Informe CEPR: Bloqueo y lista de terrorismo causaron aumento del 148% en muerte de bebés en Cuba. 1.800 muertes evitables desde 2018.
Enfermeras cuidan recién nacidos en hospital cubano afectado por falta
de insumos y combustible debido al bloqueo de Estados Unidos
En la última década,
Cuba ha pasado de tener una de las tasas de mortalidad infantil más
bajas del hemisferio occidental (incluso inferior a la de Estados
Unidos) a enfrentar una catástrofe silenciosa. Según datos
oficiales, la tasa de mortalidad infantil (TMI) en la isla se disparó
de 4.0 por cada 1.000 nacidos vivos en 2018 a 9.9 en 2025. Esto
representa un aumento del 148%. Detrás de estas cifras hay una
realidad demoledora: aproximadamente 1.800 bebés han muerto que, de
haberse mantenido los índices anteriores, probablemente estarían
vivos.
¿La causa principal? Un
reciente estudio del Center for Economic and Policy Research (CEPR)
titulado «US Sanctions and the Sharp Rise in Infant Mortality in
Cuba» no deja lugar a dudas: el recrudecimiento sin precedentes
del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos
desde 2017 es el principal responsable de esta tragedia.
El mecanismo de
muerte: cómo las sanciones golpean a los más vulnerables
El informe, firmado por
los expertos Alexander Main, Joe Sammut, Mark Weisbrot y Guillaume
Long, documenta cómo las medidas de «máxima presión» aplicadas
por los gobiernos de Trump y continuadas por Biden (y ahora
endurecidas de nuevo por Trump) han creado una tormenta perfecta para
el sistema de salud cubano:
1. Asfixia
financiera y de divisas: Las sanciones redujeron drásticamente los
ingresos del turismo (cayeron un 59% entre 2017 y 2024), las remesas
(un 42%) y los servicios médicos (un 23%). Sin dólares, Cuba no
puede comprar en los mercados internacionales.
2. Bloqueo de
insumos médicos: La reducción del umbral de minimis (del 25% al
10%) impide la importación de cualquier producto que contenga más
del 10% de componentes estadounidenses. Esto dejó al país sin
jeringuillas, inhaladores, soluciones salinas, piezas para equipos de
rayos X, e incluso insumos para fabricar vacunas.
3. El «efecto
disuasorio» de ser Terrorista: La reinclusión de Cuba en la lista
de países patrocinadores del terrorismo (SSOT) ha hecho que ningún
banco del mundo quiera financiar compras a la isla, por miedo a las
multas millonarias de EE.UU. El resultado es que ni siquiera con
dinero en efectivo se pueden adquirir los medicamentos.
Si la situación era
grave, el artículo advierte que el nuevo bloqueo energético
impuesto por Trump en los primeros meses de 2026 ha sido el tiro de
gracia. Al impedir por la fuerza naval y amenazas arancelarias la
llegada de petróleo (incluso el de México), se ha provocado un
colapso eléctrico nacional.
El estudio cita
testimonios desgarradores recogidos por The New York Times y
la prensa internacional: en los hospitales de maternidad, las
incubadoras se apagan, los ventiladores de los prematuros dejan de
funcionar y las ambulancias (300 de ellas paradas por falta de
combustible) no pueden trasladar a las embarazadas de riesgo.
Un obstetra de La Habana
declaró al citado medio que en febrero de 2026 fallecieron tres
neonatos en un solo mes, la cifra más alta que recuerda. «Estamos
recibiendo casos mucho más graves», admitió.
Estudios globales: las
sanciones matan
El CEPR no especula. Para
sostener su tesis, recurre a estudios econométricos recientes. Un
análisis publicado en The Lancet Global Health (agosto de 2025)
estima que las sanciones unilaterales causan unas 564.000 muertes
adicionales al año en el mundo, siendo los niños menores de
cinco años el 51% de las víctimas.
Otro estudio del Banco de
Pagos Internacionales (BIS) revela que en las recesiones económicas
(provocadas por sanciones), la mortalidad infantil aumenta en 6
muertes por cada 1.000 nacimientos. El aumento en Cuba (5.9 puntos)
encaja perfectamente en ese patrón de destrucción inducida.
Conclusión: un castigo
colectivo que viola el Derecho Internacional
El artículo concluye con
una denuncia contundente: el bloqueo de combustible constituye un
«acto de agresión» bajo la Carta de la ONU y una forma de «castigo
colectivo» prohibido por los Convenios de Ginebra. Al impedir la
entrada de bienes de primera necesidad, incluidos los médicos,
EE.UU. está utilizando la inanición y la falta de energía como
armas contra la población civil.
Mientras la comunidad
internacional mira mayoritariamente hacia otro lado, en Cuba los
números siguen subiendo: con el bloqueo energético en vigor desde
enero, los investigadores del CEPR temen que la tasa de mortalidad
infantil de 9.9 sea ya un dato histórico superado por una realidad
aún más cruel.
"Esto no es política
exterior", sentenciaron recientemente dos congresistas
estadounidenses tras visitar la isla, "es un bombardeo económico
que causa daño permanente. La mayoría de los estadounidenses no
querrían esta crueldad hecha en su nombre".
Referencia: Main,
A., Sammut, J., Weisbrot, M., & Long, G. (2026). US Sanctions and
the Sharp Rise in Infant Mortality in Cuba. Center for Economic and
Policy Research (CEPR).
