● Análisis y declaración del FAI sobre las elecciones legislativas en VENEZUELA ●

 

Frente Antiimperialista Internacionalista – 04/12/2020

Las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela tienen una especial transcendencia, no sólo porque pueden cambiar el signo político de la Asamblea Nacional (AN), sino porque serán utilizadas como un instrumento de injerencia por EE.UU. y sus aliados.

Para comprender su significado no es suficiente interpretar sus resultados; es necesario entender el papel que juegan los procesos electorales en la estrategia imperialista.

La oposición al chavismo logró una clara victoria electoral en las legislativas de diciembre de 2015, y desde la constitución de la Asamblea de mayoría opositora, su trabajo no fue legislar en beneficio del país y colaborar con el ejecutivo, tal y como establece la constitución, sino colaborar con potencias extranjeras para derribar al gobierno. En palabras de su presidente Ramos Allup, tenían seis meses para el “cambio de régimen”, consigna central de la administración norteamericana.

Para ese parlamento, alinearse con la estrategia de EEUU, suponía un éxito a corto plazo y desde el primer momento optó por desconocer al gobierno y a las demás instituciones del Estado, consideradas pro-chavistas.

En la primera ocasión que se le presentó, la Asamblea incurrió en desacato; fue en el mismo momento de su constitución: Existían denuncias por fraude electoral de varios representantes del estado de Amazonas por la compra de votos. Una vez realizada la investigación, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dictó sentencia el 30 de diciembre de 2015 en la que se recogía: “incuestionable vulneración del derecho al sufragio de los ciudadanos”. Este tribunal solicitó la entrega de las actas de los imputados y la AN desafío la legítima autoridad del tribunal y se negó a hacerlo. Como la mayoría de los asambleístas no quedaba afectada por la entrega de esas actas, la cuestión se centró en deslegitimar a este tribunal.

Las reglas del juego quedaron establecidas: la denominada oposición no reconocería ninguna actuación del Estado y utilizaría la AN como un instrumento para desestabilizar y deslegitimar, por cualquier vía, al presidente Nicolás Maduro, a su gobierno y a las instituciones del Estado; una actitud golpista que se intentó camuflar haciendo constantes declaraciones sobre el carácter democrático de la AN, su apego a la Constitución y mostrándose siempre como víctima de la “dictadura chavista”.

De ahí en adelante la AN ha impulsado la guerra económica, las medidas punitivas, ha impedido la refinanciación del país, ha acordado con EEUU “una solución rápida” para derrocar al gobierno legítimo, ha desconocido el triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro y ha respaldado la autoproclamación de Juan Guaidó.

Nada de esto es comprensible sin situarlo en un contexto más amplio: el de la Guerra Mundo, la guerra por cualquier medio contra todo el que impida o dificulte la expansión imperial de Estados Unidos por el dominio del planeta; y hoy día, en esa guerra, los procesos electorales son una pieza esencial.

Desde la II guerra mundial hasta la década de los 80, el modelo de dominación imperialista contemplaba todo tipo de agresiones y todo tipo de desenlaces siempre que fueran favorables a los intereses estadounidenses; eso dio lugar a guerras, invasiones y golpes de estado que en la mayoría de los casos desembocaron en dictaduras, esencialmente militares. Eso se producía en cualquier lugar del mundo: Grecia, Indonesia, Irán, Turquía, Corea del Sur, entre otros; y con especial intensidad en América Latina (Guatemala, Cuba, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Nicaragua). Al mismo tiempo, se toleraba y se colaboraba con las dictaduras existentes, como en España o Portugal, y se alimentaba a regímenes teocráticos y dictatoriales como el de Arabia Saudí, o las monarquías del golfo. En especial se financiaba y garantizaba la existencia del ente sionista de Israel, un régimen constitucionalmente confesional y racista que practica el apartheid, pero que siempre ha sido considerado por Occidente como modelo de “democracia”. En la mayor parte de los casos la justificación que se ofrecía era la de frenar al comunismo.

