Expropiar la banca,
las empresas estratégicas y, por supuesto, la sanidad privada
incluidas las farmacéuticas.
La actual crisis
sanitaria y social tiene proporciones gigantescas y consecuencias aún
por determinar, sin parangón desde hace décadas.
La sanidad pública se
desborda mientras los hospitales de gestión privada con financiación
pública miran para otro lado, mantienen buena parte de sus
instalaciones cerradas y continúan su actividad habitual. Las
aseguradoras privadas, en medio de la tragedia, multiplican la
publicidad pretendiendo hacer su particular agosto con la angustia de
la gente mientras aprovechan las medidas del gobierno para reducir
plantillas.
Al tiempo, aparece una
auténtica hecatombe social.
El confinamiento
decretado para intentar minimizar los contagios ha revelado toda la
magnitud del criminal desorden capitalista. La policía, la guardia
civil y el ejército han tomado las calles para evitar que la gente
salga de casa sin motivo justificado mientras se deja al libre
albedrío del gran capital mantener o no la producción. La
incongruencia produce situaciones aberrantes como trabajadores y
trabajadoras yendo a trabajar a sectores no indispensables, hacinadas
en el metro, mientras el ejército metralleta en mano o la policía,
les impiden dar un paseo por su barrio el fin de semana. Al tiempo,
las redes sociales reflejan un número creciente de abusos,
arbitrariedad y brutalidad policial en aplicación, precisamente, de
la Ley Mordaza.
De hecho, las empresas
que han cerrado lo han hecho, en la mayoría de los casos, como
consecuencia del plante y la exigencia del personal. Miles de
empresas mantienen su producción de bienes y servicios no
indispensables; y lo hacen exponiendo a sus plantillas - aún con
casos positivos y síntomas, y bajo amenaza de despido - a correr el
riesgo de contagio y convertirse en nuevos focos de infección. Uno
entre tantos casos denunciados ha sido el de la multinacional danesa
VESTAS que fabrica aerogeneradores y que obliga a trabajar a las
1.300 personas de su plantilla en su sede de Zaragoza a pesar de
tener varios casos confirmados de Coronavirus. Los sindicatos han
denunciado que esa empresa almacena y oculta miles de mascarillas,
guantes de nitrilo, gafas y monos de seguridad, etc[1].
El sindicato CGT de
AIRBUS, tras comprobar que tanto en la empresa como en industrias
auxiliares había centenares de trabajadores y trabajadoras con
síntomas - positivos o en cuarentena - y ante la negativa de la
empresa a parar la producción, han convocado huelga indefinida a
partir del 30 de marzo. El objetivo es dar cobertura a todas las
personas que decidan no acudir al trabajo.
¿Dónde está el
dinero?
Podría pensarse que esta
penuria desesperada de medios de la sanidad pública y de miseria en
millones de hogares es consecuencia de la ausencia generalizada de
recursos. No es así, ni muchísimo menos. Recuerdo algunos datos
relativos a fondos que salen de los Presupuestos Generales del
Estado, que van a parar a sectores de discutible prioridad y que no
ha alterado en absoluto el Estado de Alarma:
● El pago sólo de los
intereses de la Deuda[2] que se triplicó tras transferir decenas de
miles de millones de euros de dinero público a la banca y que no
devolvió –sin contar los vencimientos de capital– supone 31.400
millones al año, 86 millones de euros/día[3].
● El gasto militar,
31.400 millones de euros al año, 87 millones de euros/día[4]
● Las subvenciones a la
iglesia católica, más 11.000 millones/año, 30 millones de
euros/día[5]
● El pago a la casa
real, ocho millones de euros/año, 22.000 euros/día[6]
A todo ello hemos sumar
los datos de evasión fiscal de los grandes bancos y empresas, que si
en condiciones normales provocan indignación, hoy son directamente
escandalosos.