Privatización acelerada,
gobiernos, partidos y sindicatos al servicio del capital, roban todos
los derechos sociales conquistados por la clase obrera durante
décadas de lucha de clases.
Leyendo un periódico
local nos encontramos con la siguiente noticia: Los hospitales
universitarios de Torrecárdenas y Poniente, junto con el de la
Inmaculada en Huércal-Overa, que conforman el sistema sanitario
público de Andalucía en la provincia de Almería, han derivado a
centros concertados un total de 9.837 procedimientos quirúrgicos y
452.749 pruebas diagnósticas en los últimos cinco años
(2020-2024). El informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al que
ha tenido acceso este periódico, evidencia el significativo avance
de los conciertos sanitarios desde el inicio de la pandemia.
El periodista, lejos de
cuestionar el fenómeno, celebra con júbilo el supuesto avance en la
privatización del servicio público de salud, disfrazado bajo el
eufemismo de “concierto sanitario”. Millonarias tarifas son
pagadas a la sanidad privada mientras se alimenta la percepción de
que lo público no funciona, favoreciendo la transferencia de
servicios esenciales a manos de ¨prósperos¨ y muy corruptos
empresarios.
La privatización de la
sanidad pública avanza a ritmo acelerado, acompañada de la
mercantilización de las pensiones de jubilación, servicios de
atención domiciliaria, residencias de mayores y atención a la
discapacidad. El capital no está dispuesto a dejar escapar los miles
de millones de euros que fluyen a través de estos servicios, y su
voracidad marca el ritmo de una apropiación constante de las rentas
del trabajo.
El capitalismo, basado en
la propiedad privada de los medios de producción y de intercambio,
aspira a monopolizar todos los sectores que generan beneficios:
sanidad, transporte, educación y comunicaciones, entre otros. Dentro
de este sistema, la doble propiedad—estatal y privada—se presenta
como un anacronismo. En tiempos de crisis, el capital exige la
socialización de sus pérdidas, y los gobiernos, siempre serviles,
se apresuran a rescatar sus inversiones con generosos intereses. En
contraste, cuando los beneficios abundan, la evasión fiscal y el
fraude se convierten en práctica común, desmintiendo el cliché de
que «Hacienda somos todos».
La consigna de la
burguesía es clara: privatizar sin cesar. Los gobiernos, incluso
aquellos que se autoproclaman progresistas, trabajan sin descanso
para revertir décadas de conquistas obreras mediante leyes, decretos
y contratos que favorecen al capital.
Los presupuestos de
guerra, rescates bancarios, fondos europeos, asignaciones a la
Iglesia y el sostenimiento de la monarquía nos llevan a una pregunta
fundamental: ¿de dónde provienen todos esos miles de millones? La
respuesta es sencilla: del trabajo de los 21 millones de asalariados
en el Estado español, quienes producen toda la riqueza y a quienes
se les niega.
Es esencial recuperar la
lucha de clases y combatir ferozmente el pacto social y la traidora
fraternidad entre clases, desenmascarando, a la traidora
socialdemocracia, al eurocomunismo y al sindicalismo, traidores y
oportunistas que buscan perpetuar el sistema capitalista.
Es urgente que la clase
obrera, bajo la dirección del Partido Marxista Leninista, PCPE,
inicie la insurrección que ponga fin al sistema capitalista. Las
masas trabajadoras, organizadas, deben conquistar el poder político
para construir el socialismo.
Radios, periódicos
y televisiones vomitan a todas horas datos y más datos, la mayoría
incomprensibles y carentes del mínimo rigor.
Tras nueve meses de
pandemia, con los servicios sanitarios otra vez al borde del colapso
sin que se haya tomado medida significativa alguna –que no sea el
confinamiento– para enfrentar una situación absolutamente
previsible, y mientas las expectativas vitales se derrumban en los
barrios obreros y para decenas de miles de pequeños y medianos
empresarios, tenemos el derecho de afirmar que la estrategia del
gobierno central, y de todos los gobiernos autonómicos, se dirige a
utilizar todo tipo de instrumentos de control social y de represión
contra previsibles revueltas populares.
La respuesta a la
crisis: una gigantesca destrucción de capital al servicio de la
oligarquía financiera y de las multinacionales de la energía
Aún no sabemos de dónde
surgió el virus, pero sí sabemos que antes de que apareciera ya
estaban encendidas todas las alarmas del estallido de una gran crisis
y de que la situación social era explosiva en muchos países. En el
caso del reino de España, "siendo un país rico, vive en
situación de pobreza generalizada" afirmaba a principios de
2020 el Relator de la ONU para la Pobreza[1].
Como en todas las crisis
capitalistas, y esta es de gigantescas proporciones, la destrucción
de capital sigue su curso arrasador barriendo de la escena
masivamente pequeñas y medianas empresas[2]. También como ocurre en
las crisis, los bancos aceleran los procesos de concentración
aderezados con la compra a precio de saldo de lo poco que queda de
banca pública con la complicidad directa del Gobierno, como fue el
caso de Bankia y con los correspondientes despidos masivos, al tiempo
que se constituyen en administradores del crédito procedente de la
UE.
