Esta vecina del Río San
Pedro se hizo conocida por enfrentarse a los antidisturbios durante
la huelga del metal en Cádiz y ha sido llamada a juicio por publicar
imágenes de las actuaciones policiales, en aplicación de la Ley
Mordaza.
Raquel Rodríguez se
encontraba desayunando en su casa del Río San Pedro (Puerto Real)
cuando una tanqueta irrumpió por una calle de la barriada. Era 23 de
noviembre de 2021, en plena huelga del metal. Con el pan todavía en
el horno, bajó con total indignación porque no daba crédito a lo
que estaba pasando. "Venía de trabajar, estaba en mi parada del
desayuno, pero cuando vi aquella injusticia no tuve más remedio que
bajar y pedirle a los antidisturbios que pararan", comienza.
Esta mujer de 45 años,
dedicada al sector de la limpieza, se considera una "mujer
obrera y madre indignada, por tanta violencia e injusticia". No
milita en ningún partido ni está sindicada, pero irradia conciencia
de clase por los cinco sentidos. En su perfil de Twitter se presenta
con una cita de Fermín Salvochea, alcalde anarquista de Cádiz y
presidente de su Cantón durante la Primera República: "Mi
patria es mi mundo, mi religión hacer el bien, mi familia, la
humanidad".
El próximo 16 de febrero
está citada en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Cádiz por
incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida como Ley
Mordaza– y por difundir imágenes de los agentes en acto de
servicio. Curiosamente su citación será tres días después de la
convocatoria estatal contra la ley que se le está aplicando. "Yo
soy víctima de esta ley, me han utilizado como cabeza de turco, y
siento respeto porque me enfrento a un aparato represivo donde tengo
todas las de perder", expresa en la entrevista con
lavozdelsur.es.
Raquel tiene claro que la
Ley Mordaza no es más que "una manera de escarmentar a los
huelguistas y al pueblo solidario para avisar de quién tiene el
mando". Aunque si hay algo que verdaderamente le duele a esta
mujer es su tierra, donde trabaja y por la que se indigna: "La
gente sobrevive con lo poquito que tiene".
"Cádiz es un
polvorín en potencia porque hay muchísimo paro, se respira pobreza,
precariedad y encima están cerrando la industria", lamenta. Su
alma contestataria guarda un "pero", o más bien, el único
camino certero, el de la lucha. "Lo bueno que tenemos en Cádiz
es nuestra tradición de lucha y resistencia, por eso ha sido cuna de
la libertad", espeta.
¿Los responsables de
esta situación?: "La Patronal", repite una y otra vez. Y
sobre el abuso policial guarda un consuelo: "Quisieron someter y
asustar a Cádiz, pero no lo consiguieron, generaron más rebeldía",
admite con orgullo esta mujer que se dirige a los trabajadores del
metal como "compañeros de clase" y asume su lucha como
propia.
A escasos días de su
juicio, recuerda a lavozdelsur.es el día de la tanqueta.
"Para mí fue muy trágico, creía que me había
teletransportado a un Estado en guerra como Kosovo o Libia",
asegura. "Las barricadas se hicieron a posteriori a modo de
defensa, pero recuerdo a la gente huyendo despavorida y a los
establecimientos echando la bajara por miedo", continúa.
El ruido de los disparos
"a bocajarro" pudieron con Raquel, que se plantó frente a
la tanqueta y le reprendió a los antidisturbios por su actuación.
"Les pregunté si tenían niños chicos, que cómo tenían la
poca vergüenza de entrar en un barrio obrero con niños y gente
transitando", recuerda. "Ellos me respondieron que qué
quería que hicieran, si los vecinos estaban tirándoles cosas",
revela.
Semanas después,
concluida la huelga, un policía comenzó a amenazarla por redes
sociales advirtiéndole que la iba a denunciar por haber compartido
un video de la actuación policial en sus redes. "Yo no le
contesté en ningún momento", aclara. La notificación judicial
llegó a su casa por mensajería hace unas semanas, la recogió su
familia. "No me la esperaba, aunque en el momento de las
detenciones a los compañeros represaliados temí que fuesen a por
mí", reconoce.
Sobre la Ley Mordaza
piensa que es "una vergüenza antidemocrática, típico de una
dictadura, que deja al descubierto el carácter represivo del Estado
y de su Gobierno". Para Raquel, "esta ley demuestra ser
auténtica heredera del franquismo, dirigida contra los trabajadores
y la gente pobre". Como represaliada, "exige su absoluta
derogación", y lamenta que "teniendo un Gobierno
supuestamente progresista que se comprometió a derogarla", no
solo no la haya derogado, sino que "la esté aplicando".
Preguntada por el miedo,
responde que no tiene. "Lo único que me da es respeto por no
saber a lo que me voy a enfrentar, ya que estamos en un Estado que
demuestra que no hay Democracia. Me asusta enfrentarme a un Estado
que no es democrático", expresa sincera. No obstante, es
consciente de que muchas personas la han puesto como ejemplo de
represión por aplicación de la Ley Mordaza y confía que "con
presión social se consiga derogarla".
