CHILE: Muere el activista Jorge Mora (“Neko”) tras ser arrollado por un camión de carabineros.

Más información: La Haine

El Polera - Un «homicidio» que simboliza la represión en Chile

Pedro Vergara Meersohn – Economía y Política – 25/12/2019

Lo llamaban «El Polera» y su nombre era Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete. Un muchacho de 23 años, que vivía en un suburbio, en la estigmatizada población Libertad. Tenía una hija, una mujer, una madre, padre y hermano. Se interesaba por el fútbol y participaba en actividades deportivas y culturales. Siempre ayudó en el barrio, donde todos lo conocían y estimaban, pagaba sus cuotas anticipadamente en el club y se esforzaba en mejorar las condiciones de su población en el puerto de Talcahuano.

Manuel murió el 21 de octubre y según la crónica fue atropellado por un camión de la infantería naval durante una manifestación. Se afirma, sin pruebas concretas, que estaba con un grupo de saqueadores en una pescadería y que al escapar fue herido en una pierna, cayendo a tierra y posteriormente atropellado. La ambulancia que lo llevó al hospital «Las higueras» no pudo ayudarlo y su muerte fue declarada antes de recibir asistencia médica. Inmediatamente después del hecho, alguien llamó al padre para notificarlo sobre lo sucedido y la madre corrió al lugar de los hechos, donde recibió la noticia falsa, por parte de los uniformados, de que nada había pasado.

Manuel fue atropellado en un terreno baldío en las proximidades de un campo de fútbol. El camión militar salió de la calle, entró en el campo a una cierta velocidad y pasó por encima de él, que en esos momentos, yacía en la tierra a causa del baleo. La versión de los militares no corresponde a la de los presentes y se ha abierto un juicio, con la hipótesis de cuasidelito de homicidio, indicando así que no había una clara intención de matarlo por parte del conductor.

Durante una marcha conmemorativa, un mes después de su muerte, los carabineros atacaron el grupo de participantes con gases lacrimógenos y disparos, ejerciendo un nivel de violencia no justificado por la misma situación y sin considerar ni respetar el duelo de los presentes, cometiendo, según estos, una injustica en la injusticia.

La muerte de Manuel deja abierta una serie de preguntas sobre las causas de su muerte, pero también sobre su persona y su vida. El abogado y cineasta Roberto Pino Almeyda, ya premiado por un cortometraje, ha decidido dar respuesta a estas preguntas y mostrarnos quién era «El Polera», invitándonos a un viaje más allá de los prejuicios, lo que indirectamente nos ofrece la posibilidad de ver la vida y conocer a unos pocos de los protagonistas de una protesta, que está cambiando a Chile y al hacerlo, nos describe una parte olvidada del país.

El documental de Roberto Pino Almeyda, que no está terminado, faltan aún 40 minutos de filmación, lleva como nombre: «A mí me mató el Estado de Chile». El documental pinta un cuadro nítido sobre esta trágica injusticia vista con los ojos de los padres, hermano, población y realidad social, nos muestra un país dividido y en profundo conflicto.

Sobrevivir gracias a la muerte - Pascual Serrano

Borrell dice que las bombas que se enviarán a Arabia Saudí son de precisión y no producen efectos colaterales

cuartopoder -16/09/2018

Finalmente el Ministerio de Defensa ha autorizado el envío a Arabia Saudí del cargamento de 400 bombas de precisión láser paralizado por Margarita Robles la pasada semana. El gobierno saudí amenazó con suspender a su vez la compra a España de cinco corbetas por valor de 1.813 millones de euros, de llevarse a cabo la suspensión de contrato anunciada por la ministra. Este contrato, según la empresa pública encargada de la construcción, Navantia, generaría cerca de 6.000 puestos de trabajos, entre directos e indirectos. El asunto ha provocado un interesante debate entre intereses y valores enfrentados. Por un lado, trabajadores que veían peligrar sus empleos y que se vieron apoyados por diferentes políticos, especialmente por el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, quien afirmó: “el contrato (de Navantia con Arabia Suadí) me parece necesario. Significa trabajo y nosotros somos constructores de barcos, lo hemos hecho desde la época de los fenicios. En Arabia Saudí los derechos humanos no son respetados y estoy en contra de eso, pero mientras, ¿qué comemos? Hoy en día soy alcalde de esta ciudad y la responsabilidad es mirar por el interés de sus vecinos y la construcción de los barcos no va a acabar con la guerra en Yemen. Si no los hacemos nosotros, los harán otros”.

