida de libertades, entre ellas la de información, e incluso la de opinión, y más concretamente la política. Cuando estas ideas son republicanas, se pasa al campo de los «conspiradores».

Los jueces se han aplicado bien en la última década. José María Vázquez Honrubia, desde la sala central de lo Penal de la Audiencia Nacional, es de los que más se esfuerzan. Acaparó varios casos en los últimos meses de 2009 por injurias al rey. Entre ellos, uno por la quema de fotografías del monarca en Girona, con el resultado de una multa de 2.730 euros a los encausados. En otro proceso, sentó en el banquillo a dos dibujantes del diario Deia y a un articulista, también por injurias al rey, en concreto por burlarse del monarca con motivo de la caza del oso Mitrofán; pero estos tuvieron la fortuna de ser finalmente absueltos.

Otro caso reciente es el del grupo segoviano Ardor de Estómago: En abril de 2011, su tema «Una historia Real» causó cierta polémica al ser incluido en un CD de la IV Muestra de Música Joven organizada por el Ayuntamiento de Segovia. El PP puso el grito en el cielo y el alcalde, Pedro Arahuetes, del PSOE, se asustó, ordenó retirar la grabación, pidió disculpas a su majestad el rey católico su señor y, además, encargó a la Fiscalía que investigase si la canción era delictiva. Iba a ser que sí: los tres componentes del grupo, El Crestas, El Muñones y El Abuelo, acabaron siendo juzgados en la Audiencia Nacional, acusados de injurias al rey, en marzo de 2012. Aunque el juez perdonó la «negligencia» de los políticos que dejaron que la letrilla se les colase, los miembros de Ardor de Estómago fueron condenados con una multa de 900 euros.

Ardor de Estómago, grupo multado por injurias al rey.

Los hermanos Eduardo y Nayara C. A., detenidos en Móstoles (Madrid) en 2006 cuando exhibían una bandera republicana durante una visita de los príncipes de Asturias, fueron juzgados en mayo de 2012 en la Audiencia Provincial de Madrid por deshonor a la figura del Jefe del Estado y alteración del orden público. Aunque no de las patadas e insultos que recibieron (y por lo que su defensa exigió 12 años de cárcel a los cinco policías implicados, sin éxito alguno), sí se libraron por los pelos de los dos años de cárcel y una multa de 2.500 euros a cada uno que la fiscalía pedía. Fueron absueltos.

Naiara y Eduardo, detenidos por mostrar una bandera republicana.

Pero quedó claro que con la bandera republicana no se juega. No están dispuestos a dejar pasar este tipo de agravios. En agosto de 2012, el ejecutivo mantuvo que enarbolarla «incita a la violencia», cuando justificó en una respuesta parlamentaria la multa a un aficionado al balonmano porque ondeaba la enseña tricolor «con gran vehemencia». Alegó para ello el Gobierno que la actitud del alborotador podía interpretarse como una «provocación» a los aficionados españoles. El suceso había tenido lugar en el mes de abril en un partido entre las selecciones de España y Argelia celebrado en Alicante, y la Policía acabó expulsando al portador de la bandera y abriéndole expediente de sanción en virtud de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. En otro partido posterior, al mismo portador de la tricolor se le vetó la entrada, se le trasladó a un espacio vacío del polideportivo y se le conminó a identificarse de forma intimidatoria.

También se han cansado los jueces de sufrir en silencio las extravagancias de Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, diplomado de Estado Mayor, escritor, historiador militar y azote de la monarquía por puro gusto y sentido del deber en su poco frecuente manera de entenderlo, siendo como es de formación militar. En abril de 2012 fue llamado ante el juez de la Audiencia Nacional, imputado en un presunto delito contra la Corona. Pensaba que, más tarde o más temprano, tendría que acudir con sus libros, sus investigaciones… pero al Congreso de los Diputados, a cuenta de sus múltiples escritos dirigidos a la Cámara, con acusaciones serias y formales sobre actuaciones cuando menos irregulares del monarca y de su entorno que habría que investigar. No fue así. Fue en los juzgados donde hubo de rendir cuentas por un artículo publicado en la prensa digital (en el periódico Canarias-Semanal), en diciembre de 2011, titulado «Por qué te callas», en el que blasfemaba no precisamente en arameo contra la religión juancarlista, por pura frustración de que no se hiciera caso alguno a las buenas palabras. Y fue, de nuevo, el aplicado juez Vázquez Honrubia el que se encargó de condenarlo, a 6.500 euros de multa, por llamar al Borbón reinante «cabrón, putero, vago y borracho», entre otras lindezas.