El apoyo recibido,
reconoce, "es lo que me ayuda a resistir y no desistir".
Raquel entiende una solidaridad sin fronteras y se siente "muy
agradecida por ello". Repite como un mantra que el camino es la
lucha, "la lucha de la clase obrera". Y advierte antes de
despedirse, a cinco días de su declaración judicial, que "no
nos van a amedrentar por muchas tanquetas y por muchos antidisturbios
que nos manden. Tenemos que defender lo nuestro porque es nuestro.
Todo lo que se produce, lo produce la clase trabajadora, explotada
por la tiranía. Y por eso tenemos que seguir luchando, no tenemos
otro camino. Lucha, lucha y lucha".
¿Debaten
ya los medios de comunicación de masas españoles sobre el ejercicio
de la libertad de expresión? Para un periódico, radio o televisión
esa debería ser su misión principal: defender el derecho que los
hace existir. Pero no, solo se habla de terrorismo callejero y de
democracia plena. Interesante, ¿verdad? Seguramente, si fuese un
periodista el condenado por practicar su derecho a la libertad de
expresión, la cosa cambiaría enormemente. No hay nada más
corporativista que periodistas trabajando al dictado de los
propietarios de los medios de comunicación. Ahí ya no hay ni
extrema derecha, ni derecha, ni extremo centro, que es lo único que
existe en los grandes medios de comunicación de nuestro país; irían
todos al ataque con la artillería que tienen a su disposición:
informativos, magazines, tertulias, programas de humor…
Podría
tratarse de algo causal, como dice el relato dominante, los
manifestantes en favor de la libertad de Hasél y de la libertad de
expresión se extralimitan violentamente contra la Policía y el
mobiliario urbano, lo que aprovecha el sistema para disfrazar la
causa del encarcelamiento de un músico en el ejercicio de la palabra
y de sus derechos fundamentales como individuo.
Sin
embargo, estos días también hemos podido ponerle nombre a una vieja
táctica policial: el síndrome de Sherwood, una estrategia que tiene
por objeto desacreditar la imagen pública de los manifestantes
mediante la provocación y el uso desproporcionado de la fuerza para
provocar reacciones de autodefensa. Los que llevamos muchas
manifestaciones a las espaldas sabemos de qué se trata. Sabemos
cuándo una manifestación va a acabar en batalla campal antes de que
esta se produzca, por la simple observación de la actitud de las
fuerzas del orden. Hay veces que no reaccionan a una lluvia de
piedras y otras que un insulto basta para desencadenar una serie de
cargas sin fin. En ocasiones no hay violencia simplemente porque no
hay policías. También conocemos la acción de los infiltrados
secretos. De hecho durante algún tiempo jugábamos a descubrirlos en
las manifestaciones. La prueba del algodón final era su actitud
cuando los enchufaba con mi cámara de fotos, si se cubrían la cara,
giraban la cabeza una y otra vez, no cabía ninguna duda. A veces
estos infiltrados eran pacíficos y solo buscaban información, pero
otras eran los que encabezaban los actos violentos. De todo hay y de
todo hemos vivido en primera persona. Hoy se han descubierto incluso
a conocidos ultraderechistas en primera línea de ataque en
manifestaciones netamente de izquierdas…
Sea
como fuere, el hecho es que ni políticos ni periodistas quieren
hablar del fondo de la cuestión: cómo una democracia que se dice
plena se permite detener a músicos, titiriteros, tuiteros… por el
simple hecho de expresarse en libertad. Desde luego, este no va a ser
el caso, todo lo contrario.
Lo
que ocurre con la Justicia en nuestro país, además de la
infiltración de la extrema derecha y el Opus Dei en el corazón de
la magistratura, también ha sido objeto de investigación jurídica
y se le ha puesto un nombre, la búsqueda del efecto desaliento. Este
tiene lugar cuando a través de sanciones penales desproporcionadas y
muy interpretables, se desincentiva a la población de la realización
de conductas legales relacionadas con el ejercicio de los derechos
fundamentales. Este tipo de situaciones ha sido denunciada en nuestro
país, tanto por el Consejo de Europa, como por el Tribunal Europeo
de los Derechos Humanos (TEDH), por constituir una limitación
subrepticia a la libertad de expresión, inadmisible en una
democracia. Es lo de siempre, tenemos derechos sobre el papel, pero
se pueden ejercer únicamente cuando al poder le interesa. Por eso,
en vez de democracia plena, tenemos una democracia formal. Yo mismo
fui condenado por llamar franquista a un cargo político de la
dictadura, ¿habrase visto tamaña estupidez?
En
Europa, que tampoco es que sea un gran ejemplo de nada, nos lo han
afeado muchas veces. Ahí tenemos esas sentencias del Procés,
invalidadas por tribunales de distintos países o por el propio TEDH
que han ridiculizado internacionalmente incluso a nuestro Tribunal
Supremo. Obviamente, no toda la culpa es de sus señorías, también
lo es de nuestro ordenamiento jurídico, que les permite desplegar
toda su saña filofascista sin ningún tipo de consecuencias.