Expuesto lo anterior debemos de contemplar algunos datos necesarios para comprender la situación.

El 25 de marzo de 2015, una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí atacó desde el aire a las milicias de los hutíes en Yemen, uno de los países más pobres de Oriente Medio. Era el inicio de la guerra que, desde entonces, golpea a la población del país árabe. Los saudís quieren derrocar a los rebeldes hutíes, de religión chiíta, que llegaron al poder de Yemen a principios de 2015. A diferencia del gobierno anterior de Yemen, el gobierno hutí se alinearía con Irán, Rusia o China, algo intolerable para Arabia Saudí y Estados Unidos. Por ello, en 2015, armas valoradas en casi 546 millones de euros salieron de las fronteras españolas con destino a Arabia Saudí, un 46% más que en 2014.

El mismo año en que comenzó la guerra de Yemen, el Gobierno del Partido Popular autorizó contratos para vender, durante los años siguientes, armamento valorado en 584 millones de euros a esta monarquía del Golfo. Entre los tipos de armas que España permitió exportar al país saudí había rifles, obuses, municiones, torpedos, misiles. Entre ellas estaban las 400 bombas de precisión láser cuya venta se planteó frenar por el Ejecutivo de Sánchez ante el riesgo de que pudieran utilizarse para bombardear Yemen. Las bombas que vamos a vender a Arabia Saudí son similares a las que en 2015, les vendió la Administración de Obama: 4.000 bombas GBU-12 Paveway II. Trump, por su parte, prometió vender 104.000 bombas guiadas a los saudíes.

Uno de los motivos por los que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que revisaría las condiciones de venta de armamento español a los países de la coalición fue que, pocos días antes de esa decisión, el 9 de agosto de 2018, un proyectil lanzado por la coalición liderada por Arabia Saudí cayó sobre un grupo de niños que viajaba en autobús escolar al norte de Yemen. Al menos 40 menores murieron en el ataque.

Amnistía Internacional ha documentado más de 36 bombardeos que “podrían constituir” violaciones y crímenes en virtud del derecho internacional. Las bodas, funerales, los mercados y los centros médicos son algunos de los objetivos de los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen. El 23 de abril la aviación saudí bombardeó la celebración de una boda en la provincia yemení de Haya, 33 personas fallecieron y 41 resultaron heridas a causa del ataque, cuyo objetivo fueron las tiendas de invitados. Una imagen difundida por medios locales permitió identificar el origen de la munición utilizada en el ataque. Se trataba de los restos de una bomba guiada por láser GBU-12 Paveway II, fabricada por la empresa norteamericana Raytheon. Estos son ejemplos de la “utilidad” y “eficacia” de las bombas que venderemos a Arabia Saudí.

Desde el inicio del conflicto, según datos de Naciones Unidas, 6.660 civiles han muerto y 10.563 han resultado heridos, aunque “la cifra real es probablemente significativamente más alta”, reiteran los expertos. Las fuerzas saudíes también han cometido “tratos crueles y tortura, actos denigrantes, violaciones y al reclutamiento de niños menores de 15 años o haberlos utilizado como parte activa en las hostilidades”, según la ONU. Un total de 2,3 millones se han desplazado internamente a causa de la violencia.

En cuanto a las corbetas que estamos fabricando para los saudíes, que nadie imagine que son unos pacíficos barcos civiles. Se trata de buques de guerra que, en el mejor de los casos, sirven, según denuncian las ONG’s, para mantener el bloqueo naval que impide a Yemen la llegada de la ayuda humanitaria.

En esas corbetas se transportan helicópteros artillados (NH-90, AB-212, AB-412 o Eurocopter AS-565) y hasta dos embarcaciones semirrígidas de 5,5 metros de eslora cada una, lo que permite realizar acciones de asalto. Al tratarse de un buque de guerra, puede incorporar varios cañones de hasta 76 mm y sistemas de misiles SAM y SSM, así como dos lanzadores triples de torpedos.

