8/1/2018
Hace apenas unos días, trabajando con mis alumnos sobre el origen
histórico de los Estados Nacionales, un alumno de ciencias políticas me
planteaba con candidez:
“¿Nos está diciendo usted que los Estados Nacionales, y en concreto el
Estado Español, es el resultado de la guerra, del monopolio de la violencia y
de una nacionalización fracasada? ¿Está diciendo que este Estado es un Estado
franquista?”.
Teniendo como telón de fondo la “cuestión catalana” no me quedó más
remedio que proponer a toda la clase una reflexión teórica que permitiera tomar
distancia de los esquematismos, los lugares comunes y la propaganda mediática,
así como de su propia subjetividad –en la clase sólo hay un alumno catalán-.
Una cuestión que nos compromete política y afectivamente tiene que ser
tratada en sus partes y la relación de éstas con su conjunto, desde la historia
y con una distancia sociológica que nos permita, después del análisis,
posicionarnos políticamente y en relación a nuestros principios. Pero sin
amputar la realidad acorde con nuestros deseos, ni tratar la historia como una
demostración empírica de nuestro propio sesgo afectivo o nuestra historia
vital.
Lo primero siempre es hacer explícitos nuestros prejuicios y los lugares
comunes ya que éstos serán los principales obstáculos a batir o a ratificar.
Decía Bourdieu que “El hecho se conquista contra la ilusión del saber
inmediato” y que el sociólogo no ha saldado todavía las cuentas con la
“sociología espontánea” que le llevan a realizar sistematizaciones ficticias
sobre hechos que se nos presentan como evidencias.
No hay nada más difícil, sin duda, que separar la percepción y la
ciencia, o dicho de otro modo, las prenociones (ideas preconcebidas) que nos
llevan a considerar como cierta una determinada interpretación de la realidad,
que la mayor parte de las veces es la construcción social que en un momento
histórico concreto es hegemónico, y que suele estar precocinada por los medios
masivos[1].
Así, la primera prenoción que habría que poner en cuarentena es que “El
Estado Español es un Estado de Derecho” en los mismos términos en que
lo es la República Francesa o el Estado Británico.
La segunda prenoción, que deriva sin duda de la propaganda de los medios
masivos y de los discursos políticos de todos los signos del espectro español,
es que un Estado de Derecho es aquel que se rige por leyes que emanan del
parlamento, que a su vez es el legítimo representante de la soberanía y que
detrás de las leyes no hay otra cosa que la voluntad popular expresada a través
del voto.
Una tercera preconcepción sería que no hay dos Españas sino una sola, que
se ve tensionada y fracturada por algunos políticos sin escrúpulos.
Y finalmente una cuarta sería que el nacionalismo es incompatible con el
internacionalismo.
El Derecho, el poder y el soberano
Históricamente los Estados nacionales europeos, tal y como los conocemos
hoy en día, fueron estructuras políticas, jurídicas y administrativas que se
fueron consolidando durante siglos (de finales del siglo XV al XIX) y a partir
de la guerra. Proceso que pareció cerrado (en Europa) a principios del siglo XX
pero que volvió a abrirse con la caída de los países del Este dando lugar a
nuevos Estados nacionales europeos.
La hipótesis más plausible, y la que de facto se dio históricamente, es
la weberiana que sostiene que estas estructuras burocratizadas, con un
territorio más amplio que la de las Ciudades Estado medievales pero menor que
la de los Imperios, fueron las que triunfaron y se universalizaron porque eran
más eficaces para la expansión del capitalismo.
Más allá de las causas, lo cierto es que históricamente primero se
formaron estas estructuras jurídico-administrativas y sólo después se inició
el proceso de nacionalización, es decir, de construcción de una identidad común
a los habitantes de un territorio que los hacía identificarse con las
estructuras estatales y aceptar a un único poder soberano.
La nacionalización fue un proceso complejo que se apoyó en algunos casos
en la lengua, en otros en la religión, en otros en las tradiciones y legado
común en la mitología o en una religión civil (caso de Estados Unidos).
Fueron las revoluciones burguesas en Europa las que, a partir del siglo
XVIII, emprendieron el camino de la nacionalización para resolver las dos
cuestiones clave del orden jurídico-político moderno: la soberanía y la unidad
de poder.
Controlar y someter a las poblaciones de un territorio, así como mantener
las fronteras –o ampliarlas si fuera necesario– sólo pudo hacerse combinando la
coacción y el consenso; en dosis variables según las necesidades de cada
coyuntura histórica.
Así, la violencia y el pacto fueron las dos caras de un mismo proceso de construcción
de los Estados nacionales europeos.