Podríamos hablar de los delitos de rebelión, de la ley mordaza, de
los delitos contra los sentimientos religiosos, del enaltecimiento
del terrorismo, de las injurias a la corona… como ejemplos de
delitos tipificados que se usan para cercenar la libertad de
expresión del conjunto de la población y que deberían estar
borrados para siempre de nuestra legislación.
Pero,
para entender lo que está sucediendo en las calles, hay que añadir
otro ingrediente fundamental: el malestar social. Si cada vez que hay
un disturbio se monta una algarada de saqueos y violencia, eso hay
que analizarlo. Más del 40% de paro juvenil, 20 puntos por encima de
la media europea, seguro que tienen algo que ver con esa sensación
negativa. Y no se trata de algo coyuntural, todo lo contrario, es
puramente estructural, es un problema de falta de expectativas. ¿Qué
joven va a poder cotizar casi 40 años para poder cobrar una pensión
pública digna con contratos parciales y temporales y sueldos de
miseria? ¿Por qué el Rey se va de rositas después de haber robado
a manos llenas durante otros 40 años y quien lo denuncia en una
canción está preso? ¿Por qué Hasél está en la cárcel y el
militar que quería matar a más de 26 millones de españoles está
en su casita? ¿Por qué la justicia solo mira siempre para el mismo
lado?
La
necesidad de un proceso constituyente que lleve a una segunda y
verdadera transición es más acuciante que nunca. Somos el primer
país del mundo en artistas encarcelados, el segundo con más
desaparecidos en fosas comunes, también el segundo del mundo
desarrollado con peores medios de comunicación. Muchas leyes de la
dictadura perviven aún en nuestro ordenamiento y a otras solo se les
cambió el nombre. A la Iglesia se le sigue dejando robar patrimonio
público mediante normas franquistas reforzadas por una derecha que
aún se considera heredera política y biológica del pasado régimen
fascista. El coste de nuestro estado recae sobre las clases
trabajadoras mientras que los ricos no pagan impuestos. Cualquier
mínimo cambio hacia la modernidad o la justicia social, cuenta con
la resistencia de una casta política y mediática que la hace
prácticamente imposible. La Carta Magna se dejó atada y bien atada
para que, en la práctica, fuese irreformable y que las
reminiscencias fascistas nos acompañen para siempre en esto que
llaman democracia.
Esbirro: Hombre o mujer que, a cambio de dinero, realiza las acciones violentas o amenazas que se le ordenan. Vendido.
La represion contra el
pueblo chileno movilizado no para. Los medios, los políticos, las
instituciones policiales y el gobierno, naturalizaron el uso de
armamento y disparos contra las manifestaciones sociales, que
reportan miles de heridos que son invisibilizados e ignorados.
La masiva protesta en la
capital hondureña se concentró en la zona sur, específicamente en
los alrededores del aeropuerto internacional de Toncontín.
Protestas de salud y
educación pasan a ser un movimiento ciudadano colectivo que exige la
salida del poder de Juan Hernández.
Corrupción y vínculos
con el narcotráfico serían el acabose de Juan Hernández.
Tegucigalpa. Los
cuatro puntos cardinales de Honduras son el epicentro de masivas
movilizaciones este jueves. Los ciudadanos se han lanzado a las
calles en contra de un proceso privatizador de la salud y educación,
emprendido desde el año 2011 y que se ha intensificado en los dos
gobiernos de Juan Hernández, salpicado por la corrupción y el
narcotráfico.
Las manifestaciones se
han producido en las principales ciudades y ejes carreteros del país
en contra de varios decretos ejecutivos y la Ley Marco de Seguridad
Social, que atentan contra la salud y la educación pública.
Las protestas iniciaron
desde hace un mes por parte de los gremios de maestros, médicos y
personal de la salud y la educación que, de manera estratégica y
para coordinar acciones, conformaron la Plataforma para la Defensa de
la Salud y la Educación. Hoy jueves la Plataforma convocó a un paro
nacional que continuará mañana.
Al paro de este día se
han sumado, además de los maestros y médicos, varias organizaciones
de sociedad civil, obreros, partidos políticos y ciudadanía en
general, que ya no solo exige la derogación de las leyes que atentan
contra la salud y educación, sino que la salida del poder del
gobernante, por suponerlo responsable de actos de corrupción y de
tener nexos con el narcotráfico.
Las protestas han tomado
fuerza a raíz que saliera a la luz y a través de algunos medios de
comunicación, fragmentos de algunos documentos desclasificados de la
Corte del Distrito Sur de Nueva York que señalan que Hernández y
sus más cercanos colaboradores están siendo investigado por la
Agencia Anti Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en
inglés) por suponerlo responsable de actividades de narcotráfico y
lavado de dinero a gran escala.
"Fuera JOH",
"más medicinas, menos cocaína", es parte de las consignas
más escuchadas en las calles hondureñas, donde se han concentrado
hombres, mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores.
