La industria armamentística española: Alta financiación sin amenaza militar.

Publicado por: Col·laboracions Barcelona 28 julio, 2014
Un reportaje de Celia Castellano Aguilera, Claudia Bañón, Carlota Alajarín, Adrian García Olivares, Noelia Carmona, Patricia Fernández
Redacción: Celia Castellano Aguilera
Material gráfico: Claudia Bañón, Carlota Alajarín, Adrian García Olivares, Noelia Carmona, Patricia Fernández

La industria armamentística de España es una parte del entramado económico que más recursos absorbe de las arcas del Estado sin amenaza militar tangible. Sin embargo, los presupuestos que se destinan a defensa no son el centro neurálgico de la preocupación de asociaciones humanitarias respecto a la compra y venta de armas, sino un conjunto de empresas financiadas por bancos que no dejan de producir y vender armas tanto al ejército español como al extranjero, siendo algunos de dichos países firmes violadores de los derechos humanos como el Estado de Israel o Afganistán. Algunas de las empresas que producen armas reciben subvenciones del Estado español y en el caso de Cataluña de la Generalitat catalana.

Situación actual del comercio de armas.

Desde mediados de los años 80, organizaciones en pro de los derechos humanos por el desarme han denunciado un comercio armamentístico poco regulado y sujeto al libre albedrío. En 1999 se consiguió la prohibición internacional de las bombas antipersona mediante el tratado de Ottawa, y en 2008 se firmó la prohibición internacional de la fabricación y comercialización de las bombas de racimo, ambas tipologías de armamento consideradas de destrucción masiva por su gran impacto contra la humanidad. En España, la empresa Maxam Explosivos, cuyo director era el actual ministro de defensa, Pedro Morenés, exigió al Estado español que la empresa fuese indemnizada con 40 millones de euros por lucro cesante aunque oficialmente no lo llegó a conseguir. No obstante, el comercio de armas sigue suscitando dudas sobre su regulación y desde 2003 la coalición Armas bajo control lucha por la aprobación de un Tratado de Comercio de Armas más restrictivo que finalmente el pasado 2013 fue ratificado en la ONU por 132 países. Aun así, el centro de estudios Justicia i Pau afirma que la legislación no es garantía de su cumplimiento.

La Posición Común sobre Exportaciones de Tecnología militar y Equipamientos aprobada por el Parlamento Europeo en 2008 establece que no se puede vender armas a países que violen derechos humanos o haya represión interna y, no obstante, España lo hace. “Suele haber entre un 10 y un 20% de la producción armamentística que no se ajusta a la ley; España ha vendido armas a Libia, a Egipto durante épocas de gran represión, a Israel, a Colombia, etc. Hace poco Alemania y España se disputaban vender unos carros de combate a Arabia Saudí”, afirma Jordi Armadans, investigador del centro de estudios pacifistas FundiPau. Según el informe Defensa, seguridad, y ocupación como negocio presentado el pasado febrero por el centro Delàs, entre 2002 y 2013, España compró al Estado de Israel, 5ª potencia militar del mundo, armas por un valor de 115,18 millones de euros y le vendió armas por un valor de 15 millones, 30 millones incluyendo el material de doble uso. Sólo en 2013 se produjeron 37 autorizaciones de exportación de armas por 5,9 millones de euros por parte de La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), aunque los datos reales son bastante opacos. 

Además, España ha firmado convenios de colaboración en seguridad interna de control de la población palestina para importarlas a España. El Estado de Israel viola flagrantemente los derechos humanos con la ocupación y masacre del pueblo palestino desde 1948 llevando a cabo uno de los mayores genocidios de la historia con el beneplácito de EEUU dadas las relaciones comerciales con Israel. 