En la década de los 80 cambió el modelo. Las dictaduras darán paso a democracias formales y serán la nueva justificación para derribar gobiernos que no se sometan de buen grado a renunciar a su soberanía. El imperio se convirtió en el gran defensor de la democracia y en su nombre continuará con la misma tarea de dominación y expolio, se seguirán invadiendo países, declarando guerras, impulsando golpes de estado… todo ello en nombre de la democracia.

La democracia es el dogma del que se apropia el imperio y de paso se hace propietario de la voluntad popular. Estados Unidos decidirá, como buen inquisidor, quien es dictador y quien es demócrata, los métodos para reconvertir al ateo, o como eliminarlo y quien es el indicado para ocupar su puesto. Será tolerante con quienes le siguen aunque no sean demócratas, y se sentirá legitimado para condenar, dictar sentencia y ejecutarla; será una cuestión de poder, al margen del derecho y de las instituciones internacionales, al margen de cualquier criterio ético o moral y al margen de cualquier rasgo de Humanidad.

En esta forma de opresión, los procesos electorales son un momento clave: es el momento en el que se renuevan las instituciones y es posible intervenir con mayor facilidad. El proceso de injerencia se inicia siempre con antelación, tratando de manipular al electorado con todos los recursos disponibles, esencialmente la propaganda, pero no sólo; la amenaza y la coacción son también instrumentos básicos de la manipulación. Los asedios, a los que se llama eufemísticamente sanciones, se han multiplicado en los últimos años y tienen aquí uno de sus principales objetivos: crear angustia y desesperación, degradando las condiciones de vida para que la gente acepte o busque un “cambio”.

Las amenazas de guerra, los atentados, las acciones de extrema violencia, generarán miedo; la falta de suministros básicos, déficits de todo tipo, incertidumbre y merma de la confianza en las autoridades. La propaganda, como síntesis de la acción del complejo comunicacional, confundirá y tratará de debilitar las conciencias de los y las venezolanas. Todo ello con el objetivo de deslegitimar a quienes dirigen el país, a su ideología y a las instituciones del estado.

Todos estos condicionamientos básicos son perfectamente reconocibles en el caso de Venezuela: La declaración de amenaza inusual y extraordinaria decretada por Obama en 2015; la amenaza de intervención militar en la declaración en 2019 del jefe del pentágono Patrick Shanahan (“no se descarta ninguna opción”); las acciones terroristas, como las de Oscar Pérez asaltando cuarteles, ametrallando y lanzando granadas en edificios públicos; las guarimbas con decenas de muertos, algunos quemados vivos por “parecer chavistas”; la guerra económica, impidiendo el acceso a suministros básicos de energía, alimentos y medicinas.

Sobrevolando todo esto, el mayor despliegue de manipulación comunicacional conocido hasta la fecha, mediante la coordinación de diferentes emisores que confluyen en un mismo punto que, según el dirigente nazi Goebbels, es la forma más eficaz de construir una imagen que, aunque sea falsa, irracional y absurda, termine siendo creíble.

La imagen de Venezuela como una dictadura y lo que conlleva de criminalidad, está firmemente asentada en el mundo occidental. Se ha construido con un complejo comunicacional en el que intervienen, la clase política, las instituciones, la academia, las industrias culturales y la práctica totalidad de los sistemas y medios de comunicación. Todos ellos comparten un mismo discurso: Venezuela es una dictadura, su presidente Nicolás Maduro un tirano. Apuntalarán esta idea, sin fundamentarla, con todo tipo de comentarios y declaraciones interesadas cada uno en su ámbito y serán los medios quienes se encargarán de difundirla.

Esa imagen construida para criminalizar a un supuesto enemigo, es la pieza clave para producir una inversión: Deslegitimar a la víctima y legitimar al criminal. Mientras nadie puede decir racionalmente que Venezuela o su Presidente estén atacando o amenazando a EEUU o a sus aliados, si podemos afirmar que EEUU amenaza, acosa y agrede a Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro; pero la imagen construida es la contraria.

