El Instituto Francés de Geopolítica sitúa a la Región de Murcia como líder de la corrupción urbanística en España.

Un informe señala que Murcia es la única comunidad autónoma de nuestro país con más de un 50 por ciento de los municipios ‘tocados’ por las corruptelas inmobiliarias en ayuntamientos.

P. SÁNCHEZ Jueves, 04 de Febrero de 2016

Mapa de la corrupción urbanística en España elaborado por el Instituto Francés de Geopolítica

La galopante corrupción en España está siendo objeto de estudio en uno de nuestros países vecinos: Francia. Hasta tal punto que el Instituto Francés de Geopolítica (IFG) ha realizado un informe pormenorizado por comunidades autónomas, algo así como un mapa de la España negra de las corruptelas, en el que Murcia tiene el infausto honor de aparecer como la región española con un mayor porcentaje de municipios afectados por casos de corrupción urbanística (casi un 60 por ciento).

De hecho, el estudio del IFG, elaborado por José García Díaz (licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada), señala que Murcia es la única comunidad autónoma de nuestro país con más de un 50 por ciento de los municipios ‘tocados’ por la corrupción inmobiliaria. En el siguiente escalón (entre el 31% y el 50% de los municipios afectados) se sitúan Baleares y Canarias, mientras que en el tercer tramo (del 20% al 30% de los municipios) están Galicia, Asturias, Madrid y Andalucía.

Con entre el 11% y el 19% de ayuntamientos implicados en casos de corrupción urbanística están Valencia y Cantabria, y en la franja del 6% al 10% se encuentran Navarra, Extremadura, País Vasco y La Rioja. No obstante, estos datos han quedado un tanto desfasados, pues tras la reciente macrooperación policial contra la corrupción del PP en Valencia, esta comunidad ha subido bastantes enteros en este penoso ranking.

Como regiones con menos corruptelas urbanística municipales (menos del 5% de los ayuntamientos) aparecen Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Castilla-León.

Estos datos contrastan con la percepción de los ciudadanos de la calidad de la gobernanza. Ésta es peor en Andalucía y Cataluña, seguida de Madrid, Valencia, Baleares, y Cantabria. En un grado medio están Murcia, Canarias, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León, La Rioja y Navarra. La mejor percepción se da en País Vasco, Asturias y Galicia.

“La geopolítica se asocia tradicionalmente al estudio de conflictos bélicos donde intervienen estados y grupos armados. Sin embargo, esta disciplina se puede aplicar también al interior de estados democráticos y pacificados. España constituye un país propicio para este enfoque, debido a su estructura territorial muy descentralizada”, explica José García Díaz.

Algunos de los casos más sonados de corrupción urbanística en la Región

El Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia ha admitido a trámite hace unos días una querella, presentada hace dos meses por un promotor gallego, en la que denunciaba la supuesta existencia de una organización piramidal, que estaría liderada por el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, para la recalificación ilegal de unos 180 millones de metros cuadrados en la Región. La querella iba también dirigida contra doce altos cargos de los gobiernos de Valcárcel, entre los que se encuentran los exconsejeros Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana, Fernando de la Cierva y José Ballesta.

Caravaca. Recalificación de la finca El Roblecillo, de especial protección forestal para construir 4.000 viviendas. Imputados el exalcalde Domingo Aranda y casi todos sus concejales del PP.

Lorca. Posible delito contra el patrimonio histórico y prevaricación, por autorización para construir el parador nacional en los restos protegidos del castillo. Afecta a la dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Puerto Lumbreras. Un juzgado de Lorca debe decidir si admite a trámite la querella contra el exalcalde y presidente regional Pedro Antonio Sánchez por presuntas irregularidades en la convocatoria del concurso y recepción de la obra del auditorio de Puerto Lumbreras.

Prevaricación urbanística por permitir la construcción de un edificio en zona verde en el PGOU que estaba vigente. Afectó al exalcalde Pedro Antonio Sánchez (PP) y a varios concejales, y luego se archivó el caso.

