ESPECULACIÓN
URBANÍSTICA
A sólo 164 kilómetros
de Madrid, en las cercanías de la Sierra de Gredos y en un espacio
natural protegido se ha alzado durante los últimos años uno de los
paraísos vip de la especulación inmobiliaria y financiera.
Valdecañas es nuestro Gürtel, nuestra Púnica, nuestro Bárcenas,
nuestro ERE. La más reciente radiografía del estado de Extremadura,
la demostración de cuánto abuso la somete todavía.
No podemos seguir con
paños calientes. Extremadura se desangra, maniatada entre la nueva
emigración y el nuevo caciquismo, veteranas calamidades de nuestra
tierra a las que ahora, con indulgencia, denominamos despoblación y
clientelismo. Atrevámonos a llamarlo por su nombre. Lo ocurrido con
el complejo de lujo Marina
Isla de Valdecañas tiene una denominación precisa:
corrupción. Corrupción a lo grande, flagrante, metódica,
estructural. Sí, es también un atropello medioambiental y un
interminable vía crucis jurídico, por supuesto. Pero es, sobre
todo, una radiografía de la postración social y política de
Extremadura.
¿Cómo es posible que
después de 8 años desde la primera sentencia que declaraba ilegal
el engendro de Valdecañas y ordenaba “la reposición de los
terrenos a la situación anterior a la aprobación”, el veredicto
judicial siga
sin cumplirse? ¿Cómo es posible que, después de haberse
pronunciado en el mismo sentido las tres más altas instancias
jurídicas, Tribunal Superior de Extremadura, Supremo y
Constitucional, nadie, absolutamente nadie, haya asumido la más
mínima responsabilidad, penal o política? Quizás podamos
explicarnos el enigma si reparamos en quiénes son los beneficiarios
y los artífices del delito y la sostenida desobediencia.
LA IMPUNIDAD DE LOS
RICOS
La isla de los
millonarios, la Marina de agua dulce, la Marbella extremeña. 180
villas de lujo –el coste de cada una, como media, 550.000 euros-,
una playa privada, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf de
18 hoyos y un club náutico. Una urbanización VIP construida en un
espacio protegido por la Red Natura 2000, un ejemplo de
urbanismo segregacionista, “una muestra de lo que se denomina
ciudades de muros que privatizan el suelo para una minoría”,
apuntaba Adenex. “Los millonarios, que se han quedado con un
espacio protegido”, como señalaba con precisión la
activista Paca Blanco, de Ecologistas en Acción.
180 villas de lujo
–el coste de cada una, como media, 550.000 euros-, una playa
privada, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf de 18 hoyos y
un club náutico. Una urbanización VIP construida en un espacio
protegido por la Red Natura 2000
Pero, ¿quiénes son esos
millonarios? Veamos algunos de sus nombres. Para empezar nos
encontramos con José María Aznar Botella, hijo de quienes
fueran presidente del gobierno y alcaldesa de Madrid, pero además,
el hombre fuerte de Cerberus, uno de los grandes fondos-buitre
americanos, que entró en el mercado inmobiliario español para
hacerse con miles de viviendas que los bancos habían arrebatado a
las familias desahuciadas. Y junto a él, decenas de figuras
vinculadas a la nobleza, a la banca o al mundo del espectáculo y del
deporte. Apellidos como Milans del Bosch o Vega-Penichet,
cantantes como Carlos Baute, los nietos del Marqués de
Mondéjar (exjefe de la Casa Real) o directivos de grandes
empresas como el Banco Santander, Rotschild,
Telefónica, Julius Baer, Bank of America,
Pitctet, Credit Suisse, UBS, PwC, CBRE
o Johns Lang Lasalle son algunos de sus moradores. A sólo 164
kilómetros de Madrid, en las cercanías de la Sierra de Gredos y en
un espacio natural protegido se ha alzado durante los últimos años
uno de los paraísos vip de la especulación inmobiliaria y
financiera.
Faltan en la lista los
dos nombres principales, los grandes hacedores en la sombra, los
dueños de la inmobiliaria que se ha beneficiado de la venta de las
viviendas de lujo: Jaime López-Ibor y Beltrán Gómez-Acebo. El
primero es nieto del conocido psiquiatra franquista Juan José
López-Ibor y sobrino –de casta le viene al galgo- del todopoderoso
empresario Alberto Alcocer. Y el segundo es miembro de la Familia
Real, hijo de la infanta Pilar, sobrino del rey emérito, Don Juan
Carlos de Borbón. Vertical Real State, así se llama la inmobiliaria
a través de la que organizaron el pelotazo urbanístico. La estela
de Urdangarín es alargada. El gran paraguas real que todo lo tapa,
que todo lo puede. Que ampara con su manto de impunidad a quienes
desahucian de sus casas a la gente humilde, echándola a la calle
como perros. Y que respalda a quienes atropellan la ley, convirtiendo
un espacio natural protegido en urbanización e isla privada.