Pese al incumplimiento sistemático del derecho vigente, las organizaciones por el desarme consideran positiva la aprobación del Tratado del Comercio de Armas. No obstante, se necesitan como mínimo 50 ratificaciones de la comunidad internacional para que el documento entre en vigor y por ahora sólo 32 Estados lo han hecho. Estados Unidos ha firmado el tratado tras años de titubeos mientras que Rusia y China se han abstenido. El principal avance del tratado es que obligará a los países firmantes a promulgar una ley de regulación nacional, algo no demasiado común. “El tratado obligará a los estados a crear una ley nacional de regulación, cosa que España ya tiene pero otros todavía no. 2/3 partes del mundo no tienen una ley de regulación del comercio de armas. Probablemente con este tratado unos 100 países la incluirán. Por otra parte, con el presente tratado, si un país considera que las ventas de otro país firmante no están dentro de la regulación puede denunciar esta práctica”, afirma Jordi Armadans. Pese a que España presenta una regulación nacional que restringe el comercio de amas desde 2007 su inversión y dedicación presupuestaria es notable.

El gasto en armas del Estado Español. 

En un contexto de una crisis económica endémica en el que las políticas estructurales de austeridad van minando los recursos de la ciudadanía hasta llegar a un 29’5% de población bajo el umbral de la pobreza según UGT, el informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, La Insoportable Deuda militar de España afirma el gasto en armas de 2012 fue de 769 millones de euros. Aunque durante 2013 la inversión pública disminuyó hasta los 557 millones de euros, el ministerio de Defensa ha firmado contratos para los próximos años por valor de 30.728,51 millones de euros. La deuda militar española llegó al 1,8% del PIB en 2012 y supuso un 5,18% de los presupuestos generales del Estado. Según el informe citado, entre 1999 y 2008, la industria española de armas ha recibido 50.000 millones de euros en inversiones que no siempre están reflejados en los presupuestos de defensa sino que se ocultan en otros ministerios como el de industria. 

Para Arcadi Oliveres, economista e investigador de Justicia i Pau, las razones de un gasto tan exacerbado en armamento son tres. “La primera por inercia. El ministerio mira lo que invirtió el año anterior y lo destina con la inflación anual correspondiente aumentada. La segunda por modernización; siempre se quieren tener las armas más modernas, con más visión nocturna, más rápidas, etc. Y la tercera se da por el complejo militar industrial; es decir, la convivencia de todos aquellos que pueden ganar algo con la industria armamentística: investigadores, políticos, publicidad banqueros, etc.”, afirma el economista. 

Dentro de la aportación estatal, una de las cuestiones que más críticas suscitan es la aprobación de ayudas públicas para la Investigación y desarrollo de la industria de armas. En los Presupuestos Generales del Estado de 2014 figuran destinados 508,3 millones de euros a I+D en defensa, con un 39,7% de incremento respecto a 2013. Esta ayuda de I+D está divida en la aportación del ministerio de Defensa, de 163,2 millones, y la aportación del Ministerio de Industria de 346,6 millones actualmente. La última subvención está diseñada en forma de crédito retornable por las empresas que la reciben; no obstante, desde que comenzasen a darse estas partidas en 1997, no se ha devuelto nada de un dinero que no repercute en la sociedad civil, ya que si no se mercantilizan los bienes y servicios de armas no hay repercusión en la economía productiva, y en este caso las armas suelen ser adquiridas por el Estado. Las ayudas están recibidas en su mayor parte por el oligopolio armamentístico español: Airbus Military, Navantia, Indra y Santa Bárbara. Según Jordi Armadans, el Gobierno ayuda al entramado industrial militar porque necesita empresas viables que provengan de armas al propio ejército español para no tener que comprar al exterior. 

