Capítulo 3º de La
CIA en España, de Alfredo Grimaldos
Os recibimos,
americanos, con alegría. ¡Ole mi madre!,
¡ole mi suegra!, y
¡ole mi tía!
Los tres acuerdos
bilaterales de cooperación firmados el 26 de septiembre de 1953
entre España y Estados Unidos constituyen el gran espaldarazo
internacional al franquismo tras la etapa de aislamiento posterior a
la Segunda Guerra Mundial. Este reconocimiento por parte de la gran
potencia atlántica apuntala al Caudillo en el poder. Ya en noviembre
de 1949, la ONU ha anulado su recomendación anterior de retirar los
embajadores de territorio español y, en julio de 1951, el almirante
Sherman, enviado a Madrid por la Administración norteamericana,
inicia las negociaciones sobre el establecimiento de bases militares
en España. A cambio de convertirse prácticamente en un país
satélite, España recibirá una importante ayuda militar y
económica. El 25 de agosto, apenas un mes antes de suscribir los
acuerdos con los norteamericanos, Alberto Martín Artajo, Domenico
Tardini y Fernando María de Castiella han firmado el Concordato que
va a suponer la consagración del carácter confesional del régimen
franquista. La Iglesia y el Imperio, de la mano, respaldan a Franco.
En diciembre de 1959, el presidente Eisenhower visitará España y su
viaje supondrá la definitiva homologación internacional del
régimen.
La Asamblea General de la
ONU decide el aislamiento de España y la retirada de los
representantes diplomáticos acreditados en Madrid en diciembre de
1946. La iniciativa parte de Stalin, pero cuenta con el beneplácito
norteamericano. Sin embargo, un año más tarde, el voto
estadounidense impide que se ratifique esa condena. Comienza a
plantearse la Guerra Fría y el presidente Harry Traman, sucesor de
Roosevelt, no quiere prescindir de un punto de apoyo fundamental para
su planteamiento geoestratégico hegemónico.
La Conferencia de Paz de
París, celebrada entre julio y octubre de 1946, evidencia los
profundos desacuerdos existentes entre Estados Unidos y la Unión
Soviética, que van situando en posiciones cada vez más enfrentadas
a las dos superpotencias. La política exterior que el presidente
Roosevelt tenía previsto aplicar en Europa al final de la guerra se
va endureciendo notablemente con la Administración Traman, y lo hará
aún más cuando el republicano Eisenhower llegue a la Casa Blanca.
En febrero de 1947 se sitúa al frente del Departamento de Estado
norteamericano George Marshall, un anticomunista furibundo empeñado
en cortar la progresión de la Unión Soviética en Europa a toda
costa. El enfrentamiento estratégico entre los dos antiguos aliados
convierte al continente europeo en un tablero de ajedrez. En estas
circunstancias, el astuto dictador español comprende que, a pesar
del boicot que sufre su régimen, la nueva situación que se está
creando acabará favoreciéndole y comienza a prepararse
pacientemente para cuadrarse ante Estados Unidos cuando el líder de
Occidente llame a su puerta. A medida que la presión internacional
contra el franquismo se va debilitando, las esperanzas del Gobierno
republicano en el exilio y las pretensiones de la oposición
monárquica empiezan a languidecer. El régimen aprovecha el resurgir
del anticomunismo en Estados Unidos parar hacer valer su
«imprescindible contribución a la causa de Occidente». Y los
norteamericanos están cada vez más convencidos de que Franco es su
hombre.
«Desafortunadamente, no
hay ninguna evidencia de que exista una oposición efectiva a Franco,
ni dentro ni fuera de España, que pueda traer un cambio de gobierno
de una manera ordenada», se señala en un informe confidencial del
Consejo Nacional de Seguridad norteamericano. Lleva fecha del 5 de
diciembre de 1947 y en él se hacen distintas valoraciones sobre la
posibilidad de intentar reemplazar el régimen de Franco por otro más
democrático. Continúa:
A través de diversas
maniobras, concesiones ocasionales y una persecución indesmayable
por parte de la policía, el gobierno franquista ha conseguido
detener la acción de la oposición, y no parece que el Ejército,
que es el que apoya al régimen de Franco, vaya a cambiar de postura
... Los representantes de los viejos republicanos, los monárquicos y
los socialistas, hasta el momento, no han sido capaces de
comprometerse, dentro de sus diferencias, para llegar al acuerdo de
un programa de acción conjunta. A excepción de los comunistas, los
partidos de la oposición están divididos y desorganizados.