Caos y represión
El núcleo de las
protestas ha sido Tegucigalpa donde en horas de la mañana se observó
una inmensa movilización, nunca antes vista en Honduras, superando
las movilizaciones del 2009 en el marco del golpe de Estado y las
marchas de las antorchas de 2015, cuando la ciudadanía salió las
calles a exigir la instalación de una comisión internacional de
combate a la corrupción.
La masiva movilización
registrada en la capital tuvo su concentración en la parte sur,
donde se ubica el aeropuerto internacional de Toncontín, que fue
cerrado por varias horas. En este sector se registró la quema de un
restaurante de comidas rápidas. En otro sector, adyacente se reportó
la quema de una unidad policial.
Otros episodios que se
han registrado, es la quema de una unidad de la Empresa Energía
Honduras (EEH) en la sureña ciudad de Choluteca y la quema de una
cisterna para el transporte de combustible en la zona norte.
Las protestas han sido
reprimidas por la policía, que arroja a discreción gases
lacrimógenos. En la ciudad de Choluteca denunciaron que los
uniformados dispararon sus armas en contra de los manifestantes.
Policía apunta a un niño con su arma
Heridos
En tanto los pobladores
de la comunidad de Guadalupe Carney, en el municipio de Trujillo,
Colón, en el litoral atlántico, denunciaron haber sido objeto de
represión por parte de elementos de la Fuerza Naval de Honduras,
resultando heridos por arma de fuego cuatro campesinos y varios con
golpes de consideración, dijo a CRITERIO el apoderado legal del
Movimiento Campesino del Aguán (MCA), Juan Carlos Zelaya.
En la ciudad de
Siguatepeque a la altura de la carretera CA-5, en el central
departamento de Comayagua, el profesor Carlos Alfonso Sánchez,
resultó herido de bala, supuestamente a manos de elementos de las
fuerzas de seguridad del Estado, según reportes del Comité de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Pérdidas económicas
El Consejo Hondureño de
la Empresa Privada (Cohep) proyectó que un paro nacional podría
dejar pérdidas a la economía nacional por el orden de 1.500
millones de lempiras diarios, es decir más de 61 millones de
dólares.
"Si llegáramos a
tener un día de paro pleno, donde realmente no se produjo nada,
estaríamos hablando de 1,500 millones diarios, ese es el efecto",
dijo el gerente de Política Económica del Cohep, Santiago Herrera.
A raíz de las
manifestaciones y de la toma de ejes carreteros, varios empresarios
decidieron esta tarde cerrar las puertas al público.
Reacción del gobierno
La noche del miércoles
el gobierno emitió un nuevo decreto, prometiendo no privatizar la
salud y la educación y no proceder a despedir masivamente a los
trabajadores de éstos dos sectores.
El decreto Ejecutivo
número PCM-023-2019, emitido para su inmediata publicación en el
diario oficial La Gaceta, se limita a hacer dichas promesas. Sin
embargo, el jefe de gobierno, Juan Hernández, no anunció la
derogación de los decretos ejecutivos que se han venido aprobando
desde el año 2011 y que atentan contra la salud y la educación
pública y que es el punto toral de las exigencias de los médicos y
docentes.
Este día el secretario
de Educación, Arnaldo Bueso, condenó y desacreditó las protestas,
sin embargo, manifestó que el gobierno está dispuesto a emprender
un diálogo para solventar la problemática.
Hasta el momento, ni los
docentes, ni los médicos, han aceptado el diálogo prometido por el
gobierno. Tampoco aceptan, como soluciona al problema, la promesa de
no privatizar la salud y de no hacer despidos masivos, mientras no se
deroguen todas las leyes que atentan contra la salud y la educación
pública.
Honduras se enfrenta a un
debilitamiento institucional a partir del golpe de Estado de 2009,
que se ha profundizado en los últimos diez años con varios actos de
corrupción y un floreciente negocio a través del tráfico de drogas
por parte de empresarios, políticos y funcionarios del gobierno.
El gobernante hondureño,
es hermano de Juan Antonio Hernández, alias Tony Hernández,
capturado por agentes de la DEA en el aeropuerto de Miami el 23 de
noviembre de 2018, acusado por la fiscalía estadounidense de
traficar toneladas de cocaína, utilizar armas para proteger sus
cargamentos y brindar información falsa a agentes federales.
Tony Hernández se
enfrenta a un juicio que se ha ido prolongando y que se espera se
retome el 30 septiembre.
Tras el descubrimiento
del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), miles
de hondureños salieron masivamente a las calles a protestar para
exigir la salida del poder de Juan Hernández y la instalación de
una comisión internacional anticorrupción, avalada por la
Organización de las Naciones Unidas.
Hernández, que confesó
haber recibido parte de los fondos para financiar su campaña
política en el año 2013, logró hábilmente negociar con el
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, la instalación de la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que pese a tres años
de su instalación no ha acompañado ningún proceso de investigación
contra Hernández.