Sin embargo, para rentabilizar al máximo estas empresas, el Estado busca mercado exterior y a través de estos acuerdos de comercio acaba vendiendo armas sin miramientos. “En el caso español, el Estado comenzó a comprometerse con otros países a realizar compras sin dinero con qué pagarlas. Ahora mismo tenemos en España una factura de casi 30.000 millones de euros en compra de armas. Así que para pagar estos encargos armamentísticos el actual ministro de defensa pretende vender el máximo de armas que pueda para mantener estas empresas armamentísticas nacionales y también para pagar la factura de encargos internacionales. Es absurdo, vendemos armas nuestras para pagar las que hemos comprado a otros países.” afirma Armadans.

Por otro lado, entre los compradores de armas de España se encuentran zonas en conflicto o tensiones internas como partes del África Subsahariana, América Latina, u Oriente Próximo, proclives a la compra de armas. “España fabrica armas del tipo B, no son las mejores, y los países en desarrollo o sin recursos no tienen dinero para pagar las armas del tipo A, así que España se las vende a ellos aun sabiendo que cometerán violación de derechos humanos.”, afirma Arcadi Oliveres. Según Pere Ortega, España acaba de venderle material antidisturbios a Venezuela, armas a Colombia, Egipto, Arabia Saudí, Bahréin, e Israel como se ha apuntado anteriormente.

Las empresas que producen armas en España.

Según Pere Ortega, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, actualmente el Ministerio de Defensa español tiene referenciadas en torno a las 560 empresas proveedoras de armas o servicios relacionados. No obstante, no todas proveen realmente, sino que “4 de ellas producen el 75% de toda la fabricación y las ventas: Navantia, empresa pública que fabrica los buques de guerra para ministerio, EADS-CASA, fabricante de aviones de guerra en la que el estado tiene el 4% del accionariado, Airbus Military, que produce aviones militares, General Dynamics Santa Bárbara que fabrica todos los complementos militares para el ejército de tierra, e Indra que fabrica todos los productos relacionados con la electrónica de las armas que producen las tres primeras empresas, como el sistema de tiro, empresa de la que el estado tiene el 20% de las acciones compradas a Bankia”, afirma Ortega. Junto a estas empresas, industrias como Sener, ITP la cual fabrica los motores de aviones de EADS, o GTD que está en trámites para fabricar con la francesa Nexter Systems un vehículo blindado 8×8 que utiliza el ejército francés en Afganistán, las siguen de cerca. Cabe destacar que EADS (European Aeronautic Defence and Space) es un holding internacional de empresas que en 2009 impulsó la creación de un centro de excelencia de aviones no tripulados en Jaén. El centro acogerá aviones militares conocidos como Drones, vehículos no tripulados que fueron utilizados por EEUU para hacer ataques selectivos en Afganistán y Libia entre 2008 y 2009. 

Los bancos que financian el entramado empresarial militar.

El papel de las entidades financieras es cada vez mayor. En solo un año, 26 bancos españoles han pasado de invertir 4,6 mil millones de euros en 2012 a 7,3 en 2013 según afirma el informe del Centre Delàs del pasado mes de febrero Evolución de la Banca armada en España. Entre estos bancos cabe destacar la implicación del Instituto de Crédito oficial (ICO), banco público adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, y la Sociedad estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según el informe del Centre Delàs, entre 2009 y 2013, los 26 bancos han invertido en fondos de inversión, acciones y bonos hasta 1,7 mil millones de euros. Por su parte, 12 de las entidades e ICO han concedido en suma créditos por un valor de 4’3 mil millones de euros entre 2005 y 2013. Este mismo informe especifica que los bancos BBVA y Banco Santander han financiado exportación de armamento italiano por 618,2 millones de euros, además de emitir pagarés y bonos de empresas armamentísticas por valor total de 614 millones de euros. 