Por supuesto, no se libran de estos ataques a la libertad de expresión los políticos, ejerciendo como tales, si son del rojerío incómodo y tienen la ocurrencia de mear fuera del tiesto.

A Javier Madrazo (por entonces consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales y coordinador general de IU-EB) le dieron un toque de atención con una querella por injurias al rey, en abril de 2003, presentada por la fiscalía del alto tribunal vasco, aunque luego fue desestimada. En un acto en la localidad guipuzcoana de Eibar para conmemorar la Segunda República, Madrazo había osado criticar el «silencio» de la Casa Real ante el conflicto bélico de Irak, lo que desde su punto de vista demostraba «el carácter antidemocrático» de la monarquía. Como si el muy inocente se hubiera tragado eso de la libertad de expresión a pies juntillas, todavía añadió: «Ya que les pagamos palacios, yates, viajes a esquiar y montar a caballo, no habría estado de más que, por una vez, abandonasen sus ocupaciones y compartiesen con la sociedad esta preocupación».

Un poco más difícil se las pusieron al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso (de Izquierda Unida), por unas declaraciones que realizó en abril de 2008 en Los Barrios (Cádiz), en el transcurso de un acto conmemorativo del 77 aniversario de la Segunda República. Aunque Grande-Marlaska, el juez que lo llamó a declarar pocos meses después en la Audiencia Nacional, puso todo el énfasis en su acusación de «injurias graves al rey» en la utilización de palabras como «crápula» o «deleznable», lo cierto es que pasó por alto el fondo del discurso de Barroso. Porque si se le llamaba «crápula», era para pedir que se conocieran «todas las andanzas» del rey. Barroso señalaba que los «escarceos amorosos» del monarca no le «parecen mal», pero con lo que no está de acuerdo es con que «se lo paguen con los fondos reservados del Estado». En el juicio oral (en junio de 2009) se ratificó en todas sus críticas y matizó que sus acusaciones iban dirigidas contra el concepto de dinastía y, en concreto, la borbónica. «Más pronto que tarde, los pueblos de España conocerán todo y lo juzgarán», dijo. Y por todo eso se le solicitó una multa de 10.800 euros, insistiendo el fiscal en que si hoy no se condenaba a este acusado «este tipo de delitos contra el rey quedarán impunes». Al final se la rebajaron a 6.840 euros, pero Grande-Marlaska acabó por declararlo insolvente, al no entregar el alcalde la cantidad de la multa en el plazo establecido «sin que se le conozcan bienes que puedan ser embargados». Quizá lo hizo para evitar que continuase adelante la campaña de recaudación de fondos iniciada unos meses antes por Izquierda Unida de Cádiz: no para ahorrarle a Barroso el pago de la multa, explicaron en la presentación de la campaña, «sino para hacer partícipe de la causa a todos los que crean en los valores republicanos y en un sistema más democrático».

José Antonio Barroso, juzgado por injurias al rey.

Pero el caso más flagrante que ha llegado a los tribunales en los últimos años es sin duda el de Arnaldo Otegi, que ha tenido un largo recorrido en los juzgados, con Otegi esperando en prisión.

En febrero de 2003, cuando era portavoz de Batasuna, Otegi hizo unas declaraciones sobre el rey, en cuanto que jefe y símbolo del aparato del Estado y de las Fuerzas Armadas. El diario vasco Egunkaria había sido cerrado ese mismo mes por la Audiencia Nacional, y el juez Juan del Olmo había ordenado la detención de buena parte de sus responsables, que denunciaron haber sido torturados por las fuerzas de seguridad. En ese contexto, y reaccionando además contra una controvertida y en absoluto oportuna visita del monarca, Otegi dijo en un acto que el rey, textualmente, «es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y a la violencia».

Sin que se le reconociera su condición de aforado, en tanto que parlamentario, Otegi fue procesado por injurias (en aras del debatido artículo 490.3 del Código Penal) en Bilbao, en marzo de 2005. El máximo tribunal del País Vasco lo absolvió, pero la sentencia fue recurrida y el Tribunal Supremo le impuso una condena de un año, condena que fue ratificada por el Supremo y, luego, por el Constitucional. En mayo de 2006 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco suspendió durante tres años la ejecución de la pena, invocando jurisprudencia del Tribunal Constitucional que aboga por evitar el cumplimiento de penas de corta duración a los condenados con «pronóstico favorable». Pese a todo, fue detenido y encarcelado en junio de 2009 (por orden del juez Baltasar Garzón), por el caso Bateragune (en el que se establecía que cualquier sospechoso de independentismo era de ETA, sin paliativos); y, con él, representantes de distintos sectores de la izquierda abertzale fueron sentenciados (en septiembre de 2011), por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, a diez años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cargo público.