La conclusión del
informe es que no hay más remedio que hablar con Franco y enseguida.
También se señala que ha habido conversaciones con los británicos
para valorar conjuntamente la posibilidad de que el Vaticano tome
parte en el intento de convencer a Franco de que se retire, pero los
norteamericanos no lo ven nada claro: «Tenemos serias dudas de que
el resultado de esto pudiera tener algún efecto. Pero incluso si el
plan fuera aceptado y Franco se retirara, existen grandes
probabilidades de que se puedan producir luchas políticas que
llevaran al caos interno, lo cual resultaría una ventaja para los
comunistas».
Para la economía
estadounidense, dispuesta a expandirse cuando ya se empiezan a agotar
los beneficios del boom posbélico, es necesario un rearme de
Occidente. El nuevo objetivo es «acelerar el restablecimiento de las
dos fábricas más grandes de Europa y Asia: Alemania y Japón»,
según declara el secretario de Estado, Dean Acheson, el 8 de mayo de
1947. Los vencedores de la Guerra Civil española se van a encontrar
con un anhelado regalo, que supone para ellos su tabla de salvación:
como en los años treinta, la Unión Soviética vuelve a ser la gran
amenaza.
El Plan Marshall de
«ayuda» a Europa es aprobado con facilidad en el Congreso y el
Senado norteamericanos, y en abril de 1948 se votan los primeros
créditos. El objetivo del Plan es restablecer la economía en todo
el mundo y crear condiciones políticas y sociales que permitan la
existencia de «instituciones libres», pero evitando «cualquier
propuesta que se base en el supuesto de un choque entre Europa
Oriental y Occidental, lo cual sería inaceptable para los pueblos
europeos». Para evitar contradicciones innecesarias en el seno del
bloque occidental, dado el rechazo que Franco provoca entre algunos
gobiernos europeos, de momento España se queda sin los beneficios
económicos del Plan Marshall.
En julio de 1947, durante
la reunión de los aliados celebrada en París, la Unión Soviética
analiza con rotunda claridad la nueva situación que se está creando
en el Viejo Continente: «Los créditos norteamericanos no servirán
para el restablecimiento económico de Europa, sino que serán
utilizados por unos países europeos contra otros países europeos,
de la manera que les parezca más conveniente a algunas potencias
industriales que se esfuerzan por alcanzar el predominio». Las
servidumbres políticas y económicas exigidas por el Plan Marshall a
los países que van a beneficiarse de él indican que el centro de
decisiones de la Europa Occidental de posguerra continuará en
Estados Unidos.
En 1947 se produce un
pequeño complot monárquico contra Franco, al que el propio
dictador, que no se caracteriza por tener dudas a la hora de firmar
sentencias de muerte, concede poca importancia. La frustrada conjura
está articulada en torno al general Beigbeder, que ha sido el segundo ministro de
Asuntos Exteriores del régimen, durante un breve período
inmediatamente posterior al término de la Guerra Civil.
Documentos diplomáticos
desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano revelan
el corto alcance de esa conspiración interior y el escaso apoyo que
le presta Estados Unidos. La Administración Truman ya tiene
perfectamente trazada la línea de apoyo al régimen de Franco, pero
la oposición monárquica, espoleada por los manifiestos de don Juan
de Borbón, ha llegado a un acuerdo con los republicanos para
constituir un «Frente de Solidaridad Interior» que, tras derrocar a
Franco, dé paso a un Gobierno presidido por Beigbeder, que se
encargaría de garantizar la transición hacia una situación
constitucional.
Durante una conversación
mantenida en febrero de 1947 con el entonces encargado de negocios
norteamericanos en España, Bonsal, Juan Beigbeder comunica que si
Londres y Washington no dan al proyecto «una favorable acogida
pronto, todo se vendrá abajo y Franco se mantendrá en el poder
treinta años». Para Bonsal, y así lo expresa en un informe del
Departamento de Estado, los intereses norteamericanos se verían
favorecidos por «la aparición, tan pronto sea posible, de un
gobierno de tendencias moderadas capaz de pilotar al país entre los
dos extremos de una dictadura rígida de los elementos fascistas o
reaccionarios, por una parte, y la revolución social por la que
aboga Moscú, de otro lado». Pero sus jefes de Washington no están
de acuerdo: Franco les ofrece más garantías. Además, la Ley de
Sucesión, aprobada en referéndum el 6 de julio de 1947, da al
traste con los pactos de la oposición, al aceptar don Juan de Borbón
la «legalidad» que se le propone.