Cabe destacar que ambas entidades son las más contributivas a empresas de armas como el holding EADS, fabricante de aviones de combate, BAE Systems, segundo contratista militar del mundo productor de los sistemas de defensa británicos, la compañía Boeing productora de aviones militares, y Maxam, fabricante de explosivos a través de su filial Expal. BBVA contribuyó con 40 millones de euros a la empresa Textron, conglomerado de empresas estadounidense que produce bombas de racimo y bombas antipersona, prohibidas internacionalmente. En total, entre 2004 y 2013, BBVA ha contribuido con 3,6 mil millones de euros a la industria armamentística y el Banco Santander con 1,7 mil millones en la misma franja temporal. Las entidades financieras implicadas en la financiación militar que les siguen de cerca son Bankia, Banca March, LiberBank, CaixaBank, Banc Sabadell, y CatalunyaCaixa que acaba de ser adquirida por BBVA.

El papel de ICO y SEPI

El instituto de Crédito Oficial ha cedido 116 millones de euros a la industria armamentística. Esta agencia financiera de índole pública miembro del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), es la encargada de gestionar las participaciones industriales provenientes del INI, el Instituto Nacional de Industria y del Instituto Nacional de Hidrocarburos, organismos ya extintos. Su presidente es Román Escolano, director de relaciones institucionales de BBVA.

Por su parte, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, organismo público de gestión privada, ha contribuido a la industria de armas con 919,4 millones de euros. Este organismo presenta participaciones en un conglomerado de 16 empresas, el grupo SEPI, del que forman parte las empresas armamentísticas Defex, Izar (fabricante de buques militares en liquidación), y Navantia. Cabe destacar que el pasado 12 de junio, el juez Pablo Ruz decretó el ingreso en prisión para el expresidente de Defex Jose Ignacio Encinas Charro, por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, desvío de fondos de un contrato para equipar a la Policía Nacional de Angola y pertenencia a organización criminal.

Por otro lado, dentro del grupo SEPI también se encuentra la Agencia española de noticias EFE y la Corporación de Radio y Televisión Española. La sociedad mantiene adscrito el ente público de RTVE sobre el que tiene competencias de gestión no esclarecidas. El actual presidente de SEPI es Ramón Aguirre, diputado del Partido Popular, antiguo portavoz adjunto del PP y hasta 2004 presidente de ICO.

Banca extranjera en España.

La financiación de armas no se da simplemente entre bancos españoles. Según el informe Evolución de la banca armada en España, 40 entidades financieras extranjeras han invertido en armas en el Estado español. Ente 2009 y 2013 los citados invirtieron en acciones y bonos 19 mil millones de euros, mientras que entre 2005 y 2013 han concedido créditos por un valor total de 49’3 mil millones de euros. El grupo de entidades está encabezado por el banco francés Societ Generale, y los americanos Goldman Shachs, actualmente presidido por el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, y Bank of América.

Cabe destacar que, según el estudio Don’t Bank to the bomb impulsado por la International Campaing to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) en 2013, 298 instituciones financieras de 30 países han financiado armas nucleares, catalogadas como armas de destrucción masiva por la resolución 687 de las Naciones Unidas de 1991. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968 restringe su posesión a los denominados “países nuclearmente armados”, 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Francia, EEUU, Gran Bretaña, Rusia, y China. Estos países no cometen por ende ningún acto delictivo al financiarse las armas nucleares ya que les está permitido mientras no las comercialicen al exterior. “Con la información que tenemos sólo podemos afirmar que BBVA y Banco Santander sí que financian armas nucleares, ya que salen en el estudio”, afirma Jordi Calvo, economista investigador del Centre Delàs. Según la memoria anual del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), ocho países del mundo controlan un arsenal de 4200 armas nucleares, estados entre los que se encuentran de forma ilegal Afganistán, India, y Pakistán. 

Campañas de desmilitarización de la banca.