Las empresas del Ibex 35
mantienen 805 filiales en paraísos fiscales, el 80% en la propia UE,
hacia los que desvían beneficios empresariales, ocasionando pérdidas
multimillonarias en los ingresos del Estado por el ya muy mermado
Impuesto de Sociedades. De esta forma, a pesar del incremento
espectacular de beneficios declarados estos últimos años, los
ingresos estatales por este impuesto han sido la mitad, mientras los
ingresos procedentes de impuestos indirectos como el IVA han subido
un 14%. Los beneficios de estas empresas en los años 2018 y 2019,
según la CNMV, suman 77.677 millones de euros.
Las empresas del Ibex que
más filiales poseen en paraísos fiscales son el Banco de Santander
con 207, le siguen ACS con 102, Repsol con 70, Ferrovial con 65 y
Arcelor Mital con 55[7].
Y un respirador, material
por el que clama la sanidad pública, cuesta 4.000 euros
El gran capital
aumenta su poder con el Estado de Alarma
Y frente a esta
situación, que ya partía antes del coronavirus de condiciones de
miseria dramáticas para 12 millones de personas, y de penuria para
más de la mitad de la población[9], el Gobierno en la declaración
del Estado de Alarma se ha limitado a poner ridículos parches frente
al desmoronamiento social y económico en curso.
Ha establecido estrictos
mecanismos de control social de la población, algunos de ellos de
más que dudosa justificación, mientras el capital sigue actuando en
función de sus beneficios y en contra de la salud de la población,
empezando por sus propios trabajadores y trabajadoras.
Las medidas económicas
anunciadas por el Gobierno del PSOE-PODEMOS el pasado 17 de marzo,
tal y como ocurrió hace una década, ponen en poder de la banca y de
las grandes empresas la capacidad de decisión sobre los fondos
públicos que, indudablemente, van a emplear para rescatarse a sí
mismos. La oligarquía económica y financiera, cuyas empresas y
bancos están interpenetrados, no sólo se verá beneficiada por esta
gigantesca emergencia sanitaria y social, sino que es la banca la que
decidirá a qué empresas concede créditos con el aval del Estado y
a cuáles no.
Como mandan los cánones
de la lucha de clases, el gran capital, con el gobierno "progresista"
a su servicio, mantiene el cetro del poder, aún más acrecentado,
para beneficiarse del desastre de la inmensa mayoría.
Veamos el mecanismo.
De los 200.000 millones
que se anuncian, 100.000 son avales del Estado que el gobierno pone
en manos de los bancos para que los administren. Es decir, son los
bancos los que valorarán la solvencia de las empresas que los
soliciten y quienes decidirán a cuáles de ellas se darán y a
quiénes no, en función de su capacidad de asegurar la devolución
del crédito concedido. Y sin ningún riesgo, porque si en algún
caso hubieran errado la decisión y se produjera un impago, actuaría
el Estado como aval.
¿Existe alguna duda de
qué empresas serán consideradas solventes, teniendo en cuenta que
los mismos capitalistas son dueños de bancos y grandes
multinacionales? ¿Cabe alguna posibilidad de que las más de 150.000
pequeñas empresas o los más de tres millones de autónomos que
están viendo hundirse su negocio accedan mayoritariamente a esos
créditos? Es evidente que no.
Es a los bancos, pues, a
quienes se les ha hecho el enorme regalo de poder vender su materia
prima, el dinero, dando créditos por valor de la enorme suma de
100.000 millones de euros. Y venderán sus créditos al tipo de
interés "de mercado" cuando el Banco Central Europeo les
presta a ellos, y se prestan entre ellos, a interés cero, o incluso
negativo[10].
A ello se suman los
750.000 millones del Banco Central Europeo (BCE) para comprar
"activos públicos y privados", es decir para insuflar esa
enorme cantidad de dinero público mediante la compra de bonos a las
grandes corporaciones, mientras el riesgo lo asume el BCE. Es decir,
la parte de esos 750.000 millones que le corresponda a España irá a
parar a los mismos grandes bancos y a las mismas empresas
multinacionales.