El caso de las injurias de Otegi acabó llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que en marzo de 2011 condenó al Estado español por violar la libertad de expresión del político vasco. España tendrá que pagar 20.000 euros por daños morales y 3.000 de costas. La corte de Estrasburgo considera la sanción impuesta a Otegi «severa» y «desproporcionada». Dice también que contradice la Carta de Derechos Fundamentales y el artículo 10 de la Convención Europea, porque las palabras del condenado «no son un atentado personal gratuito contra la persona del Rey, ni cuestionan su vida privada o su honor personal». La sentencia de Estrasburgo afirma que «el hecho de que el Rey no sea responsable penalmente, según la Constitución, no impide por sí mismo un debate libre sobre sus posibles responsabilidades institucionales, e incluso simbólicas, a la cabeza del Estado». Una sentencia modélica en la que queda patente que Otegi fue desasistido por los tribunales al enfrentarse al rey. Claro que ese no fue el único error judicial: la propia Audiencia Nacional acabó dictaminando, en 2010, que el cierre del periódico Egunkaria y la detención de sus responsables fue ilegal, ya que no guardan ninguna relación con ETA. En el caso Bateragune, tras revisar los recursos interpuestos por Otegi y el exdirigente del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, ambos encarcelados desde junio de 2009, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rectificó en mayo de 2012, considerando que se habían excedido en la condena de 10 años y rebajándola a 6. Nadie entiende ahora por qué Otegi continúa entonces en prisión al cierre de estelibro (si la doctrina Parot ya no se aplica, gracias también a una resolución del TEDH), pero así lo ratificó el Tribunal Constitucional en julio de 2014. Otegi tendrá que recurrir otra vez a Estrasburgo, cuando sobre su sentencia anterior las autoridades judiciales españolas todavía no han dicho ni mu, ni han movido ficha desde que fue dictada. Todo parece indicar que se quedará en una victoria, en absoluto pírrica, pero sí meramente moral.

Arnaldo Otegi

Si así no fuera, una de las primeras consecuencias habría de ser la reforma del Código Penal para la supresión de los artículos 490 y 491, como vienen pidiendo desde hace años representantes de grupos políticos minoritarios. Así lo hicieron el republicano Joan Ridao (ERC) y el ecosocialista Joan Herrera (ICV), que presentaron en 2008 en el Parlamento una propuesta en este sentido, que ni siquiera llegó a debatirse. En marzo de 2011, volvieron a intentarlo el propio Ridao, Núria Buenaventura (ICV) y Gaspar Llamazares (IU), con una proposición de ley orgánica para despenalizar las injurias a la Corona, en la que ampliaban la exposición de motivos al recoger los razonamientos del TEDH. Pero el PSOE no creyó «necesario» modificar el Código («no se puede cambiar esta ley básica al albur de un acontecimiento. Además, la figura del jefe del Estado debe ser adecuadamente resguardada», fue su argumento); y mucho menos el PP, claro.

Todo esto junto (las manipulaciones, presiones, intoxicaciones, acciones represivas policiales y judiciales…) han llevado a que amplios sectores de la población vivan en un estado general, nada metafórico, de «paramnesia» (citando a Pedro López y otros en su artículo «Amnistía, amnesia y paramnesia», publicado en Rebelión, 08-04-10), que es una patología consistente en la elaboración de falsos recuerdos. La negra fábrica de una falsa memoria colectiva ha creado el mito de la santa transición modélica, la democracia coronada y el rey campechano con su adorable y ejemplar familia, igual que creó la paz franquista sobre las fosas comunes de los fusilados y los exilios del exterior y del interior.