Por supuesto que los trabajadores de Navantia y sus familias tienen derecho a sobrevivir. Pero visto la anterior, toca reflexionar si es ético sostener esa manutención en la muerte de miles de civiles por el ejército de una monarquía absolutista. Sentencias del tipo de “si no las vendemos nosotros se las venderán otros” o “mi responsabilidad es mirar por el interés de mis vecinos como alcalde”, como han dicho los sindicatos y el alcalde de Cádiz, son razonamientos inmorales e incluso xenófobos. Recuerda ese argumento de la ultraderecha de que los que importan son los españoles y no los seres humanos. ¿A Kichi le importan los gaditanos (mejor dicho, su puesto de trabajo) y no los seres humanos no gaditanos? ¿De verdad el sindicalismo español no sabe ni de internacionalismo, ni de derechos humanos, ni de solidaridad hasta el punto de interesarse solo por los empleos de su empresa? Hubo un tiempo en que trabajadores de Europa se negaban a trabajar en las industrias que vendían armamento al bando golpista de Franco. Es evidente que todos los que defendemos el fin de la venta de armas a Arabia Saudí o cualquier otra dictadura debemos pensar en una alternativa para esos trabajadores, como desde el ecologismo la planteábamos para los mineros del carbón u otras reconversiones industriales que hubo en España. Algunas veces me parece estar viendo la película El Verdugo, de Berlanga, donde el protagonista plantea que lo suyo es solo un trabajo que, además, quiere que herede su hijo. Porque si se trata de mantener de puestos de trabajo y mantener a tus hijos a costa de cualquier cosa, también el ladrón de bancos o el torturador (menos mal que alguien asumió perder un puesto de trabajo cuando se jubiló Billy el Niño) deberían mantenerse. La humanidad ha mejorado cuando los principios éticos y los derechos humanos se han puesto por delante de cuestiones particulares como el empleo de algunos, es el caso de la prohibición de las bombas de racimo o las minas antipersona, o el embargo a la Sudáfrica del apartheid. Es indiscutible que, en todos esos casos, se perdieron muchos puestos de trabajo, pero se entendió que había un motivo mayor.

Del mismo modo, países como Alemania, Bélgica, Holanda o Noruega ya no autorizan ni exportan armas que se puedan utilizar en el conflicto de Yemen, siguiendo directrices de la ONU y el Parlamento Europeo.

Lo preocupante es que España vive un boom en la venta de armas al mundo como nunca antes en su historia. Los millones de euros facturados entre el 2015 y 2017 han convertido a España en uno de los mayores proveedores mundiales de armas a Arabia Saudí. En estos años, ha ocupado el cuarto puesto en la lista de los principales exportadores de armas a la monarquía del Golfo, y ha conseguido posicionarse como el séptimo país del planeta que más comercializa armamentos y material bélico. Quizás lo que está haciendo la industria militar española es aprovecharse de que otros países sí tienen escrúpulos para apropiarnos de ese mercado.

Existe otro detalle todavía mucho más preocupante, como señala Pere Ortega, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Navantia, empresa pública propiedad del Estado, es una empresa donde su cuenta de resultados siempre ha sido negativa. En 2016 se perdieron 230 millones, y en los últimos diez años 730 millones de euros. Y si pierde dinero es porque los costes de producción de sus buques son superiores al valor de su venta. Por tanto, las cinco corbetas que se venderán a Arabia Saudí por 1.800 millones para cubrir sus costes de producción deberían tener un valor más elevado. Las pérdidas se subsanan con recursos del Estado, es decir, ni Navantia ni los españoles ganamos dinero vendiendo esas armas a los saudíes, al contrario, se las vendemos por debajo de su coste, estamos subvencionando las armas con las que Arabia Saudí masacra en Yemen o impiden la llegada de alimentos y ayuda humanitaria a una población donde se calcula que siete millones de personas están al borde de la inanición. Este es otro argumento para ir trabajando en una alternativa a los trabajadores de Navantia. Como señala Ortega, los sindicatos de Navantia, el ayuntamiento de Cádiz, el Gobierno de Andalucía y el Gobierno del Estado no se han puesto a investigar y diseñar un plan de conversión de esa naviera. No se ha buscado la complicidad de colegios profesionales de ingenieros, de asociaciones profesionales y de empresarios para llevar un plan de revitalización de la zona. Y seguro que es posible una reindustrialización y puesta en marcha de nuevos servicios en toda la bahía de Cádiz para limitar el impacto negativo de una conversión industrial de Navantia. Según Ortega, ese es el único camino para una empresa, que todos los años pierde dinero y cuyos puestos de trabajo son ineficientes por lo que valdría más la pena estudiar su conversión del ámbito militar y pasar a producir bienes y servicios de carácter civil que, cuando menos, no producirían ese desgarro moral, que es vender armas para la guerra.