En marzo pasado, el
periodista David Romero Ellener, quien guarda prisión por delitos
contra el honor, dijo tener pruebas que Hernández y su entorno
familiar había saqueado varias instituciones del Estado, logrando
canalizar más de 4.000 millones de lempiras. Las supuestas pruebas
fueron entregadas a la MACCIH.
Juan Hernández logró un
segundo mandato pese a que la Constitución hondureña prohíbe la
reelección presidencial. Para dicho propósito se amparó en una
sentencia del Poder Judicial que, sin tener asidero jurídico,
declaró la inaplicabilidad de dos artículos pétreos. Su segundo
periodo gubernamental es producto de unas cuestionadas elecciones
denunciadas por un fraude electoral y que la misma OEA pidió su
repetición.
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La paz de JOH ha
terminado, la guerra del pueblo ha comenzado –Miguel Marroquín
Respiren mientras puedan,
hártense de lo robado antes que el fuego lo arrase todo, porque
ustedes cachurecos criminales, narcotraficantes y corruptos, están a
punto de conocer el infierno, la fiesta por fin se les terminó, en
adelante este pueblo borrará para siempre la burlona sonrisa de
Mauricio Oliva. La privatización de la salud y de la educación no
pasarán, el pueblo está decidido a llegar hasta las últimas
consecuencias, para que estos dos servicios básicos no se conviertan
en una mercancía más.
El pueblo sabe que
privatizar la salud y la educación, es sinónimo de muerte y
analfabetismo.
Al calendario se le
acabaron los días, así como al reloj los minutos, en consecuencia,
lo que les espera a estos narcos privatizadores, es la cárcel,
ningún delito por pequeño o grande que este sea quedará en la
impunidad, el pueblo ahora mismo reclama los nombres de los banqueros
que dieron la orden de asesinar a Berta Cáceres, todo con la
intención de privatizar los pocos ríos y bosques que le quedan a
Honduras. El soberano quiere conocer toda la verdad, y con ello hacer
justicia de una buena vez y para siempre.
El pueblo también quiere
conocer con nombre y apellido, a todos aquellos que planificaron y
ejecutaron al saqueo del Seguro Social, la sed de justicia es enorme,
y no será saciada hasta no ver a los culpables pudrirse en las
cárceles, hasta que sus inmundos huesos sean roídos por las ratas.
No es la venganza la que mueve al pueblo, sino el deseo de que en
Honduras impere por vez primera la justicia o porque no decirlo, que
impere un Estado de derecho para todos por igual.
Ansiedad hay, en
cualquier rincón de Honduras por conocer quiénes son los asesinos
de los estudiantes, Mario Enrique Suárez y Gerson Daniel Meza; cada
toma de carretera, cada plantón, cada grito en las manifestaciones
de las antorchas, es un permanente reclamo de justicia, para que los
asesinos paguen con largas condenas.
Del joven Isis Obed
Murillo nadie se ha olvidado, su gallardía y su juvenil sonrisa
sigue al lado del pueblo, sus gritos en contra del golpe de Estados
aún resuenan, y no terminarán de sonar sino hasta ver al criminal
Romeo Vásquez Velásquez sentado en el banquillo de los acusados
respondiendo por este y otros crímenes más, y posteriormente
llevado a la cárcel para que purgue sus últimos días encerrado.
En las tomas de
carreteras que llevan a cabo los médicos, docentes y estudiantes
para evitar la privatización de la salud y la educación, Kimberly
Dayana Fonseca, no podía faltar, su espíritu de lucha está
presente.
En cada grito de lucha
también esta Ilse Ivania Velásquez, para oponerse a la
privatización de la salud y la educación.
Policía de Honduras
reprime violentamente a manifestantes que exigen la renuncia de
Hernández
Tegucigalpa.- Las fuerzas
de seguridad del Estado de Honduras reprimen violentamente este
viernes las manifestaciones masivas que se llevan a cabo a nivel
nacional y que exigen la renuncia del jefe del régimen, Juan
Hernández, por suponerlo responsable de actos de corrupción y de
tener nexos con el narcotráfico.
Honduras se enfrenta
nuevamente a episodios violentos que se suscitan en las calles de las
principales ciudades del país, donde se registran manifestaciones,
barricadas y tomas de carreteras, las que están siendo reprimidas
violentamente por policías y militares, que arrojan a discreción
gases lacrimógenos e incluso en algunas zonas han disparado sus
armas de reglamento.
ONU pide no usar
militares para reprimir las manifestaciones en Honduras.
La protesta convocada en
Tegucigalpa fue disuelta por los policías, quienes pese a que la
población se manifestaba de manera pacífica comenzaron a lanzar
bombas lacrimógenas para impedirles el paso. Las protestas han
continuado de manera dispersa en los barrios y colonias. Sin embargo,
los uniformados han llegado hasta estos sectores donde siguen
lanzando a discreción los gases lacrimógenos.
La irregular actuación
de las fuerzas de seguridad del Estado fue denunciada por la
Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación ante el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
"Queremos decir una
vez más quien es el Comandante General de las Fuerzas Armadas y
quien dicta las acciones: se llama Juan Orlando Hernández, por lo
tanto quien esta violentando los Derechos Humanos en este momento es
justamente él", dijo Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio
Médico de Honduras.