Águilas. Caso Zerrichera. Prevaricación, cohecho, falsedad. Recalificación de una finca protegida como LIC y ZEPA para construir 4.000 viviendas, con hotel y campo de golf. Afecta al el exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués (PP), los exdirectores generales Antonio Alvarado, Encarnación Muñoz, Manuel Alonso Guerrero y José María Ródenas y el alcalde Juan Ramírez (PP).

Aledo. Operación Líber. Prevaricación, cohecho, falsedad, fraude..., por adjudicación irregular de contratos. Afecta al exalcalde Simón Alcaraz (PP) y al exconcejal Antonio Alcaraz.

Totana. Operación Tótem. Prevaricación, cohecho, falsedad, fraude..., por petición de comisiones por valor de 15 millones de euros para recalificar terrenos. Condena en firme al exalcalde y exdiputado del PP Juan Morales (PP). Falsedad, fraude, infidelidad. Afecta al exalcalde de Totana José Martínez Andreo (PP).

Cieza. Plan parcial Benís. Falsedad. Supuesto cambio de los planos del convenio municipal para ocultar que se incluían terrenos de una hermana de la concejal de Urbanismo. Afecta al exalcalde Antonio Tamayo (PP) y al secretario municipal.

Campos del Río. Caso Trampolín. Falsedad en documento, por simulación de un documento para sacar adelante la urbanización sin tener que asumir nuevos requerimientos ambientales. El exalcalde Ricardo Valverde Almagro (PSOE) fue absuelto.

Murcia. Caso Barraca. Prevaricación y cohecho por ilegalidades en la tramitación de asuntos urbanísticos. Afecta al exjefe de Planeamiento Joaquín Peñalver, entre otros.

Caso San Esteban. Prevaricación. Autorización para desmontar los restos de un yacimiento musulmán encontrados en el jardín de San Esteban. Afectó al exdirector general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Enrique Ujaldón (PP). La Audiencia archivó el caso.

Caso Umbra. Prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias por supuesto trato de favor a las promotoras de la zona norte del municipio. Afecta al alcalde Miguel Ángel Cámara (PP); al exconcejal Fernando Berberena y a altos funcionarios de Urbanismo.

Librilla. Caso Biblioteca. Prevaricación, cohecho, falsedad, fraude, por adjudicación irregular de contratos. Afecta al exalcalde José Martínez García (PP) y al exconcejal de Urbanismo, Pedro Martínez, entre otros implicados.

Torre Pacheco. Prevaricación, por adjudicación a dedo de gran cantidad de contratos a un mismo arquitecto, por importe de 720.000 euros. Afectó al exalcalde Daniel García Madrid (PP), condenado a diez años de inhabilitación.

San Javier. Asociación licita, negociaciones prohibidas, prevaricación, fraude y tráfico de influencias. Supuesto favorecimiento a empresarios locales. Afecta al exalcalde de San Javier José Hernández (PP) y al arquitecto municipal.

Caso Puerto Mayor. Prevaricación, por levantar la suspensión de las obras del puerto sin tener competencias para ello. Afectó al exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado (PP), que fue absuelto por un defecto de forma.

Caso Las Brisas. Delito contra la ordinación del territorio, por supuesta autorización irregular para construir un edificio de 64 viviendas. Afecta al exalcalde José Hernández (PP).

Los Alcázares. Blanqueo de capitales, delito fiscal, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad, malversación, por gran cantidad de ilegalidades cometidas desde el Ayuntamiento. Afecta al exalcalde Juan Escudero (PSOE) y al exconcejal de Urbanismo, Alfredo Blanco.

Cartagena. Caso Novo Carthago. Prevaricación y tráfico de influencias por reclasificar como urbanizable una zona de un espacio natural protegido. Afecta al ex delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, entre otros. También estuvo imputada la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

http://www.lacronicadelpajarito.es/region/instituto-frances-geopolitica-situa-a-region-murcia-como-lider-corrupcion-urbanistica-espana