El encargado de negocios
de Estados Unidos en Madrid, Paul Culbertson afirma que «son unos
insensatos los monárquicos que se me acercan a pedirme que
Norteamérica asfixie económicamente a España. Si eso ocurriera,
caería Franco, pero la monarquía no recogería la herencia. Lo que
tiene que hacer el Rey es ponerse de acuerdo con Franco». Martín
Artajo y el entonces director del Instituto de Cultura Hispánica,
Joaquín Ruiz Giménez, mantienen una entrevista con Culbertson en la
que ambos le dan toda clase de seguridades sobre la vocación
proamericana del Gobierno español y le recalcan que el régimen es
profundamente «anticomunista», por lo que, en caso de conflicto
norteamericano-soviético, España siempre estaría al lado de
Estados Unidos.
Franco, en persona, le
explica a Culbertson su posición, planteándole que España ha sido
estrictamente neutral desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial
y que no ha obtenido ni reclamado por ello ningún beneficio
territorial, a pesar de las promesas de Churchill y Edén sobre
Gibraltar. También le asegura que los exiliados son libres de volver
cuando quieran y le explica que el programa de su Gobierno tiene un
carácter «social» y persigue ampliar la estructura educativa,
cívica y política del país. Culbertson se queda entusiasmado:
«Franco es un hombre sincero y honrado consigo mismo. Está
convencido de que lo que hace es para el beneficio del pueblo
español».
El nuevo encargado de
negocios es un anticomunista de la línea dura y en sus informes
sostiene que la oposición interior es la culpable del endurecimiento
del régimen: «Sin más que oposición a su alrededor, Franco sólo
tenía dos alternativas: suicidarse o tirar de las riendas de la
dictadura». Culbertson también está convencido de que la Iglesia
católica no está dispuesta a apoyar ningún cambio. Ni el Vaticano,
ni la jerarquía española. El funcionario norteamericano se inclina
por la «evolución como término opuesto a revolución». Opina que
a Franco
se le pide que cambie un
pájaro que tiene en la mano por ciento que aún están volando, por
lo que es de suponer que quiera saber más de esa bandada de pájaros,
y si las seguridades que pueden dársele son suficientes, creo que se
mostraría interesado. Nadie puede rehusar una mano amistosa que le
saque del sumidero en el que ahora se encuentra, y eso a pesar de que
parece creer que ha sido el elegido por un algo superior para
conducir a España y a los españoles hasta la luz. Tengo el
presentimiento de que, con todo, querrá volver a poner los pies en
el suelo. Es muy posible que se comportara así si, ante la
perspectiva de un desastre económico, se diera a España ayuda
material verdaderamente significativa, evitando de esa manera una
catástrofe tanto política como económica.
El propio Franco realiza
unas declaraciones al corresponsal diplomático de Newsweek, la
revista oficiosa de la CIA, el 22 de noviembre de 1948, que levantan
una gran polvareda en el exterior. En ellas afirma que, de no haber
sido por la intromisión británica, se habría llegado a un acuerdo
con Estados Unidos hace tiempo. Insiste en que resulta imposible
mantenerse neutral en esos tiempos y se muestra dispuesto a
liberalizar el país, en la medida «compatible con la seguridad y el
bienestar». «Es cierto que nuestros obreros no pueden ir a la
huelga, pero simultáneamente el gobierno trata de darles incluso más
ventajas de las que recibirían vía huelgas.»
Las consideraciones que
el activo Paul Culbertson transmite a sus superiores encuentran eco
en las palabras que el senador Gurney pronuncia tras la visita de una
misión militar norteamericana a España: «Todos los que se resisten
al comunismo deben comprender el interés por hacer entrar a España
en el seno de las Naciones Unidas». Una creciente corriente de
simpatía hacia el régimen franquista comienza a recorrer desde ese
momento los medios financieros, políticos y militares
norteamericanos.