Es curioso como, desde el poder, se apoyan unas causas de defensa de puestos de trabajo y no otras. Paradójicamente la mayoría no sabe que España está perdiendo dinero y puestos de trabajo por apoyar las sanciones a Rusia e Irán propuestas por Estados Unidos, puesto que se está bloqueando importantes ventas a esos países, sobre todo de productos agrícolas, sin que ni medios ni gobernantes hayan protestado o al menos reconocido. Países que, por cierto que no están bombardeando a nadie.

La sociedad española en general debe hacer suyo el problema de los puestos de trabajo de Navantia, pero también los trabajadores y sus familias deben hacer suyo el drama de la muerte de miles de personas por las armas que ellos fabrican. Esa es la solidaridad que nos hace humanos.

Israel masacra a decenas de palestinos.

EL SALTO

La cifra es provisional y aumenta a cada minuto. Cuarenta y un palestinos de la Franja de Gaza han sido asesinados hoy por el Ejército israelí en un día de protestas generalizadas contra el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalén, en la víspera del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, la Nakba (catástrofe) para los palestinos.

La cifra de heridos era, a la hora de publicar esta noticia, de 2.000 personas, casi la mitad por arma de fuego, y el resto por gases lacrimógenos y balas de goma. Decenas de personas se encuentran en estado muy grave o crítico, por lo que se espera que la cifra de muertos siga aumentando a lo largo del día.

El ataque israelí se ha producido al mediodía, cuando 35.000 personas se manifestaban en dirección al muro israelí que aísla la Franja en otra Gran Marcha del Retorno, que se llevan celebrando desde el Día de la Tierra Palestina, el 30 de marzo, y que reivindica el regreso de los millones de refugiados palestinos a sus tierras y hogares. Desde este día, Israel ha matado a un centenar de personas en la franja, y varios centenares desde que se anunciara a finales del año pasado la intención estadounidense de trasladar su embajada a Jerusalén.

Además de reprimir la manifestación con munición real, el Ejército israelí ha bombardeado los locales de Hamás en el norte de Gaza, provocando varios muertos. Los hospitales de Gaza se encuentran colapsados por la afluencia de heridos.

Joseba Arregi, torturado y asesinado por la policía española hace 35 años - Adelaida Artigado

Joseba Arregi fue detenido el día 4 de febrero de 1981. Bajo la hostil Ley Antiterrorista, fue incomunicado y puesto a disposición de la Brigada Regional de Información durante nueve días en la Dirección General de Seguridad de Madrid. Mañana, tarde y noche, los policías emplearon con Joseba las prácticas más violentas que se pueden ejercer contra un ser humano. Instruidos y amparados por el propio Estado. Su ley pro torturas se les fue de las manos.

—¿Qué ha pasado? –se preguntaban por todos los ministerios, asombrados.

—¡Tortura, sí –susurraban entre ellos–, pero calculando los límites de tolerancia del cuerpo humano!

A Joseba lo habían matado.

—Oso latza izan da (Ha sido muy duro) –había susurrado Joseba a Iñaki Agirre (ETApm), a Xose Lois Fernandez (grapo) y a Lois Alfonso Riveiro (PCEr) cuando le encontraron aniquilado en la celda 23 de la planta alta del hospital penitenciario de Carabanchel.

—Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaban encima de mi pecho, los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes –les relató moribundo cuando los compañeros le preguntaron por los tipos de torturas que había sufrido.

—Conforme lo desvestíamos para acostarlo fue apareciéndonos el cuadro tétrico de su cuerpo cubierto de grandes hematomas, siendo el más llamativo uno totalmente ennegrecido de dimensiones aproximadas a los veinte centímetros que le circundaba completamente a la altura de los riñones.

Los pies hinchados presentaban en toda la superficie de sus plantas un hematoma ennegrecido con visibles quemaduras y ulceraciones tratados con mercromina –declararían públicamente los presos políticos en una nota lanzada por la ventana del hospital penitenciario de Carabanchel.

—¿Te trataron con algún medicamento en la Dirección General de Seguridad? –preguntaron los compañeros.