En un escenario de
empobrecimiento masivo y de hundimiento del modelo económico del
turismo y del ladrillo, cuando urge abordar la reconstrucción
productiva desde posiciones de soberanía, la UE ha decidido que las
prioridades son la transición energética hacia una energía más
verde y la digitalización. Esas son las condiciones para acceder a
los 760.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, es
decir, para asegurar a los bancos y a las multinacionales el control
de esa ingente cantidad de dinero, negando cualquier soberanía. Todo
ello cuando se está destruyendo el poco tejido industrial que queda
y no es la contaminación ambiental el principal problema y cuando la
digitalización –en manos del capital– servirá para intensificar
la destrucción de puestos de trabajo. Es decir, mientras millones de
personas se enfrentan a la destrucción masiva de sus condiciones de
vida los bancos y las multinacionales, sobre todo las eléctricas y
las de la energía se preparan para recibir una lluvia de millones.
A nadie se le oculta que
la rápida extensión de la miseria es preludio de grandes
explosiones sociales. También es evidente que el Gobierno asiste
impasible al desastre que se vislumbra sin adoptar las mínimas
medidas para enfrentarlo.
Un cataclismo para la
clase obrera y para los sectores populares frente al que no se han
tomado las medidas más imprescindibles.
El estupor de los
primeros meses ante las duras consecuencias de la epidemia ha dado
paso a la constatación del hecho innegable –excepto para quienes
se tapan no sólo la boca, sino el cerebro– de que, mientras se
multiplican los informes que revelan la causalidad esencialmente
social de la pandemia, ni el gobierno "progresista", ni los
gobiernos autonómicos han adoptado medidas perentorias
imprescindibles, aunque tenían la capacidad legal de hacerlo.
Ni me sitúo en teorías
conspiratorias, ni hablo de medidas revolucionarias.
He aquí algunos datos.
1º. En el ámbito
sanitario, el gobierno central y los autonómicos:
● No han intervenido
recursos –personal e instalaciones– de la sanidad privada, ni de
la industria farmacéutica, ni de las empresas fabricantes de
material necesario como respiradores, equipo de protección
individual o mascarillas para ponerlos al servicio de las necesidades
más acuciantes de la población. Las requisas, intervenciones y
ocupaciones de empresas privadas estaban previstas en los artículos
8 y 13 del R.D. de Estado de Alarma del mes de marzo[3] y ninguna de
ellas ni se adoptó entonces, ni nadie habla de ellas ahora, cuando
según ellos mismos dicen, nos encaminamos al colapso sanitario
● Cuando desde el
inicio de la pandemia se hablaba de enormes carencias de personal en
la sanidad, no han tomado medida alguna, ¡en 9 meses! para convocar
ofertas públicas de empleo con condiciones laborales dignas. Estas
convocatorias deberían servir para incentivar el regreso de las
decenas de miles de profesionales sanitarios que emigraron tras
encadenar años de contratos basura o para evitar, como está
sucediendo, la cascada de bajas por depresión o estrés en una
sanidad pública sobresaturada.
● No han extendido de
facto el derecho a la atención sanitaria a las personas inmigrantes
sin papeles que siguen –a pesar de acumular todos los factores de
riesgo social– sin tener acceso a la tarjeta sanitaria.
● Los gobiernos
autonómicos, con la complicidad del gobierno central, han hecho
posible que toda la financiación adicional que se dispuso para la
sanidad acabara en manos de empresas privadas (Ribera Salud, Indra,
Telefónica, Pascual, etc), mediante la subcontratación de servicios
diversos.
2º En el ámbito social,
el gobierno central:
● Aprobó una medida
estrella, el Ingreso Mínimo Vital, cuya inoperancia da idea de lo
ocurrido en otros sectores. Tras superar un laberinto burocrático,
tarea casi imposible para la inmensa mayoría de las personas
solicitantes, más del 60% de cerca de un millón de solicitudes, han
sido rechazadas [4].
● No se han paralizado
los desahucios. Mas de un millón ejecutados desde 2008 [5], y en
plena pandemia asiste impasible al drama humano cotidiano de dejar a
las personas con menos recursos en la calle. En el Estado español se
produce un suicidio cada 2,5 horas[6], buena parte de ellos por
causas relacionadas con el desempleo y los desahucios[7]. Mientras,
según cifras oficiales, hay 3,5 millones de viviendas vacías, con
un importante porcentaje en poder de los bancos que promueven los
desahucios.
● El 30 de septiembre
vencía la moratoria relativa al pago de hipotecas, de alquileres y
suministros de agua, luz y electricidad contemplada en anteriores
decretos [8]. El nuevo decreto de Estado de Alarma de 25 de octubre
no la ha renovado; es decir, los bancos y las grandes multinacionales
del agua, la luz y la electricidad tienen vía libre otorgada por el
gobierno que "no deja atrás a nadie" para ejecutar nuevos
desahucios y para cortar los suministros de bienes indispensables
para la supervivencia a quienes de ahogan en la pobreza y en la
enfermedad. El pago sólo se aplazó a partir de marzo y ahora llegan
los recibos de golpe.
● No ha reforzado el
sistema educativo, ni para garantizar las más elementales medidas de
seguridad, ni para permitir que el alumnado de los barrios obreros –afectados por cuarentenas sucesivas– pueda seguir las clases
telemáticamente.
● Tras más de 27.000
muertes de personas mayores no se han incautado las residencias
privadas convertidas en auténticos "morideros" por obra de
una voracidad empresarial que ha actuado y sigue actuando en
connivencia con la pasividad de las administraciones. El clamor
popular reclamando al Gobierno una Ley que regule el sector no ha
tenido resultados[9].