Ante la proliferación de financiación de armamento, desde 2009, la ONG Setem, el Centro Delás de Estudis per la Pau y el Observatorio de la Deuda de la globalización gestionan las campañas BBVA sin armas y Banco Santander sin armas. Las organizaciones afirman haber entrado en la junta de accionistas de ambas entidades, para lo que es necesario tener participaciones, y exponer anualmente la ilegitimidad que bajo su perspectiva conlleva la financiación de armas. Según Setem, pese a la lentitud de los avances, las campañas han conseguido el desarrollo de una política de financiación de armamento inexistente hasta la fecha, ligada a la Responsabilidad Social Corporativa de las entidades. Los dos bancos, afirman no mantener contratos ni financiar actualmente empresas que bombas nucleares, armas químicas, y bombas antipersona, es decir, la tipología de armas denominada “controvertidas” por los destrozos durante la Guerra de Vietnam, Camboya, y el Líbano. No obstante, no se pronuncian sobre otros tipos de armas. BBVA además afirma no mantener tratos con países que tengan impuestos embargos de armas por parte de la comunidad internacional como Libia en 2011.

Por otro lado, la ONG Setem también gestiona la campaña Banca Limpia sin armas. Un informe de 2011 publicado por la organización de los Países Bajos Profundo Economic Research afirma que hasta 8 bancos españoles financiaron con 12 millones de euros en 2007 la producción de bombas de racimo MAT-120 por parte de la empresa española Instalaza que posteriormente utilizó el dictador libio Muammar Gadafi durante la guerra de Libia.

La compaña Banca Cívica sin armas está impulsada por Setem Navarra-Nafarroa, AA-MOC-KEM (grupo antimilitarista de Bilbao) y grupos de Irruña contra las Guerras-Palestina Eikartasuna Ekimea. Banca Cívica de la que forman parte Caja Navarra, Caja Sol, Caja Canarias, y Caja de Burgos, ocupaba el tercer lugar en el ranking de financiación de armamento según el informe de Setem Cajas de ahorro y Desarrollo en el sud. Desde 2012, Banca Cívica pertenece a CaixaBank, que ocupa según el Centro Delàs el sexto lugar de entidades financieras que contribuyen a la industria de armas.

Stop inversiones Explosivas y Coalición por la abolición de las bombas de racimo.

La campaña Stop inversiones Explosivas surgió en 2011, en el marco de la prohibición de la fabricación y comercialización de bombas de racimo por parte de la ONU en 2010 con el Tratado de Oslo. Las organizaciones españolas que forman parte de la coalición internacional Cluster Munition, Setem, FundiPau, Centre Delàs, y Plataforma per la Pau de Lloret de Mar, gestionan la campaña bajo la pretensión de que la ley incluya definidamente la prohibición de la financiación de las bombas junto a la comercialización ya que no todos los países han firmado el Tratado y se pueden estar financiando empresas extranjeras. De hecho, una de las principales demandas es que la ley española contemple que España no tome parte en operaciones militares comunes con países que sí fabriquen esta tipología de armamento.

Por su parte, la Coalición contra las bombas de racimo es una organización formada en 2003 por más de 350 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en más de 90 países por el desarme. Su principal objetivo era y es la prohibición de las bombas de racimo, algo que consiguió llegar a acuerdo en 2008 cuando 94 países firmaron la Convención de Oslo. A partir de entonces se comenzó una campaña masiva para la ratificación de la firma que se produjo en 16 de diciembre de 2010 por 30 países.

La industria catalana de armas: Un ratón ambicioso.

La industria armamentística catalana respecto al conjunto del Estado es nimia en comparación con la industria de Madrid (60%), del País Vasco (14%), y de Andalucía (11%), según el Informe Sectorial de industria aeroespacial de 2013 elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona. Actualmente, de las instituciones de la Generalitat catalana están intentando, con poco éxito, fomentar la industria armamentística especialmente a partir de la financiación de la aeronáutica militar.

Dentro de Cataluña, 35 empresas diseñan, fabrican componentes para armas cuyo principal comprador es el Ministerio de Defensa español. Entre 2002 y 2011, la Generalitat catalana ha dado en subvenciones 18,9 millones de euros a la industria catalana de armas, una cifra no escandalosamente alta para ser presupuestos pero dinero público que una gran parte de la población no conoce. La cifra aumenta a 62,2 millones de euros si se cuenta como fabricadora de vehículos para las fuerzas armadas a Nissan. Los datos fueron recogidos en el informe del Centre Delàs La Indústria catalana, un desig insatisfet escrito por Pere Ortega, coordinador e investigador de la institución.