En cuanto a las medidas
dirigidas a las necesidades más perentorias de la clase obrera:
vivienda, luz, gas, agua, etc, son meros aplazamientos de pago de
hipotecas y facturas, que se acumularán para después. Y por si se
nos olvida, los acreedores son los mismos grandes bancos y las
grandes multinacionales.
El resto de las medidas
del Gobierno que supongan gasto irán a incrementar la Deuda pública,
ésa que pagamos todos, sin que al gran capital se le haya impuesto
gravamen alguno. Más bien al contrario, como hemos visto. Y más que
veremos cuando "para salir de la crisis" reclamen rebajas,
más todavía, en el Impuesto de Sociedades y otros impuestos
directos.
En su negligencia
criminal, porque hay vidas pagando por ella, el Ejecutivo no ha
asumido medidas paliativas que sí han adoptado otros gobiernos
europeos, al menos durante el Estado de Alarma, como:
● Prohibición absoluta
de despidos en este periodo, como Italia y Grecia, declarando nulo
cualquier despido que se produzca.
● En Italia, cada
autónomo recibirá un bono de 600 euros en marzo y abril
● En Grecia el Estado
abonará 800 euros en abril a quienes hubieran perdido su empleo.
● En Dinamarca, el
Estado pagará el 75% de salarios de empresas en riesgo de crisis a
cambio de que no haya despidos
● En Francia, moratoria
en el pago de alquileres a las PYMES, que además no pagarán agua,
luz o gas.
● En Alemania, hasta
hace poco gendarme de la austeridad en la UE, se utilizará el banco
público KfW para utilizar 550.000 millones de euros en préstamos a
las empresas durante la crisis y se usarán ayudas públicas para que
no haya despidos.
En este cuadro se resumen
las medidas adoptadas por algunos países. Como puede verse, España
está en la cola de las ayudas si tenemos en cuenta las aprobadas
hasta el pasado 22 de marzo:
Fuente: recopilación de
anuncios gubernamentales (22 de marzo) Carlos Sanchez Mato[11]
Como puede verse, hasta
en Italia, con un gobierno de derechas, las medidas de choque social
superan con creces las aprobadas por estre gobierno.
Conclusión urgente:
poner en el puesto de mando la salvación del pueblo.
Por mucho que quieran
ocultarlo bajo el siniestro manto del Coronavirus, es evidente que la
pandemia ha sido sólo el detonante de una nueva crisis, de mucha
mayor envergadura y menos margen de maniobra que la de hace una
década, y que ya estaba en avanzado estado de gestación.
Esta conclusión no es de
interés sólo para economistas. Es indispensable que sepamos que
cuando la emergencia sanitaria se atenúe estaremos en medio de la
más gigantesca crisis social y económica que se recuerda.
Los datos son ya
estremecedores: 50.000 despidos diarios, 760.000 personas se han
sumado a un paro ¿temporal?. La última semana se perdieron más
empleos que en todo el año 2009 y la cara del hambre sin paliativos
aparece con intensidad progresiva en los barrios obreros.
El gobierno, como se ha
visto, no ha abordado las responsabilidades esenciales que le
corresponden ante una situación de grave emergencia como la actual.
Ni siquiera cuando ya se oyen los crujidos del derrumbe se han
incluido en las decisiones del Consejo de Ministros del 24 de marzo,
migajas como la moratoria o ayudas al pago de alquileres o la
protección social más amplia (se habla del 70% de la base
reguladora) para las trabajadoras del hogar cuando son millones las
mujeres, cabezas de familia, en la economía sumergida y que se
quedan sin nada al perder el trabajo por el Coronavirus.