● Nada se ha hecho para
mejorar la situación de miseria de las personas pensionistas, sobre
todo de las mujeres, que además, en muchos casos, resultan ser
quienes financian a sus familias. Más de seis millones de personas
cobran pensiones inferiores a los 950 euros mensuales. El dato brutal
es que mientras el número global de pensiones ha aumentado, desde
enero a octubre de 2020 el número de pensiones mínimas ha sufrido
una importantísima disminución, exactamente 49.646. Esta cifra casi
multiplica por 10 el descenso sufrido por este grupo en 2019, que fue
de 9.195 personas. Sin duda, este dato refleja, una vez más, que la
vulnerabilidad ante la Covid no es la edad, sino la pobreza.
● No ha adoptado medida
alguna que obligara a gobiernos autonómicos y municipales a la
mejora del transporte público en las grandes ciudades para evitar
las aglomeraciones (en Madrid la frecuencia de paso de trenes en el
metro en hora punta llega a ser superior a los 10 minutos) que son,
obviamente, los mejores caldos de cultivo para la transmisión del
Covid 19. Las condiciones en las que se realiza el transporte desde
los barrios obreros, en los que se acumulan todos los factores de
riesgo, al puesto de trabajo donde reina el patrón y la seguridad se
supedita al beneficio, hacen que las medidas preconizadas para evitar
contagios parezcan una broma macabra.
Y mientras, los medios
de comunicación dedican más del 80% de su tiempo a extender el
miedo a la pandemia.
Radios, periódicos y
televisiones vomitan a todas horas datos y más datos, la mayoría
incomprensibles y carentes del mínimo rigor, aderezados con análisis
de tertulianos y de supuestos expertos, todos en la misma dirección.
El resultado es la creación de sentimientos de pánico, de miedo a
tener la mínima relación social y de inseguridad ante todo lo que
suponga salir de casa, que colonizan las cabezas de millones de
personas. Todo ello sin que en tan largas horas dedicadas al tema se
informe de la situación en Cuba, en Vietnam o en China, países en
los que la pandemia está controlada y en los que la población ha
vuelto a sus relaciones sociales habituales.
Dado que todos los
grandes medios de comunicación son propiedad, directa o
indirectamente, de las mismas multinacionales y bancos que gestionan
la crisis a su mayor beneficio, caben pocas dudas acerca de que la
creación de un estado de miedo generalizado y de preconización del
aislamiento social es el ambiente más propicio para conjurar lo que
más temen: que la clase obrera y los sectores populares den un
puñetazo en el tablero.
El miedo y la creación
de una psicosis de guerra –las ruedas de prensa con militares y
guardias civiles servían directamente a ese objetivo– son el mejor
instrumento para disciplinar a las masas y para neutralizar, mediante
la criminalización, cualquier desobediencia o resistencia.
Si a ello le añadimos el
discurso que desde el gobierno "progresista" se extiende a
los sectores populares proclives a la movilización a través de sus
alguaciles políticos y sindicales subvencionados, de que no se debe
criticar al PSOE, ni a Podemos, porque peor es que venga la derecha,
el control social está garantizado. Las únicas movilizaciones
admisibles son aquellas dirigidas contra los gobiernos del PP.
Ese es el servicio
fundamental que presta al capital, Podemos y en general la
auto-proclamada izquierda institucional: controlar el estallido de la
revuelta social cuando en enero los ERTEs acaben y comience la
cascada de empresas en bancarrota.
Y la función ha
empezado. Ante las brutales cargas policiales contra la juventud
vallecana, con varias personas heridas y detenidas, que exhibía su
conciencia de clase frente a la segregación impuesta a los barrios
obreros gritando "menos policía y más sanidad", la
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, con fuerte
presencia de Podemos e IU, envió el siguiente twit: "En Vallecas se
han producido disturbios en los que las asociaciones de vecinos no
tienen nada que ver".
En los últimos días las
movilizaciones de jóvenes ocurridas en varias ciudades se han
sancionado desde Podemos atribuyéndolas a la extrema derecha o a
posiciones negacionistas, adelantando la criminalización de la
protesta y, precisamente, la utilización de la alarma al servicio
del control social. Todo ello en un intento de ocultar la evidencia
de que en momentos en los que la miseria y la desesperación invaden
a millones, es precisamente la supuesta izquierda institucional,
débil y cobarde, la que alimenta el fascismo.
La lucha de clases no
se confina.
Desde todas las
instancias del poder, desde los aparatos represivos a los medios de
comunicación, se preparan para hacer frente a rebeliones sociales
que sin duda van a producirse.
Cuando el hambre y la
desesperación se extienden sin que, como he argumentado, los
gobiernos adopten siquiera las medidas más elementales para
paliarlas, no se puede caer en el juego de quienes pretenden confinar
la resistencia y la movilización social, por la vía de la
criminalización.
Es preciso que desde
posiciones de independencia de clase se desenmascare la complicidad
del gobierno "progresista" y de sus agentes políticos y
sindicales con la estrategia de la oligarquía nacional y europea,
mientras deja sumirse en la miseria y la desesperación a millones de
personas de la clase obrera y pequeños y medianos empresarios
condenados a la ruina más absoluta.
En este momento no son
suficientes críticas abstractas al capitalismo o a las clases
dominantes. Dos líneas de trabajo, íntimamente conectadas, deben
regir la acción dirigida a enfrentar lúcidamente el cataclismo que
se avecina.