Cuando pregunto en clase “¿qué hay detrás de la ley?”, mis alumnos
suelen encogerse de hombros o soltar toda una retahíla de lugares comunes tales
como “un contrato entre el parlamento y los ciudadanos”, “consenso”
“legitimidad”…. Pero casi ninguno recurre a los datos históricos para reconocer
que, en realidad, detrás de la ley no hay otra cosa que violencia; que los
Estados de Derecho –una realidad histórica y no universal– resultaron de la
correlación de fuerzas en un momento histórico concreto en el que una clase,
una élite o el grupo hegemónico consiguió imponerse y posteriormente
legitimarse.
Como ya dijera Marx, el Estado de Derecho no es otra cosa que el Estado
burgués. Después, lo podemos vestir de lagarterana para que parezca una
democracia o filosofar sobre el espíritu y el cuerpo de las leyes haciendo de
la crítica pura metafísica.
El Estado franquista se dotó de leyes, no sólo para imponer el orden
social de los vencedores, sino que trató por todos los medios de ganar la
legitimidad (aceptación, consenso) que le negaba su génesis golpista.
Sin embargo, sólo la Transición, con su ropaje modernizador, el apoyo
europeo y la retórica progre parecieron ser eficaces en el
intento.
Además del monarca Juan Carlos, tres personajes reflejan a la perfección
la continuidad franquista: Adolfo Suárez –Secretario general del Movimiento y
primer presidente de la Transición–, Manuel Fraga Iribarne –ministro franquista
y diputado en la “democracia”–, y Rodolfo Martín Villa –ministro de Gobernación
e Interior durante el franquismo, posteriormente diputado y presidente de
empresas como Endesa, Sogecable, etc. condecorado en junio del 2017 por ser uno
de los redactores de la Constitución–.
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FELIPE VI ENTREGA A RODOLFO MARTÍN VILLA, EXMINISTRO FRANQUISTA,
LA MEDALLA CONMEMORATIVA DE LAS CORTES CONSTITUYENTES. 28 DE JUNIO DE 2017. |
La caracterización del Estado Español actual no puede sustraerse de su
acontecimiento fundador: la llamada Guerra civil.
El Golpe de estado que impuso una dictadura y que abortó tanto la
consolidación de un Estado burgués de derecho como la posibilidad de un Estado
socialista promovido por una parte de las fuerzas republicanas.
La dictadura, consentida y apoyada primero por los fascismos en auge y
después por las democracias burguesas conformó un Estado nacional católico que
perdura hasta nuestros días y que, en las fiestas navideñas ha tenido imágenes
tan vívidas como la bandera española, que floreció a raíz del referéndum
catalán, y la banderola del niño Jesús colgando de multitud de balcones.
La nacionalización del territorio conquistado –necesaria para crear una
legitimidad inexistente y la unidad de poder–, se apoyó en la represión generalizada
(somos el segundo país del mundo en número de desaparecidos sin recuperar ni
identificar después de Camboya)[2] y en la ideología católica.
Las leyes franquistas y las posteriores, incluida la constitución del 78,
no han sido capaces de borrar las huellas de su origen, como sí lo han hecho
otros Estados europeos.
El Estado franquista trató por todos los medios de prolongarse en el
tiempo pero ninguno de esos dos pilares aguantó la presión de la crisis
económica internacional.
Objetivamente el régimen no podría sobrevivir si no se construía un nuevo
relato político homologable al europeo y éste se hizo a partir del término
modernización. Que en clave de continuidad política significaría: Monarquía,
cuerpos de seguridad del Estado, ejército y tribunales convenientemente
maquillados.
El capitalismo familiar español se insertaba mal en la lógica
globalizadora de la economía mundial. Unidas estas dificultades al desgaste de
las instituciones, la presión del movimiento obrero y de las clases medias en
formación, fue el tardofranquismo –como señala Emmanuel Rodríguez López– quien
preparó una Transición que permitiera la continuidad de los privilegios y de
los poderes fácticos.
Por supuesto, contando con el acuerdo de los “agentes sociales”
(sindicatos y partidos) para controlar al movimiento obrero y su extensión en
los barrios e impedir que emergiera una opción política capaz de romper
realmente con el Franquismo.
Los famosos Pactos de la Moncloa (27 de Octubre de 1977) firmados por el
gobierno presidido por Adolfo Suárez, los partidos políticos con representación
parlamentaria, las asociaciones empresariales y los sindicatos (CCOO y
posteriormente UGT)[3], fueron unos pactos preconstitucionales que unidos a los
Principios del Movimiento Nacional [4] –jurados por el Rey Juan Carlos–
sellaban la continuidad franquista.
“Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las
Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan
el Movimiento Nacional” proclamó Juan Carlos el 22 de noviembre de 1975.