El siguiente paso de
Culbertson es la recomendación a su Gobierno de que se ofrezcan a
España créditos similares a los habilitados por Estados Unidos para
otorgárselos a otros países europeos. La respuesta del secretario
de Estado Dean Acheson es inmediata: España los puede pedir. El
mismo Truman puntualiza que el hecho de que España no se beneficie
del Plan Marshall no implica que le estén vedados los créditos de
los bancos norteamericanos. A continuación, el Chase National Bank
concede un crédito de 25 millones de dólares para la adquisición
de alimentos, dado que una de las condiciones impuestas es que los
créditos se utilicen para «fines específicos que contribuyan a la
rehabilitación económica de España». Los norteamericanos añaden
a esta disposición también otras directrices económicas, como la
devaluación de la peseta hacia un tipo más realista de cambio con
el dólar, mayores facilidades para la penetración del capital
extranjero en España y el recorte de las funciones del Instituto
Nacional de Industria.
El 3 de septiembre de
1949, el almirante Michael Connelly, comandante en jefe de las
fuerzas navales norteamericanas en el Atlántico Oriental y el
Mediterráneo, se entrevista con Franco, y en el otoño de ese mismo
año, el senador McCarran, miembro relevante del «lobby español»
en Estados Unidos, también visita España. En enero de 1950, Dean
Acheson declara que está dispuesto a defender ante las Naciones
Unidas el regreso a España de los embajadores retirados en 1946. En
una carta enviada a Tom Connally, presidente del Comité Senatorial
de Relaciones Exteriores, Acheson expone:
Estados Unidos ha
cuestionado durante largo tiempo la sabiduría y la eficacia de las
acciones recomendadas por la resolución de 1946...
Retrospectivamente, está claro que tal acción no sólo fracasó en
su objetivo, sino que sirvió para fortalecer la posición del
Régimen actual... En ningún sentido significa nuestro voto la
aprobación al Régimen de España.
Desde un punto de vista
militar, España es imprescindible para la defensa occidental, y así
se lo hace saber a la Casa Blanca, el 8 de mayo de 1950, el almirante
Connelly en una comunicación secreta:
El Estado Mayor Conjunto
recomienda que, con respecto a España, Estados Unidos presione para
la aceptación por parte del Reino Unido y Francia de los objetivos
de la política de EE.UU. También recomienda vehementemente que el
Departamento de Estado lleve a cabo acciones sin demora para asegurar
a EEUU y a sus aliados accesibilidad militar y cooperación con
España, bien bilateralmente o bien a través de la aceptación por
parte de esa nación como firmante del tratado del Atlántico Norte o
del tratado de la Unión
Occidental. El Estado Mayor Conjunto cree firmemente que debe
encontrarse alguna forma para solucionar las objeciones políticas
del Reino Unido y Francia a la mejora de las relaciones con España,
en particular, dado que la mayoría de las naciones europeas
afectadas están de acuerdo en la importancia de los puntos de vista
de seguridad y estratégicos de España.
La cosa está clara. El
conflicto de Corea, iniciado en 1950, da lugar a un nuevo
planteamiento estratégico por parte de Estados Unidos. Ante una
Unión Soviética ya dotada de armamento nuclear, la estrategia de
respuesta se centra en la única arma capaz de alcanzarlos centros de
la URSS considerados vitales: los superbombarderos atómicos de largo
alcance. Para asegurar ese alcance se hace ineludible la
estructuración de una red de bases sobre la que organizar el
Strategic Air Command (Mando Aéreo Estratégico), elemento esencial
del poderío nuclear estadounidense. El centro neurálgico en Europa
de esa estructura militar se va a situar a muy pocos kilómetros de
la capital de España.
«La Junta de Jefes
Militares está convencida de que, ante los bien conocidos objetivos
del Kremlin y las crecientes capacidades militares de la URSS, la
falta de colaboración militar entre los países firmantes de la OTAN
y España nos afecta de una manera adversa, no sólo en lo que
respecta a la seguridad en Europa, sino también a la seguridad en
los Estados Unidos», se señala en un memorándum secreto, de fecha
29 de enero de 1951, dirigido al secretariado ejecutivo del Consejo
de Seguridad Nacional. Además, se afirma que, ante la posibilidad
«bastante probable» de que la situación mundial vaya empeorando,
la Junta de Jefes Militares cree «que ha llegado el momento de que
los Estados Unidos le den más peso a las consideraciones militares
en lo que respecta a España. Se trata de utilizar España para la
defensa común no sólo de la península Ibérica, pero no sería
realista hacerlo sin contar con la información que nos debe
proporcionar el propio Ejército español». España les interesa
enormemente y consideran que algo tendrán que ofrecer a cambio de su
cooperación.