Los grandes
hacedores en la sombra, los dueños de Vertical Real State, la
inmobiliaria, son Jaime López-Ibor y Beltrán Gómez-Acebo
LA COMPLICIDAD
NECESARIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
El dinero tiene, entre
otras infinitas virtudes, una calidad detergente. Y múltiples
cualidades nutricias (…). Te concede esas manos impolutas que
emergen de los blancos puños almidonados de la camisa (…). Así se
ha hecho toda la vida en las casas de familia. El señor no le da el
cachete letal al conejo, la señora no clava el cuchillo en la
garganta y despluma la gallina.
En la orilla, Rafael
Chirbes
Un negocio de altos
vuelos como éste, una soberana rapiña, requiere inexcusablemente de
la anuencia o de la activa complicidad del poder político. Repasemos
someramente algunas de las huellas de la connivencia:
24 de enero de 2006. La
Junta de Extremadura, en consejo de gobierno, aprueba la realización
del proyecto, presentado pomposamente como “Complejo turístico,
de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas”.
Pero, sin duda, el guiso se viene preparando desde hace tiempo, al
más alto nivel, y la mejor prueba es que la empresa promotora,
Marina Isla de Valdecañas S.A., se constituyó en Sevilla tres años
antes, el 22 de enero de 2003.
Manuel Amigo, el
consejero de Economía, asegura en la presentación del proyecto que
las instalaciones están “todas ellas destinadas a un turismo de
alto nivel adquisitivo y selecto”, y que la empresa promotora
merece toda la confianza, por cuanto es el mismo grupo empresarial
que ha construido complejos similares en la costa de Huelva.
30 de enero de 2007,
Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta: “Seguro que saldrá
un bichito que no se podrá tocar y se negará lo que se hace en
otras partes de España”. El movimiento ecologista alerta desde
el primer momento sobre la manifiesta ilegalidad del proyecto, pero
el gobierno extremeño no solo ignora sus denuncias sino que, por el
contrario, pisa el acelerador. El 10 de abril de 2007 se aprueba
mediante decreto el Proyecto de Interés Regional (PIR), pero el 9
marzo de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura da la
razón a ADENEX y anula el decreto de la Junta.
11 de marzo de 2011, dos
días después de la sentencia judicial, José Luis Quintana,
consejero de Fomento: “Los compradores pueden estar tranquilos.
La Junta de Extremadura recurrirá al Tribunal Supremo, que fallará
a favor del gobierno regional”.
El movimiento
ecologista alerta desde el primer momento sobre la manifiesta
ilegalidad del proyecto, pero el gobierno extremeño no solo ignora
sus denuncias sino que, por el contrario, pisa el acelerador
24 de marzo de 2011,
Dolores Pallero, portavoz de la Junta: "No hay ningún problema
con que se continúe con la actuación, de hecho no se ha parado en
ningún momento". Ese día, dos semanas después del fallo
judicial, se producirá uno de los episodios más esperpénticos e
ignominiosos de la historia reciente de Extremadura. El parlamento
regional, con los votos en coyunda del PSOE y del PP, aprueba una
modificación de la Ley del suelo, ex profeso para validar
retroactivamente el despropósito de Valdecañas. “La historia
parece de esas de “elige tu propia aventura”. ¿No te gusta el
resultado judicial? ¡Prueba otro camino!”, escribirá con
sorna la periodista Mª Ángeles Fernández. Para Pedro Búfalo,
catedrático de la Universidad de Extremadura, la modificación
representa “un auténtico atentado al Estado de Derecho y a la
división de poderes”. El intento de burlar la sentencia es tan
burdo que uno de los diputados del PP, Tomás Martín Tamayo, se
ausenta de la sesión. Y unos meses después, Mariano Gallego,
alcalde de Don Benito y a la sazón abogado, acusa a Quintana de “no
saber nada de urbanismo” y califica el guiso parlamentario como
“porquería”.
Para Pedro Búfalo,
catedrático de la Universidad de Extremadura, la modificación
representa “un auténtico atentado al Estado de Derecho y a la
división de poderes”. El intento de burlar la sentencia es tan
burdo que uno de los diputados del PP, Tomás Martín Tamayo, se
ausenta de la sesión
29 de enero de 2014. El
Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJ de Extremadura y
ratifica la ilegalidad de la urbanización. La resolución del
Supremo es concluyente: “la jurisprudencia deja claramente
establecido que cuando unos terrenos están sujetos a algún régimen
especial de protección sectorial resulta preceptiva su exclusión
del desarrollo urbano y su clasificación como suelo no urbanizable
de especial protección”.