Con el recién coronado heredero de la dinastía borbónica, el panorama se presenta peor si cabe. Junto a los abusos de poder de sus escoltas desde que era Príncipe de Asturias (amedrentando a periodistas con detenciones y cacheos ilegales), los intentos de la familia Ortiz por establecer por orden judicial censura previa a todo lo que se publique sobre ellos, el secuestro de revistas por mostrar animus jocandi en el tratamiento de su real figura… continúa con ejercicios de hipocresía colectiva de los que tanto gusta participar la sociedad bien. Como el «homenaje a la libertad de expresión» que los príncipes de Asturias presidieron en noviembre de 2004, en la entrega del Premio Antonio Asensio (el ya fallecido fundador de la revista Interviú) a la cadena británica BBC, por su independencia, rigor y defensa de la libertad. En el acto, Felipe de Borbón destacó «el decisivo papel que el proceso de comunicación desempeña en las sociedades democráticas y abiertas de nuestros días». Ello requiere, añadió el príncipe, «de la laboriosidad y pericia que caracterizan al periodista que sabe desmenuzar, explicar y exponer ese volumen de información que hoy nos llega con tanta facilidad». También su consorte, Letizia Ortiz, en un mucho más reciente encuentro con sus colegas ya como reina (también en la entrega de un premio de periodismo, en septiembre de 2014), lanzaba soflamas a favor de la libertad de expresión sin el más mínimo rubor, reivindicando enérgicamente a «los periodistas que saben decir no» (y seguro que no se refería a sus compañeros de RTVE que en los mismos días denunciaban las presiones y censura a que se ven sometidos en su trabajo diario).

Nada de este espíritu rebelde debían de tener en su ánimo en julio de 2007, y no se rieron nadita con el animus jocandi de la revista satírica El Jueves, que mostraba en portada a Felipe y Letizia haciendo su primer trabajo rentable: fabricar un hijo para obtener la ayuda de 2.500 euros a la maternidad anunciados entonces por el Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó el secuestro de la publicación y abrió diligencias por la «irreverente» viñeta. El siempre entregado juez Vázquez Honrubia condenó a una multa de 3.000 euros al dibujante Guillermo Torres y al guionista Manel Fontdevila por un delito de injurias al sucesor de la Corona. La sentencia está recurrida, pero la editora de El Jueves la tiene más que asumida. Ha aprendido la lección y ya no hace falta que venga ningún juez a leerle la cartilla: en la primavera de 2014 lo demostraron auto-secuestrando su propia publicación, para evitar que otra viñeta sobre el traspaso de poderes de Juan Carlos a Felipe llegara a los quioscos. Mostraba una metáfora del estado actual en el que han dejado la corona que les fue entregada por el pueblo no soberano, cubierta de excrementos y moscas. Como consecuencia, una parte de los trabajadores de El Jueves (incluido Manel Fontdevila) abandonó la publicación, para crear otra nueva, Orgullo y satisfacción, con la que poder seguir siendo satíricos (se difunde a través de internet desde septiembre de 2014).

Al cierre de este libro, ya celebrado el primer año de reinado de Felipe VI, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaba una pena de un año de cárcel para la edil de la formación «Guanyar Alicante» Marisol Moreno, conocida como «La Roja», por un delito de injurias a la Corona, por un artículo titulado «Borbones asesinos» publicado en su blog. Junto a una fotografía del rey Juan Carlos I tras abatir un elefante, se podía leer: «Este hijo de puta ha matado a un ser que, en muchos aspectos, es mejor que los humanos, aunque claro, qué se puede esperar de un tío que disparó a su propio hermano y lo mató. (…) Nuestro dinero público financia las matanzas de la realeza española en todos los sentidos, matanza económicas como la de Urdangarin y que el rey apoya».

También en estas fechas, detenían en Vallecas a otro joven por el mismo delito. Sobre las nueve y media de la mañana del 28 de octubre de 2015, dos agentes de la policía se presentaban en el domicilio de Óscar, le acusaban de un presunto delito telemático y se lo llevaban detenido hasta la comisaría de Moratalaz. Tras ficharle como si fuera un delincuente, le tomaron declaración y le dejaron en libertad con cargos. Su presunto delito había sido injuriar a la Corona a través de una cuenta de Twitter cuyo único fin es el humorístico. De hecho, sus tuits son bastante habituales en el espacio «Tremending Topic» de diario Público. Véase una muestra:

—Está usted detenido.

—¡Léame mis derechos!

—Mierda, sargento, ¿qué hacemos? ¡Pide que leamos!

—Es listo el cabrón… ¡Dale un porrazo!

(@policiia) July 3, 2015

Tenía gracia, el chaval, que está a la espera de que un juez decida si sus tuits son causa de delito o no. El nuevo código penal ampara que las consideradas injurias contra la Corona en España constituyan un delito de lesa majestad, que era el término en derecho antiguo, no para una ofensa, sino para el delito que se cometía contra la vida del soberano o sus familiares. Y en esta vuelta a la Edad Media las bromitas se pagan con hasta 2 años de prisión.