Por un lado es necesario
"identificar" cuál es el elemento que más "destroza"
a siniestro y hasta a diestro; cuál es el elemento sobre el que se
puede acumular más fuerza en contra y que, además, sea un pivote
sobre el que descansa todo el sistema; es decir, aquel elemento que,
si logramos desprendernos de él, habremos dado pasos de gigante para
acabar con el capitalismo. Este no es otro que el capital financiero,
al que urge expropiar de nuestras vidas y contra el que hoy entran en
contradicción la mayoría de sectores populares"[10].
Es de gran importancia
que frente al poder de la banca, que objetivamente aniquila no sólo
a la clase obrera, sino a pequeños y medianos empresarios, se pueda
construir una alianza que impida que este sector alimente las filas
del fascismo.
Por otro lado, es
decisivo que se activen de manera unitaria espacios de organización
y de movilización, creando desde la base estructuras de poder
popular, de defensa intransigente de la vida en todas sus facetas y
de preparación para el duro periodo de confrontación de clase que
cada vez está más cerca.
El ministerio de
Trabajo considera que pese a su labor, celadores o limpiadoras son de
“bajo riesgo” y no les dotan de las medidas necesarias: “La
única salida debe ser colectiva, de sanitarios y no sanitarios”.
Artículo de publicado originalmente en
revistalacomuna.com
Desde hace unas semanas,
estamos presenciando una situación límite sin paragón en la
historia reciente de nuestro país con la crisis del Covid-19. El
sector sanitario se ha visto hondamente afectado, llegando a su
colapso, y con él, las condiciones profesionales y laborales de los
trabajadores. El eco de la lucha de clases, es cada vez más intenso
en los pasillos hospitalarios de todo el país. Una vez más, los
profesionales de categoría inferior como son los celadores, son
objeto de múltiples ataques. Ya advertí en un artículo anterior
que los celadores, como categoría profesional, se estaban
enfrentando a una encrucijada de la que bien tendrían que salir
airosos, o no salir (1). Intenté desarrollar mínimamente el
enfrentamiento que se cierne en los centros sanitarios, y las
políticas institucionales que empujan a esta categoría profesional
al basurero de la historia. En la actualidad, la situación es más
compleja de lo que se podría prever.
Con el recorrido temporal
que tiene el Covid-19 en nuestro país, se puede observar ya con
suficiente perspectiva, que los celadores han sido uno de los grandes
perjudicados. Actualmente son considerados grupo de bajo riesgo ante
el Covid-19, al igual que el personal de limpieza. El Procedimiento
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-COV-2 realizado por el Ministerio de
Trabajo, analiza diferentes escenarios de riesgo de exposición en el
entorno laboral, especificando que la actividad laboral que no
incluya contacto estrecho con una persona sintomática es de bajo
riesgo (2). Consideran al celador de bajo riesgo porque, en su
imaginario, el celador únicamente se limita al traslado de objetos y
de pacientes sin tener contacto físico. No sospechan mínimamente
que este sea el encargado de trasladar al paciente de una camilla a
la cama, el que le ayuda a bajar de la ambulancia, le levanta, le
acuesta o le moviliza junto con la Técnica de Cuidados de Auxiliar
de Enfermería (TCAE), o cualquier otra labor donde el contacto
directo es inevitable. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los
ingresados por Covid-19 son pacientes de edad avanzada, con movilidad
reducida, por lo que es necesaria la intervención del celador.
Tampoco hay que olvidar que son los últimos que despiden a los
fallecidos, trasladándolos a los mortuorios. Me hace pensar, que las
personas que han redactado el procedimiento o bien no se han
informado de las funciones del celador, o les da tanta indiferencia y
desprecio que no pretenden proteger al profesional. La sustitución
de este personal –al igual que el de limpieza– es fácil, porque
no necesita formación específica para ejercer su labor. Pero esta
política no se verá con el personal médico ni con enfermería, ya
que esta crisis ha demandado más de los que estaban disponibles, ya
que muchos de ellos habían emigrado allende nuestras fronteras,
donde se les ofrecía mejores condiciones laborales.
Esta consideración por
parte del Ministerio de Trabajo tiene consecuencias funestas para los
celadores, en protección y en prevención. Un ejemplo lo podemos
encontrar a finales de marzo cuando el Sindicato Asambleario de
Celadores de Gestión y Servicios denunció que los celadores
recibían los Equipos de Protección Individual (EPIs) únicamente
cuando les sobraba a las categorías superiores (3). Nada más leer
la noticia me recordó a El Hoyo, film dirigido por el bilbaíno
Galder Gaztelu-Urrutia. La película se desarrolla en una prisión
construida en vertical, en la que una plataforma va transportando
alimentos por pisos. Los que están en los superiores no tienen
problema en alimentarse, pero los que están en los inferiores se
mueren por inanición. También está ocurriendo que por esta
consideración de personal de bajo riesgo, se les den a los celadores
material de más baja calidad (aún más si cabe), aunque también en
otros centros, los EPIs facilitados a los trabajadores son iguales
para todas las categorías. Los celadores también se contagian, si
el Estado publicase las estadísticas diferenciando las categorías
se podría observar que es un claro grupo de riesgo. Pero a
posteriori argumentarán que haya sido por descuido o por
desinformación, porque no hayan leído el protocolo, aunque tampoco
ha habido una formación específica para ello en la mayoría de los
casos.