16 de octubre de 2014,
José Antonio Monago, presidente de la Junta: “No es posible
cumplir con el fallo. El coste sería de 34 millones de euros”. La
cantidad está deliberadamente elevada, puesto que incluye el
arranque de la vegetación plantada (14 millones) o la demolición de
la estación depuradora. “En lugar de amparar el interés general,
la legalidad urbanística y proteger el medio ambiente, la
administración pública se aplica a la defensa del beneficio
particular”, como afirma con precisión Fernando
Abad en La piel de toro como trofeo, libro donde repasa el
amplio muestrario de sanguijuelas, vampiros, tiburones y buitres que
han poblado y pueblan la España de la corrupción urbanística.
 |
| Ecologistas en acción por la demolición de Valdecañas |
No contento con negarse a
ejecutar la sentencia del Supremo, la Junta de Extremadura, rizando
el disparate, patrocina un curso, junto al Ayuntamiento de
Navalmoral, la empresa Isla de Valdecañas y la Universidad, donde
ensalza el resort de lujo como la punta de lanza en la estrategia
turística extremeña. Para más inri el encargado de la inauguración
es el propio Monago.
"En lugar de
amparar el interés general, la legalidad urbanística y proteger el
medio ambiente, la administración pública se aplica a la defensa
del beneficio particular", como afirma con precisión Fernando Abad
en La piel de toro como trofeo
13 de noviembre de 2019.
El Tribunal Constitucional anula la recalificación que respaldó el
complejo de lujo. Hasta aquí, el repaso a grandes trazos del
disparate y de la implicación del gobierno regional en él. Como
puede comprobarse, la madeja extremeña, las redes del poder en
nuestra tierra, han funcionado a pleno rendimiento para garantizar el
gran pelotazo.
PROCESAR AL CORTIJO,
PONER EN PIE OTRA EXTREMADURA
"La corrupción es
la alteración más grave y contagiosa que pueden padecer las
instituciones. Supone que una persona o varias, de común acuerdo,
instrumenten y manejen el sector público a su antojo, en beneficio
propio o ajeno". Las palabras del juez Elpidio Silva se ajustan
como un guante al caso que nos ocupa. Valdecañas ha sido y es un
negocio indigno, que se ha fabricado violando la ley de forma
reiterada, una aventura de contumaz prevaricación y servilismo para
beneficio y disfrute de un club de millonarios con sólidos anclajes
en la banca, el gran empresariado y la monarquía.
Y el bochorno continúa.
Hace unos días, el 28 de noviembre, el actual presidente de la
Junta, Guillermo Fernández Vara, en lugar de rectificar le añadía
un nuevo tirabuzón a la estafa: “A veces, el Tribunal
Constitucional te da la razón y otras no te las da. Pero lo vamos a
seguir haciendo porque entendemos que es nuestra obligación. El
Tribunal Constitucional está para eso, pero esta Cámara –la
Asamblea de Extremadura– está para arriesgar”. ¿Arriesgar?
¿Llenar los bolsillos al sobrino del rey y a su cuchipandi es
arriesgar? ¿Regalarle un espacio protegido a una gavilla de
especuladores es arriesgar? ¿Aplicar la famosa e intocable Ley del
Embudo del Poder, la ley de los hechos consumados es arriesgar?
¿Malversar el dinero de todos los extremeños es arriesgar?
Valdecañas ha sido
y es un negocio indigno, que se ha fabricado violando la ley de forma
reiterada, una aventura de contumaz prevaricación y servilismo para
beneficio y disfrute de un club de millonarios con sólidos anclajes
en la banca, el gran empresariado y la monarquía
Les ciega la soberbia.
Llevan 37 años gobernando Extremadura -33 el PSOE y 4 el PP- y
hablan con desparpajo del empleo o de la despoblación de esta región
como si no tuvieran nada que ver. Los vaciadores hablando de la
Extremadura vacía. Los fabricantes de paro, los cómplices del
saqueo energético y agrario, farfullando sobre los puestos de
trabajo.
La corrupción ha crecido
en toda España asociada al auge del neoliberalismo y de su
ingeniería privatizadora: subcontratas, externalizaciones,
encomienda de servicios, concesiones desregulaciones, etc. El festín
de las constructoras y bancos, la llamada burbuja inmobiliaria, fue
el buque insignia del saqueo. Valdecañas es una excrecencia más de
todo ese proceso. ¿Dónde, en qué despacho, en que montería, en
qué palacio se concibió el latrocinio? ¿Quién puso en contacto al
promotor con la inmobiliaria coronada? ¿Cómo se pagan los favores a
los mediadores políticos, con la pertenencia a qué órganos
consultivos o ejecutivos, con qué puertas giratorias, con qué
fundaciones, con el masaje de qué medios de comunicación, con los
ascensos profesionales de qué familiares?