Las protestas iniciaron
desde hace un mes por parte de médicos y docentes, que exigen la
derogación de varios decretos ejecutivos y de la Ley Marco de
Seguridad Social, porque atentan contra la salud y la educación
pública.
La lucha magisterial y
médica se ha transformado en un movimiento social colectivo que
exige la salida del poder del gobernante, Juan Hernández, por
suponerlo responsable de actos de corrupción y de tener nexos con el
narcotráfico.
La indignación de los
hondureños, que han salido masivamente a las calles en los 18
departamentos del país, se ha intensificado luego que varios medios
internacionales informaran que la Agencia Anti Drogas de los Estados
Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) está investigando a
Hernández y a sus cercanos colaboradores por tráfico de cocaína y
lavado de activos a gran escala.
Violencia
En horas de la tarde se
registró la quema parcial de la entrada principal de la embajada de
los Estados Unidos, ubicada en Avenida La Paz de Tegucigalpa, en un
sospechoso incidente que no fue repelido por los guardias de
seguridad privada y de elementos de la Policía Tigres que siempre
custodian el lugar.
También se reportan
daños a negocios y algunos saqueos de tiendas en Tegucigalpa.
Las protestas se
verifican en todo el país, siendo la zona norte uno de los
principales epicentros. La ciudad de San Pedro Sula, localizada en
aquel sector, luce semiparalizada, golpeada fuertemente la economía
del país centroamericano donde el 67 por ciento de la población
vive en condiciones de pobreza.
Diálogo
La noche del jueves, el
gobernante pidió a los médicos y docentes que abandonen su lucha y
acepten su promesa de diálogo.
Hernández ha prometido
mediante un decreto ejecutivo que no privatizará la salud y la
educación y que tampoco despedirá el personal de ambos gremios. Sin
embargo, no acepta la derogación de los decretos y de la Ley Marco
de Seguridad Social, que demandan los médicos y docentes.
Al parecer la represión
continuará con mayor intensidad en las próximas horas, luego que la
Policía Nacional, advirtiera esta tarde que procederá a capturar a
las personas que provoquen disturbios callejeros.
Los hondureños, que se
manifiestan en las calles, rechazan que la embajada de los Estados
Unidos haya pedido la noche del jueves que los sectores en conflicto
busquen el diálogo.
"Somos nosotros los
hondureños quienes debemos resolver nuestros problemas", dijo
una docente que participaba en la mañana en la manifestación que
inició en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
La docente acusó al
gobierno estadounidense de haber impuesto en el poder a Juan
Hernández en contra de la voluntad popular de los hondureños.
Artículo escrito por
el autor en enero de 2019 que sirvió de base para un informe sobre
las violaciones de DDHH en Francia presentado por Centre Europe -
Tiers Monde de Ginebra (CETIM, organización no gubernamental
reconocida como entidad consultiva general) al Consejo de DDHH de las
Naciones Unidas para su cuadragésimo período de sesiones del 25 de
febrero al 22 de marzo de 2019. Punto 4 " Situaciones de DDHH
que requieren la atención del Consejo".
Francia se encuentra en
una zona de fuertes turbulencias desde hace varios meses. La
virulencia de los conflictos sociales ha sido durante mucho tiempo
una característica importante que viene marcando la vida política
de este país, así como un dato histórico de una nación que se
cimentó, fundamentalmente después de 1789, sobre la base de una
revolución de alcance universal, cuyas huellas –junto con las
conquistas sociales de 1936, 1945 o las de 1968 –, siguen presentes
en la memoria colectiva y en las instituciones, independientemente de
los intentos de borrarlas.
Sin embargo, pronto se
cumplirán 40 años desde que Francia, así como otros países del
Norte, sin excepción, quedó atrapada bajo el yugo letal de las
políticas neoliberales demoledoras. Éstas solo se pueden
interpretar como una violencia social extraordinaria contra el mundo
del trabajo. Sus efectos destructivos (para las personas y la
sociedad, pero también para el medio ambiente) se propagan gracias a
la complicidad del estado con los poderosos del momento. La situación
empeora aún más por la enajenación de la soberanía nacional y el
sometimiento a la Unión Europea, rechazada por los ciudadanos
franceses en el referéndum de 2005 y que se les impone mediante una
denegación de la democracia.
Esta es una violencia
adicional infligida a todo un pueblo. En esta perspectiva singular, y
en el contexto general de una crisis sistémica del capitalismo
globalizado, se explican las oleadas de levantamientos populares que
se han amplificado en las últimas décadas: huelgas en 1995,
disturbios suburbanos en 2005 -07, manifestaciones en las décadas
2000 y 2010... Actualmente, el sentimiento de malestar y descontento
es generalizado. Iniciado a finales de octubre de 2018, el movimiento
de los llamados "chalecos amarillos" representa otro
levantamiento, pero se enfrenta al peor recrudecimiento de la
violencia policial desde la guerra de Argelia. Ante los distintos
llamamientos a la justicia social, las autoridades han optado por
responder con más represión, hasta el punto de retroceder de forma
extremadamente preocupante en los DDHH.