Esta política se
contradice con las medidas de protección en materia de seguridad
laboral y salud garantizadas por la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales y en el artículo 17.1.d Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/2003, de 16 de
diciembre), poniendo nuestra propia vida y la de nuestros familiares
en peligro. De igual forma, se niega la PCR a personal sanitario o no
sanitario con síntomas leves o asintomáticos, pudiendo trasmitir la
enfermedad a personas sanas.
Para poder solucionar
esta situación, las salidas individuales o de categoría no son
validas, así que habrá que trabajar en una salida colectiva. Todos
los trabajadores sanitarios y no sanitarios compartimos problemas
comunes para afrontar esta pandemia. Se ha comprobado que las
privatizaciones y recortes realizados desde hace más de dos décadas
que de por sí llevaban a una situación límite al sector sanitario,
ha afectado enormemente la respuesta a una pandemia de estas
características alcanzando su colapso. Privatizaciones que tienen su
origen en la Ley 15/1997, aprobada por el PP, PSOE y los partidos
nacionalistas de derechas.
Ley que fue aprovechada
por estos partidos para facilitar la entrada de capital privado en un
servicio tan esencial como es nuestra salud, haciendo negocio de ella
(4). Las consecuencias son sobradamente conocidas: han provocado el
deterioro y destrucción de lo público, además de la muerte de
cientos de ciudadanos, a favor de pingües beneficios de las empresas
privadas.
La única solución
frente a este colapso, y a la mejora de las condiciones laborales y
de prevención de los celadores y todos los profesionales, y sobre
todo que no se vuelva a producir en un futuro, son las siguientes
medidas:
–Derogación inmediata
de la Ley 15/1997, retornando todo lo privatizado a manos públicas.
–Sanidad pública a toda la ciudadanía sin exclusión de ningún
tipo.
–Nacionalización de las empresas estratégicas del sector
farmacéutico y biosanitario, además de los centros privados
sanitarios y de las residencias de ancianos.
–Prohibición total
de la participación de la empresa privada en cualquier aspecto
sanitario.
Los trabajadores de
sanidad deben de jugar un papel fundamental para afrontar esta crisis
en la que tanto nos jugamos, defendiendo una sanidad pública y
nacionalizada. Únicamente de esta forma se podrá conseguir unas
mejores condiciones laborales y de prevención.
__________________________________________
1 Fernández Rincón,
Javier, “Celadores en la encrucijada. Lucha de clases en sanidad”,
La Comuna, 13 de agosto de 2019. Disponible en:
2 “Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-COV-2”, 8 de abril de 2020.
Disponible en:
3 “Sindicato
Asambleario de Celadores y Personal de Gestión y Servicios denuncia
que los celadores solo reciben Equipos de Protección Individual
(EPIs) cuando sobran a médicos y enfermeros”, Publico, 27 de marzo
de 2020. Disponible en:
El sistema económico
mundial colapsó, hace una década, víctima de su propia voracidad,
de la concentración salvaje del capital y la demolición del aparato
estatal. Podría haber sido un punto de inflexión, la oportunidad de
levantar un nuevo edificio de las ruinas de un sistema que ya provocó
la mayoría de los desastres del siglo XX. Sin embargo, la Unión
Europea, como el resto de Occidente, entregado al neoliberalismo, ese
virus resiliente y letal como ningún otro que se haya conocido en la
historia, prefirió apostar por la austeridad pública.
La crisis
La crisis que explosionó
entre 2006 y 2008 fue provocada básicamente por la avaricia: se
empezaron a vender los inmuebles lo más caro posible. La idea era
obtener el mayor beneficio con la mayor rapidez y sin importar nada
más. A ello contribuyó que los bancos quisieran, como siempre,
sacar tajada del negocio. De la estafa piramidal, porque aquello era
una especulación tan bárbara que solo puede ser calificada como
estafa, aunque fuera legal. Los unos vendían y compraban muy por
encima del que debería ser el precio real, muchas veces para vender
por más y obtener jugosos y rápidos beneficios, y los otros daban
créditos a personas que realmente no podían pagarlos. Ello hizo que
la economía mejorara, los salarios aumentaran y el desempleo bajara.
Todo funcionó hasta que reventó: era una ficción.
La espiral no solo fue
responsabilidad de los actores privados, ya que los estados podrían
haber intervenido y frenado la esquizofrenia inmobiliaria e
hipotecaria, pero para entonces ya solo eran títeres, sin
estructuras ni medios, en manos de los grandes capitales y empresas.
En manos de los intereses privados. El castillo de naipes de desplomó
víctima del pánico de los mismos avaros que lo levantaron.
Occidente no aprendió
nada; la Unión Europea, tampoco. Las élites mundiales, incluidas
las europeas, tan partidarias de la no intervención estatal, en
lugar de dejar caer a los que habían errado, hicieron todo lo
contrario. Lo hicieron porque, en teoría, dejarlos caer hubiera sido
un drama. Mentira. El drama estaba cerca de acontecer.
El austericidio
europeo
En Estados Unidos se
rescataron a los bancos con 700.000 millones de euros. Fue el
principio del fin. En España el rescate a los bancos se quedó en
60.000 millones de euros y en Italia 17.000 millones solo en 2019.
