PRESSENZA – 27/12/25
«Un simple reglamento técnico de la Comisión Europea, adoptado en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), puede anular los derechos fundamentales de un ciudadano en territorio europeo sin debate público ni juicio previo, simplemente por la inclusión en una lista. Ya no se trata sólo de oligarcas rusos o funcionarios extranjeros. En la lista de sanciones por motivos tales como la disidencia sobre la guerra de Ucrania, el activismo pro-palestino o la crítica al extractivismo postcolonial en África, y por otras alegaciones parecidas, se incluyen hoy al menos a 59 personas y 17 organizaciones. Entre ellos hay ciudadanos europeos y de terceros países cuya única falta es la discrepancia política».
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