Para que las víctimas sean consideradas merecedoras de un cruel castigo y el agresor legitimado, es necesario criminalizar a la víctima, despojarle de cualquier virtud y atribuirle todo tipo de crímenes, lo que para simplificar se resuelve llamándole dictador y tirano. Al tiempo, el agresor tiene que estar dotado de valores incuestionables que le sitúen por encima del bien y del mal; se nos presenta como defensor de la democracia y la libertad.

Este proceso es el habitual cuando se decide acabar con un líder, un gobierno, un Estado; eso se hizo con Milosevic en Yugoeslavia, con Sadam Husein en Irak, con Gadafi en Libia y tantos otros, y en otra medida con Lula, Dilma, Evo y sobre todo con Nicolás Maduro, sin dejar de mencionar a Fidel Castro que la mayor parte de su vida fue demonizado y aun hoy en día continua siendo la encarnación de la maldad. Del mismo modo se actúa con los gobiernos que se quieren derrocar, acusándolos habitualmente de corrupción, de nepotismo, de vinculación al mundo del crimen; tampoco se libran las instituciones, especialmente las vinculadas a la justicia y a los procesos electorales.

La legitimación de los agresores sigue el mismo proceso, pero en dirección opuesta: Leopoldo López es un criminal, juzgado y condenado por delitos tipificados como terrorismo con pruebas contundentes y las imágenes de su participación en el intento de golpe de estado del 30 de abril de 2019 dieron la vuelta al mundo. Pero su perfil de víctima y héroe ya estaba construido por los medios y avalado por las instituciones españolas y europeas: relatos de su sufrimiento en la cárcel, su acogida en la embajada española, su heroica huida y sus fotos de familia, configuran la imagen necesaria de víctima y luchador por la libertad y la democracia para ser legitimado.

Otro tanto sucede con Juan Guaido, un golpista autoproclamado presidente, que se ha apropiado de bienes públicos arrebatándolos a su país, que pide la intervención de fuerzas extranjeras y que firma contratos con organizaciones mercenarias de EEUU para secuestrar y probablemente asesinar al legítimo presidente de Venezuela, todo ello difundido universalmente. Sin embargo, este criminal ha sido reconocido por más de 50 países, todos ellos alineados con EEUU y sus socios europeos, creando así una imagen de legitimidad al aceptarlo como si de un presidente electo se tratara.

Todo esto vuelve a vulnerar el derecho internacional y la carta de las NNUU y, de hecho, Naciones Unidas no reconoce a este autoproclamado presidente. Sin embargo, para falsear este descrédito de Guaidó, la propaganda mediática repite como un mantra la consigna “reconocido por más de 50 países”, sin mencionar que eso supone menos del 27 % del total de países acreditados en NNUU. Es más que probable, que el supremacismo blanco desarrollado considere, que ellos son los que de verdad importan en el mundo y de lo que se trate en realidad es una vez más: cuestión de poder.

La criminalización del chavismo y de su gestión del país la expresa así el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma; “Venezuela está invadida”…”agredida por efectivos castristas, rusos, iraníes, ejércitos paralelos, grupos parapoliciales”. Ledezma utiliza un lenguaje brutal para describir una imagen del infierno que ya hemos conocido en otros casos en los que se había decidido devastar y saquear un país. La oposición golpista prepara el terreno para la invasión.

Pero la criminalización y el doble juego (deslegitimar al gobierno venezolano y legitimar a la oposición golpista) es sólo el primer paso; hay que continuar el procedimiento y desarrollar los mecanismos que implementen un dominio efectivo, derrocando el gobierno; eso es lo que está en juego, una vez más, el próximo 6 de diciembre en Venezuela.

El plan para deslegitimar las elecciones legislativas comienza en el verano de 2019; en ese año, la ofensiva para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro fue especialmente intensa, intentando minimizar el éxito de la Asamblea Constituyente y la debilidad y quebranto de la “oposición”.