—Me untaron con pomada –contestó él.

Iñaki, Xosé y Lois tuvieron que irse a sus celdas, que se encontraban en la planta baja. Pero a las nueve de la mañana del día siguiente subieron de nuevo para asistirle.

Pasó toda la noche con diarrea, cagándose encima. No meó porque sus riñones estaban reventados. Tenía mucha más dificultad para respirar.

—Nik uste diat hiltzekotan nagoela (Creo que me estoy muriendo) –susurró, cuando advirtió la presencia de sus compañeros. Y murió pocas horas después.

—¡Ha muerto un etarra, viva Cristo Rey! –retumbaban los gritos de los carceleros entre los muros carcelarios.

—El cadáver presentaba algunas contusiones cuyo origen no se ha podido determinar, de momento. Sobre todo, en el cuero cabelludo frontal, hematomas superficiales en ambos ojos y en los párpados. También presenta quemaduras en las plantas de los pies. En cualquier caso, me reservo la última opinión –puntualizaba el juez, José Antonio de la Campa, después de presenciar la autopsia.

—Fallo respiratorio originado por proceso bronconeumótico con intenso edema pulmonar bilateral y derrame de ambas cavidades pleurales y periocardio –precisaba el informe forense. Dicho de forma llana: le reventaron el corazón y los pulmones. Del resto de órganos no hacía mención el análisis anatómico.

—¡Que se busquen responsables! –gritaban indignados en los pasillos ministeriales.

Todos los partidos políticos españoles expresaban su «indignación» y su condena ante la muerte de Joseba y reclamaban un drástico castigo a los culpables.

—¡Caerá el peso de la ley sobre las personas implicadas!–transmitían los portavoces del Gobierno, a la vez que exigían dimisiones en masa.

Opuestos a la cínica hipocresía gubernamental, un gran número de reclusos y reclusas iniciaron una huelga de hambre en las prisiones de todo el Estado, en protesta por el asesinato de Joseba Arregi en dependencias policiales.

Euskadi se paralizó con una huelga general y se organizaron múltiples manifestaciones contra las torturas sistemáticas y los asesinatos de Estado. Con una masiva participación del pueblo vasco que se alzó contra los asesinos y sus cómplices. En las manifestaciones se podían leer los eslóganes: «Disolución de los cuerpos represivos» y «Abajo la Ley Antiterrorista».

De setenta y dos policías que participaron en el interrogatorio, solo dos fueron procesados por «supuestos malos tratos». Ambos fueron absueltos por la Audiencia Provincial, con la alegación: «Es público y notorio que los terroristas se autolesionan y después denuncian por malos tratos». Ante el recurso presentado por la acusación particular volvieron a ser juzgados y nuevamente absueltos. Negando que se hubiera producido un delito de torturas sino solo negligencia en la custodia del detenido; considerando que «Arregi mostraba una técnica muy estudiada para producirse autolesiones».

—Una inyección de moral para los policías encargados de la lucha antiterrorista– manifestaban los medios policiales.

Ante el escándalo que provocaron las descaradas indulgencias, el Tribunal Supremo anuló las sentencias absolutorias y condenó a los inspectores Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales a cuatro y tres meses de arresto, y tres y dos años de suspensión de empleo respectivamente. Reconociendo que Joseba fue torturado, sin entrar a juzgar la relación existente entre sus lesiones y la posterior muerte del detenido. Un sarcasmo del Supremo, que certificó: entre todos lo mataron, pero él solo se murió.

Relato extraído del libro A un latido de distancia, de Adelaida Artigado

http://eh.lahaine.org/joseba-arregi-a-35-anos

Memoria - 19 de junio de 1986 Matanza de los penales de Lima, Perú.

"En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El consejo de ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara -cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa." 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_en_los_penales_del_Per%C3%BA

Las cárceles están totalmente hacinadas, está es la única vista que tengo del lugar, porque fotos interiores es muy difícil conseguirlas.

Los que no tienen dinero para comprar alimentos, tiene que salir a buscar comida a los basurales.

Se escucharon algunas explosiones.

Los familiares aguardaban alguna noticia de sus hijos, esposos o hermanos.

Un joven muerto de un balazo es retirado por medio  de una soga, muchos creían que todavía podían salvarlo.

fotos: Yanina Patricio