El estado de
excepción, punto de partida de una escalada represiva
Resulta fácil
identificar el momento en el que se inició esta escalada represiva:
empezó con el estado de excepción, decretado en el territorio
metropolitano el 14 de noviembre de 2015 (tras los ataques
terroristas que azotaron el país el día anterior), y extendiéndose
el 18 de noviembre a los departamentos de ultramar. Ciertamente no se
trata aquí de minimizar las amenazas terroristas del Islam político
extremista, desde Al Qaeda hasta el Daesh, pero hay que entender que
la política de seguridad adoptada desde 2015 ha sido, de manera
simultánea, una oportunidad para obligar al pueblo francés a
aceptar restricciones importantes en sus derechos civiles y
políticos, sobrepasando la reacción necesaria a los riesgos
terroristas.
Después de renovarse
cinco veces seguidas, el estado de excepción se levantó el 1 de
noviembre de 2017, pero la mayoría de sus disposiciones
excepcionales han adquirido ahora fuerza de ley: los registros y
arrestos preventivos, los perímetros de protección, los arrestos
domiciliarios individuales, los controles fronterizos, etc., ahora
están autorizados en el marco de «la ley para reforzar la seguridad
interior y la lucha contra el terrorismo» del 30 de octubre de 2017.
Desde entonces, en Francia, existe un desvío inquietante de este
imponente arsenal legal de excepción, cuyo efecto es el de reducir
las libertades públicas, especialmente la libertad de expresión, de
reunión o el derecho a manifestarse pacíficamente, así como los
derechos sindicales e incluso el derecho a la integridad física,
todos en grave peligro.
Aquellas y aquellos que
han participado recientemente en manifestaciones en Francia, han sido
testigos, sin duda, de lo que las organizaciones de DDHH francesas e
internacionales vienen denunciando en los últimos meses: muchas de
las intervenciones de las fuerzas del orden son desproporcionadas y
excesivamente violentas, recurriendo a veces incluso a armas de
guerra. De esta forma, el uso de gas lacrimógeno y cañones de agua
de alta presión contra manifestantes pacíficos se ha vuelto
sistemático; también es muy frecuente disparar pelotas de goma a la
altura del pecho así como el uso de otras armas de "letalidad
reducida", granadas aturdidoras, la práctica del
"encapsulamiento" para evitar unirse a otros manifestantes,
arrestos aleatorios y arbitrarios, intimidaciones verbales,
provocaciones gratuitas, e incluso agresiones físicas.
En las calles de la
capital se han desplegado vehículos blindados, policías a caballo,
equipos de perros policías... Muchas veces, se infligen tratos
degradantes a los manifestantes, incluidos los menores. También es
frecuente que las personas reciban palizas o se las encierre sin
haber cometido ningún delito. Los "médicos de la calle",
por su parte, voluntarios que siguen las procesiones y ayudan a los
heridos, ven cómo se les confisca su material médico... todo lo
cual conmociona a los franceses. Esto último es lo que se busca
precisamente para poner fin a su revuelta. Dicha violencia policial
es absolutamente inaceptable y vulnera las normas internacionales
actuales de DDHH.
Primera etapa: la
represión de los movimientos sociales y de los sindicatos
Desde la elección a la
presidencia de la República de Emmanuel Macron, ex accionista
gerente del banco de negocios Rothschild, ministro de Economía del
presidente François Hollande y autor de leyes epónimas que imponen
la flexibilización del mercado laboral, el mundo sindical se ha
vuelto a movilizar.
Las manifestaciones y las
huelgas se han multiplicado, especialmente en los sectores del
transporte público (SNCF, Air France...), energía (gas y
electricidad), automotriz (Peugeot, Renault), telecomunicaciones
(Orange), la gran distribución (Carrefour), servicios de salud
(hospitales públicos, residencias de ancianos, seguridad social),
educación (escuelas secundarias, universidades), cultura (museos),
justicia (abogados, magistrados), recogida de basuras, e incluso
auditorías financieras y de cuentas.
Estos diversos
movimientos sociales, muy seguidos, ocurrieron a lo largo de la
primavera de 2018. La reacción del poder fue intensificar la
represión, lo que afectó dramáticamente a los estudiantes
(evacuación de los campus), los activistas ambientales que ocupaban
las “Zonas a defender” (ZAD por sus siglas en francés) y, en
especial, los manifestantes en contra de las leyes de flexibilización
del mercado laboral.