2019 despierta con la autoproclamación de Juan Guaido el 23 de enero; el 23 de febrero se produce el intento de invasión desde Colombia bajo una burda excusa de entrega de ayuda humanitaria; el 30 de Abril se intenta una sublevación militar en la base militar de La Carlota y el huido de la justicia Leopoldo López es acogido como invitado en la embajada del Reino de España; en mayo de ese mismo año, la Asamblea Nacional en desacato promueve el ingreso en el Tratado Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR) lo que sin ninguna duda facilitaría una intervención militar externa.

Los derechos humanos son el eje fundamental de la estrategia de injerencia y la diplomacia venezolana se prepara para hacerle frente. El gobierno venezolano inicia las gestiones para que sea la autoridad internacional competente quien determine la situación de los derechos humanos en Venezuela. Así, los días 19, 20 y 21 de junio de ese año, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visita oficialmente Venezuela, dando inicio a un trabajo de verificación sobre el terreno. El 8 de agosto se producen las primeras declaraciones de este organismo: “preocupan por el impacto potencialmente severo en los Derechos Humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por EEUU”. Este señalamiento de la Alta comisionada, que vinculaba directamente los DDHH en Venezuela y la política de agresiones de EEUU, hace reaccionar a los agentes injerencistas, que perciben que pierden terreno en la estrategia de deslegitimación. Pondrán entonces en marcha un mecanismo que oculte y desvirtúe la investigación iniciada por la Comisionada para los Derechos Humanos y crearán una pseudo comisión llamada “Misión de verificación de hechos”.

El 20 de septiembre se había firmado el protocolo de entendimiento entre Venezuela y la Alta Comisionada, en el que se acordaba, entre otras cosas, la presencia permanente de oficiales de NNUU en Venezuela y el libre acceso a todos los territorios y a lugares sensibles como son los centros penitenciarios. El 26 de ese mismo mes, el Consejo de Derechos Humanos, adoptó una resolución, con el apoyo de Venezuela, para un trabajo de cooperación en esta materia.

Al día siguiente de este acuerdo entre el gobierno de Venezuela y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el autodenominado Grupo de Lima, con el respaldo de EEUU y la Unión Europea, promovió la creación de una “misión de verificación de hechos”.

Esta pseudo comisión aparecerá en todos los medios de comunicación como si fuera la misión oficial encargada por el Consejo de Derechos humanos. Se presentará como “misión independiente Internacional” y tendrá todos los elementos de una farsa: los supuestos investigadores no fueron seleccionados mediante el proceso habitual de postulaciones publicas ni evaluados por el Grupo Consultivo, ni contaron con el aval de 47 miembros del consejo; estos investigadores nunca estuvieron en Venezuela y más del 50% de las “pruebas” tienen como fuente las redes sociales, mientras los testimonios de las víctimas no alcanzan al 4% y los documentos de expertos no llegan al 3%. Los errores metodológicos y de procedimiento están en consonancia con lo expuesto.

En 2020 continúan las agresiones de la guerra multiforme: el 26 de marzo, EEUU pone precio a la captura o asesinato de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello; el 3 de mayo se lleva a cabo la operación Gedeón para secuestrar y asesinar al Presidente, operación en la que intervienen la CIA, el gobierno colombiano y mercenarios de EEUU y en la que está involucrado directamente Juan Guaidó; el 5 de mayo se prorroga el decreto presidencial de EEUU que declara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria.

Nada de esto va a impedir que se cumpla el mandato constitucional de celebrar las elecciones legislativas en el plazo establecido de 5 años, con fecha el 6 de diciembre de 2020.

EEUU y sus aliados consideran que los resultados no les serán favorables; ya han tratado de deslegitimar al Presidente venezolano y a su gobierno, ahora tratan de deslegitimar a la próxima Asamblea Nacional, que previsiblemente dejaran de controlar tras estas elecciones, bajo ese principio elemental de “si no me sirven, no las reconozco”.