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| EL REY JUAN CARLOS DE BORBÓN JURA LAS LEYES FUNDAMENTALES FRANQUISTAS EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1975. EN UNA SEGUNDA FILA SE VE AL GENERAL ALFONSO ARMADA. FOTO: LUIS MILLÁN / EFE |
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| LOS FIRMANTES DE LOS PACTOS DE LA MONCLOA |
Las palabras de su sucesor, el Rey Felipe VI, en una locución de seis
minutos tras el Referendum catalán del 1 de Octubre de 2017 en su defensa de la
Constitución, traen ciertas reminiscencias de esos Principios del Movimiento a
los que su padre juró lealtad:
“Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una
manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la
Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y
ampara sus instituciones históricas y su autogobierno”.
Acusaba al Gobierno de la Generalitat de “deslealtad inadmisible” como si
la Constitución del 78 fuera una Carta otorgada por el mismo Dios o por el
espíritu franquista.
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| IMAGEN DE FELIPE VI TOMADA POR EL DIARIO LA VANGUARDIA |
La foto de TVE del 2 de febrero de 2011 que recogía la imagen del
presidente Zapatero, empresarios y sindicatos dándose las manos tenía como pie
de foto “La reedición de los pactos de la Moncloa 3 décadas después”.
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ARRIBA FIRMA DE LOS PACTOS DE LA MONCLOA (25 DE OCTUBRE DE 1977).
DEBAJO, FIRMA DEL PACTO DE REFORMA DE LAS PENSIONES (2 DE FEBRERO DE 2011) |
Y la portada del diario ABC –baluarte sostenedor de la dictadura
franquista que continúa publicándose hoy– sacaba en su portada del 27 de
diciembre de 2017 la foto del gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT
firmando un nuevo pacto, esta vez, con el título: Las fotos que necesita
España.
Tras la muerte del dictador, los medios de comunicación y los sociólogos,
los profesionales del engaño, se dieron a la tarea de construir un nuevo
discurso político y de limpiar los rastros malolientes del Derecho franquista.
Modernidad, estabilidad, paz social y Estado de Derecho han sido las
palabras máscara o los eufemismos de ese relato.
Modernidad para ocultar la sobreexplotación de la mano de obra, la
desindustrialización, la flexibilidad y precarización, la especulación
inmobiliaria…
Estabilidad para justificar el control salarial, la desigualdad, los
rescates de los bancos… Paz social para reprimir la disidencia, modificar el
código penal, negar la existencia de presos políticos… y finalmente Estado de
Derecho para legitimar la continuidad del Estado neo-franquista, bloquear
cualquier proyecto democratizador y aplastar en la “espiral del silencio”
cualquier cuestionamiento de la constitución, de la bandera o de la unidad
territorial.
Dichas palabras se han introducido en la carne y en la sangre de las
masas –en los cerebros de mis alumnos–, de modo que han sido incapacitados a
pensar fuera de ellas. De forma natural e inconsciente nos hemos entregado esas
palabras y parece que somos incapaces de pensar fuera de ellas lo que ocurre en
Cataluña y en el resto del territorio.
Pero “¿Y si la lengua culta se ha formado a partir de elementos
tóxicos o se ha convertido en portadora de sustancias tóxicas?” decía
Victor Klemperer hablando de la lengua del Tercer Reich. Pues puede que eso que
llamamos desde la academia Democracia y Estado de Derecho, puede que en el caso
de España no sea exactamente lo mismo que es nombrado en otros países.
La sustancia franquista del Estado español y el brazo incorrupto de Santa
Teresa
El dictador Francisco Franco veía en Teresa de Ávila la “santa de la
raza” y durante cuarenta años mantuvo en su dormitorio la reliquia de la Santa,
conocida como el “brazo incorrupto de santa Teresa”.
Para el dictador era un talismán de buena suerte y fue llevado a sus pies
moribundos en el hospital de la Paz para conjurar su muerte y proporcionarle la
vida eterna.
El resultado de las componendas de la Transición fue un régimen muy
particular, ni dictadura franquista ni democracia, sino una Francocracia.
Un régimen ni muy distinto al franquismo ni muy distinto a los Estados
europeos pero sí muy radicalmente distinto al proyecto de Estado de Derecho al
que apuntaba la Segunda república.
Dentro del conjunto de virtudes que podemos encontrar en el “proceso
catalán” la más importante, desde mi punto de vista, es la de haber hecho
visible la sustancia franquista del Estado nacional español, sus límites (sin
duda más numerosos) y su potencialidad para ser otra cosa (más bien ninguna).
También ha hecho emerger el talante y el signo conservador, incluso
reaccionario, de importantes masas de población en todo el territorio del
Estado, incluidas las consideradas como progresistas.
Que la izquierda (no sólo política sino cultural) era marginal era algo
sabido pero que el conservadurismo estaba tan generalizado era más desconocido.