El festín de las
constructoras y bancos, la llamada burbuja inmobiliaria, fue el buque
insignia del saqueo. Valdecañas es una excrecencia más de todo ese
proceso. ¿Dónde, en qué despacho, en que montería, en qué
palacio se concibió el latrocinio?
Valdecañas es nuestro
Gürtel, nuestra Púnica, nuestro Bárcenas, nuestro ERE. La más
reciente radiografía del estado de Extremadura, la demostración de
cuánto abuso la somete todavía. El último nombre de una corrupción
capilar que, frente al relato oficial, ha tenido otros muchos turbios
antecedentes en las últimas décadas. La ley de Campos Golf, la
SOFI, la
refinería de Gallardo, el pabellón extremeño de la Expo-92,
las puertas giratorias –las de los exconsejeros Manuel Amigo o José
Luis Navarro, por citar solo dos de las más recientes–, la
adjudicación de las ITV
privadas, la contratación de familiares, amigos y conmilitones
en GEPEX y las empresas públicas, las prejubilaciones en la
Universidad de Extremadura en abril de 2017, la corrupción
urbanística en las ciudades, Cofely, Viñuela, el expolio de las
Cajas de Ahorro, el mangoneo en Acorex y la Caja Rural… son, sin
ánimo de exhaustividad, algunas de las muestras de la corrupción
capilar que ha atenazado Extremadura.
Jaime Gil de Biedma, en
un hermoso poema, se dolía de España, “este país de todos los
demonios”, donde el mal gobierno y la pobreza se habían
transformado en “un estado místico del hombre”. Otro
tanto podría decirse hoy de Extremadura. Pareciera que el
favoritismo, el nepotismo, el clientelismo, la sorda opresión
cotidiana, se hubieran convertido en paisaje, en naturaleza
inmutable, en idiosincrasia colectiva.
Rafael
Chirbes, que vivió en Extremadura más de una década, lo
contaba con amargura y belleza, al mismo tiempo: "El mal
extremeño se levanta sobre esa masa coralina que lo ocupa todo, y
que te deja sin esperanza porque está hecha de la corrupción de
aquellos a quienes deberías querer; de quienes deberían ser los
tuyos. El ibarrismo
ha fabricado el cemento de su edificio moliendo el alma de los de
abajo. Con todos los técnicos, artistas, filósofos, sindicalistas,
empresarios, y demás agentes sociales, puestos de cara a la pared
del pesebre, pensar en Extremadura se tiñe con aires sombríos, trae
resonancias de una España que creímos ya superada".
¿Qué hacer ahora tras
la sentencia del Tribunal Constitucional? En mi opinión no podemos
aceptar la impunidad de los ricos ni la de los gobernantes. Para
empezar una medida de elemental higiene ética y ejemplaridad sería
que Ibarra, Vara, Monago y todos los miembros que han formado parte
de los consejos de gobierno desde el 2006 respondan con su dinero y
bienes personales a los gastos que ya ha originado al presupuesto
público todo el proceso judicial de este despropósito. Sólo el
estudio de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, encargado a
petición de la Junta y la promotora, ha costado a la comunidad
autónoma 327.072 euros. Que los culpables del disparate no se vayan
de rositas.
Además, habría que
depurar las responsabilidades penales de los mencionados. Los
indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación
son evidentes. Y, al tiempo, debería constituirse una comisión de
investigación en la Asamblea de Extremadura que analice a fondo las
implicaciones y responsabilidades políticas en este caso de
corrupción.
Habría que depurar
las responsabilidades penales de los mencionados. Los indicios de
prevaricación, tráfico de influencias y malversación son evidentes
Extremadura necesita una
catarsis, un proceso de rebeldía cívica que afirme otro futuro
posible. Frente a la resignación y el clientelismo, frente al paro y
a la emigración crecientes, frente al colonialismo de facto y a las
nuevas amenazas del extractivismo.
El extraordinario trabajo de Ecologistas en Acción y Adenex, que han
tenido que sufrir innumerables presiones –e incluso agresiones-
representa una luz de esperanza y, ojalá, un presagio del aldabonazo
que la situación pide a gritos.
Pongamos el cascabel al
gato de la corrupción en Extremadura. Sacudámonos el cortijo.
Extremadura es un pueblo honrado y digno. Somos los hijos del 25 de
marzo, no una generación más en la ya larga saga de los santos
inocentes.