Cabe destacar que de las 35 empresas la gran mayoría se dedican a fabricar vehículos, ofrecer servicios, o comparten una vertiente militar con otra civil. Una de estas empresas es Applus, dedicada a la certificación de sistemas electrónicos. El 75% de sus acciones pertenecen a Carlyle Group y el 25% a entidades financieras como BBVA i Catalunya Bank, que financian empresas de armas. Al mismo tiempo, Applus es contratista de Navantia, empresa a la que le certifica submarinos de guerra. Tras la entidad Carlyle Group se encuentra la familiar Bush, George Soros, el exsecretario de estado de los EEUU James Baker. El presidente del grupo es Olivier Sarcozy, hermano del expresidente francés Nicholas Sarcozy. Por otro lado, dentro de las empresas que sí que fabrican armas y que han sido subvencionadas por la Generalitat de Catalunya se encuentra Expal, empresa del grupo Maxam, antigua unión de explosivos. Maxam fabrica explosivos para caza en su vertiente civil y mediante Expal fabrica bombas y proyectiles. En el pasado, la industria Maxam produjo bombas de racimo y bombas antipersona.

El impulso a la aeronáutica militar de Cataluña.

Las instituciones políticas catalanas llevan desde el año 2000 intentando estructurar un complejo industrial aeronáutico en el territorio catalán. En 1999, el exalcalde de Barcelona Joan Clots impulsó una plataforma para integrar todas las empresas de aeronáutica de Cataluña, la BAIE. Su presidente es Fernando de Caralt, expresidente de Construcciones Aeronáuticas SA y de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad. Entre otras actividades, Caralt es presidente de CIMSA, empresa de aeronáutica cuya producción se haya entre el 50 y el 70% destinada al sector militar según los datos del Centro Delàs. Por otro lado, junto a BAIA se creó CTAE, el Centro de Tecnología Aeroespacial, ubicado en el parque tecnológico de Cerdanyola del Vallès. Aun así, según Pere Ortega la industria militar catalana es un impulso que no llega a cuajar y el problema es mucho más global.

Alternativas a la contribución a la industria militar.

La inversión en armas en España, pese que se ha visto minada gracias a la crisis económica en occidente, sigue siendo preeminente y estable. Según Jordi Calvo, una de las principales medidas para no contribuir a la industria militar es no contratando una entidad financiera que invierta en armas, cuestión que es difícil de dilucidar por lo que la el único banco garantista es la banca ética. Este tipo de entidad financiera garantiza que no se va a invertir el dinero ciudadano en armamento entre otras actividades que puedan resultar ilegítimas o violen derechos humanos como la prostitución, el narcotráfico, etc.

Por su parte, Arcadi Oliveres considera que una de las formas básicas de contribuir a la oposición a las industrias y países armados es no pagando el equivalente de los presupuestos de defensa en la declaración de la renta. “El trámite comienza cuando coges el total de tu declaración de 2014 sobre el ejercicio de 2013, aquello que en términos de hacienda dicen cuota líquida y le aplicas un descuento del 4,49% que es el porcentaje que el ministerio de defensa tenía el año pasado sobre el gasto del estado.”, afirma Oliveres. Según el economista, ese importe que no se paga puede ir destinado a alguna ONG o similar para que cuando se presente la declaración de la renta la Agencia Tributaria vea que el motivo no es que no quieres pagar sino no pagar a defensa. Ante esta situación es posible que se pase de largo o que se imponga una sanción que se sume a la cantidad inicial que debía destinarse a defensa y si no se paga, se embarga la cuenta corriente. “Al final te quedas igual, acabas pagando. Pero los primeros objetores de conciencia que no querían ir a la mili, que la mili en aquel momento duraba un año y medio, recibían un castigo de tres años en prisión. Centenares de personas lo hicieron y gracias a que luego se reprodujo de mala manera la mili dejo de ser obligatoria. Hay que aprender que a lo largo de la historia las libertades nunca se han regalado, siempre se han conquistado.”, apunta Oliveres.