En un documento anterior,
de fecha 15 de enero de 1951, también dirigido al Consejo de
Seguridad, se señala:
En el caso de un ataque
soviético a Europa Occidental, el gobierno español, que ha sido
aguijoneado por las naciones occidentales durante años, es
perfectamente capaz de ponerse en una situación de neutralidad.
Cuanto más se tarde en empezar esta cooperación con España, más
estamos alimentando ese sentimiento de neutralidad o, al menos,
animando a que los españoles lleguen a poner un precio exorbitante a
su cooperación.
Reanudadas las relaciones
diplomáticas entre el régimen franquista y Estados Unidos, Truman
comienza a estudiar el tema español y, a finales de enero de 1951,
el embajador estadounidense en España, Stanton Griffis, recibe
información al respecto. Entre sus instrucciones está la
recomendación de proponer a Franco un nuevo Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación con España. José Félix de Lequerica,
embajador español en Washington, ya ha obtenido, a finales de 1950,
la aprobación de una ayuda de 62,5 millones de dólares, con lo que
España se convierte en el único país europeo que recibe ayuda
norteamericana a través de la ECA (Economic Cooperation
Administration) —creada para distribuir las asignaciones del Plan
Marshall—, sin haberla pedido oficialmente y sin mediar aún
acuerdo bilateral alguno.
Durante su primera
entrevista oficial, el embajador Griffis se interesa por el problema
de la libertad religiosa en España, una de las obsesiones de Truman,
y pasa luego a plantear el deseo de su Gobierno de establecer bases
en nuestro suelo. Ante la claridad de la propuesta, Franco manifiesta
su desinterés por la recién creada OTAN, pero asegura que estaría
satisfecho de suscribir un acuerdo bilateral con Estados Unidos. En
el horizonte se vislumbran ya las instalaciones militares de Rota,
Morón, Torrejón y Zaragoza. La creación de la red de bases
norteamericanas en España se concebirá, exclusivamente, en función
del dispositivo bélico de Estados Unidos en Europa.
En junio llega el
almirante Sherman, jefe de Operaciones Navales estadounidenses, para
entrevistarse con Franco e iniciar de manera oficial las
negociaciones en torno a las bases. La primera entrevista entre el
dictador y Sherman tiene lugar el 16 de junio de 1951, y en ella
están presentes también el embajador Griffis y el marqués de
Prats.
Sherman resume para
Franco una versión suavizada de los problemas militares con los que
se pueden llegar a enfrentar los dos nuevos aliados en el caso de que
se produzcan hostilidades, y comenta brevemente el problema del
despliegue de fuerzas aéreas y navales en apoyo de la defensa de
Europa Occidental. Luego le anuncia, con prudencia, las necesidades
estadounidenses:
Señalé entonces las
medidas que parecen necesarias llevar a cabo en la situación actual.
Estas incluyen privilegios de tránsito y de operatividad aérea en
España, en el Marruecos español y en Canarias. También señalé
nuestra necesidad de fondear en las aguas territoriales españolas en
las mismas áreas, así como en Baleares, e indiqué nuestra
concepción de las operaciones antisubmarinas y de las operaciones de
portaaviones en el Mediterráneo.
Los aliados de Estados
Unidos no tardan en manifestarse en contra de estas conversaciones.
Los primeros que lo hacen son los británicos, que se encuentran cada
vez más desplazados. El 25 de julio, y ante la Cámara de los
Comunes, el secretario de Exteriores británico, Herbert Morrison,
afirma haber expresado a las autoridades de Washington «nuestra
convicción de que las ventajas estratégicas que se deriven de la
asociación de España a la defensa occidental se verán superadas
por el perjuicio político que tal asociación puede acarrear a la
comunidad occidental de naciones». En el mismo sentido, Francia
objeta el desequilibrio de poder en el Mediterráneo y el norte de
África que tal alianza puede producir. En el fondo, queda claro que
lo que más se teme, tanto por parte británica como francesa, es una
retirada estratégica de las líneas de defensa norteamericanas desde
el Rhin hasta los Pirineos, simultánea a una «degradación moral»
de la Alianza Atlántica.