El Gobierno de Coalición
muestra cada vez con más claridad de quién recibe las órdenes y
Podemos sigue sumando batallas perdidas que muestran que no sirve más
que para dar una imagen “progre” en el relato, que no en los
hechos. Mientras, cada vez más sectores de la clase trabajadora van
descubriendo en su propia piel que así no se puede seguir.
El cuento de que no se
puede hacer otra cosa que salvar banqueros y grandes capitalistas ya
no lo compra nadie, máxime después de haber comprobado como el Rey
Emérito es probablemente el mayor ladrón del reino, y eso que la
competencia es dura.
Las dimensiones del
desastre no pueden enfrentarse sino con medidas que atajen las
causas, y no sólo los síntomas, y que deben constituir el programa
básico de un Frente para salvar al pueblo:
1. Nacionalización
de todos los recursos sanitarios y planificación de su
funcionamiento al servicio de las necesidades de salud de la
población y de la protección eficaz de quienes están en primera
línea: los trabajadores y trabajadoras de todo el sistema sanitario.
2. Paralización
de la actividad en todos aquellos sectores no indispensables para la
supervivencia e intervención de las empresas productoras de recursos
sanitarios, incluidas las farmacéuticas.
3. Intervención
de todas las grandes empresas de producción y distribución para
evitar la fuga masiva de capitales que ya se está produciendo y
declarar la función social de las empresas estratégicas.
4. Expropiación
de la banca que parasita al resto de la sociedad. Negativa a pagar la
Deuda, creada en buena parte al transferir dinero público a la
banca, y no aceptar los límites del gasto público impuestos por la
UE.
Sólo con estos
instrumentos se puede abordar el objetivo esencial:
5. Planificación
racional de la economía en función de las necesidades sociales.
En definitiva, lo que es
insoslayable es salir de la barbarie de un funcionamiento social
dirigido con mano férrea a asegurar el incremento permanente de los
beneficios de grandes capitalistas, a costa de la miseria, la salud,
la represión y la vida de quienes, precisamente, crean sus riquezas.
Junto a la ineludibilidad
de estas medidas, cuya perentoriedad irá creciendo cada día, surge
la necesidad de construir el poder capaz de mostrar el camino a la
movilización popular que sin duda se producirá tras esta fase de
confinamiento y catatonia, y, en definitiva, de llevarlas a cabo.
Sobre estos planteamientos programáticos, enunciados de una u otra
manera, es preciso construir un Frente dirigido a la salvación del
pueblo, desde el acuerdo político de organizaciones y desde la
construcción de poder popular desde la base.
La historia nos enseña
que en momentos de grave crisis es cuando se ven las cosas con más
claridad y ha llegado el momento de ponerse manos a la obra.
NOTAS
2 Como se
recordará, la Deuda Pública se triplicó en siete años. Paso de
ser el 37% del PIB en 2007 al 100% en 2014. El concepto más
importante por el cual se produjo este espectacular incremento fue la
transferencia a los grandes bancos de decenas de miles de millones de
dinero público, que como es sabido, ante la pasividad absoluta del
Gobierno, se niega a devolver.
Precisamente en este lapso de crisis social agudísima, en 2011, el PSOE y el PP
reformaron el artículo 135 de la Constitución, para junto al
Tratado de Estabilidad de la UE considerar su pago como prioridad
absoluta, frente a cualquier otra necesidad. Hasta la fecha esta
consideración sigue siendo la misma.
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"Cuando las crisis
amenazan las principales columnas sociales de sostén estructural y
la convivencia ciudadana, las elites predican esfuerzos adicionales:
todos para uno y uno para todos a la usanza de los mosqueteros
románticos de Dumas. Ese ideal de igualdad es ficticio, mera treta
para recomponer la figura maltrecha, desviar responsabilidades
propias y volver al statu quo anterior al caos, quizá con algún
cambio estético, nominal, que no afecte a la propiedad de las cosas
ni a las riendas estatales". Armando B. Ginés