Los sociólogos han sostenido durante años que el ciudadano medio español
era más bien apático o indiferente ante cuestiones políticas. Por usar un
término más académico “desafecto”.
Pero la realidad es que estamos ante una sociedad profunda y
mayoritariamente conservadora capaz de apoyar medidas, leyes y corrupciones
dignas de cualquier estado autoritario.
El despliegue de banderas nacionales (con o sin escudo), el aplauso del
encarcelamiento de líderes políticos y sociales, la promoción y celebración de
la fuga de empresas de Cataluña, la celebración constante de la Guardia Civil,
los Informativos nacionales donde los éxitos del turismo y el futbol ocupan
tres cuartas partes del tiempo informativo, son sólo síntomas del fascismo
realmente existente en el Estado Español.
El supremacismo españolista y la utilización del Derecho para reprimir
muestran los límites de la francocracia y también la potencialidad de los
acontecimientos en Cataluña.
Para el Partido Popular, heredero por vía sanguínea del franquismo, la
rebelión catalana ha devuelto como un boomeran su pretensión modernizadora.
Ciudadanos (Cs), con el apoyo de la pequeña burguesía catalana –y
seguramente capital ultraconservador internacional– dan una imagen moderna al
franquismo español homologándolo al neofascismo que se extiende por toda
Europa.
El rechazo de Ciudadanos a presentar candidatura después de unas
elecciones catalanas bajo Estado de excepción no tiene otra explicación que el
cálculo racional a futuro: no quemar sus oportunidades de gobernar en un futuro
próximo de hipotética liquidación del Partido Popular y desgaste del
independentismo.
Clases populares, lumpen, pequeña burguesía arruinada o apunto de estarlo
por la concentración global de capital, clases medias temerosas, intelectuales
timoratos… para unos chivo expiatorio para otros víctima propiciatoria, la
cuestión catalana puede llegar a ser la clave de bóveda de la francocracia.
“España es un Estado de Derecho” ha sido la consigna repetida
hasta el aburrimiento por los paraperiodistas, el gobierno español y todo el
espectro político. Ha sido el mantra con el que intentar resolver, por arte de
birlibirloque, la “cuestión catalana”.
Pero dicha “cuestión” no podrá resolverse nunca desde un Estado
franquista ni desde unos partidos cuyas máximas siguen siendo las de un Estado
apuntalado por los tribunales y los cuerpos de seguridad.
Tras la represión en Cataluña han sido constantes y reiterados los
homenajes a la Guardia Civil y a los cuerpos de seguridad tratando de lavar una
y otra vez su imagen vinculada a la dictadura franquista.
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EL CORONEL SÁNCHEZ CORBÍ, QUE FUERA CONDENADO POR TORTURAS,
INFORMA SOBRE EL HALLAZGO DEL CUERPO DE DIANA QUER |
La exaltación de Manuel Sánchez Corbí, coronel jefe de la UCO (Unidad
Central Operativa), por la detención del presunto asesino de la joven Diana
Quer, está en esa misma línea.
Y no deja de ser escalofriante ver a este coronel de la guardia civil con
el pecho condecorado sabiendo que fue condenado a 4 años de cárcel y 6 de
inhabilitación por torturas a Kepa Urra en 1992[5]. Sin duda otra imagen
ilustrativa de la francocracia española.
Notas
[1] Desde mi punto de vista, como ya he argumentado en otros textos, hoy
en día prácticamente toda la información que nos llega a través de los medios
masivos es propaganda y opinión, al servicio de los intereses de las
Corporaciones en las que se insertan estas empresas, o de los grupos de poder
que monopolizan las instituciones del Estado.
[2] Según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el
Franquismo.
[3] Los firmantes fueron finalmente Adolfo Suárez en nombre del gobierno,
Leopoldo Calvo-Sotelo (por UCD), Felipe González (por el Partido Socialista Obrero
Español), Santiago Carrillo (por el Partido Comunista de España), Enrique
Tierno Galván (por el Partido Socialista Popular), Josep Maria Triginer (por el
Partido Socialista de Cataluña), Joan Reventós (por Convergencia Socialista de
Cataluña), Juan Ajuriaguerra (por el Partido Nacionalista Vasco) y Miquel Roca
(por Convergència i Unió). Manuel Fraga (por Alianza Popular) no suscribió el
acuerdo político, pero sí el económico.
[4] Los Principios del Movimiento Nacional o Ley de Principios
Fundamentales del Movimiento (1958) fue una de las siete leyes Fundamentales
del régimen de Franco que establecía los principios en los que se basaba el
régimen y los ideales de Patria, familia y religión.
Ángeles Diez, es Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora
de la Universidad Complutense de Madrid.