El 3 de septiembre, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela invitó a diferentes países a que enviaran observadores a las elecciones del 6 de diciembre, expresamente a la UE. Ese mismo día, Henrique Capriles, dirigente del partido de la oposición Primero Justicia, confirmó que participaría en las elecciones y declaró, refiriéndose a Guaidó que ”se agotó lo que había, la agenda no dio resultados, hay que abrir camino”, aunque añadió “y esto no es legitimar”. Capriles se enfrentaba abiertamente a la agenda de EEUU, en dos puntos clave: Guaidó y la Asamblea Nacional.

El 10 de septiembre, la UE pide que se retrasen las elecciones, argumentando que no dispone de tiempo suficiente para organizar la visita; trataba así de ganar tiempo, convencer a Capriles y fabricar argumentos más contundentes.

En 18 de septiembre comenzó el ataque frontal para deslegitimar las elecciones; el eje será, una vez más, los DDHH. Ese día se publica la noticia de una masacre en la localidad de Macuto en la que han asesinado a varios policías, atribuyéndole la autoría al gobierno. Una vez más, nada sostiene esa noticia. Ese mismo día, la UE condiciona el envió de observadores a que las elecciones se retrasen seis meses.

El 24 de septiembre la UE envió una misión a Caracas para negociar un posible retraso electoral. El 26, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó un informe sobre Venezuela y el plan de trabajo para los dos próximos años. Al día siguiente la pseudo “comisión Independiente Internacional” presentó el informe que ya hemos comentado, plagado de infamias contra Venezuela.

La participación de España en este proceso es sobresaliente por su reaccionaria radicalidad, su amplio consenso y su obediencia a los intereses de EEUU. El 24 de septiembre se aprobó una proposición no de ley que seguía al pie de la letra el informe de la mencionada pseudo “comisión internacional”; por supuesto, para nada se mencionaba al grupo de trabajo Venezuela-Comisión de DDHH de NNUU.

Lo importante de esa proposición española no son las consabidas descalificaciones, insultos e infamias al dictado de EEUU, sino la eficacia de los instrumentos de manipulación, como lo es la “comisión independiente internacional”, la aceptación expresa de que el papel de España en la UE es servir a los intereses de los EEUU y de que todo esto alcance el mayor consenso parlamentario y que una al PSOE y a VOX. No hay nada como la disciplina y la obediencia. Hay que mencionar que, el 13 de julio, el PP presentó una propuesta semejante que solo contó con el apoyo de VOX; quizás aún no habían llegado las instrucciones pertinentes.

Algo semejante le ha ocurrido a Henrique Capriles, que el 3 de octubre ya se había olvidado de sus contundentes declaraciones en pro de las elecciones de un mes antes y anunciaba que no participaría porque no habría observadores europeos.

Este relato de cómo funciona la guerra contra Venezuela y su democracia nos ayuda a entender cuáles son los mecanismos de injerencia, cómo operan sirviéndose de todas las armas a su alcance, pero especialmente, el papel que cumplen los momentos electorales elegidos por el imperio para desestabilizar y derrocar gobiernos. Pero el pueblo venezolano y su gobierno bolivariano han aceptado el reto de defender su país y su revolución en todos los campos en los que se ha desatado la guerra contra ellos. Por eso, el pueblo venezolano se ha declarado en pie de paz y defiende su derecho a elegir libremente a sus representantes cumpliendo el mandato constitucional.

Desde el Frente Antiimperialista Internacionalista consideramos que es nuestra responsabilidad apoyar y defender la voluntad del pueblo venezolano.

Es nuestra obligación señalar y denunciar a los agresores.

Es nuestro compromiso trasmitir a los venezolanos y venezolanas nuestro más profundo respeto y solidaridad.

Frente Antiimperialista Internacionalista, 4 de diciembre de 2020