USA: Las autoridades penitenciarias continúan matando a medida que se acerca el fin de la administración Trump — Sameena Rahman

 

Liberation – 18/01/2021

Traducción del inglés: Arrezafe

Con la administración Trump tocando a su fin, han tenido lugar una serie de ejecuciones federales en las últimas semanas, la más reciente ha sido el asesinato de Dustin Higgs en Indiana, durante el fin de semana. Esta serie de ejecuciones suponen que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, el gobierno federal haya ejecutado a más personas que cualquiera de los estados, con un total de 13 presos asesinados en los últimos seis meses.

Hasta las presentes, la última ejecución federal fue hace 17 años. Antes del asesinato de Higgs, la administración Trump abrió el camino a la pena capital contra Lisa Montogomery, la única mujer en el corredor de la muerte y la primera prisionera federal ejecutada desde 1953. En julio de 2019, el Departamento de Justicia anunció el reinicio las de ejecuciones, que se detuvieron anteriormente cuando los condenados a muerte desafiaron el protocolo de inyección letal del Departamento de Justicia en Roane v. Gonzales (2006).

Además, una encuesta reciente reveló que el apoyo a la pena capital estaba en su nivel más bajo en 48 años y que la oposición a dicha pena era la más alta desde 1966. La creciente oposición pública a la pena capital llevó a las empresas farmacéuticas a negarse a suministrar a los sistemas penitenciarios estatales los medicamentos utilizados para las inyecciones letales.

Dada dicha negativa, el sistema penitenciario, en lugar de detener permanentemente las ejecuciones, recurrió al mercado negro para adquirir los productos químicos. Esto quedó expuesto en documentos publicados en 2016 por la ACLU de California del Norte, que mostraban que el Departamento de Corrección y Rehabilitación de California adquirió sus letales drogas ilegalmente en Arizona, desde donde le fueron remitidas. Sin regulación ni verificación, estas drogas adquiridas en el mercado negro causan una muerte lenta y espantosa a los reos.

Las ejecuciones estatales se han suspendido, en gran medida debido al aumento del COVID-19 en las prisiones Sin embargo, no se ha aplazado ninguna ejecución federal. Como resultado, el personal directamente involucrado en las ejecuciones viajó por las distintas prisiones en los últimos meses, exponiendo inadvertidamente al personal penitenciario y a los reclusos al COVID-19 en medio de un brote incontrolado. El Proyecto Marshall , que ha estado rastreando casos de COVID-19 en las prisiones, señaló que ha habido al menos 343.008 casos entre la población reclusa.

En los Estados Unidos, la pena capital funciona como una herramienta racista contra los pobres y la clase trabajadora, y está especialmente dirigida contra los afroamericanos. Incluso en medio de una pandemia de crecientes proporciones, la administración Trump y el Departamento de Justicia desdeñaron todas las reglas de seguridad para llevar a cabo una cantidad de ejecuciones sin precedentes. Cuando Trump deja el cargo, no deja un legado de "ley y orden", sino de extraordinaria brutalidad e injusticia.