Esta espiral represiva ya
había afectado a los sindicatos durante varios años, vulnerando la
legislación laboral. De hecho, los obstáculos a las actividades
sindicales se multiplicaron: discriminación salarial contra
sindicalistas, despidos injustificados de los huelguistas, presiones
ejercidas mediante amenazas o sanciones disciplinarias, restricciones
de los derechos sindicales o el derecho de huelga, e incluso la
criminalización de la acción sindical (como en Goodyear,
Continental o Air France). Además, las recientes reformas
gubernamentales de la ley laboral penalizan aún más los movimientos
sociales: menores plazos para apelar a los tribunales laborales y
establecimiento de un límite máximo a las indemnizaciones en caso
de despido injusto; fusión de las instancias representativas de los
trabajadores y limitación de sus medios; mecanismos de terminaciones
de contratos colectivos pactados, sin tener en cuenta las medidas de
protección laboral o facilitando las salidas de trabajadores
mayores; inversión de la jerarquía de normas que coloca el acuerdo
de la empresa por encima de los convenios colectivos y la ley;
establecimiento del llamado perímetro nacional para los despidos por
razones económicas, facilitando el despido de empleados de las
filiales francesas (mientras que la empresa matriz obtiene beneficios
a escala global).
Segunda etapa: la
represión de los «chalecos amarillos»
El presidente Macron optó
por "mantener el rumbo". A expensas del sufrimiento y las
expectativas de los trabajadores, su gobierno exacerba las políticas
neoliberales y profundiza cada vez más en la violencia social y la
represión policial. El resultado es una pesadilla, indigno de un
país que dice ser democrático y tolerante. Desde el inicio de la
movilización de los chalecos amarillos, se produjeron 11 muertes
accidentales, más de 2.000 personas resultaron heridas, de las
cuales al menos un centenar con pronóstico muy grave. Los médicos
describían los traumatismos como "heridas de guerra"
(voladuras de mano, pérdidas de ojos, desfiguraciones, fracturas
múltiples y diversas mutilaciones...), debido en particular a los
disparos con pelotas de goma o tiros de granadas, a menudo dirigidas
a manifestantes pacíficos. A día de hoy, muchas personas siguen en
coma.
Los adolescentes, por su
parte, sufren un trauma psicológico después de haber sido tratados
como terroristas por la policía, forzándolos a arrodillarse con las
cabezas agachadas, las manos en la nuca y apilados en furgones y
celdas.
¿Hacia dónde se dirige
este poder que pisotea a su pueblo y desata contra él tamaña
violencia? El 1 de diciembre, por ejemplo, se lanzaron 7.940 granadas
lacrimógenas, 800 granadas aturdidoras y 339 granadas de tipo GLI-F4
(municiones explosivas), 776 cartuchos de pelotas de goma, así como
cañones con 140.000 litros de agua. El balance provisional, y
seguramente no exhaustivo, correspondiente solo el periodo que
comprende desde el 17 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019,
muestra 6.475 arrestos y 5.339 detenciones preventivas.
Los tribunales dictaron
más de mil condenas en todo el territorio nacional. Aunque la
mayoría de estas condenas terminan en trabajos comunitarios, muchas
son sentencias de cárcel. Además, existen 153 órdenes de arresto
(lo que implica encarcelamientos), 519 citaciones judiciales y otras
372 en correccionales… En París, 249 personas fueron juzgadas en
comparecencia inmediata, 58 condenadas a prisión, 63 a penas de
prisión condicional... En el departamento francés de Reunión, la
media de sentencias firmes de prisión para los chalecos amarillos
locales es de ocho meses. A fecha del 10 de enero de 2019, unas 200
personas vinculadas a estos acontecimientos seguían encarceladas en
Francia.
La legitimidad de las
reivindicaciones populares
En muchos aspectos, las
reivindicaciones de los chalecos amarillos son similares a las de los
trabajadores. Exigen la mejora inmediata y concreta de las
condiciones de vida, la revalorización del poder adquisitivo de los
ingresos (salarios, pensiones, subsidios...), el fortalecimiento de
los servicios públicos, la participación del pueblo en las
decisiones relativas a su futuro colectivo... Dicho de otra manera,
una puesta en marcha efectiva, sobre todo, de los derechos
económicos, sociales y culturales, así como el derecho del pueblo a
decidir sobre su futuro. Al exigir más justicia social, respeto a
los DDHH y democracia económica y política, estas reivindicaciones
son rotundamente legítimas y cuentan con un gran apoyo de la
población.
La madre de todas las
violencias, la que debe cesar urgentemente y contra la cual las
personas se ven obligadas a defenderse, tal y como lo recoge la
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en el
preámbulo de la constitución francesa, es aquella que genera la
imposición de las medidas neoliberales desleales, despiadadas,
antisociales y antidemocráticas; aquella que, en el silencio de los
ajustes de precios de los mercados capitalistas, hace que las
personas sin hogar mueran de frío, empuja a los agricultores
endeudados al suicidio, destruye a las personas y a sus familias al
privarlos de empleos, cortándoles la electricidad, expulsándolos de
sus hogares; aquella que, por falta de recursos, obliga a los
jubilados a dejar de calentar sus hogares o a sus hijos a saltearse
una comida; aquella que acaba con toda solidaridad, cierra las
escuelas, centros de maternidad u hospitales psiquiátricos, sumerge
en la desesperación a pequeños comerciantes y artesanos que se
hunden bajo las cargas, ahoga a los trabajadores que no pueden llegar
a fin de mes...