Para disipar estos
temores, el secretario de Estado norteamericano, Acheson, tiene que
formular una declaración en torno a los siguientes principios: la
OTAN es la piedra capital de la defensa de Occidente, los aliados
atlánticos seguirán contando con una «nítida prioridad» en la
ayuda estadounidense y Europa Occidental, en ningún supuesto
estratégico, se verá abandonada, para su liberación posterior, a
favor de una posición de defensa detrás de los Pirineos. El
almirante Sherman fallece en Nápoles repentinamente, pero las
negociaciones están encarriladas ya por una senda segura y, a
finales de agosto, llega a España una nueva misión militar,
encabezada por el general de división norteamericano James Spry. Él
se encarga de realizar los exámenes oportunos para determinar la
posible ubicación de las bases. Desde el comienzo de los contactos,
el Pentágono ya ha hecho explícito su interés por contar con una
base en las inmediaciones de Cádiz. En otoño llega a España otra
misión, ésta económica, bajo la dirección del profesor Sidney
Suffrin, para estudiar la situación económica de España y evaluar
cuál debe ser el alcance de la ayuda norteamericana, de acuerdo con
las necesidades del régimen.
Según publica el New
York Times del día 31 de agosto, las contrapartidas reclamadas por
Franco son las siguientes: un préstamo o subvención para ayuda
militar y económica que se añadirá a los 400 millones de dólares
pedidos inicialmente; una garantía de que no habrá «interferencia»
de Estados Unidos en los asuntos internos españoles, y un acuerdo
por el cual no se requerirá que las tropas españolas sirvan fuera
de España. Además, en caso de guerra, cualquier ejército
occidental que se retire a España quedará de inmediato bajo mando
estadounidense o español.
Mientras tanto, la marcha
de las negociaciones produce ciertos movimientos de oposición
interna en ambas partes. En Estados Unidos, los liberales no cesan de
exponer la contradicción que significa negociar con un ex aliado del
Eje, apenas seis o siete años después del final de la Segunda
Guerra Mundial. El New York Times va más lejos en su
editorial del 30 de agosto de 1951:
Esto [las negociaciones]
constituye el mayor fraude de la política exterior norteamericana
para con los deseos de nuestros principales aliados, e implica un
problema que durante quince años ha dividido a la opinión pública
norteamericana como ningún otro lo ha hecho en nuestra historia.
¿Son mayores las ventajas militares prácticas de un acuerdo con
España que las desventajas políticas y militares? Habiendo
afrontado la mayor guerra de la historia para derrotar al fascismo,
¿es la nuestra una situación tan desesperada como para hacer de un
régimen fascista uno de nuestros aliados? ... Uno de los nítidos
hechos con los que los americanos han de encararse es que, si
seguimos adelante con estas negociaciones, estaremos ayudando a
perpetuar a Franco en el poder mientras viva y le interese permanecer
como dictador de España. Esa será nuestra responsabilidad ante la
historia.
En enero de 1952, el
Pentágono se excusa insistiendo en el interés militar de las bases,
pero afirmando que se trata de una decisión política más que
militar. Y un mes después, el presidente Truman declara que no
siente ningún afecto por el régimen español. Incluso llega a
decir: «I hate Spain» («Odio a España»). Esto provoca una nota
de protesta por parte de la embajada española en Washington. Pero
Franco no se inmuta, necesita el acuerdo, sabe lo que vale la
península Ibérica y se siente absolutamente seguro del terreno que
pisa.
A finales de febrero
viaja a España el secretario de Estado para Asuntos Europeos, George
W. Perkins, el funcionario norteamericano de más alto rango que
visita, hasta ese momento, la España de Franco. Durante su estancia,
Perkins asegura al Gobierno español que Estados Unidos está
decidido a iniciar su política de ayuda. Finalmente, el secretario
de Estado, Acheson, manifiesta que las negociaciones específicas
sobre las bases se iniciarán con la llegada del nuevo embajador
estadounidense, MacVeagh. Éste llega el 21 de marzo de 1952,
acompañado por un equipo de asesores militares bajo la dirección
del general de división Kissner, de las Fuerzas Aéreas, y de
asesores económicos encabezados por George Train, de la Mutual
Security Agency.