Ello se debió a que Europa decidió rescatar a los bancos en lugar
de a los ciudadanos. O mejor dicho, a costa de los ciudadanos. Y a
quien se opuso le puso un revólver en la cabeza.
Grecia fue el primero en
plantarse. Por momentos pareció que lo conseguiría, pero fracasó.
Su movimiento era clave para el resto de países europeos, pendiente
de si aquella pequeña rebelión surtía efecto, por lo que durante
semanas el Viejo Continente contuvo el aliento. Lo contuvo entre
amenazas propias de mafiosos, pues la Unión Europea puso sobre la
mesa la opción de asfixiar a Grecia. Dejarlos morir, literalmente,
de hambre. Conmigo o muertos. Los griegos doblaron las rodillas y
suplicaron a su maltratador europeo que el castigo no fuera muy
severo.
Perdieron un 20% la renta
por habitante solo entre 2010 y 2015, aumentaron el desempleo hasta
el 27%, la pobreza llegó a niveles insoportables y la deuda pública
se disparó.
En Italia se aprobó un
primer ajuste presupuestario de 79.000 millones de euros en 2011 y un
segundo de 30.000 millones de euros en 2013. La deuda quedó pagada,
pero Italia, literalmente, contempló la escasa belleza de la ruina
moderna: 40% de desempleo juvenil, tasas de crecimiento escasas y
auge de la ultraderecha. que ya cabalga en la Unión Europea con
serias aspiraciones a tomar las riendas.
España recortó a nivel
estatal en diferentes sectores 44.448 millones de euros solo entre
2009 y 2014, incluida la sanidad pública y tras diez años de
recortes, España estaba invirtiendo en Sanidad el 5,9% de su PIB,
mientras que en Europa se invertía el 7,5%, lo que provocó escasez
de personal sanitario, como enfermeras (5,7 por cada mil habitantes,
mientras que la media europea es de 8,5 y hay países, como Noruega,
que tienen 17).
El Sur de Europa vivía
una de las situaciones más ruinosas de las últimas décadas, pero
los bancos franceses y alemanes cobraron, que era el objetivo de la
Unión Europea, las bolsas volvieron a funcionar y la prima de riesgo
desapareció de la escena.
Por estas medidas, entre
2010 y 2018 solo Alemania creció en la Unión Europea por encima del
2% –Irlanda y Luxemburgo, también, pero por ser paraísos
fiscales-–, el resto de países quedó estancado en niveles de
crecimiento inferiores al 2%. El parón de la economía no fue la
única consecuencia del austericidio, pues los niveles de desigualdad
y pobreza alcanzaron niveles que ya casi ni se recordaban.
En España había en 2019
2,2 millones de niños en riesgo de pobreza, uno de cada tres; en
Italia había 1,2 millones de niños, uno de cada cuatro; y en Grecia
más de medio millón, uno de cada tres. La mayoría de estas cifras
se obtuvieron tras los recortes provocados por la crisis entre 2008 y
2014: Grecia pasó de 104.000 a 597.000 de niños en riesgo de
pobreza y España aumentó su cifra en 800.000. No es casualidad que
Grecia, Italia y España ocupen en la actualidad los puestos tercero,
cuarto y sexto en el poco digno ranking europeo de pobreza
infantil.
Los muertos
Hasta ahora, los que
sufrían los recortes eran solo los pobres o los hijos de los pobres,
ese Tercer Mundo que convive en el mismo vecindario que las élites.
Los que esperan para recoger bolsas de comida en centros de caridad o
acuden a comedores sociales mientras los más pudientes arrojan al
cubo de la basura aquello que ya ni son capaces de comer.
Sin embargo, el virus lo
cambió todo. El sistema ha sido tan esquilmado que no ha sido capaz
de soportar ni siquiera un virus muy contagioso, pero escasamente
letal, porque el problema real no es el virus, sino la falta de
medios para controlar, soportar y curar. El problema que se vive en
España o Italia, casualmente dos de los países más afectados por
las medidas de austeridad, no es ni siquiera el número de muertos y
enfermos, sino la incapacidad para controlarlo y el número de
personas que enferman y fallecen a la vez (en España han muerto más
de 10.000 personas, pero durante 2019 fallecieron más de 420.000).
Muchas de ellas porque no tienen medios suficientes para ser
tratados.
Se levantan hospitales de
campaña y se contrata personal sanitario y se intenta
desesperadamente comprar material sanitario o respiradores mientras
millones de personas malviven sin ayudas.
Esta situación ha
provocado que España e Italia amenacen, ahora sí, con incluso
romper la baraja si la Unión Europea no cede en su pretensión de no
mutualizar el daño económico causado. Postura a la que se ha sumado
recientemente Portugal de forma explícita cuando su primer ministro,
António Costa, calificó a Holanda como "repugnante" por
afirmar que el problema de los países del Sur de Europa era que no
estaban suficientemente preparados y no contaban con recursos. Algo
por lo que, después, el primer ministro holandés se disculpó.
Pero lo cierto es que los
niveles de desigualdad económica, pobreza e infraestructuras
educativas y sanitarias son muy dispares, tanto entre los estados
como dentro de los estados, lo que ha sido provocado en gran parte
por las medidas austericidas que perjudicaron a los países de la
Europa Meridional, recortaron su gasto público y social y ayudaron
al desmantelamiento del aparato estatal en favor de concierto y
privatizaciones. Desmantelamiento que comenzó durante los años
noventa.