La reconversión de la industria militar, un proceso viable.

Las organizaciones como Justicia i Pau o el Centre Delàs trabajan en pro de la cultura de paz y la desmilitarización del mundo actual mediante la concienciación social. Para Arcadi Oliveres, se presenta un camino arduo respecto a la progresiva eliminación del armamento mundial pero existe un halo de esperanza que ya se ha llevado a cabo antaño: la reconversión de la industria militar en industria civil. “Al acabar la II Guerra Mundial, EEUU que había hecho grandes inversiones de carácter militar se dio cuenta de que éstas no servían para nada. El presidente Truman, el hombre que lanzó la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, tuvo paradójicamente una buena idea al decidir reconvertir esa industria. Una experiencia similar se dio en china, con la muerte de Mao Zedong cuando empezó con el dirigente Deng Xiaoping toda la emergencia de la nueva china, que consideró que todo ese armamento que había tenido china para luchar no servía para nada y las primeras marcas de televisión china salieron de fábricas de armamento. La tercera reconversión se produjo en Alemania del Este que estaba llena de armamento soviético. Cuando se produjo la unificación de Alemania todo eso ya no servía de nada y los ayuntamientos lo reconvirtieron de una forma esplendida. A día de hoy no queda ni una sola fábrica de este armamento. Si se quiere se puede,” concluye Oliveres.

http://lacolumna.cat/comercio-armas-espana#.VLsfadKG-So

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"España se ha convertido en un cliente importante para la floreciente industria armamentística israelí. Israel Aerospace Industries, por ejemplo, entregará un lote de vehículos aéreos no tripulados -o drones- a España en 2012. Conocidas como "garzas", estas máquinas de matar a control remoto han sido "probadas en combate" por Israel en los ataques a Gaza durante el invierno. Según las investigaciones realizadas por observadores de derechos humanos, al menos 87 civiles murieron a causa de dichos ataques realizados con aviones no tripulados israelíes en una ofensiva que duró tres semanas. Las fuerzas españolas que participan en la guerra de la OTAN en Afganistán, también tienen drones israelíes en su arsenal".

"Últimamente, España se ha mostrado tan complaciente con Israel que incluso le ha permitido "dar forma" a su legislación sobre derechos humanos. Desde 1985, España tenía una importante ley en sus estatutos relativos a la jurisdicción universal, basada en el principio según el cual, los crímenes contra la humanidad podrían ser juzgados en los tribunales españoles con independencia del lugar en que se cometieron. La ley había sido invocada para emitir una orden de arresto contra el tirano chileno Augusto Pinochet y para enjuiciar a un ex oficial de la marina de guerra que participó en la "guerra sucia" de Argentina durante los años 1970 a 1980.

Sin embargo, cuando dicha ley fue esgrimida por los defensores de los derechos humanos de los palestinos, en un intento de obligar a Israel a dar cuenta de una operación llevada a cabo en 2002 y en la que murieron 14 civiles palestinos, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, prometió a su equivalente israelí, Tzipi Livni, que a principios de 2009 la ley se diluiría. ("Israel sostiene que España va a modificar la ley de crímenes de guerra", Reuters, 30 de enero de 2009). Moratinos mantuvo su palabra: a finales de 2009, el proyecto de ley que restringe la jurisdicción universal a los casos con un claro vínculo nacional, fue aprobada por ambas cámaras del parlamento español".

http://electronicintifada.net/content/spain-bastion-support-palestine/9883