En España, las voces
discordantes no tienen cauces para manifestarse en contra de los
acuerdos. La oposición antifranquista sigue siendo objeto de una
represión feroz y la propia estructura del régimen impide que
adquiera relevancia el rechazo de los ultras nacionalistas y
tradicionalistas, para quienes la pérdida de Cuba y Filipinas aún
está muy presente. El bunker católico, por su parte, se muestra
reacio a aceptar las relaciones con los protestantes heréticos. Pero
estas actitudes no inciden en absoluto en el desarrollo de las
conversaciones con los norteamericanos. De todos modos, Franco
procura que el Concordato con la Santa Sede se firme antes de que
concluyan las negociaciones con los norteamericanos.
La falta de entusiasmo
del presidente Traman, muy despreciativo con España, retrasa las
negociaciones, en las que Franco está aún más interesado que los
estrategas militares norteamericanos. El proceso se agiliza con la
llegada de un antiguo militar a la Casa Blanca, Eisenhower, y de John
Foster Dulles13 a la Secretaría de Estado, en enero de 1953. Su
hermano, Allen Dulles, es el director de la CIA. El embajador
norteamericano MacVeagh es sustituido por James C. Dunn14. Por parte
española, Alberto Martín Artajo encabezaba las negociaciones, con
el asesoramiento del general Jorge Vigón y del ministro de Comercio,
Manuel Arburúa. Finalmente, el 26 de septiembre se firman en Madrid
los tres acuerdos entre España y Estados Unidos. «¿Podríamos con
nuestros propios medios, sin colaboración exterior, asegurar a
nuestra nación contra la agresión comunista?», dice Franco en las
Cortes. Y remacha: «Al fin he ganado la guerra».
Los norteamericanos
imponen unas condiciones leoninas, porque saben que la firma de los
acuerdos otorga carta de naturaleza internacional a la dictadura de
Franco, muy aislada hasta ese momento. Tres acuerdos del Ejecutivo
norteamericano, que no precisan ser ratificados por las Cámaras
representativas de Estados Unidos, convierten a España en una aliada
subalterna de la primera potencia occidental y permiten al Gobierno
de Eisenhower establecer una nueva plataforma anticomunista en una
zona con enorme importancia estratégica. El acuerdo de defensa
autoriza el establecimiento de bases aéreas y navales —y otras
instalaciones militares complementarias— «de utilización
conjunta», bajo el mando y la soberanía españoles.16 No se
concreta el número de instalaciones ni las obligaciones mutuas en
caso de guerra. Las negociaciones fijaban un máximo de ocho o nueve
bases, pero Estados Unidos considera suficiente construir cuatro
importantes, además de una serie de establecimientos especializados
anexos. «Al margen de lo que esos acuerdos significaron como apoyo
al régimen de Franco, las unidades empiezan a recibir ayuda
norteamericana en material: casi siempre se trata de material de
desecho, o casi, procedente de la Segunda Guerra Mundial y de la de
Corea», señala Fernando Reinlein. «Además, habrá que pasar por
la humillación de presentar periódicamente ese material a la
inspección de técnicos estadounidenses.»
El acuerdo de ayuda
económica engloba los préstamos recibidos por España en 1951 y
1952, durante las negociaciones, y la amplía a 226 millones de
dólares hasta junio de 1954. España, según los términos del
acuerdo, debe utilizar ese apoyo financiero para estabilizar la
economía, equilibrar el presupuesto y promocionar la economía de
libre empresa. La discriminación norteamericana ante la débil
posición internacional de Franco queda clara al retener hasta un 60
por ciento de la ayuda para los gastos norteamericanos en España,
cuando similares acuerdos con otros países fijan la cantidad en un
10 por ciento.
Por último, el acuerdo
de asistencia defensiva mutua estipula obligaciones por ambas partes,
como préstamos de materiales y servicios requeridos para la mayor
eficacia del pacto, intercambio de patentes y «promoción de la
paz». Se establece el plazo de un año para poder denunciar los
acuerdos. Además, el Gobierno de Franco tiene que mantener la
estabilidad de la peseta y cooperar con Estados Unidos en el control
del comercio «con las naciones que amenazan la paz». Y aún queda
un punto fundamental: España debe «aceptar todo el personal
estadounidense como miembro de la Embajada». La CIA ya puede
colarse, con toda facilidad, por unas puertas abiertas de par en par.
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