Ello ha provocado que los
países europeos, especialmente los rescatados, los conocidos como
PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) carezcan de recursos
económicos y capacidad estatal para afrontar este virus, a
diferencia, por ejemplo, de Alemania, con mejores niveles sanitarios
y económicos para afrontar con mayores garantías la pandemia.
Así, mientras España no
llega a 5.000 camas de cuidados intensivos antes de la crisis,
Alemania con menos del doble de población contaba con seis veces más
camas para cuidados intensivos (28.000); y mientras España solo
hacía unas decenas de miles de pruebas de detección a la semana,
Alemania realizaba un millón. Debido a ello, seguramente, la
letalidad del virus en uno y otro país son casi antagónicas
(España, 10%; Alemania, 1%), igual que la situación de su sistema
sanitario: colapsado en España, pero en situación normal en
Alemania.
La Unión Europea asoló
el Sur de Europa con su austeridad, hoy recoge los cadáveres del
austericidio.
Algún día sabremos si
la irrupción del Coronavirus constituye o no un eslabón de la
guerra comercial de EE.UU. contra China, aunque podemos tener la
seguridad de que si no lo es, no es por problemas éticos al
respecto. A quienes lanzaron las bombas Hiroshima y Nagasaki,
perpetraron a lo largo del planeta todo tipo de golpes de Estado,
guerras y asesinatos selectivos o provocaron directamente epidemias
como la del Dengue Hemorrágico en Cuba no les tiembla el pulso por
razones humanitarias cuando se trata de conseguir objetivos
político/económicos.
Por otro lado, es
evidente que el Coronavirus ha servido de desencadenante de la
eclosión de una gran crisis económica que hace tiempo se viene
gestando. Lo más grave, y no hace falta ser un lince para verlo
venir, es que el virus coronado servirá de chivo expiatorio de los
nuevos recortes y privatizaciones, incremento de impuestos indirectos
y de beneficios fiscales para el capital y, sobre todo, nuevos
rescates de bancos con dinero público.
Sin embargo, hoy quiero
centrarme en la situación desesperada en la que se encuentra la
sanidad pública madrileña –a la que seguirán otros territorios–
como consecuencia de la actual epidemia.
La situación es de
desbordamiento total: no hay recursos sanitarios suficientes para
atender a tantas personas que los requieren al mismo tiempo. Eso
quiere decir que una cantidad importante de pacientes está muriendo,
y no lo haría si los recursos fueran suficientes.
Ahora, como en todas las
crisis, se ponen de manifiesto situaciones escandalosas que
permanecían larvadas o semi-ocultas.
Merece la pena recordar
que la suma de los recortes y de la puesta en marcha de los
hospitales de financiación pública y gestión, y negocio privado,
supusieron para la sanidad pública madrileña el cierre de alrededor
2000 camas y la pérdida de 5.000 trabajadoras y trabajadores
sanitarios. La sangría económica que ocasionan estas empresas
parásitas –en su mayoría sociedades de capital/riesgo– para una
sanidad pública ya enormemente deficitaria en condiciones normales
es tal, que se calcula que cuando venza su contrato se habrán
embolsado seis veces la inversión realizada.
Hoy sabemos que este
deterioro, planificado desde las Consejerías de Sanidad, de la
sanidad pública está aumentando espectacularmente las cifras de
negocio de las aseguradoras privadas. Las enormes listas de espera
para tratamientos y, mucho más grave, para diagnóstico, que
ocasionan miles de muertes perfectamente evitables, son su particular
gallina de los huevos de oro. Las cifras son asombrosas. En Madrid el
40% de la población tiene seguro privado, con un gran crecimiento en
los últimos años, insisto, engendrado desde la administración
sanitaria a su servicio.
Y ante una situación tan
dramática como la actual, la sanidad privada tiene la desvergüenza
de declarar que no se hará cargo de los casos de Coronavirus de sus
asegurados. Las Consejerías y el Ministerio de Sanidad han callado
miserablemente, constituyéndose en cómplices directos del crimen
cotidiano. Los hospitales de financiación pública y negocio
privado, que atienden áreas sanitarias, no han dicho nada hasta
ahora, pero es bien sabido que antes del Coronavirus se producía en
ellos de forma sistemática una selección de pacientes. A través
del call center, propiedad también de una empresa privada, se hacen
las derivaciones: no rentables para la pública, rentables para la
privada.
Ahora cuando la angustia
se extiende, es hora de preguntarse, ¿cuántas personas no hubieran
muerto si la ingente cantidad de recursos económicos, de
instalaciones y de personal que está al servicio del lucro privado,
estuviera planificado y gestionado por una administración sanitaria
encargada de responder a las necesidades sociales? ¿Es tolerable que
ante una situación tan dramática como la actual se anteponga, en
sentido estricto, el negocio privado a la vida de la gente?
El escarnio de la
apropiación privada de los recursos públicos se manifiesta como
absolutamente inaceptable cuando las necesidades perentorias del
pueblo se estrellan contra los muros del capital.
Hoy ante una
incuestionable emergencia de Salud Pública, que no ha hecho más que
iniciarse, no cabe otra solución que exigir al Ministerio de Sanidad
y a las Consejerías la incautación y expropiación de todos los
recursos sanitarios que están en manos privadas, de forma que la
administración cumpla con su obligación de planificar y ponerlos en
su totalidad al servicio de la población.
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China envía
suministros médicos a España e Italia - Gaceta
Médica
